Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75275
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.275, "Zabala, Fernando R. contra Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Kogan, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó la pretensión anulatoria deducida por el doctor Fernando Roberto Zabala contra el pronunciamiento del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires mediante el cual se confirmó la sanción de exclusión de la matrícula que le fuera aplicada (v. fs. 134/139).
Disconforme con ese pronunciamiento, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 145/157). La Cámara lo concedió e intimó al impugnante para que en el plazo de tres meses acredite la concesión definitiva del beneficio de litigar sin gastos (v. fs. 159/160). Ante el vencimiento del término concedido y, considerando que no existían razones para extender su vigencia, la Cámara actuante hizo efectivo el apercibimiento dispuesto y declaró la deserción de la vía extraordinaria (v. fs. 175).
Ello motivó la interposición de un recurso de hecho ante esta Corte (v. fs. 230/241), el cual fue acogido por resolución de fecha 18 de septiembre de 2018, declarándose mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y llamándose a autos para resolver (v. fs. 243/245).
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. El actor interpuso demanda anulatoria contra el acto dictado por el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires que, al rechazar el recurso de apelación deducido contra la decisión del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, confirmó la sanción de exclusión de la matrícula que le fuera aplicada.
I.2. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó la pretensión deducida (v. fs. 200/205).
Para así resolver precisó que los tópicos que alegó el actor como sustento de la impugnación judicial, fueron planteados ante el máximo órgano colegial y rechazados por éste al desestimar el aludido recurso. El primero de ellos referido a la prescripción de la acción disciplinaria y, el segundo, al exceso de punición.
Explicó que para invocar la prescripción el actor se basó en lo dispuesto por el art. 32 de la ley 5.177 y en que las actuaciones fueron recibidas por el Tribunal de Disciplina de la ciudad de Bahía Blanca el 28 de agosto de 1990 (v. fs. 28, expte. colegial), el que recién ordenó la paralización de la causa hasta que existiese resolución judicial el 23 de agosto de 1994 (v. fs. 85 expte. colegial), cuando habían transcurrido ya los cuatro años fijados por la norma para que se produzca la prescripción y los dos años establecidos para la caducidad del procedimiento.
Al respecto la Cámara refirió que la defensa fue opuesta luego de consentir el propio interesado la reanudación del sumario para su final resolución. Señaló que esa conducta no sólo se infería del simple hecho de no haberla alegado al momento en que consideró que se encontraba operada la prescripción, como tampoco al tomar conocimiento del restablecimiento del trámite tras el levantamiento de su suspensión (v. fs. 123 y 125 y vta., expte. colegial), sino por un obrar expreso y activo de su parte, al notificársele la clausura del período probatorio y el llamamiento para el dictado del acto final (v. fs. 127 y 129 y vta., expte. colegial), en que solicitó la producción de una prueba (escrito de 2-IX-2003, fs. 130, expte. colegial).
Con todo, destacó que la extinción del ejercicio de la potestad disciplinaria no se había producido.
En tal sentido, advirtió que existieron numerosos actos de trámite con aptitud para conformar la secuela del procedimiento haciéndolo progresar hacia su resolución final. Señaló que las actuaciones realizadas con motivo de la existencia de la causa penal por el mismo hecho denunciado (tentativa de estafa), consistentes en el libramiento, por la entidad colegial, de dos oficios -del 12 de diciembre de 1991 y del 18 de mayo de 1993- de requerimiento de la causa penal, resultaban indudablemente útiles a los efectos del aplazamiento del transcurso de la prescripción, de conformidad a la preceptiva expresa que así lo dispone, cuando la cuestión estuviese condicionada a una resolución judicial, que es precisamente cuanto ocurrió en la especie.
Del mismo modo concluyó en relación a la caducidad reglada en el art. 32 de la ley 5.177, en tanto los dos años previstos para que aquella se configure, computados desde la recepción de las actuaciones por el Tribunal de Disciplina (28-VIII-1990), no habían llegado a cumplirse, en virtud de que al 23 de diciembre de 1991 ya había sido gestionada la remisión de la causa penal, trámite que se reiteró el 18 de mayo de 1993 y que luego ocasionó la formal paralización del sumario -el 23 de agosto de 1994-.
Precisó que, con arreglo a lo dispuesto por la norma, y al igual que en el supuesto de prescripción, los plazos de caducidad se suspenden cuando el inicio de la causa disciplinaria o su sentencia dependieran del dictado de un fallo en sede judicial y hasta tanto este último adquiera firmeza.
Por otra parte, sostuvo que tampoco podía prosperar el argumento referido a la morigeración de la sanción aplicada.
Señaló que no se discutía la infracción, pues el hecho había quedado comprobado en la causa penal, y su encuadre normativo en el plexo aplicable al ejercicio profesional tampoco había sido objeto de cuestionamiento.
Indicó así que la materialidad de la conducta y su configuración como ilícito penal, no ofrecían dudas ni se encontraban en debate, toda vez que, de la sentencia judicial condenatoria por el hecho investigado como autor responsable del delito de tentativa de estafa, se desprendía inequívocamente el antecedente de la exclusión de la matrícula, tal como lo evaluara el Tribunal de Disciplina al imponer esa sanción.
Puntualizó que de los arts. 28 inc. 4 y 30 inc. 2 de la ley 5.177, surgía que la exclusión era precisamente la medida disciplinaria prevista para el específico supuesto de autos, no controvertido, en que el profesional fue condenado por delito de acción pública y por conducta dolosa, de modo que la subsunción del hecho se adecuaba a las citadas previsiones.
Estimó que las alegaciones del actor, enderezadas a demostrar que era viable una pena más benigna, no eran suficientes para demostrar ilegitimidad o irrazonabilidad en su aplicación, sino su mera disconformidad.
Agregó que la carencia de antecedentes a la que aludía el profesional, fue expresamente mencionada como atenuante en el acto sancionatorio (consid. séptimo), pero que los agravantes del caso -iniquidad de la maniobra desplegada prevaliéndose de la situación de inferioridad de la víctima y con desprecio de sus paupérrimas condiciones de vida y el prejuicio resultante del hecho- denotaban una ponderación que no ofrecía motivos de censura por exceso de punición.
Indicó que el planteo del actor en el sentido de que la prisión impuesta en el juicio criminal resultaría de menor severidad que la expulsión de la matrícula, no resultaba útil a su tarea impugnatoria, dado que son dos tipos de medidas que no integran un catálogo de sanciones, sino que corresponden a diferentes esferas de responsabilidad -penal, profesional-, cuya determinación también proviene de distintas funciones estatales -judicial penal, una; disciplinaria profesional administrativa, otra-, amén de estar regladas en leyes diversas y de poseer caracteres que dificultan, cuanto no impiden, la comparación en términos de gravedad.
Agregó que tampoco resultaba eficaz el hecho de que el delito cometido -estafa- lo fuera en grado de tentativa, toda vez que ello no modificaba su responsabilidad en la órbita disciplinaria, conforme a las normas ya consignadas.
Finalizó diciendo que el repaso del registro de sanciones menores que habrían merecido hechos que entiende similares o de más entidad, como tentativa de defraudación y falsificación, tampoco era suficiente, en la medida que no había sido acreditada la existencia de un precedente administrativo susceptible de ser esgrimido para lograr un tratamiento análogo.
I.3. Contra dicho pronunciamiento el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Planteó en primer lugar la desatención a la caducidad operada respecto de la acción disciplinaria, y en tal sentido denunció infracción al art. 32 de la ley 5.177, que sólo permite que el curso de la caducidad se suspenda por el Tribunal de Disciplina cuando el dictado de la sentencia dependa de un fallo en sede judicial.
Sostuvo que el plazo de caducidad debe suspenderse cuando es necesario aguardar el pronunciamiento en sede judicial, lo cual supone además que se dicte una resolución que disponga dicha suspensión.
Reiteró el planteo de prescripción de la potestad sancionatoria, para lo cual explicó que el hecho que se le imputa data del 23 de marzo de 1990, en tanto el proceso mantuvo largos períodos de inactividad, en los que no hubo secuela normal del procedimiento, hasta arribar a una sentencia del Tribunal de Disciplina con fecha 23 de septiembre de 2003, es decir a más de trece años del hecho.
Concluyó manifestando que la Cámara ha violado tanto la doctrina legal de los fallos que allí menciona, como lo dispuesto en el art. 32 de la ley 5.177, al asignar virtualidad suspensiva como "secuela de juicio" a actuaciones irrelevantes como tales.
Planteó absurdo valorativo y violación al art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial.
Por último, denunció la omisión del control de mérito de la sentencia del Tribunal de Disciplina, que comprendiera la magnitud de la sanción impuesta, la que consideró excesiva.
II. El recurso no puede prosperar atento su insuficiencia (art. 279, CPCC).
II.1. Conforme se desprende del relato antes efectuado, el a quo , al rechazar la pretensión de que se declare prescripta la potestad sancionatoria del Colegio de Abogados, estimó que desde el ingreso del procedimiento disciplinario a conocimiento del Tribunal de Disciplina departamental habían existido varios actos de trámite que habían tenido "aptitud para conformar la secuela del procedimiento haciéndolo progresar [hacia] su resolución final".
En este trance, puso especial énfasis en dos oficios -ordenados en diciembre de 1991 y en mayo de 1993- de requerimiento de la causa penal que involucraba al letrado por los mismos hechos que se investigaban en sede colegial, los cuales reputó "indudablemente útiles a los efectos del aplazamiento del transcurso de la prescripción, de conformidad a la preceptiva expresa que así lo dispone, cuando la cuestión estuviese condicionada a una resolución judicial, que es precisamente cuanto ocurrió en la especie" (fs. 136 vta.; ver también fs.137, así como fs. 74 y 79, actuaciones colegiales) y destacó que el primer pedido de informes se había dispuesto con anterioridad al vencimiento del plazo de caducidad bienal fijado en el segundo párrafo del art. 32 de la ley 5.177 para que el Tribunal de Disciplina se expidiera sobre la cuestión.
Recuérdese, en este orden de ideas, que el cuarto párrafo del art. 32 de la ley 5.177 dispone que "los plazos de prescripción y caducidad se suspenderán cuando el inicio de la causa disciplinaria o su sentencia dependieran del dictado de un fallo en sede judicial y hasta tanto este último adquiera firmeza", en una prescripción que se encuentra en línea con la generalidad de los regímenes disciplinarios en materia de empleo público, que también le acuerdan a la sustanciación de una causa penal efectos paralizantes sobre los términos fijados por los estatutos para imponer sanciones a los agentes públicos (v., por todos, arts. 91 apdo. II, dec. 4.161/96, reglamentario de la ley 10.430 y 157, Acuerdo SCBA 3354).
Como también se apuntó en la sentencia cuestionada, el libramiento de dichos oficios se dispuso con anterioridad a la formal paralización del procedimiento sancionatorio, lo que aconteció el 23 de agosto de 1994 (v. fs. 137; también fs. 85, actuaciones colegiales), declaración esta última que, en la tesis central del impugnante, implicaba el único acontecimiento al cual eventualmente podría acordársele efecto suspensivo del plazo para imponer una sanción (ver, por ej., lo expuesto a fs. 141/142).
Así las cosas, destaco que esta Corte ha señalado que determinar el plazo de prescripción, su eventual interrupción o suspensión, en tanto de ordinario remiten al análisis de cuestiones de hecho y prueba, constituyen cuestiones privativas reservadas a la apreciación de los jueces de grado y exentas de revisión por parte de la Suprema Corte, salvo el supuesto de absurdo (conf. doctr. causas L. 98.724, "Gutiérrez", sent. de 21-IV-2010; L. 96.953, "Gamarra", sent. de 3-III-2010; A. 70.623, "Ortega", sent. de 9-XI-2011; A. 70.309, "Pupilli", sent. de 2-XI-2011; A. 71.531, "Sistemvac y ot.", sent. de 6-XI-2013; A. 71.754, "Hanuch", sent. de 25-II-2015; e.o.) en una doctrina que ha sido también aplicada a procedimientos disciplinarios (v.g. causas A. 71.159, "Tosetti", sent. de 28-VIII-2013 y A. 72.739 "Pérez", sent. de 10-V-2017).
Tal como reiteradamente ha consignado este Tribunal, la configuración del mentado vicio -con virtualidad invalidante de la motivación de la sentencia- requiere acreditar la existencia de un error grave, grosero y fundamental, que conduzca a una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas de la causa (conf. causas L. 94.977, "Balbis", sent. de 6-V-2009; L. 86.645, "Barroso", sent. de 21-V-2008; A. 74.214, "Pavka", sent. de 10-IV-2019; e.o.).
Pues bien, a fin de demostrar la existencia de absurdo, el recurrente consigna que la sentencia no indicó "ninguna actuación concreta" del Tribunal de Disciplina en orden a impulsar el trámite (v. fs. 152).
Sin embargo, de los pasajes antes transcriptos se desprende que el a quo especificó dos acontecimientos concretos que resultaban aptos para paralizar el curso de la caducidad con anterioridad a la resolución que así lo dispuso expresamente, esto es, el libramiento de sendos oficios requiriendo la remisión de la causa penal.
Queda entonces sin sustento la calificación de dogmática de la sentencia efectuada por el quejoso, del mismo modo que su alegación relativa a que el a quo habría consignado que la paralización del procedimiento sancionatorio había operado de pleno derecho y por la sola circunstancia de existir un proceso penal en trámite (v. fs. 149 y vta.).
Por otro lado, considero que la tesis de la sentencia según la cual los oficios requiriendo la causa penal constituyeron manifestaciones útiles para aplazar el término dispuesto para dictar resolución definitiva, no implica, más allá de su acierto o error, una valoración absurda en los rigurosos términos antes señalados.
En este sentido, la insistente prédica del recurrente en virtud de la cual únicamente una resolución del organismo colegial que formalmente paralizara el procedimiento podía producir tal efecto (v., por ej., fs. 150) se revela -ante la falta de una norma expresa que sustente dicha postura- como una simple disconformidad con lo resuelto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, pero inhábil a los fines de demostrar un grosero yerro en la evaluación de las constancias de la causa.
Es que, como ha dicho esta Corte, no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el aludido vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito. El absurdo no queda configurado aun cuando el criterio de los sentenciantes pudiera ser calificado de objetable, discutible o poco convincente porque, como ya anticipé, se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a las mentadas conclusiones incompatibles con los extremos que surgen del caso (cfr. causas Ac. 77.310, sent. de 2-X-2002; C. 97.577, sent. de 28-V-2008; C. 100.565, sent. de 12-XI-2008; C. 97.830, sent. de 11-II-2009; C. 107.181, sent. de 9-XII-2010; C. 100.803, sent. de 22-XII-2010, A. 72.612, "Meder", sent. de 13-V-2020; e.o.).
II.2. La misma suerte adversa corre el embate vinculado con no haber receptado la pretensión subsidiaria de morigerar la sanción impuesta por la entidad colegial.
Al respecto, el quejoso centra la crítica en que el a quo "proclama la existencia de una limitación a su jurisdicción, derivada de la interpretación que acuerda el art. 74 del CCA, al aclarar que sólo le compete el control de legalidad de lo resuelto, sin posibilidad de entrar en el examen de mérito de lo resuelto en sede administrativo", recordando, a este respecto, lo resuelto por este Tribunal en la causa A. 69.1770, "G., C. J.", sent. de 10-X-2012 (v. fs. 154 vta. y 155).
Empero, al desestimar este agravio la Cámara sostuvo que de los arts. 28 inc. 4 y 30 inc. 2 de la ley 5.177 surgía que la exclusión era precisamente la medida disciplinaria prevista para el específico supuesto de autos, no controvertido, en que el profesional fue condenado penalmente por delito de acción pública y por conducta dolosa, de modo que la subsunción del hecho se adecuaba a las citadas previsiones (v. fs. 137 vta.).
Es más, el a quo - lejos de considerarse limitado por los términos del art. 74 del Código Contencioso Administrativo en orden a evaluar la cuantía de la sanción impuesta- descartó las argumentaciones oportunamente insertas por el actor en su demanda relativas al alegado exceso de punición, efectuando diversos razonamientos que llevaban a concluir que la exclusión de la matrícula aparecía justificada a la luz de los hechos comprobados en sede penal (v. fs. 137 vta. y 138).
Y ello sin perjuicio de haber señalado inicialmente que la "dosificación de la sanción es una tarea propia del órgano competente para determinarla", por lo que la "impugnación por arbitrariedad en la selección de la medida debe ser contundente y acabada" (fs. 138) en afirmaciones que en última instancia están en sintonía con la tesis que ha sustentado este Tribunal al entender en el marco de su competencia originaria, que la gradación de una sanción se encuentra deferida a la ponderación de la autoridad administrativa y solamente puede ser revertida en el supuesto de arbitrariedad o irrazonabilidad (doctr. causas B. 66.966, "Avila", sent. de 14-VIII-2013; B. 64.585, "Servidio", sent. de 11-XI-2015; e.o.).
Sentado lo que antecede, es dable recordar que también es doctrina de este Tribunal la relativa a que la evaluación de la gravedad de los comportamientos y demás antecedentes a los efectos de determinar la cuantía de la sanción impuesta es una cuestión de hecho, en principio ajena a la competencia extraordinaria de la Suprema Corte, salvo denuncia y acreditación de absurdo (causas A. 71.829, "Panero", sent. de 1-IV-2015; A. 73.964, "Farías", sent. de 27-V-2020), extremo que no ha sido invocado y menos aún evidenciado respecto del fallo cuestionado.
Obsérvese, en este sentido, que en el recurso extraordinario -reitero, sin alegarse absurdo en los razonamientos de la Cámara- replica los argumentos expuestos en la demanda vinculados con el exceso de punición, lo cual resulta inhábil a fin de lograr la revocación del decisorio, máxime cuando este Tribunal reiteradamente ha señalado que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera
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