Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120846
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.846, "Rojas, Carlos A. contra Fundación Pelota de Trapo y otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, de Lázzari, Genoud, Kogan, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Avellaneda acogió parciamente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 777/792).
Se interpusieron, por las partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 811/828 y 833/847).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 811/828?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 833/847?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Carlos Antonio Rojas contra Fundación Pelota de Trapo por la que pretendía el cobro de determinadas sumas de dinero en concepto de indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, vacaciones "no gozadas", sueldo anual complementario sobre estos tres últimos rubros, sueldo anual complementario proporcional y los incrementos previstos en los arts. 2 de la ley 25.323 y 15 de la ley 24.013. La rechazó, en cambio, en cuanto en ella se procuraba la aplicación de las sanciones establecidas en los arts. 8 y 10 de referida Ley Nacional de Empleo; también en cuanto perseguía obtener una condena contra Norma Esther Basconi y Alberto Oscar Morlachetti.
En lo que constituye la opinión mayoritaria del órgano jurisdiccional de grado, para así decidir, tras valorar la prueba producida juzgó que el actor no acreditó haber trabajado "...en forma individual y/o en beneficio propio y/o en forma personal..." para las mencionadas personas físicas, ergo, no justificó su calidad de empleadores (v. fs. 778 vta.).
Por otro lado, entendió probado que el accionante trabajó para la Fundación demandada desde el día 2 de febrero de 1998 hasta el 30 de abril de 2001 y que reingresó el día 1 de marzo de 2005 desempeñándose hasta la fecha del despido, siendo su categoría laboral la de "Encargado, Instructor de Máquina". En orden a la extensión de las labores, señaló que la parte demandada no cumplió con la carga de probar que se trataba de una jornada reducida, contrariamente, afirmó el tribunal que el accionante trabajó de lunes a viernes durante ocho horas diarias. Agregó, que la mejor remuneración de Rojas devengada a la fecha del distracto y conforme el Convenio Colectivo de Trabajo 60/89 alcanzó la suma de $8.935,42 (v. fs. cit.).
Luego, al expedirse acerca de la disolución del vínculo, señaló que aconteció por despido indirecto mediante la misiva recibida por la accionada el día 6 de junio de 2013 en la que el trabajador denunció la deficiente registración de la relación de empleo y la falta de pago de haberes (v. fs. 780 vta./781 vta.).
En el marco de los temas controvertidos por las partes, también se refirió a las hipótesis de ausencia total de registración del vínculo, o en su caso, de pago del salario al margen de la registración, que consideró no probadas (v. fs. 782 vta. y 783).
Al definir el litigio, el a quo juzgó que la registración defectuosa de la jornada laboral y la falta de pago de los haberes correspondiente al mes de abril de 2013, que entendió demostradas, justificaron la extinción del contrato decidida por el trabajador con fundamento en el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. En consecuencia, declaró procedentes -entre otros- los rubros derivados de dicho acto extintivo y los incrementos indemnizatorios establecidos en los arts. 15 de la ley 24.013 y 2 de la ley 25.323; a su vez, aplicó la sanción pecuniaria prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo al considerar cumplidos los recaudos que contiene el art. 3 del decreto 146/01, asimismo, condenó a entregar los certificados pertinentes (v. fs. 786/787).
Desestimó el reclamo fundado en el art. 8 de la ley 24.013, toda vez que concluyó que no se acreditó la clandestinidad total de la relación; a idéntica solución arribó en lo referido a la indemnización reclamada al amparo del art. 10 de dicha ley, en tanto dijo que no justificó que se le hubiere abonado al trabajador la remuneración al margen de su registración (v. fs. 787).
Con sustento en lo resuelto por esta Corte en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), dispuso que el capital de condena, desde la fecha del despido, devengaría intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a plazo fijo digital a treinta días vigente en los distintos periodos de aplicación (v. fs. 787 vta. y 788).
Finalmente, respecto del rechazo de la demanda entablada contra Norma Esther Basconi y Alberto Oscar Morlachetti, condenó a pagar las costas a la parte actora -con el beneficio de los arts. 19 y 22 de la ley 11.653-; en lo demás "por resultar vencida en lo principal (art. 19 ley 11653 y 68 C.P.C.C.)" las impuso a la Fundación Pelota de Trapo (v. fs. 788 y vta.).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 16, 17, 18, 19 y 31 de la Constitución nacional; 17, 62, 63, 80, 81 y 242 de ley 20.744; 3 del decreto 146/01 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 811/828).
II.1. Sostiene que el tribunal de grado omitió considerar un hecho oportunamente invocado y probado que resulta dirimente en el pleito, así, que el actor no fue un mero empleado de la Fundación demandada ajeno a la toma de decisiones, sino que, por el contrario, fue uno de los integrantes de su Consejo Directivo. Indica que tal circunstancia resulta acreditada con las actas oportunamente glosadas del mencionado órgano, la prueba pericial contable y con la testimonial producida en autos.
Bajo ese escenario, afirma que el demandante es responsable de las infracciones e irregularidades registrales que motivaron la ruptura de su vínculo laboral, concretamente, expresa que su obrar en el plano de la relación bajo análisis fue "...violatorio del deber de buena fe y contrario a sus propios actos jurídicamente relevantes y eficaces..." (fs. 812 vta./818).
II.2. Subsidiariamente, reitera que el juzgador valoró absurdamente la prueba pues -en su opinión- se encuentra fehacientemente acreditado que el actor incurrió en un abandono de trabajo en los términos del art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo. Asegura que las constancias agregadas en el expediente que dan cuenta del intercambio telegráfico habido entre las partes, evidencian, por un lado, la intimación cursada por el demandado para que retome sus tareas y, por el otro, la verdadera intención de Rojas de "prefabricar" otra causal extintiva para poder colocarse en situación de despido indirecto y justificar su reclamo indemnizatorio.
Entiende que los sentenciantes han forzado la interpretación del carácter recepticio de las comunicaciones laborales y avalado la maniobra evasiva perpetrada por el accionante cuando se rehusó recibir la misiva por la cual se le comunicó el despido por abandono de trabajo y lograr que su telegrama llegue primero (v. fs. 818 vta./820 vta.).
II.3. Cuestiona la conclusión que estableció el a quo al aceptar que la jornada de trabajo del actor era "completa".
Concretamente, objeta la eficacia probatoria asignada a la declaración del deponente García, ello, en tanto destaca que el propio testigo dijo que él carecía de oficina propia en la Fundación y que iba al establecimiento "muy de vez en cuando". Expresa que tanto los restantes testigos, como la prueba pericial contable, dieron cuenta que la jornada del demandante era "reducida" en virtud de sus compromisos familiares (v. fs. 821 y vta.).
II.4. Se opone a la procedencia de la indemnización que contiene la condena con fundamento en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto alega que de acuerdo a las constancias de autos, Rojas envió prematuramente "el requerimiento fehaciente" pues no habían pasado los treinta días desde la extinción del vínculo laboral, con lo cual, entiende que no respetó el plazo mínimo de espera previsto el art. 3 del decreto 146/01 (v. fs. 822).
II.5. Por último, denuncia que al aplicar al capital de condena la tasa de interés pasiva digital, el tribunal se apartó del criterio que esta Corte estableció en las causas Ac. 43.858, "Zgonc" (sent. de 31-V-1991) y ratificó en L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009); L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013); entre otras (v. fs. 822 vta. y 823).
III. El recurso no prospera.
III.1. Cabe liminarmente señalar que la metodología empleada por la señora jueza Stornini en algunos pasajes del veredicto (así, en el marco del cuarto y quinto interrogante planteado por la mayoría del tribunal; v. fs. 781 vta./782 vta.) no se ajusta a la manda contenida en el art. 168 de la Constitución provincial en cuanto establece que los jueces que integran los tribunales colegiados deben dar su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir. Ahora bien, sin perjuicio de tan necesaria observación, existiendo mayoría de opiniones sobre los tópicos juzgados -conformada por los votos expresados por los otros dos jueces intervinientes-, esta Corte no se encuentra impedida de inspeccionar el fallo con motivo de los recursos deducidos, con lo cual, no se configura en el caso una anomalía que justifique la anulación oficiosa del pronunciamiento (causas L. 98.099, "Galván", sent. de 13-VII-2011; L. 107.395, "Sueyro", sent. de 25-IV-2012 y L. 109.366, "H. Vda. de A., J. B. y otros", sent. de 13-XI-2013).
III.2. Sentado ello, corresponde desestimar el agravio que inaugura el recurso.
Si como afirma el recurrente, el tribunal omitió abordar un asunto que pudo tener gravitación en la suerte final del pleito, esto es: una cuestión esencial, ello, en tanto materia ajena al medio de impugnación en análisis, debió ser denunciado por conducto del recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC; causas L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014; L. 118.589, "Sosa", sent. de 6-IV-2016 y L. 118.051, "Rossi", sent. de 19-IX-2018).
III.3. Igual suerte adversa ha de correr la crítica que gira en torno a la extinción del vínculo laboral que ligó a las partes.
III.3.a. En el veredicto, tras analizar el intercambio postal cursado entre las partes y el informe brindado por el Correo Argentino, el sentenciante de grado juzgó acreditado que luego de intimar mediante telegrama del día 24 de mayo del 2013 "por negativa de tareas y meses adeudados", el día 30 de mayo de 2013 el actor intimó nuevamente a la demandada -ahora- para que registre correctamente el contrato de trabajo de acuerdo a los datos que allí consignó y bajo apercibimiento de considerarse despedido; también, que el día 1 de junio del mismo año la Fundación accionada envió una comunicación en la que negó "toda registración defectuosa" manifestando que los verdaderos términos son los que surgen de los recibos de haberes e intimó al dependiente a que en veinticuatro horas se reintegre a su trabajo bajo apercibimiento de tener por configurado el abandono de trabajo. Además, consideró probado el tribunal que el día 5 de junio de 2013 el señor Rojas se consideró despedido por las causales invocadas "en el marco del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo" referidas a la deficiente registración del vínculo -tanto en orden a la fecha de ingreso como a la jornada y remuneración- y falta de pago de haberes del mes de abril del año, precisando que dicha misiva fue recepcionada por la accionada el día 6 de junio de aquel año, con anticipación a la recepción por parte del trabajador de la comunicación por la cual el principal "intentó" despedir al actor por abandono de trabajo, conocida al día siguiente por este último (v. fs. 780/781).
Con ese escenario fáctico es que arribó a la cardinal conclusión que indica que "la ruptura del vínculo laboral ocurrió por despido indirecto en que se colocó el actor el día 6 de junio de 2013" (fs. 781 vta.).
III.3.b. Frente al razonamiento antes descripto, fruto de la labor axiológica que en forma privativa realizó el a quo de aquella prueba, el reproche que trae el interesado luce inhábil.
Lejos de evidenciar que lo resuelto por el tribunal sea fruto del excepcional vicio de absurdo, el discurso del recurrente sólo es reflejo de su mera disconformidad. A lo largo de su argumentación, parece ignorar aquella circunstancia que indica que con anterioridad a que el empleador cursara la intimación a los fines que el dependiente se reintegre a su lugar habitual de trabajo, el aquí accionante ya le había remitido sendas comunicaciones requiriendo el debido cumplimiento de ciertas obligaciones contractuales, que luego, permaneciendo no satisfechas en la tesitura del trabajador (y que en lo que respecta a la falta de pago de los haberes del mes de abril del 2013 y a la deficiente registración de la jornada, fue aceptado por el tribunal) motivaron el despido indirecto. A la par, si bien afirma el quejoso que el trabajador "omitió maliciosamente recibir en su domicilio" la carta documento por la que la demandada pretendió concretar el despido por abandono de trabajo, deja sin basamento tal afirmación al no acreditar con apoyo en elementos objetivos obrantes en la causa la configuración de aquella reprochable conducta. Con todo, el incontrastable dato en que se erige la conclusión del fallo en cuanto se señala que la comunicación extintiva cursada por Rojas llegó antes a la esfera de conocimiento del destinatario que aquella otra enviada por la Fundación demandada, sella la suerte adversa de la impugnación.
En fin, el interesado, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que condujo al tribunal a la solución objetada, intenta un nuevo examen de los hechos y la prueba según su personal criterio valorativo, sistema que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al mentado vicio de absurdo (causas L. 113.462, "Irigoyen", sent. de 13-XI-2013; L. 117.399, "Rivera", sent. de 10-IX-2014 y L. 117.702, "Uboldi", sent. de 15-VII-2015).
III.4. Tampoco merece favorable recepción el agravio referido a la jornada de trabajo del accionante.
III.4.a. El tribunal de grado, al pronunciarse sobre los hechos, valoró las declaraciones brindadas por los testigos en la audiencia de visita de la causa y, en esa labor, destacó el relato del señor Daniel García -quien dijo haber sido contador de la Fundación entre los años 1998 y 2013- en cuanto afirmó que vio a Rojas trabajando en la imprenta desde su vinculación y que "...trabajaba ocho horas y le liquidaban por cuatro...", también, que al ser interrogado aclaró que sabía de ello porque "iba por la mañana y por la tarde y [...] siempre lo veía" ya que "para para ir a la administración debía pasar por la imprenta" (fs. 778).
A partir de ese testimonio declaró demostrada la jornada de trabajo completa denunciada por el actor, teniendo en cuenta además "que el empleador, quien tenía la carga procesal de confirmar la jornada reducida de labor, de carácter excepcional, no arrimó prueba para acreditarla (art. 375 CPCC)" (fs. 778 vta.).
III.4.b. No surgiendo del acta labrada con motivo de la celebración de la audiencia de vista de la causa (v. fs. 775) que se haya consignado alguna circunstancia relevante en el punto -siendo que tampoco el interesado ejerció la facultad contemplada en el art. 46, ley 11.653-, frente a lo establecido en el veredicto, las afirmaciones que realiza el interesado en orden al contenido que le asigna a las declaraciones de los restantes testigos y de ciertas expresiones del mencionado deponente García, tan sólo permanecen en el plano de su discrepante criterio, patentizando la insuficiencia de la impugnación (causas L. 105.831, "Aranda"; sent. de 21-IX-2011; L. 104.230, "Valdez", sent. de 12-X-2011; L. 103.759, "Malaguti", sent. de 29-V-2013; e.o.).
De suyo, la genérica remisión a la prueba pericial contable que efectúa el interesado no subsana la deficiencia de la impugnación, más aún cuando el dictamen pertinente (v. fs. 639/646) ha sido elaborado -en lo que interesa- en base a los libros y documentación laboral llevados unilateralmente por el empleador (causas L. 108.601, "Paradiso", sent. de 28-VIII-2013 y L. 108.255, "Paz", sent. de 27-V-2015).
III.5. En lo que concierne al agravio traído contra la condena resuelta por el a quo a abonar la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, dable es señalar que frente a un supuesto de acumulación objetiva de pretensiones, el valor del litigio a los fines recursivos debe ser ponderado en función de la naturaleza jurídica de cada una de ellas -no vinculadas entre sí por relación de continencia, accesoriedad o subsidiariedad- pues han merecido un análisis diferenciado por el sentenciante, conforme los hechos invocados y acreditados durante la sustanciación del proceso (causas L. 90.653, "Valdebenito", sent. de 26-VIII-2009; L. 116.578, "Olivan", sent. de 13-XI-2013; L. 108.167, "Guevara Velázquez", sent. de 12-III-2014; e.o.).
III.5.a. Luego, en lo acotado a la mentada pretensión receptada en la sentencia, se observa que el monto de lo cuestionado es inferior al establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual, en el marco de lo prescripto en el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653, la función revisora de la Suprema Corte queda aquí circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente (causas L. 96.956, "Berestycki", sent. de 11-VII-2012; L. 107.416, "Pedrozo", sent. de 27-III-2013; L. 110.768, "Guzmán", sent. de 7-VIII-2013; e.o.).
III.5.b. En el caso no concurre la excepción prevista en la ley adjetiva local, pues no se ha denunciado en esta parcela del medio de impugnación la eventual transgresión de la doctrina de esta Corte, por lo cual el agravio es inadmisible.
III.6. Por último, ha de desestimarse la objeción planteada en torno a la tasa de interés que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena.
En tanto ello resulta suficiente para dar respuesta al sub lite , habré de reproducir la parte pertinente del voto que emitiera mi distinguida colega doctora Kogan en la causa L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016), en sentido concordante con lo resuelto por este Tribunal en el precedente L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016).
Conforme se desprende de lo reseñado, en el pronunciamiento atacado se dispuso la aplicación de intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia", esto es, la tasa pasiva en la variante denominada digital.
En la citada causa L. 118.587, esta Suprema Corte, por mayoría que conformé, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcance
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