Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122121
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada en cuanto condenó solidariamente en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo a la Provincia de Buenos Aires, a cuyo respecto se dispone el rechazo de la demanda promovida.
Las costas de ambas instancias -incluso las de la queja resuelta a fs. 450/451 vta.- se imponen a la vencida (arts. 19, ley 11.653; 289 y 292, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.121, "Moreyra, Ramona Beatriz contra Aylen S.R.L. y otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan, Pettigiani.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida, y condenó en costas a las codemandadas vencidas (v. fs. 320/349 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 355/359) el que, denegado parcialmente por el juzgador de grado a fs. 360/361, fue concedido por esta Corte a fs. 450/451 vta. al resolver el recurso de queja de fs. 440/443 vta.
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado acogió la demanda promovida por Beatriz Ramona Moreyra contra Aylen S.R.L., Rubén Mario Leone y la Provincia de Buenos Aires, y condenó solidariamente a estos últimos al pago de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, vacaciones no gozadas, integración del mes de despido, salarios adeudados, sueldo anual complementario proporcional del segundo semestre del año 2005; los incrementos previstos por los arts. 2 de la ley 25.323, 16 de la ley 25.561 y 53 ter de la ley 11.653, y aquellos rubros reclamados con fundamento en los arts. 80, 132 bis y 156 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 320/349 vta.).
En lo que resulta de interés, extendió la condena solidariamente a la Provincia de Buenos Aires con sustento en lo normado en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo y 64 del Convenio Colectivo de Trabajo 74/99, toda vez que consideró que tales disposiciones le resultaban plenamente aplicables (v. fs. 337 vta./346 vta.).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional y la doctrina de esta Suprema Corte referida a los arts. 2 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo y 730 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 355/359).
En primer término, cuestiona la extensión de la condena con fundamento en la responsabilidad solidaria establecida en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto -afirma el quejoso- dicho cuerpo normativo no comprende bajo su órbita de aplicación a la Administración Pública, salvo que hubiera existido un acto administrativo de expresa sujeción a la citada ley, excepción que -indica- no concurre en el caso. En tal sentido, denuncia infracción de la doctrina legal establecida -entre otras- en las causas L. 56.282, "Sampietro", sentencia de 11-X-1995; L. 94.804, "Petrone", sentencia de 24-II-2010; L. 101.355, "Andrade de Gamboa", sentencia de 1-IX-2010; L. 96.050, "Banga", sentencia de 13-IV-2011; L. 117.353, "Maehira Nakama", sentencia de 6-VIII-2014; L. 117.436, "Bodach", sentencia de 6-IV-2016 y L. 119.660, "Pérez", sentencia de 21-IX-2016.
En segundo lugar, considera que al regular los honorarios de los profesionales, el tribunal excedió el límite porcentual establecido por los arts. 505 del Código Civil (art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación) y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, transgrediendo la doctrina legal emanada de los precedentes L. 118.223, "Cáceres", sentencia de 26-X-2016 y C. 119.753, "Álvarez Sosa", sentencia de 25-X-2017.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En la especie el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; Ac. 3.896/18). Siendo ello así, la función revisora de esta Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (conf. art. 55, ley 11.653; causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 119.599, "Silveira Ros", sent. de 11-IV-2018 y L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; e. o.).
III.2. Bajo tales premisas, no ha de tener éxito la crítica dirigida a cuestionar la decisión del a quo que extendió la condena a la Provincia de Buenos Aires, pues, si bien es cierto que, de conformidad con consolidada doctrina de este Tribunal, la Administración Pública es en principio ajena a la solidaridad prevista por el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (causas L. 117.007, "Antonio", sent. de 16-X-2013; L. 119.660, "Pérez", sent. de 21-IX-2016 y L. 117.775, "J., Q. F.", sent. de 29-III-2017), en el caso, resulta dirimente que el sentenciante de grado -además de en la mencionada norma legal- también hubo de sustentar tal definición en las disposiciones del art. 64 del Convenio Colectivo de Trabajo 74/99, y ello, juzgando que su aplicación había sido admitida expresamente por la sociedad empleadora y no controvertida por el Fisco provincial al contestar la demanda (v. sent., fs. 341 vta. in fine /342 vta.).
Y sobre esta última motivación, ligada ya al precepto convencional, el recurrente no ha esgrimido la eventual vulneración de doctrina legal alguna, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por conducto de la hipótesis habilitante prevista en el citado art. 55 (causas L. 117.038, "Zapata", sent. de 20-VIII-2014; L. 100.654, "Reising", sent. de 15-VII-2015; L. 118.398, "Amor", sent. de 24-V-2016 y L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; e. o.), lo que sella sin más la suerte adversa del recurso en la parcela que aquí se analiza.
III.3. En cambio, merece respuesta favorable el agravio que versa sobre la denuncia de violación de la doctrina sentada en el precedente L. 118.223, "Cáceres" (sent. de 22-X-2016) y vinculada con lo normado por los arts. 505 del Código Civil (ley 340) y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 24.432); ello, sin dejar de precisar que los honorarios fueron fijados con fundamento en la ley arancelaria 8.904/77, no así en la ley 14.967, sobre cuyo art. 16 no cabe pronunciarse aquí acerca de su constitucionalidad.
III.3.a. Cabe reseñar cierta jurisprudencia relacionada con las disposiciones contempladas en la ley 24.432.
Al fallar la causa "Fox, Héctor Raúl c/ Siderca S.A.C.I." (F.420.XXXVII, sent. de 28-VII-2004), la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre la naturaleza común de la legislación mencionada.
Sobre tal base, puede concluirse que los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, que incorporaron un nuevo párrafo a los arts. 505 del Código Civil (reiterado en análogos términos en el art. 730 del Cód. Civ. y Com.) y 277 de la ley 20.744, estableciendo un tope del 25% del monto fijado en la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo, en concepto de costas -por la sustancia que regulan- no requieren adhesión alguna. Son entonces aplicables en el ámbito de las provincias (art. 75 inc. 12, Const. nac.), sin que ello implique alterar en modo alguno la autonomía local (causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 73.148, "Sciandra", sent. de 12-III-2003; L. 77.859, "Acosta", sent. de 27-VII-2005 y L. 89.979, "S., M.", sent. de 16-IV-2008).
Por otro lado, el Alto Tribunal en la causa "Abdurraman, Martín c/ Transportes Línea 104 S.A. s/ accidente ley 9.688" (A.151.XXXVII, sent. de 5-V-2009) sostuvo que la limitación de responsabilidad incorporada por la ley 24.432 al art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, constituye un régimen especial en principio válido, cuya solución -a tenor de la finalidad tenida en miras por el legislador- "se manifiesta como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad" (cons. 12°).
III.3.b. En el caso, surge de fs. 348/349 vta. que al practicar la regulación de honorarios el juzgador de origen rebasó la limitación porcentual establecida en las normas mencionadas.
Por ende, una vez devueltos los autos a la instancia ordinaria, deberá el tribunal de trabajo adecuar el pronunciamiento efectuando el prorrateo pertinente, de modo tal que la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% del monto de condena (causa L. 92.089, "Arroyo", sent. de 26-X-2011).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso traído con los alcances establecidos en el punto III.3. del presente.
Las costas del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, y las de la queja interpuesta a fs. 440/443, cuyo diferimiento fuera resuelto por esta Corte a fs. 450/451 vta., se imponen por su orden (arts. 68, seg. párr., 289 y 292, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso prospera.
II. Examinado el recurso en el marco de excepción que provee el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, resulta acertada la denuncia de vulneración de la doctrina legal identificada por el recurrente a fs. 356 vta. y 357.
En forma inveterada esta Corte ha sostenido que la Administración Pública resulta, en principio, ajena a la solidaridad prevista por el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo salvo que, con anterioridad al acto en virtud del cual se formula el reclamo, hubiera habido expresa sujeción de aquella a las normas laborales (causas L. 88.177, "Hernández", sent. de 31-X-2007; L. 91.767, "Larumbe", sent. de 18-VI-2008; L. 94.838, "Cabrera", sent. de 3-XII-2008; L. 94.804, "Petrone", sent. de 24-II-2010; L. 96.050, "Banga", sent. de 13-IV-2011; L. 116.470, "Armesto", 6-III-2013 y L. 115.638, "Contrera", sent. de 27-XI-2013; e. o.).
Cabe advertir que, en ocasión de contestar la demanda, el Fisco se amparó en precedentes afines a los mencionados, refiriendo, entre otros fundamentos, que la contratación celebrada por la Provincia con el prestador del servicio de limpieza -en este supuesto, en el hospital San Martín de La Plata-, se enmarcaba en su actuación como persona de derecho público, quedando dicha vinculación regida por el derecho administrativo.
El tribunal de origen rechazó la defensa opuesta explicitando distintos fundamentos que justificaban encuadrar el caso en la previsión del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo y, por su conducto, apartarse de la directriz proveniente de la doctrina legal ahora en disputa.
Ese diseño argumental, conformado por motivos inescindibles es, precisamente, el que deja en evidencia la infracción denunciada.
Debo resaltar que el presente caso exhibe connotaciones equivalentes a los antecedentes L. 121.281, "Vallejo" (sent. de 29-IV-2020) y L. 115.638, citado. En esta última se debatió la responsabilidad del Fisco con motivo de la licitación otorgada a Aylen S.R.L. -también aquí traída como empleador codemandado- a fin de prestar servicio de limpieza en el Hospital de Agudos Profesor Luis Güemes, de Morón.
En función de lo allí resuelto, toda vez que el desarrollo fundante del pronunciamiento tuvo por cometido desbaratar la doctrina elaborada por esta Corte en casos análogos, se impone su rescisión y, en ausencia de acto expreso de subordinación de la Administración Pública a las normas laborales comunes, corresponde dejar sin efecto la condena solidaria impuesta al Fisco provincial.
III. Lo dicho torna innecesario examinar la denuncia de violación del límite previsto en la ley 24.432.
IV. Por todo lo señalado, debe admitirse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Costas de ambas instancias, incluso las de la queja resuelta a fs. 450/451 vta., a la vencida (arts. 19, ley 11.653; 289 y 292, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada en cuanto condenó solidariamente en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo a la Provincia de Buenos Aires, a cuyo respecto se dispone el rechazo de la demanda promovida.
Las costas de ambas instancias -incluso las de la queja resuelta a fs. 450/451 vta.- se imponen a la vencida (arts. 19, ley 11.653; 289 y 292, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/09/2020 10:25:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2020 17:05:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/09/2020 15:27:51 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2020 16:33:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2020 11:09:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2020 11:22:29 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia