Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122590
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.590, "Quinteros, Carlos Alberto contra La Caja ART S.A. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan , Genoud , Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Campana, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, hizo lugar a la demanda, imponiendo las costas a la legitimada pasiva (v. fs. 267/289 vta.).
Se interpuso, por Experta ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 31 de octubre de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo hizo lugar a la acción deducida por Carlos Alberto Quinteros contra La Caja ART S.A. -hoy Experta ART S.A.-, a quien condenó a pagar el importe de $975.650,30 en concepto de indemnizaciones previstas en los arts. 11 apartado 4 inc. "a" y 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557.
Resolvió de esa manera, en tanto juzgó acreditado que, como consecuencia de las patologías que contrajo durante el cumplimiento de tareas prestadas para su empleadora Siderca S.A.I.C. (hipoacusia perceptiva bilateral, limitación de la movilidad de columna dorso lumbar y cervical, afección de rodilla izquierda, várices y patología psicológica, el actor padece una incapacidad laboral permanente parcial que lo invalida en un 54,02% del índice de la total obrera (v. sent., fs. 281 vta.).
En lo que resulta especialmente relevante para la resolución de la litis, el órgano de grado, tras destacar que (con excepción de la hipertensión arterial) las dolencias que afectan al trabajador no se encuentran contempladas en el listado de enfermedades profesionales reglado por el art. 6 de la ley 24.557 y el decreto 658/96, consideró que dicha circunstancia no obstaba a que la aseguradora fuese responsabilizada por el pago de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Ello así -explicó- porque, a partir del dictado del decreto 1.278/00, el art. 6 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557, modificando el esquema de numerus clausus contenido en la redacción original de dicho texto legal, autoriza a calificar como enfermedades profesionales a las patologías que, aun no incluidas en el listado, se demuestre que fueron provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, situación ésta que resultó verificada en el caso, desde que con la prueba pericial médica -la cual tuvo por válida- se demostró que la exposición del actor a las noxas lesivas fue idónea para desencadenar y agravar las dolencias mencionadas (v. sent., fs. 279 vta. y 280).
Aclaró, asimismo, que no obstaba a ello la circunstancia de que el trabajador no hubiera recorrido el trámite procesal ante las Comisiones Médicas reglado en el citado art. 6, toda vez que en autos se encontraba firme la competencia atribuida al tribunal de trabajo (v. sent., fs. 280 vta. y 281).
Finalmente, estableció que al monto de condena se le apliquen intereses conforme la tasa pasiva "digital" del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde el 1 de noviembre de 2013 hasta su efectivo pago (v. sent., fs. 285 vta./287).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la parte demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10 de la Constitución provincial y de la doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 31 de octubre de 2018).
II.1. En primer lugar, se agravia de la valoración que efectuó el sentenciante de la pericia médica realizada en la presente causa. Sostiene que la misma es nula, en tanto resulta imposible deducir conclusiones de premisas válidas y esencialmente demostrables que permitan ser verificadas (v. fs. 39/44).
En tal sentido afirma que el informe presentado en autos carece de fundamentación científica, toda vez que se limita a reproducir conceptos y se basa en estudios aportados por el actor, cuandoéstos debían ser realizados en centros médicos a denunciarse por su parte.
Agrega que, oportunamente, solicitó la nulidad del dictamen pericial presentado, cuestionando fuertemente la labor del experto; y que a tal impugnación el perito únicamente contestó descalificando las observaciones efectuadas, sin dar explicación alguna. Alega que los conceptos expuestos deben ser claros como así también la contestación a los puntos de pericia propuestos ya que los mismos tienden a que el informe pueda ser comprendido tanto por las partes como por el propio tribunal.
Ante ello, señala que la aseguradora no sólo mantuvo el pedido de nulidad del informe, sino que además promovió denuncia penal contra este último.
Manifiesta que, atento que la referida pieza procesal fue el sustento del juzgador de grado para emitir su sentencia, la misma deviene arbitraria por falta de motivación, privándole a su parte de tener un tratamiento serio de las cuestiones debatidas en autos, lo cual vulnera su derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.).
En conclusión, solicita se declare la nulidad del dictamen en cuestión.
II.2. Por otro lado, objeta que el tribunal de origen haya condenado a su parte por el supuesto padecimiento de una afección columnaria que estableció como profesional, sin perjuicio de que la misma no se encuentra incluida en el Listado de Enfermedades Profesionales elaborado por el Poder Ejecutivo nacional (conf. dec. 658/96 y Laudo 156 de 23 de febrero de 1996 y su Anexo I), ni resulta derivada de un claro accidente de trabajo, por lo que no posee reparación en el sistema de la ley 24.557 (v. fs. 44/48).
De allí que, a todo evento, debió el señor Quinteros recurrir a la Comisión Médica Central para reclamar las prestaciones previstas en dicho régimen legal, puesto que -afirma- cuando la aseguradora rechaza el siniestro denunciado por tratarse de una afección de carácter inculpable y no encontrarse listada, se debe recurrir al procedimiento establecido en el art. 6 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557, ya que en razón de lo dispuesto por el decreto 1.278/00 es el único organismo legitimado para tales fines.
Explica que, a tenor de lo que prescriben el art. 6 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo y el decreto 590/97, las prestaciones correspondientes a enfermedades no listadas que hayan sido reconocidas como de naturaleza profesional por parte de la Comisión Médica Central deben ser abonadas con los recursos del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales.
Por todo ello, siendo que en autos no ha mediado un dictamen del citado organismo administrativo, sino un fallo judicial que lo ha sustituido, la aseguradora no podrá recuperar del mencionado fondo las prestaciones otorgadas, vulnerándose su derecho de defensa y de propiedad. Asimismo -alega-, tendría que cubrir dichas prestaciones con dinero de su propio peculio, lo cual implica un claro quebrantamiento de las bases técnicas del contrato de afiliación, en tanto y en cuanto el precio del seguro se pactó teniendo en cuenta, entre otras variables, el inexistente deber de afrontar prestaciones por enfermedades fuera de lista que sean declaradas profesionales.
II.3. Asimismo, cuestiona la imposición de intereses (v. fs. 48/49).
Al respecto, entiende que la decisión resulta arbitraria y confiscatoria, afectando el derecho de propiedad, en tanto -afirma- la aseguradora jamás estuvo en mora, por lo que no correspondía que se le aplicaran tales accesorios.
No obstante, y "para el hipotético e improbable caso de que pudiere corresponder el pago de algún tipo de interés", arguye que el mismo resulta exigible desde el dictado de la sentencia.
II.4. Por último, se agravia de la decisión del juzgador al imponer las costas (v. fs. 49).
II.4.a. Por un lado, objeta la regulación de honorarios efectuada, por considerar a los mismos "altos y contrarios al derecho aplicable". En tal sentido, solicita se aplique la ley 24.432.
II.4.b. En otro orden, cuestiona que las costas ordenadas "aún en forma solidaria", deben recaer exclusivamente en cabeza del actor; de lo contrario solicita que se fijen en la proporción de responsabilidad ante el capital de condena, es decir, en la medida de su vencimiento ya que, de no ser así, vulneraría el sentido de justicia.
III. El recurso no prospera.
III.1. Respecto del primer agravio, es dable recordar que esta Corte ha expresado que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficientemente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 100.037, "Negretti", sent. de 5-V-2010; L. 104.828, "Arenillas", sent. de 29-VI-2011; L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014 y L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016).
Con sujeción a tales premisas, la impugnación resulta ineficaz para conmover lo resuelto en el fallo.
Ello así, pues, sin atender los argumentos medulares del pronunciamiento, la recurrente insiste en reeditar planteos ya desarrollados en la instancia anterior -y resueltos por los magistrados intervinientes durante la tramitación del proceso; ver fs. 262/263-, alegando que el informe médico se encuentra viciado de nulidad. Luego, se advierte que las manifestaciones que nutren la postulación recursiva resultan ineficaces a fin de modificar lo decidido.
En efecto, ninguna réplica con aptitud formula la interesada a fin de descalificar la interpretación y alcance de la pericia médica, a partir de la cual llevó al sentenciante a la convicción de las patologías que presenta el actor y la incapacidad que por ellas padece (v. fs. 269/270).
En suma, la compareciente se limita a contraponer su disconformidad con lo resuelto, siguiendo una línea argumental que -en rigor- sólo traduce un apartamiento de los fundamentos expuestos por el juzgador, lo que pone en evidencia la ausencia de idoneidad de la réplica.
Con todo, cabe señalar que esta Suprema Corte tiene dicho que carece de aptitud el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, a través de la reiteración de argumentos expuestos en la instancia anterior, no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido por el tribunal en su pronunciamiento (causa L. 118.225, "Dahl", sent. de 24-II-2016).
Circunscripta entonces la facultad revisora de esta Corte al contenido de la sentencia y a la concreta impugnación contra ella formulada, la insuficiencia del embate impide revisar el acierto de lo decidido.
III.2. El agravio estructurado en base al art. 6 de la ley 24.557, tampoco luce de recibo.
III.2.a. Es que la recurrente funda la crítica aduciendo que no pudo ser condenada a abonar prestaciones dinerarias vinculadas a dolencias que no se encuentran incluidas como enfermedades resarcibles en el listado taxativo del decreto 658/96 (v. rec., fs. 44/48).
III.2.b. El tribunal de grado explícitamente ponderó la circunstancia de que el actor era portador de afecciones que, salvo la hipertensión arterial, no coincidían exactamente con las que se encontraban listadas, y hubo de resolver el tópico sobre la base de las modificaciones dispuestas por el decreto 1.278/00, y en cuanto dicho reglamento sustituyó el apartado segundo del art. 6 de la ley 24.557 prescribiendo que aún las enfermedades no incluidas en el listado del referido decreto pueden ser consideradas como profesionales y sus daños resarcidos, cuando se demuestre que las mismas han sido provocadas por causa directa del trabajo, excluyendo los factores ajenos a él o que son propios del trabajador (v. fs. 279 vta. y 280).
A partir de ello, y teniendo por acreditado que las patologías que sufrió el actor reconocen un origen causalmente vinculado con las labores desempeñadas (v. vered., fs. 270/271 vta. y sent., fs. 280) y declarada la competencia del tribunal del trabajo para resolver la controversia (asumida en la resolución de fs. 77/79 vta.) -ambas cuestiones que arriban a esta instancia en conclusión firme-, concluyó que la aseguradora de riesgos del trabajo resultaba responsable por el pago de las prestaciones previstas en la ley 24.557 (v. sent., fs. 280/281).
III.2.c. Pues, reitero, el escrito por el cual se funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe contener una réplica concreta, directa y eficaz de todos los motivos que nutren el pronunciamiento objetado (art. 279, CPCC; causas L. 98.354, "Cortés", sent. de 30-XI-2011; L. 111.323, "Sánchez", sent. de 22-VIII-2012 y L. 105.151, "Navasal", sent. de 24-VI-2015; e.o.).
En consecuencia, la condena a pagar las prestaciones de la ley 24.557 debe ser confirmada.
III.2.d. Ahora bien, en cuanto al "mantenimiento de reserva" que formula la peticionaria en su presentación recursiva vinculada con la eventual repetición de la aseguradora de riesgos de trabajo ante el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, debo decir que, más allá de que el tópico remite a una cuestión que no fue objeto de tratamiento por parte del Tribunal de grado, no correspondiendo que sea tratado por esta Corte dado que su potestad revisora se circunscribe al contenido del fallo y su concreta impugnación (causas L. 102.609, "Florencio", sent. de 11-V-2011; L. 114.540, "Celendano", sent. de 12-VI-2013 y L. 108.167, "Guevara Velázquez", sent. de 12-III-2014), advierto que la concreta pretensión esgrimida a fs. 47 vta./50 del escrito de responde en el sentido que, en caso de condenársela -como se lo hizo, sin tránsito por ante la Comisión Médica Central- al pago de las prestaciones de la ley 24.557, se la habilitara a utilizar el dinero depositado en dicho Fondo Fiduciario, no fue tratada por el a quo .
En esos términos, se detecta con claridad que la impugnante ha equivocado la vía recursiva que debió transitar para fundar el agravio que le provoca el verse "...imposibilitada de imputar los costos de las prestaciones [...] al fondo fiduciario creado..." habida cuenta que, en tanto no abordada la cuestión por el juzgador anterior, debió impugnar el pronunciamiento mediante recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC).
En ese sentido ha declarado esta Corte que resultan ajenas al ámbito del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley las cuestiones relativas a la omisión de tratamiento de planteos oportunamente introducidos por las partes (causas L. 116.955, "Enríquez", sent. de 29-III-2017; L. 99.604, "Hoffstetter", sent. de 14-VII-2010 y L. 85.849, "Bentrón", sent. de 11-IV-2007; e.o.).
III.3. Tampoco debe prosperar la impugnación vinculada a la imposición de intereses y, en su defecto, que los mismos no se aplicaran desde la fecha del dictado de la sentencia.
Reiteradamente ha sostenido el Tribunal que integro que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que carece de la indispensable denuncia de infracción de la norma vinculada al agravio que expone, exigencia esta de insoslayable cumplimiento de conformidad con las prescripciones establecidas por la norma del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, pues la Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse por la parte interesada (causas L. 79.507, "Saravia", sent. de 1-III-2004; L. 92.220, "Dupleich Villegas", sent. de 19-X-2011 y L. 103.553, "Leguizamón", sent. de 21-XII-2011).
En el caso, la réplica traída no abastece la carga impuesta por el precepto procesal mencionado, en cuanto la recurrente omite mencionar el o los preceptos y, en su caso, la doctrina legal que considera quebrantados en el marco de la crítica ensayada (art. 279, cit.).
Por lo demás, la omisa invocación de absurdo contribuye a evidenciar el inadecuado sustento de este segmento de la queja, desde que el agravio remite a la evaluación de las constancias y elementos probatorios obrantes en la causa, facultad privativa de los jueces de grado (art. 44 inc. "d", ley 11.653).
Sobre el particular, cabe recordar que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no cumple con la inexcusable carga de alegar el vicio de absurdo respecto de cuestiones fácticas y probatorias (causas L. 97.914, "Iturralde", sent. de 7-III-2012 y L. 105.054, "Céccoli", sent. de 24-VIII-2011).
III.4. Luego, con la aclaración de que los honorarios fueron fijados en atención a la actuación que realizaron en cada una de las etapas del proceso y la índole, mérito y naturaleza de los trabajos efectuados (con fundamento en el decreto ley 8.904/77 y la ley 14.967), considero tampoco es de recibo el agravio tendiente a objetar lo resuelto por el a quo en relación a las costas.
III.4.a. En primer lugar, resulta inatendible la prédica de la recurrente que se dirige -en rigor- a cuestionar, por excesiva, la regulación de los honorarios practicada en la instancia de grado, ya que -como es sabido- las decisiones de los tribunales de trabajo en esa materia, en tanto lleven a la determinación del monto de los estipendios como a las bases adoptadas para fijarlos, son irrecurribles por la vía extraordinaria (causas L. 74.496, "Reynoso", sent. de 30-X-2002; L. 92.220, cit. y L. 104.474, "Maldonado", sent. de 29-II-2012), sin que se invoque en la especie ninguna situación excepcional que otorgue cabida a la casación.
Para más, en sustento de su réplica, la presentante aduce que, mediante tal injustificada decisión, se vulneró la ley 24.432, olvidando señalar, en su escueta argumentación, de qué manera habría resultado quebrantada la citada normativa (art. 279, CPCC).
III.4.b. En relación a la queja tendiente a controvertir la repartición de los gastos causídicos, cabe recordar que la imposición y distribución de las costas constituye una típica cuestión de hecho, cuya resolución es facultad privativa de los jueces de grado y, como tal, irrevisable en casación, salvo absurdo (v. causas L. 80.398, "Ramírez", sent. de 31-III-2004 y L. 113.488, "González", sent. de 23-XII-2013), vicio que no ha sido denunciado por la impugnante en esta parcela del recurso.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/09/2020 16:49:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/09/2020 21:15:48 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2020 10:00:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2020 18:59:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2020 13:01:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.