Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa 122425
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.425, "Duhalde, Daniel Osvaldo contra Construcciones Térmicas S.A. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, de Lázzari .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 141/148).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 21 de mayo de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Daniel Osvaldo Duhalde contra Construcciones Térmicas S.A. condenándola al pago de diferencias salariales, fondo del cese laboral (art. 15, ley 22.250), e importes previstos en los arts. 80 de la ley 20.744, 53 ter de la ley 11.653 y 18 de la ley 22.250 (v. sent., fs. 139/146).
Rechazó en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión de cobro de la sanción conminatoria mensual del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 19 de la Constitución nacional; 57 y 132 bis de la ley 20.744; 1 del decreto 146/01; 44 inc. "c", 47 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que cita.
Se agravia del rechazo a la aplicación de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que -entiende- transgrede la doctrina elaborada por esta Corte en la causa L. 107.254, "Alveira" (sent. de 5-VI-2013), entre otras.
Denuncia violación y errónea aplicación del art. 1 del decreto 146/01 señalando que el tribunal de origen, sin fundamentos, concluyó que no se habían cumplido los requisitos de la normativa citada.
Sostiene que el a quo se apartó de las constancias probatorias -el telegrama (v. fs. 4), los recibos de sueldo (v. fs. 5/29) y el informe realizado el Instituto Mandatario de Recaudaciones (v. fs. 88)-; puesto que al actor se le descontaron los aportes sindicales sin verificarse su posterior ingreso.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Ante todo es del caso destacar que ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad la impugnación bajo análisis, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio -a los fines del recurso- resulta de "monto indeterminado" (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.148, "Ferreira", sent de 20-XII-2017).
III.2. Con apoyo en el informe proveniente del Correo Oficial obrante a fs. 84, el tribunal de origen tuvo por acreditado que mediante el envío postal obrante a fs. 4 (desconocido en el responde) el trabajador intimó a la demandada para que cumpla diversas obligaciones, entre ellas, la debida integración de los aportes previsionales, sindicales y los correspondientes a la obra social, bajo apercibimiento de lo previsto en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
A continuación, juzgó cumplidos los recaudos impuestos por el decreto 146/01 precisando, en lo que interesa destacar, que el Instituto Mandatario de Recaudaciones daba cuenta que la empresa había abonado importes mensuales a la Obra Social del Personal de la Construcción (OSPeCon), mas no los aportes sindicales.
Asimismo, tuvo por no demostrada la retención de los aportes con destino a los organismos de la seguridad social.
Con apoyo en esta última circunstancia y la falta de tempestividad del emplazamiento, desestimó la sanción peticionada.
Ceñidos a la temática que es motivo de agravio, surge nítido el desacierto de la decisión que, mediante un confuso discurrir, restó eficacia a la señalada notificación.
Cabe advertir que no obstante juzgar abastecidos los extremos relativos a la intimación cursada (también examinada bajo la óptica del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo; v. fs. 142 vta./143 y 145), descalificó su aptitud para constituir en mora al empleador en los términos del ya citado art. 132 bis.
Y ello con apoyo en una consideración que resulta ajena al texto de la norma precitada y de la disposición que lo reglamenta (art. 1, dec. 146/01).
III.3. Descartada, entonces, la exigencia formal en la que el tribunal de grado fundó su decisión, corresponde analizar si se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria mensual del citado art. 132 bis.
Como fuera anticipado, el a quo tuvo por acreditada la falta de pago de aportes sindicales (v. vered., fs. 143). Es en dicha circunstancia, silenciada en la sentencia, que el agraviado justifica la procedencia del reclamo.
En vista a que la conclusión antedicha no pudo ser cuestionada por la demandada porque la decisión le resultó favorable, corresponde acudir al postulado de "adhesión" a la apelación para examinar la materia litigiosa con la misma extensión con que fue sometida al inferior.
En ese marco, articulada la pretensión con los alcances expresados a fs. 37 vta., la legitimada pasiva se opuso a su progreso afirmando que los incumplimientos invocados no habían existido.
Ello no se condice con la prueba documental e informativa incorporada en autos.
En efecto -tal como lo sostiene el propio sentenciante-, con sustento en el cotejo de los recibos de sueldo acompañados por el actor a fs. 5/29 y el informe emitido por el Instituto Mandatario de Recaudaciones, es posible constatar que, desde diciembre de 2014 a noviembre de 2015 y enero de 2016, la patronal realizó deducciones al trabajador en concepto de aportes sindicales y nunca las ingresó a la entidad correspondiente (v. fs. 88).
Asimismo, corroborada la recepción de las comunicaciones postales, surge claramente del telegrama glosado a fs. 4, que Daniel Osvaldo Duhalde intimó a su empleadora (12 de agosto de 2016) para que en el plazo de treinta días (art. 1, dec. 146/01) deposite los importes correspondientes, en concepto de aportes de la seguridad social y sindical.
A partir de ello, se evidencia en el caso el cumplimiento de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis, tal como lo postula el quejoso. En consecuencia, quedando -a partir de lo dicho- atendidos los argumentos traídos por la accionada corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto desestimó su procedencia.
IV. En consecuencia, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuyo progreso aquí se declara.
Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo resuelto.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la propuesta decisoria del doctor Genoud.
El caso bajo análisis presenta, aunque con ciertos matices propios, similares connotaciones a las verificadas -entre otras- en las causas L. 122.214, "Cabezon" (sent. de 11-VI-2020) y L. 122.424, "González Giménez" (sent. de 4-VIII-2020), a las que también remito en lo que resulte pertinente.
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/09/2020 16:30:55 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/09/2020 16:49:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/09/2020 21:15:54 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2020 10:00:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2020 12:57:34 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia