Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa 120356
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen en el orden causado (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.356, "Herrera González, Cinthia Susana contra Provincia ART S.A. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, de Lázzari, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Avellaneda hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 498/505 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 522/528 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente juzgó acreditado que, como consecuencia del accidente in itinere sufrido el día 1 de noviembre de 2012, Cinthia Susana Herrera González, quien se desempeñaba como "sargenta" de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, padece una incapacidad laboral parcial y permanente del 24,5% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 278/280).
En lo que resulta relevante, el juzgador de grado condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 según las prescripciones de la resolución 28/15 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (v. sent., fs. 502 vta. y 503).
Dispuso que al capital de condena se le aplicaran intereses conforme la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" desde la fecha de su exigibilidad y hasta el momento de quedar firme la sentencia. Estableció, además, que vencido el plazo de diez días otorgado para cumplir con lo ordenado en la sentencia y hasta el efectivo pago, se devengarían intereses según la tasa activa que cobra la mencionada entidad bancaria en operaciones de descuento de documentos comerciales a treinta días (v. sent., fs. 503 vta.).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 12 de la ley 24.557; 8 de la ley 26.773; del decreto 472/14; de la resolución 34/13 de la Secretaría de Seguridad Social; de los arts. 44 inc. "c" de la ley 11.653; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial, así como de la doctrina que cita (v. fs. 522/528 vta.).
II.1. Cuestiona que el tribunal de grado aplicara la tasa de interés pasiva "digital" desde la exigibilidad del crédito y hasta la fecha de sentencia; y, a su vez, la activa desde el vencimiento de los diez días de notificada la sentencia y hasta su efectivo pago.
Respecto de la primera, manifiesta que el sentenciante de mérito utilizó una variante del tipo de tasa pasiva que se aparta de la establecida en la doctrina legal de este Tribunal sentada en el precedente C. 101.774, "Ponce" (sent. de 21-X-2009), entre otros.
Declara que la diferencia cuantitativa entre la tasa aplicada por el tribunal y la pasiva publicada por la Corte es significativa, correspondiendo compararla con la activa del mismo banco.
Sobre la segunda, sostiene que vulnera la doctrina legal establecida desde la causa Ac. 43.448, "Cuadern" (sent. de 21-V-1991), mantenida con el precedente L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009), y ratificada -entre otras- en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), donde se resolvió declarar la inconstitucionalidad de la ley 14.399.
II.2. Por otro lado, sostiene que yerra el tribunal al aplicar el "piso indemnizatorio" establecido en la resolución 28/15 de la Secretaría de Seguridad Social, vigente al momento del dictado de la sentencia, en lugar de utilizar la resolución vigente a la época del infortunio (resol. 34/13).
Señala que es errónea la interpretación efectuada por el juzgador de grado, en tanto -sostiene-, si se aplicara la resolución vigente al momento del pago, no deberían regularse los períodos anteriores, sino sólo los actuales.
Plantea que lo correcto es aplicar la norma que corresponde al momento del evento dañoso y, sobre el monto calculado a esa fecha, liquidar intereses moratorios hasta el momento del pago.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente, se observa que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la diferencia entre el importe de la condena establecido en la sentencia y el que habría de obtenerse de prosperar los agravios traídos por el impugnante- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VII-2010). Por ello, la admisibilidad del recurso deducido, en principio, sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.2. Luego, y alterando el orden de tratamiento de los agravios, debe prosperar el planteo por el que se objeta la aplicación al caso de la resolución 28/15 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
III.2.a. El pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida, e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
De modo tal que la cuestión debe ser resuelta por aplicación de la doctrina legal vigente.
III.2.b. En las causas L. 119.593, "Gaveglio" y L. 120.205, "Pereyra" (sents. de 11-III-2020), esta Corte resolvió que corresponde aplicar el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme el señalado índice publicado semestralmente por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio antes citado, en el contexto definido por la doctrina emergente del precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 (reiterada en las causas L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016; L. 117.417, "Maidana", sent. de 31-X-2016; e.o.), en cuanto refiere a la aplicación temporal de la ley 26.773 -y, por ende, a la normativa dictada en su marco de actuación- para aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la fecha de la respectiva entrada en vigencia.
Teniendo en cuenta que -según pudo extraerse del pronunciamiento de grado- aquel suceso aconteció el día 1 de noviembre de 2012, no resulta aplicable la resolución 28/15 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sino la resolución 34/13 de dicha cartera.
En consecuencia, cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa normativa, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena. Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo aquí resuelto.
III.3.a. En cambio, debe desestimarse la objeción planteada en torno a la tasa de interés que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena desde su exigibilidad y hasta la sentencia.
En la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), esta Suprema Corte -por mayoría-, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016); L. 119.905, "Galván" (resol. de 26-X-2016) y L. 119.422, "Clemente" (sent. de 31-X-2016); entre otros.
Por lo demás, no se suscita en la especie el presupuesto fáctico que torna aplicable la doctrina sentada en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-III-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), en orden a la necesidad de aplicar una tasa de interés puro en aquellas hipótesis donde la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito. Ello así, toda vez que -en el caso- la fijación del quantum indemnizatorio no habrá de traducir la estimación de sus valores actuales, ni importará la utilización de mecanismos indexatorios, o de coeficientes de actualización de montos históricos.
Cabe concluir que, en el presente caso, lo decidido en la materia por el tribunal de grado, encuentra respaldo en la doctrina legal de esta Corte.
III.3.b. En cuanto al planteo vinculado con la tasa de interés fijada por el a quo para el período que transcurre desde el vencimiento del plazo otorgado para cumplir con lo ordenado en la sentencia hasta el efectivo pago, no se advierte configurada la violación de la doctrina legal citada en el recurso (elaborada en torno a los intereses moratorios), toda vez que la crítica se dirige a impugnar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 80.710, "Rodríguez", sent. de 7-IX-2005; L. 84.266, "Rosado", sent. de 9-VI-2010 y L. 115.162, "Reyes", resol. de 26-X-2011), debiendo, en consecuencia, permanecer firme lo que al respecto decidió el tribunal de grado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada con el alcance expuesto apartado III.2. de la presente.
La causa deberá volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Costas de esta instancia por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. Adhiero al voto del doctor Soria en los puntos III.1., III.2., III.3.b.
I.2. Respecto de la impugnación referida a la aplicación de la tasa de interés (pasiva digital) fijada por el tribunal de grado sobre los rubros de condena, habré de realizar las siguientes consideraciones.
I.2.a. Inicialmente, considero necesario subrayar que la doctrina de esta Suprema Corte (sostenida en pronunciamientos como el de las causas Ac. 85.796, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 11-VIII-2004 y C. 99.066, "Blanco de Vicente", sent. de 11-V-2011) ha sido usar la tasa pura siempre y cuando el monto de la condena hubiera sido reajustado por el juzgador, aplicando para ello alguno de los índices de actualización publicado por organismos especializados. En estos casos, a fin de evitar el doble cómputo de la depreciación, los intereses se establecían por dicho período a la tasa del 6% anual.
Ahora bien, en el presente caso el importe indemnizatorio previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, cuantificado en la suma de $154.588,54 ($6.183,01 x 53 x 25,4% x 65/35; v. sent., fs. 502 vta.) supera el piso de $93.886,02 ($369.630 x 25,4%), establecido por la resolución 34/13 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, vigente al momento del accidente. Por lo tanto, en la especie, al no haber "actualización" del capital de condena, no resulta aplicable la referida solución.
I.2.b. En dicho contexto, el agravio bajo análisis debe ser desestimado a la luz de la actual doctrina legal de esta Corte -aunque, como habré de señalar luego, no haya contribuido a su conformación-. Ello, a pesar de que, a la época del dictado de la sentencia recurrida, e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontrara vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días. Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015; L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
En función de lo dicho, y -reitero- dejando a salvo mi opinión personal, me atengo a la referida doctrina legal, sentada en las citadas causas y propongo el rechazo de este aspecto del recurso deducido.
II. Por todo lo dicho, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.2. del voto emitido en primer término en cuanto al modo de aplicación del índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE).
La causa deberá volver al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación, de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en razón del progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en los puntos III.1 y III.2 de su voto.
I.2. Luego, y en el marco del tratamiento que propone mi colega, en lo concerniente al embate por el que se objeta el tipo de tasa de interés aplicada en el fallo de grado sobre el capital de condena, suscribo la propuesta formulada por el ponente en el punto III.3.a, en sus primeros dos párrafos, por considerar que los argumentos allí desarrollados resultan suficientes para abastecer la solución del agravio.
En efecto, los precedentes cuya transgresión denuncia el recurrente no resultan idóneos para hacer lugar al planteo en el marco excepcional en que la impugnación fue concedida, desde que la decisión de aplicar -desde la fecha del evento dañoso- la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires se ajusta a la doctrina legal vigente de esta Suprema Corte respecto de la temática (causas L. 118.587, "Trofe", sent. de 15-VI-2016; L. 118.858, "Pincini", sent. de 26-X-2016; e.o.).
I.3. En otro orden, suscribo el voto inaugural en su punto III.3.b.
II. Por lo indicado, propongo hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento con el alcance expuesto en el punto IV del voto del doctor Soria.
Costas por su orden, atento el progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El recurso debe prosperar en forma parcial.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en los puntos III.1. y III.2., de su voto.
I.2. También comparto la solución propuesta por mi colega que abre el acuerdo en torno a la tasa de interés moratorio que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena, por lo cual el agravio debe ser desestimado.
Es que ante la consolidación de la doctrina legal de este Tribunal debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, acompaño -dejando a salvo mi opinión, sentada en la citada causa L. 118.587; entre otras- la postura en ella sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia.
I.3. Asimismo, he de adherir a lo manifestado por el doctor Soria en el punto III.3.b. de su sufragio.
II. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido conforme lo establecido en el punto IV del voto emitido en primer término.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen en el orden causado (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/09/2020 16:30:42 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/09/2020 16:49:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/09/2020 21:16:08 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2020 11:18:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2020 11:30:06 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia