Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74632
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.632, "Fideicomiso Financiero y de Administración 'Empresa Papelera Quilmes'. Beneficio de Litigar Sin Gastos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, Torres
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó -por otros fundamentos- la sentencia de primera instancia que, a su turno, desestimó el beneficio de litigar sin gastos promovido por Nación Fideicomisos S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero y de Administración "Empresa Papelera Quilmes", con costas (v. fs. 392/394 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento , el peticionante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 472/485 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 487 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 499) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó -por otros fundamentos- la sentencia de primera instancia que, a su turno, desestimó el beneficio de litigar sin gastos solicitado por el apoderado de Nación Fideicomisos S.A., en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero y de Administración "Empresa Papelera Quilmes", a fin de hacerlo valer en los autos principales "Vela Darío René y otros c/ Massuh S.A. y otros s/ Reparación de daño ambiental", como así también en los demás procesos en los que interviene.
Para así decidir -y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa- el Tribunal de Alzada, efectuó las siguientes consideraciones:
I.1. Liminarmente refirió que en los autos caratulados "Fideicomiso Financiero y de Administración Empresa Papelera Quilmes s/ Liquidación Judicial" -en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia Federal en lo Civil y Comercial n° 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, se aplicó analógicamente la ley 24.522 y se desarrollaron diversos actos procesales (v.gr. liquidación del contrato de Fideicomiso, designación del liquidador y síndico, publicación de edictos, informe individual del art. 35 -sin resolución judicial-).
En ese contexto, señaló que el proceso de liquidación tenía por objeto satisfacer las deudas del Fideicomiso de la manera más justa posible, por lo cual consideró que la solicitud del beneficio de litigar sin gastos no resultaba útil para el pago de honorarios y gastos efectuados con anterioridad a su petición -tal como entendió ocurría en la especie-, en virtud del carácter irretroactivo del mismo (v. fs. 393 vta.).
I.2. En otro orden, ponderó que el recurrente incumplió lo normado por el art. 79 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto no detalló cuales eran los activos y pasivos del Fideicomiso, ni se explicitó sobre sus alegaciones en torno al agotamiento del patrimonio fideicomitido, la falta de actividad productiva e imposibilidad de procurarse ingresos.
A lo expuesto agregó, con base en el contrato de Fideicomiso obrante en el expediente principal "Vela, Darío René y otros c/ Massuh S.A y otros s/ Reparación de daño ambiental" -radicado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata-, que el recurrente debió fundamentar cual resultaba ser el impedimento para requerir fondos al ANSES para los gastos del juicio, teniendo en cuenta: i) el carácter de Fiduciante de dicho organismo; ii) sus compromisos asumidos judicialmente en calidad de codemandado en las citadas actuaciones y iii) que de las cláusulas del contrato surgía la posibilidad de que el Fiduciante arbitre fondos al Fiduciario (v. fs. 394).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 472/485 vta.), en el que reitera argumentos ya vertidos en sus anteriores presentaciones y denuncia: i) violación de los arts. 18 de la Constitución nacional y 15 de la Carta local; ii) errónea aplicación e interpretación de los arts. 1.687 del Código Civil y Comercial de la Nación, 78, 79, 80, 163 inc. 6, 354 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; iii) absurdo en la valoración de la prueba y iv) violación de la doctrina legal que cita.
Básicamente insiste en sostener que se encuentra demostrada la existencia de pasivos del Fideicomiso, la falta de activos y la imposibilidad de procurárselos, por ello, entiende le corresponde la franquicia solicitada. A partir de allí, postula que la sentencia en crisis:
II.1. Se equivoca al subsumir el beneficio de litigar sin gastos en la liquidación judicial -y en consecuencia rechazarlo-, pues hay costos causídicos a cargo del propio Fideicomiso necesarios para la continuidad de los procesos en los cuales interviene, que no puede afrontarlos la liquidación por carecer de fondos. En este sentido, puntualiza que se encuentra supeditado al otorgamiento de la franquicia peticionada la tramitación del recurso de queja interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo los autos "Vela, Darío René y otros c/ Massuh S.A. y otros s/ Varios", en virtud de la imposibilidad de realizar el depósito previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
II.2. Vulnera el principio de congruencia, pues no se conforma con lo requerido por su parte, en tanto no se expide sobre la carencia de recursos del Fideicomiso, la imposibilidad de obtenerlos y los efectos que el resolutorio en cuestión tendría en los otros procesos en que el Fideicomiso interviene.
II.3. Incurre en absurdo valorativo, al omitir ponderar prueba contundente que -entiende- permite tener por acreditada la falta de recursos del Fideicomiso y la imposibilidad de obtenerlos.
Agrega que incluso la eventual valoración de las mismas ha sido errónea ya que si bien se reconoce la situación falencial del Fideicomiso, se deniega la franquicia con base en que sólo sería para el futuro y que los gastos del Fideicomiso pueden ser verificados en ese proceso liquidatorio; omitiendo ponderar que dichos egresos no son sólo eventuales costas a la contraparte, sino que existen gastos en que tiene que incurrir su parte para ejercer su derecho de defensa (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.).
II.4. Viola las normas que rigen el instituto del Fideicomiso y del contrato de Fideicomiso en particular.
Indica que los sentenciantes incurren en error al señalar que su parte nada explica en torno al contrato de Fideicomiso y la imposibilidad de requerir fondos al Fiduciante, ya que -según alega- al solicitar el beneficio dio cuenta de la situación del Fideicomiso, de la rescisión del contrato por parte del Fiduciante y de su proceso de liquidación.
Postula que la Cámara se aparta de lo preceptuado por el art. 1.687 del Código Civil y Comercial, puesto que, ante el inicio de la liquidación el Fiduciante no aportó -ni aportará- fondos para la continuación del Fideicomiso, cuya falta de activos junto con el cese de actividades del emprendimiento Papelera de Quilmes motivó su liquidación.
II.5. Finalmente, cuestiona los fundamentos brindados por el juez de primera instancia. En tal sentido manifiesta, por un lado, que no se trata de un supuesto de falta de liquidez -como refiere el iudex - sino de la inexistencia de activos para afrontar cualquier tipo de erogación y la imposibilidad de generarlos y, por otro, que la circunstancia de que dentro de los bienes fideicomitidos hayan sido comprometidos fondos provenientes de un órgano del estado, no implica que deba presumirse la solvencia del Fideicomiso para afrontar los gastos causídicos, máxime cuando dichos fondos no fueron integrados.
III. Adelanto que el recurso no puede prosperar.
III.1. Conforme tiene dicho este Tribunal, determinar si en un caso dado se configuran los requisitos para la procedencia del beneficio de litigar sin gastos constituye una típica cuestión de hecho, exenta de censura en la instancia extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo, imponiéndosele entonces al recurrente la necesidad de realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados por el sentenciante para demostrar cabalmente que en el mismo se configura el vicio lógico que haría procedente la revisión de las cuestiones fácticas de la litis (doctr. causas C. 116.881, "Sejas", sent. de 7-VIII-2013; C. 102.786, "Mena", sent. de 24-V-2011 y C. 93.206, "Escala", sent. de 16-IV-2008), ya que sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de esta instancia para el examen de cuestiones de hecho y prueba (doctr. causa C. 120.110, "Amalvy", sent. de 14-XII-2016).
Entiendo que, en la especie, el impugnante no logra demostrar un vicio de esas características que justifique revertir lo decidido por los jueces de grado.
III.1.a. En el caso, la Cámara -a partir del análisis del escrito de petición del beneficio de litigar sin gastos y del proceso de liquidación en el cual se encontraba incurso el Fideicomiso- ponderó: i) que la solicitud de la franquicia no resultaría útil para eludir el pago de honorarios y gastos efectuados con anterioridad a su interposición, en virtud del carácter irretroactivo, y ii) que la petición no cumplía lo normado por el art. 79 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto el recurrente no indicaba a cuanto ascendían los activos y pasivos del Fideicomiso, ni se había explicitado sobre las alegaciones que realizara en torno al agotamiento del patrimonio fideicomitido, la falta de actividad productiva y la imposibilidad de procurarse ingresos.
A lo expuesto agregó, con base en el contrato de Fideicomiso obrante en el expediente principal "Vela, Darío René y otros c/ Massuh S.A y otros s/ Reparación de daño ambiental", que el recurrente debió fundamentar cual resultaba ser el impedimento para requerir fondos a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para los gastos del juicio, teniendo en cuenta: i) el carácter de Fiduciante de dicho organismo; ii) sus compromisos asumidos judicialmente en calidad de codemandado en las citadas actuaciones y iii) que de las cláusulas del contrato surgía la posibilidad de que el fiduciante arbitre fondos al fiduciario (v. fs. 394).
En base a las razones expuestas, el Tribunal de Alzada confirmó el fallo de primera instancia que -a su turno- rechazó el beneficio de litigar sin gastos solicitado.
III.1.b. Frente al cuadro fáctico y probatorio así compuesto por la judicatura, el recurrente -si bien denuncia la existencia del vicio de absurdo-, insiste en poner énfasis en aquellos elementos probatorios agregados a la causa que -según su criterio- demostrarían que el Fideicomiso carece de recursos para afrontar los gastos correspondientes a los procesos en los que interviene, como así también la imposibilidad de generarlos. Asimismo, centra su embate en el cuestionamiento de los argumentos esbozados por el juez de primera instancia.
Mas, en ese derrotero, soslaya abordar adecuadamente las razones esgrimidas por el a quo para revalidar la solución propuesta por el juez de grado, al sostener, por un lado, que el recurrente no brindó -al peticionar la franquicia- las explicaciones exigidas por el art. 79 del Código Procesal Civil y Comercial y -por otro lado- que no fundamentó el motivo por el cual se encontraba impedido de requerir fondos para los gastos del juicio a la ANSES, teniendo en cuenta su carácter de Fiduciante, los compromisos que asumiera judicialmente en calidad de codemandado en las actuaciones principales y las cláusulas del contrato de fideicomiso (cfr. cláusulas 3.2, 4.3, 4.17, 5.10 y 6.7), circunstancias que no han sido rebatidas en la queja en tratamiento.
Como se advierte, las críticas ensayadas por el recurrente resultan -en rigor- una mera discrepancia que, como es sabido, no constituye per se base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues dicha anomalía queda conformada sólo cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental en lo decidido por los sentenciantes (doctr. causa C. 117.063, "Gabutti", sent. de 30-X-2013; e.o.).
Esta circunstancia resulta suficiente para su rechazo pues, como tiene dicho esta Suprema Corte, debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo, se basa en la mera reiteración de argumentos esgrimidos y rechazados en la instancia anterior y se limita a contraponer a la valoración del material probatorio que ha realizado el tribunal de grado, una argumentación apontocada exclusivamente en su propio criterio (doctr. causas A. 74.126, "Martínez", sent. de 27-III-2019 y A. 74.504, "Arabia", sent. de 24-IV-2019).
Lo expuesto es suficiente para sellar adversamente la suerte del agravio precedentemente analizado.
III.2. Igual suerte adversa debe correr la invocada transgresión al principio de congruencia, que el impugnante despliega sobre la base de que la Cámara no se conforma con lo requerido por su parte, en tanto no se expide sobre la carencia de recursos del Fideicomiso, la imposibilidad de obtenerlos y los efectos que el resolutorio en cuestión tendría en los otros procesos en que el Fideicomiso interviene.
Conforme tiene dicho esta Suprema Corte, el principio de congruencia se vincula, básicamente, con la forma en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las cuestiones sometidas a su decisión, teniendo en cuenta los términos en que quedó articulada la relación procesal, esto es, sin incurrir en omisiones o demasías decisorias. El destino de dicha directriz es conducir el proceso en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, imponiendo que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa (doctr. causa A. 74.447, "Correa", sent. de 11-IX-2019).
De allí se deduce que transgrede el principio de congruencia el fallo que se aparta del objeto del litigio determinado en la demanda y la contestación, comprometiendo la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal que debe primar en toda controversia judicial (doctr. causas L. 118.803, "D., J.R.", sent. de 13-XII-2017 y A. 74.458, "Scaglia", sent. de 19-XII-2018).
Empero, semejantes circunstancias no concurren en autos. La Cámara se ha expedido sobre el objeto de conocimiento sometido a su jurisdicción, consistente en determinar la procedencia de la franquicia peticionada. En esa faena, ponderó que el recurrente incumplió lo normado por el art. 79 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que al solicitar el beneficio de litigar sin gastos se limitó a alegar que se encontraba agotado el patrimonio del Fideicomiso, que no tenía actividad productiva y que no podía procurarse ingresos, sin explicitarse al respecto, ni detallar cuales eran los activos y pasivos del Fideicomiso. Asimismo, advirtió sobre la posibilidad de que el Fiduciante -ANSES- arbitre fondos al Fiduciario (v. fs. 394).
En tal contexto, según se aprecia en los fundamentos empleados para decidir el caso, para la Cámara resultó dirimente la falta de acreditación de los presupuestos legales para el otorgamiento de la franquicia peticionada.
De allí que, aun cuando contraríe el interés del recurrente, no viola el principio de congruencia el fallo que se corresponde con la pretensión que constituyó el objeto del proceso (conf. arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 164, CPCC y causa C. 109.540, "Anfield S.A.", sent. de 9-III-2016), por lo que la decisión en modo alguno ha extralimitado los contornos propios del litigio, debiéndose en consecuencia desestimar el reproche (doctr. art. 279, CPCC).
III.3. Tampoco resultan eficaces los argumentos vertidos en torno a la invocada violación de las normas que rigen el instituto del Fideicomiso (puntualmente art. 1.687, Cód. Civ. y Com.) así como las del contrato de Fideicomiso en particular.
Ello por cuanto al decidir, el a quo hizo mención a las previsiones específicas del contrato de Fideicomiso, de las cuales dedujo la posibilidad de que el Fiduciante -ANSES- arbitre fondos al Fiduciario (cfr. cláusulas 3.2, 4.3, 4.8, 4.17, 5.10 y 6.7; v. fs. 394 in fine ), conclusión que no ha merecido réplica adecuada del impugnante.
Sin perjuicio de lo expuesto, que constituye un valladar infranqueable al progreso de la protesta, es menester destacar la cláusula 4.8 titulada "Indemnidad", en tanto resulta ilustrativa de la solución adoptada por los sentenciantes. La citada cláusula consigna en sus apartados: i) 4.8.2: "Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley de Fideicomiso, arts. 14, 16 y 18, el Fiduciante indemnizará y mantendrá al Fiduciario y sus Sociedades vinculadas indemnes por todos los reclamos, demandas judiciales y/o arbitrales [...] que éste debiera arbitrar con motivo de la titularidad fiduciaria del Patrimonio Fideicomitido..."; ii) 4.8.6: "En caso de que el Patrimonio Fideicomitido no alcanzare para pagar los costos de las indemnizaciones mencionadas en este artículo, el Fiduciante estará obligado a abonar al Fiduciario y/o a quién corresponda las sumas necesarias para completar el pago de las indemnizaciones debidas a éste" y iii) 4.8.7: "Las obligaciones emergentes del presente apartado [...] permanecerán vigentes aún después de liquidado y/o extinguido el Fideicomiso y hasta la prescripción de las acciones que pudieran corresponder en virtud del presente, por cualquier causa que sea" (fs. 16 y 17).
Lo expuesto es suficiente para sellar adversamente la suerte del agravio, máxime cuando de la expresa letra de la norma cuya aplicación se denuncia violada (art. 1.687, Cód. Civ. y Com.) -y sin que ello signifique abrir juicio sobre su aplicabilidad al caso (art. 7, Cód. Civ. y Com.)-, se desprende que -más allá de los límites de los fondos fideicomitidos- la responsabilidad del fiduciante podría resultar de un compromiso que expresamente hubiere asumido.
III.4. Por otra parte, el impugnante transcribe, en forma dispersa, sumarios jurisprudenciales provenientes de fallos de este Tribunal y de otros órganos jurisdiccionales, que entiende vulnerados por la sentencia en crisis.
Ante ello, cabe señalar que, conforme tiene dicho esta Suprema Corte, para demostrar la existencia de violación o errónea aplicación de la doctrina legal no basta identificar el precedente del Tribunal que contiene la doctrina que se denuncia como violada, sino que debe plantearse la similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa (doctr. causa A. 73.780, "Davila", sent. de 26-XII-2018), circunstancia que no acontece en el recurso en tratamiento.
Por lo demás, la invocación de precedentes de otros órganos judiciales no resulta eficaz para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley porque no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, aunque se trate de los fallos de la Corte Suprema de la Nación (doctr. causa A. 75.736, "Pita", sent. de 13-XI-2019).
III.5. Finalmente, esta Suprema Corte ha resuelto que no resulta adecuada la generalizada denuncia acerca de la infracción de preceptos constitucionales cuando esta queda subordinada a una no probada violación de normas de derecho común, sin que se haya acreditado la errónea aplicación de ellas (doctr. causas A. 70.347, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 20-V-2015
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