Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121838
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto II del voto emitido en segundo término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Asimismo, por mayoría, se exhorta a los señores jueces integrantes del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín para que extremen el control de los funcionarios a su cargo conforme lo indicado en el voto emitido en tercer término.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.838, "Fernández Guemil, José María contra Prevención ART S.A. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani, Torres, de Lázzari .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 213/223).
Se interpuso, por la demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 229/242 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de origen -en lo que aquí interesa por constituir materia de agravio- hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por José María Fernández Guemil y condenó a Prevención ART S.A. a abonar diferencias en la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más la indemnización adicional de pago único prevista en el art. 3 de la ley 26.773.
Para así decidir, el a quo tuvo por probado que el día 27 de julio de 2014 el actor sufrió un accidente in itinere que le provocó un 8,6% de incapacidad del índice de la total obrera (v. sent., fs. 216 y vta.).
Inicialmente determinó el valor de la prestación por incapacidad parcial y permanente según el grado de minusvalía establecido en los autos ($124.272,73; $12.622,57 x 53 x 8.6% x 2,16).
Luego mensuró el adicional del 20% que fija el art. 3 de la ley 26.773 ($24.854,54); arribando a un total de $149.127,27. Al importe resultante descontó lo abonado al trabajador por la aseguradora de riesgos de trabajo ($86.969,51), según la incapacidad del 6% determinada por la Comisión Médica (v. sent., fs. 221).
Finalmente dispuso aplicar intereses al monto de condena, desde la fecha del accidente y hasta el efectivo pago según la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días, mediante el sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 222 vta.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada relata los antecedentes de la causa. Invoca absurdo y cita las normas y la doctrina que considera violadas (v. fs. 229/242 vta.).
II.1. Se opone a la procedencia de la prestación adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773 ya citado, por hallarse en discusión un accidente en el trabajo.
Al respecto, afirma que el decisorio transgrede lo expuesto en el precedente emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial", sentencia de 7-VI-2016. Cita en su apoyo antecedentes de otros organismos jurisdiccionales ajenos a este Tribunal.
II.2. Por otro lado, cuestiona, que se impusieran intereses moratorios.
Plantea que resulta improcedente la aplicación de dichos accesorios, en tanto, en el caso, la prestación fue "actualizada" conforme el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
Asimismo, alega que ni la ley 24.557, ni sus normas complementarias o modificatorias, autorizan la liquidación de intereses desde el evento dañoso hasta el efectivo pago, sino sólo cuando luego de determinada la incapacidad definitiva no se abonara la prestación en tiempo y forma.
II.3. Finalmente, y de manera subsidiaria, impugna la tasa de interés según la cual el juzgador de grado ordenó se liquiden los accesorios sobre el capital de condena, vulnerando la doctrina legal de esta Suprema Corte establecida en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), entre otras que cita.
III. El recurso es inadmisible.
III.1. Inicialmente cabe destacar que el veredicto de fs. 213/214 vta. carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653.
Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó el mentado veredicto (v. fs. 214 y vta.) ni la sentencia (v. fs. 222), limitándose a suscribir la constancia de registro respectiva (v. fs. 223).
Los defectos apuntados constituyen una falencia de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), pero tampoco pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Sentado lo expuesto, y habiéndose concedido el remedio extraordinario en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015).
III.3. Bajo tales premisas, en el acotado margen de revisión, la impugnación vinculada con la condena al pago de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la mencionada ley 26.773 deviene inatendible, en tanto la doctrina legal invocada a fs. 239 vta. y 240 (referida al vicio de absurdo y el principio de congruencia) no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55 primer párrafo de la ley 11.653 (causas L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014; L. 116.567, "Ayala", sent. de 27-IX-2017 y L. 121.287, "Chipollini", resol. de 11-IV-2018).
Asimismo, cabe reiterar que no constituyen la "doctrina legal" a que se refieren los arts. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 la que deriva de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como la de otros tribunales de justicia (causas L. 99.703, "Romero", sent. de 17-VIII-2011; L. 119.604, "Altamirano", sent. de 21-VI-2017 y L. 119.484, "Martínez", sent. de 28-VI-2017), por lo que la impugnación no es atendible en la medida que discurre sobre su transgresión.
III.4. Tampoco puede ser atendido el agravio mediante el que se cuestiona la aplicación de intereses (v. rec., fs. 238 y vta.), toda vez que en el tópico se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 118.020, "Flores", resol. de 20-VIII-2014; L. 118.350, "Studer", resol. de 18-III-2015 y L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018).
III.5. Finalmente el agravio dirigido a controvertir el planteo en torno a la tasa de interés que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena, debe ser rechazado.
Ello así, toda vez que esta Suprema Corte ha sentado criterio, por mayoría que conformé, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), estableciendo que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.). En consecuencia, la parcela de la decisión cuestionada, encuentra debido sustento en doctrina legal de esta Corte.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1.a. Comparto lo expuesto por mi distinguido colega doctor Genoud en cuanto señala que el valor de lo cuestionado no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VII-2010).
Ante ello, la admisibilidad del medio de impugnación deducido, en principio, ha de justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
I.1.b. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que el pronunciamiento a dictarse no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
En repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
I.2. En las causas L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018); L. 120.170, "Fleita" (sent. de 29-VIII-2018) y L. 120.205, "Pereyra" (sent. de 11-III-2020) este Tribunal ha establecido -en un criterio semejante al que contiene la impugnación- que en el caso de un accidente in itinere no corresponde la indemnización adicional de pago único prevista en el art. 3 de la ley 26.773 pues no se verifican los presupuestos a los que esta norma condiciona su aplicación.
Resulta claro entonces, que lo resuelto por el tribunal de grado en el punto es contrario a la doctrina legal vigente y debe ser modificado.
I.3. En otro orden, luce inadmisible el agravio que gira en torno a la aplicación de intereses desde el evento dañoso, toda vez que carece de toda denuncia orientada a evidenciar la violación de doctrina legal de este Tribunal, no verificándose ningún supuesto excepcional que conduzca a ingresar en su análisis.
I.4. Tampoco el subsidiario cuestionamiento vinculado con la tasa de interés aplicada por el a quo ha de tener favorable recepción, pues -como lo señala el colega ponente- lo resuelto al respecto en la sentencia de grado encuentra debido sustento en la doctrina de este Tribunal (causas L. 118.587, "Trofe", sent. de 15-VI-2016 y L. 118.858, "Pincini", sent. de 26-X-2016).
II. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada con el alcance expuesto en el punto I.2. de la presente. La causa deberá remitirse al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo que aquí se ha resuelto. Costas por su orden, atento el progreso parcial del medio de impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria.
Sólo he de agregar que, atento a las deficiencias apuntadas en el punto III.1. del voto inaugural, y teniendo en cuenta las reiteradas irregularidades que esta Corte viene advirtiendo en diferentes causas del Tribunal de Junín (a saber: L. 120.274, "Calderón", resol. de 8-III-2017; L. 120.955, "Biset", resol. de 31-V-2017; L. 121.043, "Figueroa", resol. de 27-XII-2017; L. 119.312, "Ponce", L. 119.635, "Milla" y L. 119.305, "Díaz", sents. de 11-IV-2018; por citar sólo algunas), considero necesario exhortar nuevamente a los señores magistrados a cargo del tribunal de trabajo actuante para que, en ejercicio de facultades que le son propias, refuercen los controles que deben llevarse a cabo sobre la actuación de los funcionarios a su cargo y recomendarles el dedicado apego a la letra y espíritu de las disposiciones fundamentales para su eficaz desempeño.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en el punto III.1., de su voto.
I.2. Luego, comparto la decisión plasmada por el doctor Soria en los puntos I.1., I.2. y I.3., de su sufragio.
I.3. Por otro lado, en lo que atañe a la tasa de interés moratorio que aplicó el tribunal a quo al monto de condena, ante la consolidación de la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. causas L. 118.578, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Darengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatoria, también habré de compartir -dejando a salvo mi opinión- la propuesta decisoria del colega ponente.
II. Finalmente, suscribo la exhortación efectuada por la doctora Kogan en su voto.
III. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recuso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, conforme lo establecido en el punto II emitido en segundo término.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó en mismo sentido.
El señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acurdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto II del voto emitido en segundo término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Asimismo, por mayoría, se exhorta a los señores jueces integrantes del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín para que extremen el control de los funcionarios a su cargo conforme lo indicado en el voto emitido en tercer término.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/09/2020 16:30:47 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/09/2020 16:49:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/09/2020 21:16:03 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2020 10:00:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2020 18:59:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2020 17:55:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2020 18:17:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia