Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119109
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.109, "Pedernera, José Luis contra Provincia ART S.A. Sumarísimo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Soria , Torres, de Lázzari .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 416/428).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 435/445).
Conferidos los traslados a las partes respecto de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 470) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor José Luis Pedernera contra Provincia ART S.A., por la que pretendía -con fundamento en la ley especial- el cobro de una indemnización por la incapacidad laborativa derivada del accidente de trabajo que protagonizó el día 30 de diciembre de 2009 (v. fs. 419/428).
En ese orden, cuantificó la prestación dineraria que le correspondía percibir al accionante de acuerdo a las pautas indicadas en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557 (modif. por el dec. 1.694/09), declaró aplicable al caso los arts. 3 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 y, en consecuencia, ordenó sumar a dicho resarcimiento una indemnización adicional equivalente al 20% y, a su vez, ajustarlo conforme al índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables –RIPTE- (v. fs. 425 y vta.).
Para fundar esta última conclusión declaró la inconstitucionalidad de los arts. 16 in fine del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773, por encontrarse en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional (v. fs. 422 vta./425).
Finalmente, dispuso que el capital de condena, desde la fecha del infortunio y hasta la de su efectivo pago, devengaría intereses a la tasa promedio activa que aplica el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento (v. fs. 426).
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, errónea aplicación del decreto 1.694/09 y de la ley 26.773, y violación de los arts. 1.068, 1.069, 1.078, 1.083 y 1.086 del Código Civil; 165, 384 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial y 44 inc. "d" de la ley 11.653; así como de la doctrina legal que identifica.
En sustancia, cuestiona la determinación del quantum de la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente total reconocida en la sentencia.
En ese sentido, sostiene que el tribunal de grado, al aplicar una normativa (el decreto 1.694/09 y la ley 26.773) que no se encontraba vigente cuando aconteció el accidente sufrido por el actor, transgredió el principio de irretroactividad de las leyes, consagrado en el art. 3 del Código Civil y las directrices establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Lucca de Hoz" (sent. de 17-VIII-2010), respecto a la aplicación de las mejoras indemnizatorias previstas en el decreto 1.278/00 (v. fs. 437/439).
Explica que la única norma sobre la vigencia temporal de la ley 26.773 es la del art. 17 apartado 5, en cuanto establece que las disposiciones atinentes a prestaciones dinerarias y en especie de dicha ley se aplican a las contingencias cuya primera manifestación invalidante ocurra con posterioridad a la fecha de su publicación (v. fs. 439).
Alega que el a quo , cuando declaró -de oficio- la inconstitucionalidad de los arts. 17 apartado 5, de la ley 26.773 y 16 del decreto 1.694/09, vulneró el principio de congruencia porque las partes no han formulado ningún planteo sobre la aplicación o validez de dicha normativa (v. fs. 440 vta.).
Desde esa perspectiva, concluye que el monto indemnizatorio establecido en la sentencia es absurdo al ser veinte veces superior al indicado en la demanda (v. fs. 442).
En la misma línea, también impugna la condena al pago de la compensación adicional del 20% prevista en el art. 3 del citado cuerpo legal (v. fs. 442 vta.).
Aduce que el fallo violó la doctrina legal que surge del precedente L. 80.735, "Abaca" (sent. de 7-III-2005), "ya que otorga al accionante una suma que supera y cuadriplica la que le correspondería como reparación integral" (fs. 444).
Por último, objeta la tasa de interés -activa promedio- que ordenó aplicar el juzgador al capital de condena (v. fs. cit.). Entiende que, al utilizar esa tasa, se apartó de la doctrina legal que esta Corte estableció en las causas L. 108.164, "Abraham"; L. 110.487, "Ojer"; L. 102.210, "Campana"; L. 108.142, "Díaz" y L. 90.768, "Vitkauskas" (sents. de 13-XI-2013); L. 94.466, "Ginossi" y C. 101.774 "Ponce" (sents. de 21-X-2009; v. fs. 441 vta. y 442).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en tanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
III.1.b. Luego, se impone destacar que el veredicto carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653 (v. fs. 416). Tampoco se ha incluido la firma de la secretaria (v. fs. 417 vta., 427 y 428), ni hay constancia de su registración.
En tales condiciones cabe precisar que, aun cuando los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Sentado ello, es menester señalar que no le asiste razón a la interesada -conforme doctrina legal de esta Corte- cuando afirma que el tribunal de grado transgredió el principio de congruencia porque declaró -de oficio- la inconstitucionalidad de los arts. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y 16 del decreto 1.694/09, sin que lo haya peticionado la parte actora.
Al respecto, esta Suprema Corte tiene dicho que el ejercicio de la atribución que emana del art. 31 de la Constitución nacional, en el marco del control judicial difuso adoptado por nuestro país, por constituir una cuestión de derecho y no de hecho, faculta a todos los magistrados del territorio a ejercerlo aun de oficio, sin que se produzca un quiebre en la igualdad entre las partes que debe ser garantizada en el proceso, ni afecte la garantía de la defensa en juicio, las que no pueden ser argumentadas frente al derecho aplicable para resolver la contienda (causas L. 100.688, "Fernández", sent. de 11-XI-2009 y L. 102.699, "Mascareño", sent. de 7-XII-2011).
En ese sentido me he explayado, en torno a la facultad de los jueces para declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas, al votar en la causa L. 81.953, "Omar" (sent. de 6-VII-2005) y C. 84.417, "L., J. A." (sent. de 28-V-2014), a cuyas consideraciones por razones de brevedad, me remito.
III.3. Aclarada la aptitud del tribunal de trabajo para ejercer el control oficioso de constitucionalidad, e ingresando al fondo del agravio sub examine , juzgo que debe revocarse la definición de grado respecto a la invalidez constitucional de los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773.
Sobre el particular, he de insistir en que en lo atingente al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, los referidos cuerpos normativos -como ya lo dijo esta Corte- han reiterado aquella regla general contenida en normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
En este marco, es dable recordar que, si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en la especie.
Desde este enfoque, es mi convicción que no cabe la descalificación de dichos preceptos, toda vez que no los advierto, en el caso, en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional, tal como lo sostuvo el a quo en su sentencia.
III.4. Asimismo, consideró procedente la crítica destinada a censurar la aplicación retroactiva de la ley 26.773, más no la vinculada al decreto 1.694/09.
III.4.a. Como fuera señalado, en autos se demostró que el día 30 de diciembre de 2009 el señor José Luis Pedernera sufrió un accidente de trabajo que le provocó una incapacidad total y permanente del 87,2% del índice de la total obrera (v. fs. 417).
En tales condiciones -atento a las circunstancias concretas del caso- es dable concluir que la primera manifestación invalidante de las contingencias padecidas por el actor se produjo en dicha oportunidad.
III.4.b. Al respecto, habré de reproducir -en lo pertinente y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de grado juzgó el caso- los fundamentos expresados por esta Corte al resolver en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), oportunidad en la que presté mi adhesión al voto del colega doctor Genoud.
La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B.O. de 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
De ello se colige que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O. de 3-I-2001 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009).
En efecto, el decreto de necesidad y urgencia 1.278/00 prescribió en su art. 19: "Las modificaciones introducidas por el presente decreto a las leyes N° 24.241 y 24.557, entrarán en vigencia a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial", precisando el art. 8 de su decreto reglamentario 410/01 (B.O. de 17-IV-2001) que: "Las modificaciones previstas en el Decreto que se reglamenta serán aplicables a todas las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir del 1° de marzo de 2001".
En la misma línea, el art. 16 del decreto 1.694/09 determina "Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley N° 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
Conforme lo expuesto, resulta indudable que la modificación del sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo implementada por la ley 26.773 ha mantenido la regla general establecida en las reformas previas, relativa a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio, tema sobre el que me explayaré más adelante. En este escenario cobran virtualidad los criterios interpretativos mediante los cuales esta Suprema Corte ha zanjado los debates relativos al ámbito de aplicación temporal de los decretos 1.278/00 y 1.694/09, antecesores de la ley que aquí es motivo de análisis.
En tal sentido, este Tribunal ha descartado que las modificaciones introducidas a la Ley de Riesgos del Trabajo por el decreto 1.278/00 puedan regir respecto de aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiese producido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del mentado reglamento (causas L. 90.384, "N., P. A.", sent. de 9-V-2007; L. 94.904, "Bertino", sent. de 22-X-2008; L. 94.119, "F., C. V.", sent. de 4-XI-2009; L. 94.456, "Vecchi", sent. de 2-VII-2010; L. 107.414, "S., A. R.", sent. de 26-IX-2012 y L. 109.850, "Aguirre", sent. de 12-VI-2013).
A idéntica solución arribó, dada la similitud de los contextos normativos (arts. 19, dec. 1.278/00; 8, dec. 410/01 y 16, dec. 1.694/09), en ocasión de dirimir la vigencia temporal del decreto 1.694/09 (causas L. 116.513, "Orellana", sent. de 26-III-2014 y L. 116.622, "Bracco", sent. de 15-IV-2015).
Definido lo anterior, resta ahora analizar si el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, en cuanto regula el mecanismo de ajuste de las prestaciones por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, consagra una excepción a la aludida regla general establecida en el art. 17 apartado 5 del mismo texto legal, resultando por tanto aplicable incluso a situaciones acaecidas con anterioridad a su sanción.
III.4.b.i. El referido art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010".
A su vez, a los fines de contextualizar el mecanismo de cálculo al que hace referencia el citado art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 es indispensable tener presente el art. 8 del mismo cuerpo legal, en cuanto dispone que: "Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
III.4.b.ii. Más allá de las deficiencias que podrían endilgarse a la técnica legislativa utilizada por la ley 26.773 para regular estos aspectos, en mi opinión la interpretación sistemática de los preceptos legales aludidos lleva a concluir que el art. 17 apartado 6 del referido cuerpo normativo no establece una excepción a la regla general establecida en el art. 17 apartado 5.
III.4.b.iii. Ello así, en primer lugar, porque esa supuesta salvedad no fue plasmada expresamente en el texto de la ley.
Distinta es la voluntad legislativa declarada de modo concreto y categórico en el art. 17 apartado 7 que establece: "Las disposiciones atinentes al importe y actualización de las prestaciones adicionales por Gran Invalidez entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente, con independencia de la fecha de determinación de esa condición" (el destacado me pertenece) . En este supuesto -ajeno a lo que corresponde aquí resolver, dado los precisos alcances del pronunciamiento y la condena- la ley 26.773 ha excepcionado expresamente la regla general relativa a que las mejoras prestacionales contempladas en la nueva legislación sólo rigen para las contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido con posterioridad a su publicación, disponiendo la aplicación inmediata de la reforma incluso a situaciones acaecidas con anterioridad a su sanción.
En ese contexto, y en tanto no cabe suponer imprevisión o inconsecuencia en la tarea legislativa, no cabe sino concluir en que, para todos los supuestos no excepcionados expresamente, rige sin ambages la regla general establecida en el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
III.4.b.iv. Por otra parte, como ya fue anticipado, la disposición del art. 17 apartado 6 -en cuanto establece que las prestaciones dinerarias "se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010"- no puede interpretarse aislada de la norma del art. 8 del mismo cuerpo legal, que dispone -plasmando una de las innovaciones principales de la ley 26.773 sobre el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo- que las mentadas prestaciones dinerarias por incapacidad permanente se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del referido índice, a cuyos efectos la Secretaría de Seguridad Social "dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
Del juego de ambas normas (arts. 8 y 17 apdo. 6, ley 26.773) se desprende que si la primera establece -con carácter permanente, y para el futuro- el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme el índice RIPTE que deberá publicar semestralmente la Secretaria de Seguridad Social, la segunda regula simplemente el hito temporal (enero de 2010) a partir del cual debe aplicarse aquel indicador al importe de esas mismas prestaciones, siempre para el caso de situaciones sobrevinientes a la publicación de la ley 26.773.
En otras palabras: la ley 26.773 establece que el monto de las prestaciones por incapacidad correspondientes a las contingencias cuya primera manifestación invalidante sea posterior a la fecha de su entrada en vigencia (art. 17 apdo. 5) debe ajustarse semestralmente mediante el índice RIPTE (art. 8); y hasta tanto ese mecanismo se implemente en forma definitiva, la operatoria en cuestión debe tener en cuenta la evolución del módulo escogido (RIPTE) desde el mes de enero de 2010 en adelante (art. 17 apdo. 6).
Como se observa, ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la reforma surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el citado art. 17 apartado 7.
III.4.b.v. Por lo demás, refuerza la hermenéutica aludida la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 34/13 (B.O. de 24-XII-2013).
En cumplimiento de la delegación efectuada por los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, la mentada resolución eleva (por la evolución del índice RIPTE desde el mes de enero del año 2010) la cuantía de las prestaciones adicionales de pago único (art. 11 apdo. 4, LRT), de los "pisos" indemnizatorios de las prestaciones por incapacidades permanentes o muerte (arts. 14 y 15, LRT), y de la compensación adicional por daños no reparados para el caso de muerte o incapacidad total (art. 3, segundo párr., ley 26.773), en todos los casos y por sucesivos períodos, a partir del día 26 de octubre de 2012 (v. arts. 1, 2, 4 inc. "a", 5 inc. "a" y 6 inc. "a", resol. 34/13), cuando comenzó a regir la ley 26.773.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.