Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122007
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.007, "García, Alejandro Ricardo contra Construcciones Térmicas S.A. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 160/168).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 4 de mayo de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Alejandro Ricardo García contra Construcciones Térmicas S.A. condenándola al pago de las sumas que estableció en concepto de diferencias salariales, fondo del cese laboral (art. 15, ley 22.250), y aquellas con sustento en los arts. 80 de la ley 20.744 y 53 ter de la ley 11.653 (v. sent., fs. 160/168).
Rechazó en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión por la que se procuraba el cobro de la sanción conminatoria mensual del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Para así resolver, con principal sustento en el informe emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el sentenciante juzgó acreditado que la accionada no ingreso total o parcialmente en ciertos períodos los aportes oportunamente retenidos con destino a la seguridad social.
Agregó que, si bien el informe emitido por el Instituto Mandatarios de Recaudaciones daba cuenta que la accionada había abonado los conceptos referidos a las liquidaciones mensuales correspondientes a la obra social Ospecon, en el periodo octubre de 2014 a enero de 2016 no ingresó conceptos sobre aportes sindicales. Respecto de esto último, destacó que no se solicitó informe a la entidad sindical que representa a los trabajadores de la construcción (v. vered., tercera cuestión, fs. 161 vta. y 162).
Sobre esa base fáctica, tras indicar que no obra en autos informe de la obra social, ni constancia de la afiliación sindical del actor, el juzgador declaró que el trabajador no cumplió con lo establecido en el decreto 146/01 (art. 1) para hacerse acreedor de la multa reclamada, en tanto en la intimación no especificó el importe que el demandado debía ingresar a los organismos de seguridad social, ni a cuál de ellos correspondía, por lo que la pretensión debía ser desestimada (v. sent., fs. 150 y vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 19 de la Constitución nacional; 132 bis de la ley 20.744; 1 del decreto 146/01; 44 inc. "d" y "e", 47 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que cita.
Se agravia del rechazo a la aplicación de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que -entiende- transgrede la doctrina elaborada por esta Corte en la causa L. 107.254, "Alveira Garcilazo" (sent. de 5-VI-2013).
Afirma que el sentenciante interpretó erróneamente los alcances de los arts. 1 del decreto 146/01 y 132 bis citado al establecer que en la intimación efectuada debió precisarse el monto, el período y el destino de los aportes efectivamente retenidos y no ingresados, toda vez que la concurrencia de tales requisitos no se encuentra en el texto de la norma (v. fs. 173/175 vta.).
Por otro lado, alega que el juzgador de grado realizó una absurda valoración de las constancias probatorias -el telegrama (v. fs. 4), los recibos de sueldo (v. fs. 5/38), el informe realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (v. fs. 124/126) y el emitido por el Instituto de Recaudadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA; órgano encargado del ingreso de aportes sindicales y de obra social; v. fs. 98/103)-; ello, en tanto, afirma, de su análisis surge con claridad la retención indebida de ciertos aportes previsionales y sindicales (v. fs. 175 vta./176 vta.).
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Ante todo es del caso destacar que ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad la impugnación bajo análisis, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio -a los fines del recurso- resulta de "monto indeterminado" (conf. art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.148, "Ferreira", sent. de 20-XII-2017).
III.2. Inicialmente -y como hube de hacerlo al emitir mi voto en la causa L. 121.673, "García" (sent. de 18-VIII-2020), de características similares a la presente- corresponde rescindir aquel aspecto del fallo por el que el juzgador declaró que la intimación formulada por el trabajador en los términos del art. 1 del decreto 146/01 no abasteció los recaudos impuestos por la norma al no incluir con precisión el monto y destino de los aportes presuntamente retenidos.
El citado precepto normativo establece que, para la procedencia de la sanción conminatoria mensual en favor del trabajador, este "...deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del término de treinta días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos organismos recaudadores...".
En ese marco, y no sin destacar que en el telegrama de fs. 4 se indicó el período en que se denunció la infracción -que, adelanto, coincide con las constancias de la causa-, se colige que el órgano jurisdiccional de grado desestimó la pretensión dirigida al cobro de la penalidad contemplada por el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo por conducto de exigir al actor el cumplimiento de requisitos que no reconocen sustento en la correcta exégesis del texto de la norma.
III.3. Aclarado ello, asiste razón al recurrente en cuanto denuncia que al rechazar la procedencia de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el tribunal de grado incurrió en absurdo, vulnerando el citado precepto y la doctrina legal de este Tribunal.
III.3.a. Ha declarado en forma reiterada esta Corte que la citada norma (conf. ley 25.345) prevé la aplicación de la sanción conminatoria mensual a favor del trabajador en caso de haberse efectivizado retenciones sobre su remuneración en concepto de aportes con destino a los organismos o instituciones que allí se indican, no depositadas por el empleador al momento de la extinción del vínculo, ni al término del plazo de la respectiva intimación (causas L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 107.254, "Alveira Garcilazo", sent. de 5-VI-2013, cuya doctrina denuncia transgredida el recurrente; L. 110.591, "Argüello", sent. de 25-VI-2014 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015).
Asimismo, ha precisado este Tribunal que para la procedencia de dicha sanción deben concurrir los siguientes presupuestos: (i) la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; (ii) la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y (iii) que dicha omisión persista al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, cit.).
III.3.b. En este esquema de análisis, se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis, tal como lo postula el quejoso.
En el estadio procesal del examen y determinación de los hechos controvertidos, en atención a la situación planteada y en orden al objeto del litigio, se advierte que no se ha concretado el estudio idóneo de las circunstancias fácticas y probatorias imprescindibles para la solución del caso. Ello así, pues el juzgador de grado, rechazó la pretensión a partir de un deficiente análisis de la prueba que derivó en una incorrecta conclusión.
En efecto -contrariamente a lo sostenido por el sentenciante-, con sustento en el cotejo de los recibos de sueldo acompañados por el actor a fs. 5/38 y el informe emitido por Administración Federal de Ingresos Públicos (v. fs. 122/126), es posible constatar que, durante los períodos transcurridos entre los meses de octubre de 2014 a enero de 2016, la patronal realizó deducciones al trabajador en concepto de aportes a la seguridad social y nunca dio cumplimiento con su carga de ingresarlos formalmente en su totalidad (vale aclarar que en marzo de 2015 el cumplimiento fue parcial).
Por otro lado, no habiendo sido controvertida en autos la recepción de las comunicaciones postales, surge claramente del telegrama glosado a fs. 4, que Alejandro Ricardo García intimó a su empleadora para que en el plazo de treinta días (art. 1, dec. 146/01) deposite los importes retenidos en concepto de aportes de la seguridad social y sindical.
A partir de lo expuesto, se colige que el tribunal de grado, sobre la base de un análisis equivocado de la prueba, ha delineado conclusiones genéricas desconectadas de las circunstancias particulares del caso, incurriendo en absurdo (causas L. 108.109, "Vanucci", sent. de 29-V-2013 y L. 117.626, "Celestino", sent. de 14-XII-2016).
III.3.c. En definitiva, verificada la retención indebida de aportes con destino a los organismos de la seguridad social, y encontrándose acreditados los presupuestos que tornan viable la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744, corresponde -sin que resulte necesario, por ende, examinar las conclusiones atinentes al ingreso de las cotizaciones de la obra social y sindicato- revocar la sentencia de grado en cuanto desestimó su procedencia.
III.3.d. Ante ese resultado, y si bien en virtud de la regla de la adhesión a la apelación cuya vigencia en la sede extraordinaria ya ha sido sostenida por esta Corte (causas L. 80.404, "Daneri", sent. de 13-IX-2006; L. 103.748, "Caniglia", sent. de 18-VI-2014; L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015; e.o.), se impondría atender los particulares reclamos esgrimidos en autos, así como las defensas que a ellos opuso la demandada en su oportunidad y que no tuvo ocasión de renovar atento el resultado favorable obtenido en la instancia de grado; dicha tarea resultaría ociosa en la especie.
Ello así, en atención a que las escuetas defensas esgrimidas por la patronal respecto del tópico -afincadas en la simple afirmación de su cumplimiento en lo tocante al depósito de las deducciones efectuadas para la seguridad social y, por ende, en la falta de justificación del reclamo (v. contestación de demanda, fs. 72 y vta.)- fueron abastecidas con la argumentación desplegada en los apartados que preceden, con virtualidad adversa a sus pretensiones.
IV. Por lo dicho, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, rubro cuyo progreso aquí se declara.
Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo aquí resuelto.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso prospera.
Acreditados los recaudos para la procedencia de la sanción reclamada -comprensivo del emplazamiento respectivo- y dada la ausencia de elementos que permitan abonar la observancia de la obligación a cargo del empleador demandado, me sumo a la propuesta que formula la doctora Kogan en su exposición.
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la afirmativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2020 10:37:39 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2020 12:22:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2020 18:34:19 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2020 10:33:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2020 13:55:02 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia