Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120786
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.786, "López, Luis Alberto contra Prevención ART S.A. Diferencia indemnización", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Pettigiani, Kogan, Torres.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 108/116 vta.).
Se interpusieron, por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 124/131 vta. y 135/155).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 135/155?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de fs. 124/131 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Luis Alberto López y condenó a Prevención ART S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de diferencias en la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15- y la prevista en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) dispuesto en esta última.
Para así decidir, tras declarar la cuestión debatida como de puro derecho (v. fs. 93 y vta.), señaló que en autos no se encontraba controvertido que el día 8 de abril de 2011 el actor sufrió un accidente de trabajo que le provocó una incapacidad laboral del 17,78% del índice de la total obrera (v. fs. 109). Tampoco, que la firma aseguradora le abonó las sumas de $30.228,28 y $7.934,51 (v. fs. cit.).
Sobre ese escenario, con sustento en un precedente del mismo tribunal y en la doctrina autoral, estableció que la ley 26.773 debía aplicarse a las contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Señaló que esta conclusión no importaba aplicarla en forma retroactiva, puesto que se trababa de una reparación no consumada íntegramente al momento de dictarse el fallo. A partir de esas conclusiones declaró la invalidez constitucional del art. 17 apartado 5 de la mencionada ley, "por encontrarse en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la C.N. y con el principio de la aplicación inmediata de la nueva ley (art. 3 Cód. Civil)", ponderando además, que dicha solución luce "concordante con el principio de progresividad" (fs. 109 vta./111).
Luego, puesto a cuantificar la prestación dineraria que le correspondía percibir a López, declaró aplicable al caso la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15, así como el art. 3 de la ley 26.773. En ese orden, multiplicó el importe de $713.476 por el porcentaje de incapacidad, y a dicho resultado le sumó además una indemnización adicional equivalente al 20%. A su vez, al monto alcanzado le aplicó el índice RIPTE, y le descontó las sumas percibidas, arribando a un total de $436.786,16 en concepto de diferencias en las prestaciones dinerarias adeudadas al actor por la incapacidad laboral que padece como consecuencia del accidente de trabajo que protagonizó (v. fs. 112 y vta.).
Finalmente, dispuso que al capital de condena se le apliquen intereses, a partir de la fecha del pago parcial referido (28 de mayo de 2015) y hasta su efectiva cancelación, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 113).
II. Prevención ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación del principio de congruencia, de los arts. 16, 17, 18, 28 y 33 de la Constitución nacional; 7 del Código Civil y Comercial; y de la doctrina legal que identifica.
II.1. Señala que el tribunal de grado, al aplicar la ley 26.773 -que no se encontraba vigente cuando aconteció el accidente sufrido por el actor- descalificando además la validez constitucional de su art. 17 apartado 5, transgredió el principio de irretroactividad de las leyes, consagrado en los arts. 3 del Código Civil y 7 del Código Civil y Comercial (v. fs. 140 vta./141 vta.).
Añade que también vulneró las directrices establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Lucca de Hoz" (sent. de 17-VIII-2010) y "Espósito" (sent. de 7-VI-2016), respecto a la aplicación de las mejoras indemnizatorias previstas en el decreto 1.278/00 y en la ley indicada, respectivamente (v. fs. 142 y vta.).
Destaca que, en el mismo sentido, esta Suprema Corte se ha pronunciado en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), donde específicamente estableció que "la modificación del sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo implementada por la ley 26.773 ha mantenido la regla general establecida en las reformas previas, relativa a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito)" (fs. 143).
Indica que tal criterio fue seguido asimismo por los superiores tribunales provinciales en numerosos fallos que cita (v. fs. 143 vta./145 vta.).
II.2. Alega que el a quo también yerra al practicar la liquidación porque aplicó el índice RIPTE sobre los pisos mínimos ya actualizados mediante la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15 (v. fs. 146 vta.). Aduce que dicha decisión implica un apartamiento de las disposiciones contenidas en el decreto 472/14, el cual determina que "sólo las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al artículo 11 de la ley 24.557, sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el decreto N° 1694/09, se deben incrementar conforme la variación del índice RIPTE" (fs. 147).
II.3. Por otro lado, afirma que resulta improcedente la aplicación de intereses para casos, como el de autos, en los que las prestaciones ya han sido actualizadas mediante el referido índice RIPTE (v. fs. 149 vta. y 150).
II.4. Subsidiariamente, para el caso que no fuese acogido el agravio anterior, objeta la tasa de interés pasiva digital que aplicó el juzgador al capital de condena (v. fs. 1.150 vta.). Expone que, al utilizar esa tasa, el sentenciante infringió la doctrina legal que esta Corte estableció en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), respecto a la inconstitucionalidad de la ley 14.399 y a la aplicación de la tasa pasiva (v. fs. 151).
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. En primer lugar debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de ley 26.773, pronunciada en la instancia ordinaria.
Ello así, en virtud de los fundamentos que expuse al emitir mi voto en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), que seguidamente habré de reproducir.
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
Puede observarse que bajo la aparente contradicción con ciertos preceptos de la Constitución nacional la solución a la que arribó el sentenciante, al marginar del caso al art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, reposa en verdad en un argumento que, lejos de sustentarse adecuadamente en una regla de rango constitucional, pretende encontrar fundamento en una pauta general prevista en la legislación civil (la de la aplicación inmediata de la nueva norma; arts. 3, Cód. Civ. y 7, Cód. Civ. y Com.). Aunque ello se hace, reemplazando las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
La reflexión plasmada en el pronunciamiento atacado no evidencia una falta de razonabilidad en el criterio escogido en las normas cuestionadas para determinar la entrada en vigencia de las disposiciones pertinentes teniendo en consideración la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante.
Tampoco la genérica alusión al "principio de progresividad" (art. 26, Convención Americana sobre Derechos Humanos), justifica la decisión adoptada; máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (causa CSJN "Arcuri Rojas, Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
Lo resuelto por el tribunal de grado no se ajusta a aquellas directrices de este Tribunal que señalan que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
Para más, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta el art. 17 apartado 5 de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la adoptada en la sentencia impugnada.
Por lo expuesto, debe ser dejada sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia ordinaria.
III.2. Luego, siguiendo la línea de razonamiento trazada por esta Suprema Corte -en su opinión mayoritaria, que participé- en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) invocado en el recurso, y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de grado juzgó el caso, considero que la crítica focalizada en la aplicación retroactiva de la ley 26.773 resulta procedente.
En dicha causa, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, se ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O. de 3-I-2001 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009), por lo que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia. Este criterio, asimismo, se condice con el adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
En consecuencia, teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral -esto es el 8 de abril de 2011, en tanto ella fue determinante en el razonamiento trazado por el tribunal de grado- no se encontraba vigente la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012), asiste razón a la recurrente en cuanto postula que sus disposiciones no resultan aplicables al caso, por lo que cabe revocar la sentencia en cuando dispuso incrementar, con apoyo en esa norma, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de condena.
III.3. En virtud de lo resuelto en los apartados anteriores, donde se propone revocar la sentencia de grado en cuanto hizo lugar a las diferencias indemnizatorias reclamadas con fundamento en las pautas previstas en la ley 26.773, no cabe abordar los agravios referidos a la errónea aplicación del índice RIPTE y del decreto 472/14 (v. fs. 146 vta. y 147).
Ello, así, toda vez que no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 96.268, "Cirigliano", sent. de 4-III-2009; L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011 y L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015).
III.4.a. En cuanto a la fijación de los intereses -accesorios a los que también se refiere la parte actora en su recurso, si bien desde otroángulo de análisis-, dable es precisar que no resultando aplicable el mecanismo de ajuste cuestionado (el mentado índice RIPTE), también se desdibujan las razones que esgrime la impugnante para estructurar su cuestionamiento.
III.4.b. Resta señalar, que la tasa de interés empleada en la sentencia, coincide con la que emana de la doctrina de esta Corte (causa L. 118.587, "Trofe", sent. de 15-VI-2016), motivo que en cualquier hipótesis le resta vigor a lo argumentado por la accionada en el recurso en análisis.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y determinó el importe de las prestaciones dinerarias a cargo de Prevención ART S.A. con arreglo a dicha ley. Los autos deberán volver al tribunal de origen para que practique nueva liquidación de conformidad con lo aquí expuesto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance expuesto, voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. Adhiero al voto del doctor Soria y a su propuesta de revocar la sentencia de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y aplicable al caso sus disposiciones; esto de conformidad con los fundamentos que expuse al sufragar las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), que doy aquí por reproducidos en razón de brevedad.
I.2. Asimismo, comparto lo expuesto por el colega en los puntos III.3., III.4.a. y III.4.b., de su voto.
Costas por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Coincido con el doctor Soria en que debe ser revocada la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
En efecto, sobre el particular he de señalar que en lo atingente al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, el referido precepto ha reiterado aquella regla general contenida en las normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación solo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
En ese marco, es dable recordar que si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2012), como sucede en la especie.
Desde este enfoque, es mi convicción que no cabe la descalificación del precepto impugnado, toda vez que no lo advierto, en el caso, en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional.
Por último, una vez revocada la inconstitucionalidad declarada por el tribunal de origen, en lo que respecta a la vigencia temporal de la ley 26.773 y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de grado juzgó el caso, comparto lo expresado por mi colega doctor Soria en tanto se condice con la postura que he asumido en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), oportunidad en la que adherí al voto del doctor Genoud, al que remito por razones de brevedad.
II. Concuerdo, además, con lo expresado en los puntos III.3., III.4.a. y III.4.b. del voto inaugural.
III. En consecuencia, corresponde acoger parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído a fs. 135/155, y revocar la sentencia impugnada con el alcance señalado en el punto IV del sufragio inicial.
Costas de esta instancia por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Comparto los argumentos expuestos por el doctor Soria para revocar la sentencia de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y determinó el importe de las prestaciones dinerarias adeudadas con arreglo a las modificaciones introducidas a la Ley de Riesgos del Trabajo por la normativa indicada.
Arribo a tal definición, a tenor de la opinión que brindé en las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), a las que me remito por razones de celeridad.
I.2. Finalmente, también concuerdo con lo manifestado en los puntos III.3., III.4.a. y III.4.b. de la propuesta inaugural.
II. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido con el alcance indicado en el apartado final del voto del doctor Soria.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Adhiero a la decisión que propone el doctor Soria, de revocar la sentencia de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de ley 26.773, así como la aplicabilidad de sus disposiciones, ello, en función de la consolidada doctrina legal de esta Suprema Corte en la materia debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos al presente (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; v.gr. causas L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016; L. 119.371, "Bustamante", sent. de 14-III-2018; e.o.).
II. Asimismo, suscribo lo señalado por el ponente en los puntos III.3., III.4.a. y III.4.b.
III. Por lo dicho, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance indicado en el apartado IV del sufragio inaugural. Las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de fs. 124/131 vta. la parte actora denuncia la violación de los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional, 2 de la ley 26.773, y de la doctrina legal que identifica.
Señala que, al computar los intereses desde la fecha en la cual se sitúa el pago parcial efectuado por la aseguradora demandada (28 de mayo de 2015), el a quo se apartó de la doctrina sentada por esta Corte -entre otras- en las causas L. 101.497, "Toledano" (sent. de 19-XII-2012); L. 108.784, "Marengo" (sent. de 4-XII-2013) y L. 108.016, "Butrón" (sent. de 24-IX-2014), que establece que la fecha de exigibilidad del crédito es la que determina dicho hito (v. fs. 128).
Afirma que entonces, los intereses debieron liquidarse a partir del día 8 de abril de 2011, fecha de ocurrencia del infortunio padecid
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