Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119723
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.723, "Alderete, Germán Alberto contra Federación Patronal Seguros S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, de Lázzari, Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 276/284).
Se interpuso, por Federación Patronal Seguros S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 311/320 y vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor German Alberto Alderete contra Federación Patronal Seguros S.A. y, en consecuencia, condenó a ésta al pago de la prestación dineraria por incapacidad establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (texto según decreto 1.278/00).
Para así decidir, tras valorar el material probatorio aportado al proceso, el sentenciante declaró demostrado que el actor, como consecuencia del accidente de trabajo que protagonizó el día 7 de octubre de 2007, padece una lesión leucomatosa (cicatrizal) en la córnea izquierda que le genera una incapacidad parcial y permanente del 15,59% del índice de la total obrera (v. fs. 276 y vta.).
También estableció que "no ha percibido suma alguna de la demandada" (v. fs. 277 vta.). En ese sentido, señaló que las conclusiones establecidas en la pericia contable revelan que la accionada le suministró al trabajador un cheque por la suma de $28.062 del Banco Santander Río, pero no pudo ser cobrado porque -de acuerdo a lo informado por dicha entidad- fue rechazado ante "la orden de no pagar con fecha 22-VIII-2013" (v. fs. cit.).
Luego, cuantificó la prestación dineraria que le correspondía percibir -con arreglo a las pautas indicadas en la norma legal citada- en el monto de $31.442,83, y dispuso que, desde la fecha del infortunio hasta la de la sentencia, devengue intereses "a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósitos a treinta días a través del Sistema Banca Internet Provincia" (fs. 281 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, Provincia ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 1, 5, 14, 17, 18, 19, 31, 75, 109 y 126 de la Constitución nacional; 1, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 14, 44, 46 y 47 de la ley 11.653; 34 incs. 4, 5 y 6, 163 inc. 6, 278 y 279 del Código Procesal Civil y Comercial; y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, cuestiona la sentencia en cuanto rechazó la excepción de pago opuesta por su parte, por considerar que dicha decisión es una "arbitrariedad manifiesta" que genera un enriquecimiento sin causa del accionante (v. fs. 312). Señala que la entrega de la suma de $28.062, en concepto de incapacidad laboral parcial y definitiva, fue acreditada con el recibo y el informe pericial contable agregados a la causa (v. fs. 314).
Afirma que la información brindada por el Banco Santander Río a fs. 296 -sobre una supuesta orden de no pagar el cheque entregado al trabajador- "es completamente errada" y se opone a las precisas conclusiones de la experticia contable (v. fs. 314 vta.). Explica que dicha entidad "mediante una comunicación que ahora obra en autos ha puesto de manifiesto que había errado al brindar la respuesta que diera a fs. 296, y que, en rigor de verdad, el cheque [...] había sido hecho efectivo" (fs. cit.).
II.2. En segundo término, alega que el tribunal de grado ha realizado una "incorrecta determinación del monto indemnizatorio, en los términos del decreto 1278/2000" (fs. 315 vta.). En ese sentido, le reprocha no haber reparado que su art. 6 apartado 2 inc. "a" establece un tope indemnizatorio ($180.000, por el porcentaje de incapacidad), que aplicado al caso asciende a la suma de $28.062, ya abonada al señor Alderete (v. fs. 316).
II.3. A su vez, impugna la tasa de interés pasiva (BIP) que ordenó aplicar el tribunal de grado al capital de condena (v. fs. 317).
Denuncia que, al utilizar esa alícuota, el juzgador se apartó del criterio que esta Corte estableció sobre el tópico en los precedentes L. 88.156, "Chamorro" (sent. de 8-IX-2004); L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009), y ratificó luego en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), declarando, además, la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399 (v. fs. 317 vta.)
II.4. Asimismo, objeta que el punto de partida del cómputo de los intereses sea el del accidente porque -en su opinión- los accesorios deben imponerse desde "la fecha del alta médica, la cual conforme surge de la pericia médica ocurrió el día 9 de abril de 2008" (fs. 318/319 vta.).
II.5. Por último, sostiene que la suma de los honorarios regulados al abogado de la parte actora y a los peritos intervinientes, adicionada la tasa de justicia, exceden holgadamente el límite del 25% del monto de la sentencia que establece el art. 8 de ley 24.432 (v. fs. 319 vta.).
Indica que, de acuerdo a esa pauta, en el caso las costas no pueden superar la suma de $16.476 y, sin embargo, la exceden ampliamente (v. fs. cit.).
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Inicialmente corresponde destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el capital de condena, más la diferencia entre el importe proveniente del cálculo de los intereses que se liquidaron y el que habría de obtenerse por aplicación de la tasa peticionada por la recurrente, y la diferencia entre lo presupuestado en materia costas y la suma que resultaría de limitar ese importe al 25% de los guarismos de la condena impuesta a ésta- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; Acordada 3748/15), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
III.2. Desde esa perspectiva, los dos agravios iniciales que exhibe el recurso son inadmisibles porque remiten necesariamente al análisis de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria -excluidas del ámbito de la casación por la vía examinada- tal como lo son, por ejemplo, determinar si la aseguradora demandada le pagó -o no- al actor la prestación dineraria por incapacidad, así como el monto de ésta. En ese sentido, expresamente se ha declarado que debe ser rechazado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, en el marco de la excepción prevista por el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, pretende la revisión de cuestiones de hecho y de prueba, como las indicadas (causas L. 118.735, "Subeldía", resol. 15-VII-2015; L. 118.662, "Aiello", resol. de 1-VII-2015 y L. 118.678, "Vizgarra", resol. de 1-VII-2015; e.o.).
Luego, resulta claro que no se configura la hipótesis excepcional referida cuando se advierte que la interesada en esta parcela propone analizar nuevamente la prueba informativa y documental agregada al expediente, sin denunciar la violación de doctrina legal alguna que habilite la revisión del pronunciamiento de origen por conducto de la excepción prevista en la mencionada norma adjetiva. Al respecto expresamente se ha declarado que no se configura dicha hipótesis si el despliegue argumental del recurrente carece de la necesaria denuncia de violación de la doctrina legal de esta Corte (causas L. 92.433, "Álvarez", sent. de 21-IX-2011; L. 89.830, "Fleitas", sent. de 2-XI-2011; L. 91.765, "Rodríguez" y L. 92.472, "Gnemmi", sents. de 30-XI-2011; L. 117.038, "Zapata", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014; L. 115.488, "Cahuapé Pereyra", sent. de 10-IX-2014 y L. 100.654, "Reising", sent. de 15-VII-2015).
III.3. Igual suerte adversa ha de correr la objeción planteada en torno a la tasa de interés pasiva digital que aplicó el tribunal de grado al capital de condena.
En la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016) esta Suprema Corte, por mayoría que conformé, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires y, en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Por otro lado, por los fundamentos vertidos en el voto mayoritario, a los que me remito en honor a la brevedad, estableció las razones por las cuales no es dable afirmar que los créditos laborales constituyen alimentos stricto sensu , en consideración de posturas asentadas en la naturaleza alimentaria de dichas acreencias (v. voto del colega doctor de Lázzari en los precedentes citados, y éste contrapuesto a su vez a la opinión del doctor Pettigiani en las mismas causas), descartando la aplicación del art. 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Se sigue de ello que la decisión adoptada en el presente caso por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de este Tribunal, por lo que corresponde desestimar la réplica en este tramo.
III.4. Por las mismas razones expuestas en el punto III.2. segundo párrafo, son inadmisibles las restantes impugnaciones, concernientes a la fecha de inicio del cómputo de los intereses, y a la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes.
En efecto, también aquí, las críticas que formula el interesado prescinden de toda denuncia tendiente a demostrar el quebrantamiento de la doctrina legal de esta Corte (v. fs. 318/319 vta.). En tales condiciones, el examen propuesto por la agraviada resulta extraño al ámbito de la casación por la vía que transita el recurso (conf. causas citadas en el punto indicado).
A todo evento, cabe recordar que la doctrina legal cuya transgresión habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es la establecida por esta Suprema Corte a través de sus pronunciamientos, y no la que emana de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 119.420, "Ramírez", resol. de 2-III-2016; L. 119.655, "Frutos", resol. de 24-V-2016 y L. 119.898, "Segovia", resol. de 1-VI-2016; e.o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por la doctora Kogan en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
I.2. Asimismo, acompaño la decisión propuesta por la colega en relación a la tasa a la que se calcularán los intereses devengados.
En las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (ver causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015 y L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
I.3. Por último, concuerdo con lo expresado en el sufragio inicial respecto a la inadmisibilidad de las restantes impugnaciones, referidas a la fecha de inicio del cómputo de los intereses, y a la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes.
Sin perjuicio de ello considero oportuno aclarar que, en relación a éste último tópico, la doctrina establecida por esta Corte en la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002) -y reiterada en otros pronunciamientos posteriores-, en mi opinión, indica que lo prescripto por los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo resulta no una restricción a la facultad de los jueces para aplicar las reglas locales sobre, por ejemplo, los honorarios que pudieran regularse, sino un límite a la responsabilidad del deudor (condenado en costas) a quien no puede serle exigido un pago que supere el porcentaje fijado por la ley.
Así, si lo que se instruye con dicha doctrina es que no se fija una limitación a la regulación de honorarios según la ley local (o a cualquier otro rubro que integre las costas), no ocurre la violación de estas normas si los miembros de un tribunal estiman regulaciones que superan aquel límite, como sugiere el recurrente. En todo caso, tal transgresión ocurrirá si luego se hace lugar a una ejecución por el total de los honorarios porque, según nuestro criterio, lo que se ha limitado es la responsabilidad del deudor que quedará eximido de responder cuando el total de lo que se le reclama por costas supere el 25% del monto definitivo del juicio.
En consecuencia, en tanto no se haga un reclamo por el pago total de las costas no habrá violación de esa doctrina legal ni razón para modificar un pronunciamiento en este aspecto.
II. Por todo lo dicho, adhiero al voto de la doctora Kogan y a su propuesta de rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En el marco de la excepción prevista en el art. 55 de la ley 11.653, comparto la propuesta de la doctora Kogan de rechazar por inadmisibles los agravios examinados en el apartado III.2. de su voto.
II. Coincido también en lo referido al punto de partida del cómputo de los intereses moratorios y la alícuota empleada a esos fines.
III. Sentado lo anterior y en subsidio de sus cuestionamientos, el recurrente "solicita la aplicación de la ley 24.432" (v. fs. 319 vta.).
Tal aseveración carece de entidad de agravio atendible ante esta Corte, en la medida que el propio tribunal de origen ordenó aplicar los parámetros de la citada ley 24.432 (v. fs. 283 y vta.). Conforme los términos del pronunciamiento, la demandada solo será responsable del pago de las costas (que no solo comprenden los honorarios profesionales) hasta un 25% del importe de la condena, más allá de que los estipendios fueran regulados conforme la ley arancelaria local (v. causas L. 77.859, "Acosta", sent. de 27--VII-2005; L. 92.089, "Arroyo", sent. de 26-X-2011; L. 111.176, "Gómez", sent. de 21-VIII-2013 y L. 117.427, "Caraballo", sent. de 20-V-2015).
De allí la ausencia de interés que legitime este aspecto de la impugnación.
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Adhiero a lo expresado por mi distinguida colega doctora Kogan en los puntos III.1., III.2. y III.4. de su voto.
II. En lo referido a la tasa a la que deberán calcularse los intereses moratorios también concuerdo, remitiéndome -por razones de brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente" (sents. de 31-X-2016; e.o.), pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v.gr. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatoria, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. y 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
III. En función de lo dicho, suscribo la propuesta decisoria contenida en el apartado IV del sufragio inaugural.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/09/2020 16:30:37 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/09/2020 16:49:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/09/2020 21:16:12 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2020 10:01:13 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2020 17:55:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2020 18:17:23 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia