Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122164
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.164, "Alegre, Alejandro David contra Provincia ART S.A. y otro/a. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda e impuso las costas a la parte actora, con beneficio de gratuidad (v. fs. 250/253 vta.).
Se dedujo, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 267/270 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado rechazó la acción deducida por el señor David Alejandro Alegre contra la Provincia de Buenos Aires -en representación de Provincia ART S.A.-, impuso las costas al demandante bajo el beneficio de gratuidad previsto en el art. 22 de la ley 11.653 y reguló los honorarios de los letrados intervinientes con fundamento en el decreto ley 8.904/77 y peritos (v. fs. 250/253 vta.).
II. La Fiscalía de Estado de Estado de la Provincia de Buenos Aires dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 10, 13, 14, 21, 23, 43, 47 y concordantes de la ley 8.904; 68 y 476 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 267/270 vta.).
Asimismo, aduce vulnerada la doctrina legal emergente de las causas Ac. 67.487, "Enrique" (sent. de 14-II-2001); Ac. 84.028, "Rojas" (sent. de 9-V-2007); Ac. 86.346, "Calleri" (sent. de 26-IX-2007) y L. 119.147, "Wilczynski" (sent. de 10-VIII-2016).
En concreto, se agravia de la base regulatoria empleada para cuantificar los emolumentos de los peritos actuantes (conformada por el monto reclamado en el pleito) pues sostiene que arrojan una suma desproporcionada, injusta.
Afirma que, en el caso, resulta plenamente aplicable la doctrina legal que emana de los precedentes citados, toda vez que a la demandada le hubiera convenido perder el juicio por el monto por el que razonablemente hubiera prosperado la acción, que ganarlo.
Alega que los jueces no deben atenerse necesaria y dogmáticamente al capital establecido en la demanda para conformar la base regulatoria, sino que corresponde considerar el importe por el que hipotéticamente aquélla podría haber prosperado.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria, representado por la diferencia entre el importe de los honorarios regulados por el a quo y aquél que resultaría de aplicarse la doctrina legal cuyo quebrantamiento se denuncia en el recurso, no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (Acordada 3840/17).
Luego, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55 segundo párrafo in fine de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015).
III.2. Bajo esos lindes, no se evidencia que en el caso se configuren los presupuestos de aplicación de las directrices sentadas en los precedentes que en un discurso -no exento de dogmatismo- invoca el impugnante, pues lejos de aparecer manifiesta la falta de razonabilidad de la pretensión del actor, o, como esta Corte expresara en relación con los honorarios regulados "...fuera de toda correspondencia con las reparaciones fijadas por los tribunales tanto provinciales como nacionales..." (causa L. 67.487, cit.), o "desmesurada" a primera vista (causa Ac. 84.028, cit.) es lo cierto que en esta causa se ha juzgado que el actor padece un alto grado de incapacidad (67,2% del índice de la total obrera; v. vered., fs. 250 vta.) y su salario no pudo ser finalmente definido mediante la pericia contable atento la falta de cumplimiento por la demandada -ahora recurrente- de la intimación que se le cursara en los términos del art. 39 de la ley 11.653 (v. fs. 135).
En tales condiciones, y como en reiteradas ocasiones lo ha señalado esta Corte, cabe recordar que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si en los precedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediaron presupuestos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L 120.095, "Simari", sent. de 18-X-2017; L. 120.779, "Suárez", sent. de 28-XI-2018 y L. 121.611, "Falcon", sent. de 27-XI-2019).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Pettigiani , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/09/2020 10:25:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2020 17:05:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/09/2020 15:27:53 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2020 11:09:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2020 11:23:18 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia