Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121675
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.675, "F., L. M. contra Ministerio de Seguridad -Policía de la Provincia de Buenos Aires-. Acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la excepción de prescripción opuesta e hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 556/592 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 611/620).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de grado, por mayoría, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por L. M. F., en cuanto procuraba el pago de una indemnización integral sustentada en las disposiciones del derecho común por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que sufrió mientras cumplía tareas como oficial de policía bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, condenando a ésta a abonarle la suma que determinó en concepto de daños patrimoniales -incapacidad sobreviniente y lucro cesante- y extra patrimoniales -daño moral- (v. fs. 556/592).
Para así decidir, en lo que interesa, tuvo por probado en el veredicto: i] que el actor protagonizó un accidente de trabajo el día 29 de mayo de 2009, oportunidad en la que, realizando la instrucción de un equino, éste se desbocó, lo tiró y pateó en la cara con una de sus patas traseras; ii] que fue resarcido por Provincia ART S.A. con base en la determinación de un grado de incapacidad parcial, permanente y definitiva del 26,3% del índice de la total obrera; iii] que el perito médico dictaminó que el infortunio dejó secuelas en la zona facial izquierda a pesar del adecuado tratamiento recibido, las que se vinculan con una incisión en la mejilla de veinte centímetros semiqueloidea (tejido duro hipertrófico con zonas de dolor), hundimiento de rostro, limitación para la apertura bucal, en el lenguaje y en las expresiones faciales y una grave secuela estética con afectación en la vida laboral y de relación social; que le provoca una minusvalía del 40% del índice de la total obrera; iv] que el perito psicólogo diagnosticó que el señor F. padece reacción vivencial anormal neurótica que lo incapacita en un 10%; v] que este último tomó conocimiento cabal de la incapacidad que posee el día 10 de septiembre de 2015, esto es, cuando se produjo en la causa la pericia médica; vi] que el perjuicio en la salud del accionante fue causado por el riesgo o vicio de la cosa, identificándose esta última con la tareas realizadas para la demandada (v. vered., segunda a sexta cuestión, fs. 557/563).
En el veredicto estableció que el actor tomó conocimiento de lo acaecido en el evento dañoso ocurrido el 29 de mayo de 2009, sin perjuicio de lo cual la prescripción fue interrumpida por la impugnación al dictamen de la Comisión Médica realizada el 27 de noviembre de 2010 (art. 3.986, Cód. Civ., ley 340). Definió luego que el señor F. tomó conocimiento de la incapacidad que posee el 10 de septiembre de 2015, cuando fue presentada en autos la pericia médica, aclarando que antes sólo tenía conocimiento parcial de su minusvalía (v. fs. 562 vta.).
Luego, sobre esa base, rechazó la excepción de prescripción opuesta (v. fs. 568/569).
Halló configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad objetiva de la Provincia de Buenos Aires (art. 1.113 -segundo párrafo, segunda parte-, Cód. Civ., ley 340), al juzgar que la tarea realizada por el señor F. debía asimilarse al concepto de "cosa riesgosa" contenido en la norma mencionada (v. fs. 560 vta. y 561).
Agregó que para disolver el nexo causal correspondía a la parte demandada acreditar la culpa de la víctima (en realidad, el hecho del propio damnificado), lo que no había sucedido en el caso (v. fs. 561).
También juzgó verificado que la empleadora incurrió en una omisión culposa conforme las pautas de los arts. 512 y 1.109 del Código velezano, al revestir el carácter de dueña o guardiana del equino que provocó el daño y violar el deber de resguardo sobre la integridad psicofísica de su dependiente al no proveerle elementos de seguridad, efectuarle indicaciones o recomendaciones, ni brindarle cursos de capacitación (v. vered., cuarta cuestión, fs. 561 vta. y sent., fs. 569 vta.).
Luego, el a quo abordó la temática vinculada a la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557. En esa tarea, se dispuso a efectuar el cotejo de las cuantías resarcitorias a las que accedería el demandante según si su reclamo fuera atendido conforme las previsiones de la ley 24.557, o en el marco del régimen común de responsabilidad civil (v. fs. 570 y sigs.).
Al verificar la insuficiencia e irrazonabilidad de la reparación acordada de conformidad con las pautas de la ley especial, descalificó la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557 por transgredir los arts. 14 bis, 16, 17, 19 y 28 de la Constitución nacional y los Tratados incorporados por su art. 75 inc. 22 (v. fs. 577).
En tales condiciones, y dado el carácter de empleador autoasegurado que reviste el Fisco provincial, condenó a este último a pagar íntegramente el monto que estipuló por la reparación integral del perjuicio sufrido; añadiendo a dicho importe lo presupuestado en concepto de sanción por conducta temeraria y maliciosa. Como así también a abonar una suma correspondiente a la diferencia de la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 por el mayor grado de incapacidad determinado en autos (v. fs. 577, 584 vta./586 y 591/592 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la Fiscalía de Estado mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 12 de la ley 24.557; 3, 8, 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773 y su decreto reglamentario 472/14; 3 del Código Civil (ley 340); leyes 23.928 y 25.561; y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, objeta la conclusión con arreglo a la cual el tribunal de origen rechazó la defensa de prescripción.
Alega que dicho órgano jurisdiccional incurrió en absurdo al valorar las pruebas y las propias manifestaciones vertidas por la parte actora en su escrito de demanda, donde reconoció que al momento de sufrir el accidente se produjeron las lesiones corporales y psíquicas y que existieron malestares inmediatamente posteriores que se vincularon con el evento, por lo que la única y lógica conclusión posible es que a la fecha en que la Comisión Médica dictaminó sobre el porcentual de incapacidad del señor F., éste ya se encontraba en conocimiento de su minusvalía, consintiendo lo resuelto administrativamente.
Denuncia que dicho vicio lógico se configura en la especie porque el a quo determinó que el promotor del pleito tomó conocimiento de su incapacidad en la fecha en que se presentó en autos la pericia médica, otorgándole así a dicho medio probatorio una propiedad inexistente en el universo jurídico, esto es, la de constituirse en el hito a partir del cual comenzar a computar el período de interrupción de la acción. Explica que, si la demanda ya fue iniciada, es absolutamente ilógico suponer que un acto posterior (la producción de la pericia médica) pueda surtir el efecto de interrumpir la prescripción de dicha acción. Ello atentaría, afirma, contra la seguridad jurídica de manera flagrante, no encontrándose prevista tal anomalía en el art. 44 apartado 1 de la ley 24.557, ni en el art. 3.986 del Código Civil, ni en la norma del art. 2.546 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Sostiene que, en realidad, el actor tuvo noción cabal de su minusvalía el día 18 de agosto de 2010, es decir, cuando la Comisión Médica emitió el dictamen en el que estableció que era portador de un 26,3% de incapacidad, por lo que, al momento de interponerse la demanda (15 de octubre de 2012), había transcurrido en exceso el plazo legal -dos años- para que opere la prescripción.
II.2. Por otra parte, aduce que de conformidad con lo expresado por el juez del tribunal de trabajo cuya opinión resultó minoritaria, la causa debió finiquitarse por existencia de cosa juzgada.
En ese sentido, alega que dicho magistrado enumeró una serie de hechos prejudiciales que demostraron el sometimiento voluntario del señor F. al trámite administrativo iniciado por ante la Comisión Médica, en el que se determinó el grado de minusvalía derivado del infortunio y el pago de las prestaciones dinerarias correspondientes.
Refiere que, en la especie, se verifica el requisito de la triple identidad de sujetos, objeto y causa, ya que en sede administrativa el actor reclamó a la aseguradora de riesgos del trabajo el pago de una indemnización derivada de un accidente de trabajo.
Afirma que al hallarse consentidos por las partes tales hechos y actos, cualquier reclamo posterior en sede judicial conlleva, sin más, la existencia de cosa juzgada, lo que así solicita se declare; debiéndose imponer las costas a la parte actora.
II.3. Controvierte el quantum indemnizatorio reconocido en la sentencia.
II.3.a. De un lado, porque el tribunal a quo aplicó las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando correspondía determinar la cuantía del resarcimiento conforme las pautas previstas por el Código de Vélez Sarsfield.
Indica que el juzgador resolvió de tal modo por considerar que se hallaba pendiente el cobro de la reparación y no configurarse en el caso la noción de consumo jurídico. Pero, explica, lo cierto es que en estas actuaciones tramitó un reclamo por la reparación de las secuelas incapacitantes derivadas de un accidente de trabajo acontecido en el año 2009, agotándose en el mismo momento de ocurrencia del infortunio todas las consecuencias dañosas en el actor, sin que existieran hechos en curso de desarrollo.
En ese orden de ideas, indica que la definición de grado contrasta con las directrices plasmadas por esta Corte en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016); como así también con las que la Corte Suprema de Justicia de la Nación expuso al fallar en los casos "Lucca de Hoz" y "Espósito".
II.3.b. Del otro, porque al determinar la reparación plena, la sentencia incurre en una conclusión incoherente y contradictoria con el orden lógico que ella misma propone y con los extremos que se tuvieron por acreditados en la causa.
Indica que luego de delinear la normativa que sería de aplicación, el a quo juzgó que los parámetros utilizados se ajustarían a la misma, innovando con la adición de una suma a meritar en base a las características del caso y con cabida en los arts. 1.738 in fine y 1.740 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Sostiene que, apartándose de toda lógica, se incluyó en el seno de la indemnización adicional reconocida a dos rubros (pérdida de chance y daño estético) que no se encuentran fehacientemente comprobados en autos.
Explica que cuando se parte de un análisis que pretende ser integral y que contemple los derechos personalísimos de la víctima, su integridad personal, salud psicofísica, afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida, no pueden crearse rubros indemnizatorios reñidos con el caso concreto.
Argumenta que la cuantía establecida en concepto de lucro cesante es absurda porque el señor F. nunca dejó de percibir sus salarios y ascendió incesantemente en su escalafón, percibiendo además una suma indemnizatoria en sede administrativa.
Dicho rubro, continúa, implica la privación o frustración de un enriquecimiento patrimonial del damnificado y se presenta cuando el hecho ilícito le impide obtener ciertos lucros o ganancias económicas, requiriendo la norma del art. 1.738 del Código Civil y Comercial para que proceda dicho resarcimiento, que exista una probabilidad objetiva de alcanzar dichos beneficios. De allí, que es necesario que la víctima aporte indicios precisos y concordantes que permitan presumir la existencia del perjuicio cuyo resarcimiento se persigue.
Manifiesta que dentro de los diversos rubros que pueden quedar comprendidos en el ámbito del lucro cesante tiene especial trascendencia la incapacidad sobreviniente, que puede definirse como la inhabilidad o impedimento, o bien la dificultad, apreciable en algún grado, para el ejercicio de funciones vitales.
Señala que, a la luz de dicho precepto y de las disposiciones contenidas en el art. 1.746 del mismo digesto, se ha mantenido la clasificación dual del daño, esto es, dividiéndose en patrimonial (o material) y moral (o extra patrimonial), no admitiéndose ninguna otra categoría de perjuicio resarcible. La mención a la salud psicofísica, las afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en el proyecto de vida no implica postular la existencia de "nuevos daños", sino enfatizar que la tutela se centra en la persona y que la violación de sus derechos personalísimos dará lugar a la reparación de las consecuencias patrimoniales o extra patrimoniales que de ella resulten.
Con todo, concluye, queda claro que el reconocimiento del universo integral que el sentenciante llevó a cabo en el específico supuesto de autos, al no meritarse debidamente, arroja una ilógica conclusión, pues en definitiva termina desconociendo lo mismo que tiende a reconocer, recreando rubros que se superponen y soslayando considerar realidades constatadas en la causa.
II.4. Por último, controvierte la aplicación de la multa por temeridad y malicia del art. 45 del Código Procesal Civil y Comercial.
En ese sentido, arguye que el hecho de que al contestar la demanda se hubieran formulado manifestaciones que luego no pudieron ser comprobadas a lo largo del proceso, no puede por sí solo constituir indicios o pruebas de una conducta irregular en la defensa de los intereses fiscales comprometidos.
III. El recurso prospera.
III.1. Hago mío el voto que dejó elaborado el distinguido colega doctor Negri, cuyo fallecimiento fuera lamentado en distintos ámbitos y fundamentalmente en este Tribunal.
III.2. Sentado lo anterior, habré de ingresar al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en tal sentido, dable es recordar -según lo ha declarado reiteradamente esta Corte-, que determinar la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad y, en consecuencia, establecer -en el marco de la acción común deducida- el momento en el que debe comenzar a correr el plazo de la prescripción, constituyen cuestiones de hecho reservadas a la apreciación de los jueces de grado y no revisables en casación, salvo el supuesto de absurdo que debe ser denunciado y eficazmente demostrado (causas L. 100.239, "García", sent. de 18-VIII-2010; L. 106.190, "Valls", sent. de 30-V-2012; L. 109.040, "Pampin", sent. de 5-IV-2013; e.o.).
III.2.a. En el caso traído a examen, considero que el recurrente logra evidenciar la configuración del mentado vicio.
III.2.a.i. Conforme se desprende de la reseña efectuada, el tribunal de grado arribó a la conclusión de que el actor había tomado conocimiento de la incapacidad que posee el día en que fue presentada en autos la pericia médica, es decir, el 10 de septiembre de 2015 (v. vered., quinta cuestión, fs. 562 vta.).
Sostuvo que no podía situarse como fecha de inicio del cómputo del plazo prescriptivo la de ocurrencia del infortunio como lo pretendía el demandado, toda vez que el trabajador no sabía aún acerca de la incapacidad -total- que padecía. Agregó que con tal medio probatorio se le había brindado a este último un diagnóstico, establecido la relación de causalidad entre el daño y el accidente y se había fijado la incapacidad, por lo que, en los términos de los arts. 258 de la Ley de Contrato de Trabajo y 4.037 del Código Civil (ley 340) la acción no se encontraba prescripta (v. sent., fs. 569).
III.2.a.ii. Acierta el recurrente cuando denuncia la violación de los arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial, pues la motivación de la sentencia aparece construida sobre una estructura distinta de la demarcada por los escritos de constitución del proceso, apartándose del contenido concreto de la relación jurídica procesal.
En efecto, el razonamiento del juzgador de grado conduce a una conclusión que se exhibe como un aserto dogmático, fruto -únicamente- de la voluntad de los jueces que la dictaron.
Así, en la demanda, sostuvo el actor que "La tendencia jurisprudencial prevaleciente sólo considera iniciado el plazo de prescripción cuando la víctima tenga conocimiento cabal de su minusvalía laboral , con el agregado de que esa actividad subjetiva tiene que estar complementada por un dato objetivo de carácter técnico que permita juzgar que el trabajador sabe de su déficit de aptitud laboral y conoce la vinculación causal entre ese estado y sus dolencias"; y, continuó, "Tenemos en el caso un accidente ocurrido con fecha 29/05/09, cuya alta se produce con fecha 21/01/10 y cuya ILLP se determina con fecha 18/08/10, con lo cual tomando como momento idóneo a los fines de comenzar a computar la prescripción el del alta médica, el mismo comenzó a computarse a partir del 21/01/10 , se interrumpió con fecha 27/05/11 por el término de 1 año mediante TL nro. CD175144465 (efectos del art. 3986 del CC expresamente señalado en la misiva), habiendo transcurrido hasta el momento 1 año, 4 meses y 6 días, debiendo a comenzar nuevamente el cómputo del plazo restante con fecha 27/05/12, con lo cual el término de prescripción operaría con fecha 15 de enero de 2013" (dem., fs. 211 vta. in fine y 212; el destacado me pertenece).
En tal sentido, surge nítidamente que la circunstancia de haber situado el comienzo del hito obligacional al momento de la presentación de la pericia médica en estos actuados no aparece en modo alguno justificada, pues ha sido localizado en una fecha posterior a aquella en la que el propio trabajador manifestó que dicha circunstancia se produjo.
Es válido concluir, entonces, que mal puede situarse el punto de partida del cómputo de la prescripción de la acción con posterioridad al inicio del reclamo que da origen a esta última.
III.2.b. En estas condiciones, observo que el recurrente ha logrado evidenciar el error grave, grosero y fundamental que caracteriza al absurdo (causas L. 102.866, "Gallichio", sent. de 11-VII-2012; L. 113.885, "Olmos", sent. de 16-X-2013; L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; e.o.) y que justifica en el caso la revocación de lo resuelto en este aspecto del fallo de grado.
III.3. A tenor de la solución a la que se arriba, no cabe ingresar a tratar los restantes agravios.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia en cuanto desestimó la excepción de prescripción opuesta por la demandada. Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, con distinta integración y teniendo en cuenta las alegaciones de las partes y las pruebas ofrecidas al respecto, se pronuncie sobre el punto de partida del inicio del plazo prescriptivo y, por su conducto, respecto de la mentada defensa.
Costas de esta instancia a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afi
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