Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 64432
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 64.432, "Farabollini, Nilda c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres .
I. La señora Ada Nilda Farabollini, por medio de letrada apoderada, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires solicitando la anulación de las resoluciones 449.405/01 y 493.803/02 dictadas por el Directorio del Instituto de Previsión Social los días 11 de abril de 2001 y 14 de junio de 2002, respectivamente, por medio de las cuales se dispuso la extinción de la jubilación por invalidez de la que gozaba hasta entonces.
Peticiona, en consecuencia, se condene a la demandada al restablecimiento del beneficio jubilatorio.
II. A fs. 37/41 amplía demanda tanto en su fundamentación como en la prueba ofrecida.
III. Corrido el traslado de ley, se presenta la Fiscalía de Estado. Contesta la demanda y solicita su rechazo argumentando a favor de la legitimidad de las resoluciones impugnadas.
IV. Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba de la actora y los alegatos de las partes, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La actora manifiesta que se desempeñó como enfermera de sala de primeros auxilios en distintos barrios aledaños a la ciudad de Campana y que cesó en su empleo a fines del año 1994 para acogerse al beneficio de jubilación por invalidez, habiéndose aceptado su renuncia a partir del 1 de febrero de 1995.
Explica que para el cumplimiento de su labor necesitaba lucidez y capacidad de manejo autónomo, así como fuerza física, ya que el médico sólo concurría a su lugar de trabajo dos veces por semana dos horas y ella cumplía 8 horas de labor diarias, de 8 a 16 hs., sin compañía de personal alguno.
Resalta que estaba a cargo de urgencias, traslados, curaciones, asistencia de enfermos, derivación de pacientes al hospital y su acompañamiento, sin contar con ayuda, ni compañía y sin teléfono en la sala de primeros auxilios.
Señala que cuando se le hicieron notorias las manifestaciones de su invalidez -ya no podía realizar esfuerzos, no tenía lucidez, sufría alteraciones psíquicas, debía estar fuertemente medicada y no estaba en condiciones de tomar decisiones ni actuar sin ayuda-, una de las alternativas que se consideraron fue que se le otorgaran tareas pasivas en otro puesto, mas la misma opción fue denegada por la Administración Pública provincial atento el grado de afección neurológica que portaba.
Expresa que, como consecuencia de la incapacidad determinada por la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Provincia de Buenos Aires en noviembre de 1994, donde se estableció que padecía dolencias de índole cardiológica y neurológica (lo que le confería una incapacidad parcial valorable en el 70%) obtuvo el beneficio previsional a partir de febrero de 1995 mediante la Resolución del Instituto de Previsión Social 375.627/95.
Alega que la extinción de la jubilación realizada posteriormente por la Administración se encuentra viciada atento a que en condiciones de salud menos graves que las que porta en el momento de interponer la demanda, el mismo organismo de la accionada le otorgó la jubilación por invalidez y luego la dejó en situación de emergencia, sin poder desempeñar tarea alguna, ni gozar de un beneficio previsional.
Manifiesta que la revocatoria interpuesta fue desestimada sin haberse practicado una nueva revisión médica por el órgano técnico. Agrega que no existió un hecho posterior que diera lugar a la extinción del beneficio sino, por el contrario, las dolencias se agravaron, con lo cual no pudo disponerse válidamente la pérdida de su jubilación por falta de cumplimiento de los presupuestos del art. 64 inc. "a" del decreto 9.650/80.
Subraya que la accionada no consideró las certificaciones médicas acompañadas con la revocatoria, por lo que califica de arbitraria e ilegítima la decisión recurrida.
Sostiene que la causa de la jubilación por invalidez persiste y se ha agravado en la actualidad.
Posteriormente amplía demanda y enfatiza que el Instituto de Previsión Social (IPS) denegó el beneficio con carácter general, sin ponderar factores de otra índole (social, cultural, de edad) que impiden la reinserción de la accionante en el mercado laboral, no habiendo mejorado las condiciones de las dolencias que padecía al momento en que se procedió a darle la baja en carácter de empleada pública provincial, por lo que la situación considerada para dejar sin efecto el beneficio sería incorrecta, viciando así el sustento fáctico del acto.
Por otra parte, aunque en consonancia con ello, considera que el accionar de la Administración viola el principio de defensa en juicio toda vez que no se evidencia que la junta médica actuante hubiera realizado una búsqueda exhaustiva de su real carencia de salud, incumpliendo el principio de instrucción.
Expresa que el IPS actuó arbitrariamente, al basarse exclusivamente en el informe de sus propios órganos ejerciendo un uso abusivo y desmesurado de las facultades que le acuerdan las leyes.
Agrega que la resolución atacada vulnera la pérdida de capacidad de ganancia del trabajador en tanto la invalidez amparada en las leyes previsionales no es la que corresponde únicamente a la incapacidad física funcional o de aparatos vitales sino también la que determina un daño económico actual que importa la limitación para el desempeño dentro del mismo ámbito donde actúa.
Añade que el acto cuestionado adolece de vicios en el objeto y en su fin.
II. A su turno la accionada contesta la demanda y sostiene la legitimidad de los actos cuestionados.
Así, destaca en primer lugar, que el beneficio jubilatorio por invalidez es naturalmente provisional, toda vez que se encuentra sujeto a la propia inestabilidad de la causa que lo origina; es decir, una enfermedad que genera cierto grado de incapacidad laboral.
Luego explica que la actora cesó en la función pública para acogerse a la jubilación por invalidez en el año 1995.
Refiere que en aquella oportunidad padecía ciertas afecciones cardiológicas y neurológicas que le generaban síntomas incompatibles con las tareas que desempeñaba para el municipio, tanto que la incapacitaron en un setenta por ciento (70%).
Relata que transcurridos cinco años fue sometida a una Junta Médica Integrada para evaluar la permanencia de la incapacidad en el grado exigido por la ley previsional.
Manifiesta que en ocasión de practicarse la revisión (19 de septiembre de 2000) los peritos médicos intervinientes encontraron un nivel menor de déficit laboral.
Detalla que en dicha oportunidad los expertos determinaron que, como consecuencia de su patología cardiológica, la accionante padecía una incapacidad del treinta por ciento (30%), en tanto que no detectaron grado alguno de incapacidad neurológica.
Sostiene que los tratamientos a los que fue sometida y el paso del tiempo derivaron en una mejoría en el estado de salud de la paciente.
Indica que este fue el fundamento de la extinción de su beneficio previsional.
Añade que, en razón de la nueva documentación acompañada, las actuaciones fueron remitidas al Departamento de Auditoría Médica.
Señala que dicho organismo se expidió ratificando el grado de incapacidad (30%) dictaminado previamente.
Explica que, bajo tales circunstancias, el acto administrativo impugnado se encuentra adecuadamente causado y motivado. Agrega que los exámenes médicos confirman la existencia de una capacidad residual que impedía el mantenimiento de la jubilación por invalidez.
Sostiene que lo expuesto descarta la existencia de arbitrariedad en el obrar administrativo.
Manifiesta que, frente a la acreditada ausencia del grado de incapacidad requerido, el agravio relativo a que el IPS ha omitido la consideración de otros factores que impedirían la reinserción de la accionante en el mercado laboral no resulta procedente, dado que prescindir prácticamente de cualquier grado de dolencia o disminución psicofísica, conduciría a la supresión de uno de los requisitos establecidos por la legislación previsional.
Resalta que conforme la normativa aplicable, las Juntas Médicas Centralizada e Integrada son, según los casos, los cuerpos facultativos competentes para examinar y dictaminar acerca de la incapacidad en materia previsional.
Alega que los dictámenes elaborados por las juntas de profesionales intervinientes en autos son suficientes para disipar cualquier agravio relativo a las decisiones impugnadas, en tantoéstos son conclusivos, se apoyan en datos técnicos y científicos y de su lectura surgen cuáles han sido los procedimientos utilizados para evaluar las patologías y los antecedentes aportados por la accionante, resultando claramente infundado lo alegado en la demanda en orden a que no reúnen la forma de una verdadera peritación.
Añade que los dictámenes no han quedado desvirtuados en modo alguno, toda vez que la accionante sólo indica que son contradictorios con los producidos por sus médicos tratantes.
Señala que los certificados acompañados no contienen conclusiones debidamente fundadas ni acreditan que la incapacidad en el grado requerido se haya mantenido durante el tiempo exigido legalmente para otorgar carácter definitivo al beneficio.
Concluye en que resulta claro que la Administración obró en estricto cumplimiento del principio de legalidad al revocar la jubilación por invalidez a quien no mantuvo las condiciones para permanecer en su goce, en tanto, médicamente, las enfermedades alegadas no alcanzaron a incapacitar a la actora en el porcentaje legal (art. 29, dec. ley 9.650/80).
III. De las actuaciones administrativas (fotocopias de expte. 2918-051100/95) y documental acompañada surgen las siguientes constancias útiles para la resolución de la presente causa:
III.1. Informe de la Junta Médica que examinó a la actora el 21 de octubre de 1994 y determinó una incapacidad psicofísica valorable en un 70% (v. fs. 9, expte. adm.).
III.2. Decreto 135/95 del Intendente del Partido de Campana, donde se aceptó la renuncia de Ada Nilda Farabollini para acogerse a los beneficios de la jubilación por invalidez (v. fs. 14/15).
III.3. Resolución 375.627 del IPS del 6 de julio de 1995, mediante la cual se le acordó a la actora el beneficio de jubilación por invalidez a partir del 1 de febrero de 1995 (v. fs. 32).
III.4. Informes de la Junta Médica Centralizada del 19 de septiembre de 2000, donde se diagnosticó hipertensión arterial con repercusión en órgano de grado leve, por los que se reconocía a la actora un treinta por ciento (30%) de incapacidad (v. fs. 44 y 45).
III.5. Dictámenes de la Asesoría General de Gobierno, de la Fiscalía de Estado y de la Comisión de Prestaciones e Interpretación Legal del organismo previsional, que sugirieron la extinción del beneficio de jubilación por invalidez oportunamente acordado (v. fs. 49, 50 y 52).
III.6. Resolución 449.405 del IPS del 11 de abril de 2001, por la que se declaró extinguido el beneficio de jubilación por invalidez del que gozaba Ada Nilda Farabollini, atento a la existencia de una causa sobreviniente de extinción conforme lo dispuesto en el art. 64 inc. "a" del decreto ley 9.650/80 (t.o. 1994; v. fs. 53).
III.7. Recurso de revocatoria de la demandante con el que acompañó tres certificados médicos (v. fs. 58/59 y 60/62).
III.8. Informe de la Dirección de Auditoría del IPS donde, analizada la documentación acompañada, ratificó el dictamen que determinó el treinta por ciento (30%) de incapacidad (v. fs. 71).
III.9. Dictámenes de la Asesoría General de Gobierno, de la Fiscalía de Estado y de la Comisión de Prestaciones e Interpretación Legal del IPS, que estimaron correspondía rechazar el recurso de revocatoria (v. fs. 73, 75 y 76).
III.10. Resolución 493.803 del IPS del 14 de junio de 2002, mediante la cual se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto (v. fs. 87).
III.11. Certificados médicos (originales y fotocopiados) acompañados con la demanda (v. fs. 1/10 y 26/36, 116/123 de estas actuaciones).
III.12. Actas de audiencias en las cuales los profesionales médicos citados como testigos reconocieron sus firmas en los certificados que se les atribuían -doctor Nogueira, fs. 17; doctor Reynoso, fs.10 y 16; doctor Zayat, fs. 11 y 12- (v. fs. 147, 150 y 180).
III.13. Pericia neurológica que, en mayo de 2011, constató una incapacidad del 70% (v. fs. 216/217).
III.14. Pericia psiquiátrica que en junio de 2011 consideró que el deterioro cognitivo que presentaba la paciente estaba incluido dentro del 70% de incapacidad determinado por la perito médico neuróloga (v. fs. 230/231).
III.15. Pericia realizada por el Médico Forense de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Zárate-Campana de abril de 2013, quien determinó una incapacidad total y permanente del 70% (v. fs. 254/257).
III.16. Impugnaciones de la demandada a las pericias presentadas (v. fs. 248, 263 y 268).
IV. Tal como han sido planteadas las posiciones de las partes y de acuerdo al relato de las actuaciones administrativas que han servido de antecedente, la cuestión a decidir consiste en determinar, de un lado, la legitimidad del acto que dispuso la extinción del beneficio de jubilación por invalidez que había sido oportunamente otorgado a la actora y, del otro, si le asiste derecho al reconocimiento y consecuente restablecimiento del beneficio pretendido.
IV.1. Resulta de aplicación a la situación planteada en autos el art. 29 del decreto ley 9.650/80; texto ordenado 1994, en cuyos términos se otorgó el beneficio (v. fs. 32, expte. adm. 2918-51100/95), norma que dispone -en lo que al caso interesa- que la jubilación por invalidez se concederá a aquellos "...afiliados que se incapaciten física y/o psíquicamente en forma total para el desempeño de cualquier actividad compatible con sus aptitudes laborales, siempre que la incapacidad se hubiera producido durante la relación de empleo...", destacando que ello procederá "...cualesquiera fueren su edad y antigüedad en el servicio".
Tal norma precisa, en el segundo párrafo, que se considera total, en los términos legales antes referidos, la invalidez que produce una disminución de por lo menos el 66% de la capacidad laborativa.
A su turno, el art. 33 del mismo cuerpo normativo dispone que el beneficio en cuestión se otorga con carácter provisional, debiendo el beneficiario sujetarse a los controles periódicos que, a su vez, la reglamentación prevé que podrán ser en cualquier tiempo a requerimiento del Instituto de Previsión Social o del organismo médico.
En cuanto al organismo y procedimiento para determinar la invalidez, dispone que deben asegurar uniformidad de criterios estimativos y las garantías necesarias en salvaguarda de los derechos de los afiliados (art. 31, dec. ley 9.650/80, t.o. 1994).
IV.2. Este Tribunal, ha decidido que la incapacidad a la que se refiere la norma en cuestión es la "laboral" y su concepto guarda estrecha vinculación con la índole de las tareas desarrolladas por el empleado, acorde con el criterio de capacidad específica (causas B. 59.895, "M., J. R.", sent. de 27-VI-2007; B. 58.834, "D. C., E. J.", sent. de 18-VII-2007; B. 59.616, "Álvarez", sent. de 12-III-2008; B. 61.398, "M., C. E.", sent. de 18-II-2009 y B. 61.018, "C., A. M.", sent. de 22-XII-2010). Ello es así, pues la razón que justifica el derecho al beneficio en cuestión es la desaparición de las aptitudes o condiciones para trabajar y no directamente el deterioro del estado de salud, aunque éste sea el origen de dicha minusvalía (doctr. causas B. 51.805, "Fiscal de Estado", sent. de 11-II-1990; B. 52.373, "Lamas", sent. de 19-X-1993; B. 52.859, "González", sent. de 19-IV-1994; B. 51.940, "Fiscal de Estado", sent. de 20-XII-1994 y B. 52.310, "Fiscal de Estado", sent. de 14-II-1995).
Concordantemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que en materia de jubilación por invalidez no cabe atenerse exclusivamente al aspecto psicofísico para determinar los elementos que conforman el concepto de incapacidad previsional, sino que debe hacerse mérito de la edad, el nivel de educación formal alcanzado y las condiciones del afiliado para la realización de tareas acordes con sus aptitudes profesionales (Fallos: 323:2235; 326:4539 y causa A.197.XXXIX, "Antivero, Stella Maris c/A.N.Se.S.", sent. de 6-VI-2006; e. o.).
Es a la luz de la doctrina citada que debe interpretarse la norma en juego y, con arreglo a ella, verificar si el organismo previsional -al momento de resolver la extinción del beneficio en cuestión- ha evaluado debidamente aquellas circunstancias particulares que exceden el aspecto estrictamente físico o biológico y que, como quedó expresado, integran la noción de "incapacidad laboral".
IV.3.a. La Fiscalía de Estado centra su defensa en el carácter provisional del beneficio inicialmente otorgado, argumentando que la extinción dispuesta por los actos impugnados no es sino consecuencia de las conclusiones a las que arribaron las revisiones médicas en cuanto a que no existía incapacidad que motivara la prestación previsional.
IV.3.b. Por su parte la actora cuestiona el dictamen médico de la demandada que sólo pondera parcialmente las dolencias y les otorga un porcentaje inadecuado a su verdadero estado.
También considera que la resolución atacada omitió valorar factores de índole cultural, social, de edad, que inciden en la posibilidad de su inserción en el mercado laboral.
IV.3.c. En ese contexto, corresponde analizar las distintas evaluaciones clínicas efectuadas a la señora Farabollini.
IV.3.c.i. La Junta Médica especializada en cardiología y neurología practicada el 25 de octubre de 1994 por la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Provincia de Buenos Aires dictaminó que la actora padecía afección de índole cardiológica y neurológica, que le confería una incapacidad permanente del 70%, justificada en el carácter severo de la afección. De ese modo, la situación de la actora encuadró en las pautas 9.8.2 y 4.5.2 del Baremo provincial del año 1978 (v. fs. 9, expte. adm.).
El Instituto de Previsión Social, teniendo por cumplidos los requisitos previstos en la legislación vigente, le acordó -con carácter provisional y sujeto a revisión- el beneficio de jubilación por invalidez a partir del 1 de febrero de 1995 (v. fs. 32).
IV.3.c.ii. La Junta Médica centralizada del IPS, realizada el 19 de septiembre de 2000, en ejercicio de las facultades de control que dicho organismo posee, señaló que el informe cardiológico determinaba en ese momento una incapacidad del 30%. Por su parte, en el informe neurológico no se detectó incapacidad alguna (v. fs. 44 y 45).
IV.3.c.iii. El IPS, previo pronunciamiento de los órganos asesores, resolvió mediante resolución del 11 de abril de 2000, declarar extinguido el beneficio (v. fs. 53).
IV.3.c.iv. La actora acompañó tres certificados médicos con el recurso de revocatoria pertinente.
De los certificados suscriptos por el cardiólogo doctor Zayat se desprende que sufría de hipertensión arterial severa y que estuvo internada por crisis hipertensivas en diciembre de 1998 y agosto de 2000 (v. fs. 60/61).
Del certificado del neurólogo doctor Reynoso, resulta que la señora Farabollini presentaba un deterioro cognitivo, considerando que padecía de incapacidad laboral total-definitiva y permanente (v. fs. 62).
IV.3.c.v. La Auditoría Médica del IPS, analizada la documentación agregada y lo actuado por la Junta Médica Centralizada, ratificó el dictamen relativo al 30% de incapacidad (v. fs. 71). Con base en ello se justificó el rechazo de la revo
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