Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123810
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para intervenir en las presentes actuaciones y en este estado, al Juzgado de Familia n° 7 del Departamento Judicial de La Plata, el que deberá dar cumplimiento con lo ordenado en el punto III.
"B. A. C. J. Y OTROS S/ ABRIGO"
La Plata, 26 de febrero de 2020.
I. La señora F. A. denunció en los términos de la ley 12.569, el 29 de enero de 2019, ante la Comisaría de la Mujer y la Familia de Ituzaingó, a la señora F. L. A.. Afirmó que ella maltrataba y descuidaba a sus cinco hijos menores de edad: C. A. (15 años) H. S. (11 años, v. fs. 51), C. A. (9 años), B. J. (7 años) y C. J. B. A.o (5 años, v. fs. 35). Refirió que todos residen en Alejandro Korn, partido de San Vicente y por lo expuesto solicitó que se le otorgara la guarda provisoria de las niñas, en atención al alto grado de vulnerabilidad que presentaban (v. fs. 1/3).
La aludida dependencia elevó las actuaciones labradas a la Receptoría General de Expedientes de Morón, siendo asignadas al Juzgado de Familia n° 8 (v. fs. 3 vta.). La magistrada se declaró incompetente para conocer en los presentes con fundamento en el art. 716 del Código Civil y Comercial y en virtud de que las citadas niñas habitaban con su progenitora en el partido de San Vicente, perteneciente al Departamento Judicial de La Plata (v. fs. 5/6). Resultó sorteado el Juzgado de Familia n° 7 de esta ciudad (v. fs. 7).
Luego, el Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de San Vicente adoptó una medida de protección de derechos (abrigo) respecto de cuatro de las hermanas, consistente en el alojamiento de las pequeñas J. y S. en la casa de su tía V. A. ubicada en la localidad de Merlo (v. fs. 29, 30/33, 34, 45, 46, 47/50, 51) y las niñas B. J. y C. A. en la vivienda de su tía F. G. A. situada en la ciudad de Ituzaingó (v. fs. 61, 62/65, 66, 67, 75, 77, 78, 79/82, 83, 84).
A continuación, la jueza se inhibió de entender en los presentes. En tal sentido, alegó que estas actuaciones se iniciaron con la denuncia de violencia familiar efectuada por la señora F. A. contra la madre de las niñas en atención a su estado de vulnerabilidad, pero al decretarse la medida de abrigo, se han mudado fuera de su jurisdicción. En ese contexto y en los términos del art. 716 del Código Civil y Comercial remitió el expediente al Juzgado de Familia de Morón que por sorteo correspondiera (v. fs. 94/95).
El órgano de igual fuero n° 1 de la citada localidad con sede en Ituzaingó que resultó desinsaculado (v. fs. 96), previa certificación (v. fs. 97) rehusó la atribución conferida. Sin perjuicio de ello, declaró la legalidad de la medida de abrigo adoptada por el Servicio Zonal, de conformidad con el art. 35 bis de la ley 13.298. Luego de describir los antecedentes de la causa, expresó que el órgano administrativo de San Vicente dispuso, el 26 de junio de 2019, la citada medida excepcional para las niñas C. y B. alojadas con su tía materna F. en Ituzaingó y respecto de S. y J. con su otra tía materna V., domiciliada en Merlo.
Además, destacó que la progenitora convive con su hija C., hermana de las niñas abrigadas, no habiendo vencido aún el plazo máximo legal previsto para tal medida. En ese marco, entendió que la declinación de la competencia de la magistrada de La Plata con sustento en que el centro de vida de las chicas se había trasladado, devenía prematura. Asimismo, alegó que el Servicio Local de San Vicente continuaría trabajando con la familia biológica para promover la modificación de las causas que llevaron a la violación de los derechos de las niñas que son abrigadas en dos lugares distintos (Ituzaingó y Merlo). Por ese motivo, consideró que se imponía un abordaje que trascendiera a la familia como entidad grupal, sin perder de vista que la medida excepcional, que aparta a los niños temporalmente de su familia nuclear, siempre se constituye como transitoria. En consecuencia, devolvió los obrados a su antecesora (v. fs. 110/113).
Recibidos, la jueza de La Plata los elevó a esta Corte (v. 115 y 116).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II. Al respecto, esta Corte ha sostenido, reiteradamente, que el Código Civil y Comercial de la Nación, en el Título VIII comprensivo de los procesos de familia, delinea reglas directrices en cuanto a la competencia en los procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese orden, el art. 716 del citado régimen normativo regula que en los procesos referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden en forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida. La noción de centro de vida asigna las causas de esta índole al magistrado que luce mejor posicionado para conocer y resolver en la forma más urgente la problemática de los niños en salvaguarda de sus derechos fundamentales (arg. arts. 3, 9 y 12, Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 1, 18, 31, 33, 75 inc. 22 y ccdtes. Constitución nacional; arts. 2, 3 y ccdtes., ley 26.061; art. 3, Dt. 415/2006; arts. 1, 11, 15, 36.2 y ccdtes. Constitución provincial; arts. 4, 5, 6, 7, y ccdtes., ley 13.298; causas C. 119.984, "C. V., Y. L.", resol. de 15-VII-2015; C. 120.271, "C., M. D.", resol. de 7-X-2015; C. 121.725, "B., D. A.", resol. de 5-VII-2017; C. 121.882, "C., D.", resol. de 20-IX-2017; C. 122.366, "C., C. K.", resol. de 18-IV-2018; C. 123.102, "P., N. S.", resol. de 13-III-2019; C. 123.342, "R., G. C. A.", resol. de 10-VII-2019; C. 123.582, "S., M. B.", resol. de 9-X-2019, e. o.).
En este orden de ideas, es dable señalar que es la misma pauta que venía sosteniendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("F., M. A.", sent. de 20-VIII-2008) cuyo criterio se ha visto reforzado con la sanción del Código Civil y Comercial (conf. causa "C., R. F.", resol. de 30-VIII-2016).
Aplicando tales principios al supuesto que se considera, se aprecia que las niñas H. S., C. A., B. J. y C. J. B. A., residieron la mayor parte de sus vidas en la localidad de Alejandro Korn, partido de San Vicente (v. fs. 1/3, 8 vta./9, 16/20, 23/25, 26, 27, 30/33, 38 vta./39, 47/50, 56/58, 79).
La postura asumida por la magistrada de La Plata, en punto a localizar el centro de vida de las nenas abrigadas en la ciudad de Ituzaingó, no se corresponde con las constancias del expediente. En efecto, las mencionadas hermanas residen transitoriamente en distintos lugares: C. y B. se encuentran con su tía F. G. A., en el domicilio de Ituzaingó (v. fs. 61, 62/65, 66, 67, 75, 77, 78, 79/82, 83, 84) y S. y J. están con su tía V. A. en la localidad de Merlo (v. fs. 29, 34, 45, 46, 47/50, 51).
Asimismo, las particularidades que circundan el supuesto planteado permiten observar que las moradas de las nenas junto a sus tías maternas en Ituzaingó y Merlo respectivamente, porta la nota de transitoriedadínsita en el origen, pues la permanencia de las niñas allí -desde el 26 de junio de 2019, v. fs. 29, 46, 60/61 y 77/78- se halla subordinada a la intervención del Servicio Local de San Vicente, que continúa trabajando en esta problemática familiar y las niñas han manifestado que extrañan a su hermana C. -quien convive con su progenitora en Alejandro Korn- y a su madre F. (v. fs. 101 y vta., 103, 105, 107 y vta.).
En el contexto descripto, se advierte que la inhibición de la magistrada que previno resultó apresurada y no se ajustó a derecho (arg. art. 716 del Cód. Civ. y Com.).
Por consiguiente, el órgano cercano al partido de San Vicente es el que se encuentra en mejores condiciones para resolver las peticiones que la situación impone.
Con apoyo en tales circunstancias, corresponde declarar que, -en el estado actual de la causa- resulta competente para continuar conociendo en los presentes el Juzgado de Familia n° 7 perteneciente al Departamento Judicial de La Plata.
III. Además, se exhorta a los órganos intervinientes en estos autos a que observen en su tramitación la debida diligencia y celeridad y procedan a la adopción de las medidas definitivas pertinentes de protección de los derechos de las personas menores de edad en el plazo más breve posible, a fin de proveer al debido resguardo de los mismos (arts. 11 y 36.5, Const. prov.; 75 inc. 22, Const. nac.; ley 26.657).
Por ello la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para intervenir en las presentes actuaciones y en este estado, al Juzgado de Familia n° 7 del Departamento Judicial de La Plata, el que deberá dar cumplimiento con lo ordenado en el punto III.
Regístrese. Hágase saber y remítase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia