Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120181
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad en el caso se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.181, "Barrera, Miguel Ángel contra Carplast S.A. y otro. Despido y accidente de trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de San Miguel perteneciente al Departamento Judicial de San Martin, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 999/1.010).
Se interpuso, por QBE Argentina ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.039/1.053).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente -en lo que interesa destacar por ser materia de agravio- rechazó la defensa de prescripción opuesta por QBE Argentina ART S.A. y acogió la demanda promovida por el señor Miguel Ángel Barrera, por la que pretendía -con fundamento en la ley especial- el cobro de una indemnización por la incapacidad laboral derivada del accidente de trabajo que protagonizó el día 8 de agosto de 2006.
Para así decidir, en el veredicto, juzgó acreditado que en la fecha señalada, mientras prestaba servicios para la empresa Carplast S.A., el actor se torció su rodilla derecha (v. fs. 1.000 vta.). Asimismo, que como consecuencia del mencionado infortunio, sufrió una disminución de su capacidad laborativa del 18,1% del índice de la total obrera (v. fs. 1.001 vta.).
Ya en la sentencia, el a quo señaló que "en el caso de autos el día del accidente no puede ser tomado como inicio del cómputo de la prescripción, toda vez que resultaba imposible a esa fecha determinar de modo alguno la incapacidad" (fs. 1.005). A su vez, ponderó que Barrera en sede administrativa cuestionó la incapacidad que le había reconocido la aseguradora de riesgos del trabajo, además, que la "Comisión Médica N° 27 emitió su dictamen recién el 13 de noviembre de 2007", y que esa "resolución fue apelada por el accionante" (fs. cit.). Sobre ese escenario, el juzgador determinó la fecha de toma de conocimiento de la enfermedad el día 19 de diciembre de 2007, a partir de la notificación del rechazo de dicho recurso (v. cit.).
Consideró entonces que "el referido reclamo resultaba eficaz para interrumpir el plazo de la prescripción de esta acción en los términos del art. 3.986 del C. Civil primer párrafo, ya que la accionante recorrió el procedimiento administrativo obligatorio previsto en la LRT en busca de la determinación de su incapacidad y su consecuente reparación (conf art 2537 C.C. y Com.)" (fs. cit.).
En base a estas conclusiones, el sentenciante declaró que, al momento de impulsarse el proceso (16 de diciembre de 2009), la acción no se encontraba prescripta (v. fs. cit.).
Luego, tras declarar procedente el reclamo fundado en la percepción de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, señaló que "el infortunio provocó consecuencias dañosas que subsisten sin reparar al momento de la entrada en vigencia de la ley 26.773" (fs. 1.008 y vta.). Desde esa premisa, juzgó aplicable la Resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16 y en ese orden, tras multiplicar la suma de $943.119 por el porcentaje de incapacidad, determinó que el monto que le corresponde al actor ascendía a $170.705 (v. fs. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento QBE Argentina ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18, 19 y 31 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución provincial; 8, 14, 21, 22, 26 y 46 de la ley 24.557; 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773.
II.1. En primer lugar, señala que la aplicación al caso de la ley 26.773 -que no se encontraba vigente al momento del accidente del actor- afecta, además de las citadas normas constitucionales, derechos adquiridos y el principio de irretroactividad, consagrado en el art. 3 del Código Civil, ratificado por el art. 7 del Código Civil y Comercial, y plasmado asimismo en el art. 17 apartado 5 de la ley indicada (v. fs. 1.046 vta./1.047 vta.).
Explica que el apartado 6 "...pese a su confusa redacción, no está queriendo significar que las prestaciones que prevé la ley 24.557 y sus modificatorias, que se devengaron antes de la entrada en vigencia de la ley 26.773, deban ajustarse de acuerdo al denominado índice RIPTE, pues sería contradictorio que el inc. 5) determine la fecha de vigencias de esa actualización (26 de octubre de 2012) y luego el inc. 6) los contemple para contingencias anteriores a esa fecha" (fs. 1.048). Agrega, que dichos incisos en realidad son complementarios e indican la forma en que debe practicarse el ajuste referido (v. fs. 1.048 vta.).
Aduce que "la compensación económica debe determinarse conforme a la ley vigente cuando ese hecho se concreta, lo que ocurre en el momento en que se integra el presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el resarcimiento, con independencia de la efectiva promoción del pleito, que persigue el reconocimiento de esta situación y de sus efectos en el ámbito jurídico" (fs. 1.049 vta.).
A su vez, advierte que la decisión objetada "alteraría gravemente la ecuación económica del contrato de seguro" (fs. 1.050).
II.2. Por otro lado, se agravia por el rechazo de la defensa de prescripción y, en ese orden, afirma que en la especie ha fenecido el plazo bienal fijado por los arts. 4.037 del Código Civil y 44 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 1.051). Indica que, aún si se tomara la fecha establecida en la sentencia para computar dicho plazo, la acción se encuentra igualmente prescripta porque "el presente expediente fue iniciado recién el 09/02/10" (fs. cit.).
Añade que el tribunal además incurrió en otro error ya que, de acuerdo a lo prescripto por el art. 43 de la ley citada, "el nacimiento del derecho a las prestaciones [...] es a partir de la denuncia del siniestro" (fs. cit.).
II.3. Finalmente, alega que el juzgador con su fallo ha violado el principio de congruencia, omitiendo el tratamiento tanto de los argumentos opuestos en torno a la genérica imputación de responsabilidad, como las defensas de falta de acción y falta de legitimación pasiva (v. fs. 1.051 vta./1.052 vta.).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Inicialmente, debo destacar que -contrariamente a lo que sostiene la interesada (v. fs. 1.040)- el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera el mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
En el caso, dicha suma está representada por el importe del capital que el tribunal ordenó pagar a la demandada -integrado por la indemnización prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y la actualización establecida en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 y la Resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16 (causas L. 90.108, "Rodríguez", sent. de 30-IX-2009; L. 90.482, "Jaime", sent. de 18-VIII-2010; L. 99.161, "P., D." sent. de 15-XII-2010; L. 96.351, "Bonifacich", sent. de 6-IV-2011; L. 103.756, "Dávila", sent. de 6-XII-2011; L. 114.932, "Alfonso", resol. de 26-X-2011; e.o.).
Aún, cuando la recurrente no ha formulado con precisión los cálculos necesarios para determinar el importe indicado -incumpliendo así la carga procesal de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en la ley ritual para la admisibilidad del recurso (causas Ac. 33.533, "Fani" y Ac. 33.534, "Vivarelli S.C.C.", sents. de 10-IX-1985; L. 96.737, "Coccioli", sent. de 1-X-2008; L. 100.898, "Olazar", sent. de 3-III-2010; L. 107.973, "Cale", sent. de 4-VII-2012; L. 115.072, "Cipolletti", sent. de 28-VIII-2013; e.o.)-, ello surge evidente con solo reparar en el hecho de que el monto correspondiente al capital debido por la recurrente ($170.705) resulta inferior al piso recursivo aludido que, al momento de la interposición del recurso (21 de abril de 2016; v. fs. 1.053), ascendía a $232.000 (art. 278, CPCC -texto según ley 14.141, B.O., 15-VII-2010- y Ac. 3803 de esta Suprema Corte).
A tenor de lo señalado, queda claro que la admisibilidad del recurso sub examine solo puede justificarse -ante la ya indicada insuficiencia de la cuantía- en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653. En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
III.2. Por cuestiones metodológicas, habré de alterar el orden de tratamiento de los agravios reseñados, principiando por el análisis de la crítica orientada a controvertir el rechazo de la excepción de prescripción, la cual -adelanto- resulta ajena al acotado marco de revisión aludido.
III.2.a. En primer lugar, por cuanto la impugnante solo trae a consideración de este Tribunal planteos de índole fáctica, extraños al ámbito de la casación por la vía transitada, como lo son los vinculados a la determinación del comienzo del plazo prescriptivo, su eventual interrupción o su cumplimiento.
Al respecto, expresamente se ha declarado que debe ser rechazado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, en el marco de la excepción prevista por el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, pretende la revisión de cuestiones de hecho y de prueba como las indicadas (causas L. 118.478, "Averza" y L. 117.817, "Amigo", resols. de 6-V-2015; L. 118.678, "Vizgarra" y L. 118.662, "Aiello", resols. de 1-VII-2015).
III.2.b. Luego, resulta claro que no se configura la hipótesis excepcional referida cuando se advierte que la agraviada en esta parcela de la impugnación prescinde de denunciar la violación de doctrina legal que habilite la revisión del pronunciamiento de origen, por conducto de la excepción prevista en la mencionada norma adjetiva. En ese sentido también se ha señalado que no se configura dicha hipótesis si el despliegue argumental del recurrente carece de la necesaria denuncia de violación de la doctrina legal de esta Corte (causas L. 92.433, "Álvarez", sent. de 21-IX-2011; L. 89.830, "Fleitas", sent. de 2-XI-2011; L. 91.765, "Rodríguez", sent. de 30-XI-2011; L. 92.472, "Gnemmi", sent. de 30-XI-2011; L. 117.038, "Zapata", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014; L. 115.488, "Cahuapé Pereyra", sent. de 10-IX-2014 y L. 100.654, "Reising", sent. de 15-VII-2015).
III.3. Por similares razones también es inadmisible el agravio final que exhibe el recurso toda vez que, además de soslayar otra vez la denuncia de la doctrina violada, al referirse a la supuesta transgresión del principio de congruencia y a la apreciación de los escritos constitutivos de la litis, no resulta aplicable la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causa L. 98.025, "Giménez", sent. de 24-VIII-2011).
III.4. En cambio, el análisis del cuestionamiento a la aplicación retroactiva de la ley 26.773 no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida, e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013), y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
En ese sentido, no puede dejar de señalarse que los argumentos desplegados en el medio extraordinario de impugnación para neutralizar lo juzgado por el tribunal de grado guardan sustancial analogía con aquéllos que estructuran la mentada doctrina legal sobre la temática aquí debatida.
III.4.a. Siendo ello así, cabe recordar que en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
III.4.b. Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7 de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 solo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
IV. En consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario traído y revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó al capital de condena el mecanismo de ajuste previsto en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad en el caso se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
Costas de esta instancia por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor de Lázzari en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su voto.
I.2. En lo referido a lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto estableció la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773, comparto la solución a la que arriba el colega ponente, ello, a tenor de lo decidido por este Tribunal en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), a la que por razones de brevedad remito, en sentido concordante con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
II. En virtud de lo dicho, cabe acoger parcialmente el medio extraordinario de impugnación como se resuelve en el punto IV del voto que inaugura este acuerdo.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Concuerdo con la solución que propone el doctor de Lázzari en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
I.2. También considero, al igual que mis colegas que me preceden en el orden de votación, que el embate que se apoya -en lo esencial- en la denuncia de transgresión del principio de congruencia (v. fs. 1.051 vta./1.052 vta.), resulta inadmisible.
En efecto, y aun cuando -como he sostenido en reiteradas oportunidades anteriores a la presente- en mi opinión la violación de doctrina legal elaborada en torno al principio de congruencia resulta idónea a los fines de abrir la vía casatoria por el conducto excepcional receptado en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, en tanto no encuentro razón alguna que me lleve a justificar que se deba distinguir entre ley sustancial y ley adjetiva (causas L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013; L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014 y L. 116.906, "Romero", sent. de 3-VI-2015); advierto que la impugnante ha omitido denunciar en la parcela infracción de doctrina legal alguna, presupuesto necesario para habilitar la revisión del pronunciamiento y tornar operativa la citada hipótesis (causas L. 94.298, "Lescar", sent. de 5-XI-2008; L. 101.390, "Gómez", sent. de 16-III-2011 y L. 116.711, "Borja", sent. de 6-V-2015).
I.3. Con relacion al agravio dirigido a controvertir la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773, comparto el tratamiento y la solución propuesta en el voto inaugural, en tanto se condice con los lineamientos establecidos en la causa L 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), a la que me remito por razones de brevedad.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto conforme se resuelve en el apartado final del voto del doctor de Lázzari.
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Adhiero a lo manifestado por el doctor de Lázzari en los puntos III.1., III.2. y III.3., de su voto.
II. Asimismo, en lo que respecta al agravio concerniente a la vigencia temporal de la ley 26.773, comparto lo expresado por dicho colega en tanto se condice con la postura que he asumido en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), oportunidad en la que adherí al voto del doctor Genoud, al que remito por razones de brevedad.
Así lo voto .
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad en el caso se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/09/2020 17:05:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/09/2020 09:38:13 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2020 15:27:48 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2020 11:09:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2020 11:21:53 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.