Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120398
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.398, "Ramos, Emiliano Luis Alberto contra Federación Patronal Seguros S.A. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, de Lázzari, Soria, Pettigiani, Kogan .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 156/167 vta.).
Se dedujo, por Federación Patronal Seguros S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 182/187).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia del accidente in itinere protagonizado el día 17 de enero de 2014, mientras se trasladaba desde su domicilio a su trabajo, el señor Emiliano Luis Alberto Ramos -empleado de la empresa Refresco Junín S.R.L.- padece una incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva que lo invalida en un 31,91% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 156/157 vta.).
En lo que resulta especialmente relevante para la resolución de la litis, el juzgador de grado condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16 (23 de febrero de 2016)- con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables –RIPTE- (art. 17 apdo. 6) y la indemnización de pago único (art. 3) previstos en la ley 26.773.
Puesto a determinar el importe indemnizatorio establecido en el citado art. 14 apartado 2 inc. "a", el sentenciante lo cuantificó inicialmente en la suma de $233.004 ($5.298,92 x 53 x 31,91% x 2,6; v. sent., fs. 163).
Empero, tras declarar aplicable al caso las pautas indemnizatorias previstas en la resolución 1/16, fijó el quantum de la referida prestación sistémica en la cifra de $300.949,27 ($943.119 x 31,91%).
Asimismo, condenó al pago del 20% que fija el art. 3 de la ley 26.773 ($60.189,85), arribando a un total de $361.139,12.
Luego, consideró que correspondía revalorizar dicho importe por aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773. En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de enero de 2014 (1.004,15) y marzo de 2016 (1.940,55) arrojaba un coeficiente de 1,9, declaró procedente recomponer la prestación, estableciéndola en la suma de $686.164,32 ($361.139,12 x 1,9).
Finalmente, dispuso que al monto de condena resultante se le aplicaran intereses conforme la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" desde la fecha del evento dañoso (17 de enero de 2014) hasta su efectivo pago (v. fs. 163 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 182/187).
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, aduce que la tasa de interés propuesta por el juzgador (pasiva "digital") vulnera la doctrina legal de esta Suprema Corte que emana de las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009), entre varias que cita.
II.2. Por otro lado, cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la citada resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16, en tanto vulnera el principio de irretroactividad de las leyes.
Alega que en el caso se trata de un accidente que ocurrió el día 17 de enero de 2014, por lo que corresponde sea aplicada la resolución 34/13, la cual se encontraba vigente en ese momento.
II.3. Asimismo, objeta que el tribunal haya utilizado como base para calcular las indemnizaciones derivadas del accidente una remuneración superior a la denunciada por el actor en su demanda.
Afirma que del expediente surge que ese salario ($4.894) no fue desconocido por su parte, por lo tanto, no habiendo prueba alguna que demostrara lo contrario, el a quo debió tomar ese valor y no un ingreso base de $5.298,92, importe -señala- al que arriba sin brindar fundamento alguno.
II.4. Se agravia del modo en que el tribunal calculó el índice RIPTE.
Manifiesta que la aplicación del mentado índice sobre el mínimo determinado según la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16 importa una doble actualización de valores.
Sostiene, de conformidad con lo establecido en el decreto 472/14, que el índice RIPTE se utiliza para actualizar el "piso" indemnizatorio del art. 14 de la ley 24.557, así como también la prestación adicional prevista en su art. 11, pero de ningún modo se aplica a fórmulas que ya contienen mínimos actualizados, pues, caso contrario, dicho coeficiente se utilizaría dos veces sobre el mismo monto (v. fs. 184 vta. y 185).
II.5. Finalmente, se opone a la definición del tribunal de origen que adicionó al monto de condena la prestación prevista en el art. 3 de la ley 26.773.
Considera que no se verifican en autos los presupuestos a los que dicha norma condiciona su aplicación, pues al momento del accidente el trabajador no se encontraba en su lugar de trabajo ni a disposición de su empleador.
Dicho criterio -afirma- resulta corroborado en el citado precedente "Espósito" de la Corte federal, del que extrae que la indemnización de referencia no se aplica a los casos de accidentes in itinere .
III. El recurso admite una procedencia parcial.
III.1. De manera preliminar, debe destacarse que el veredicto de fs. 156/157 vta. carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653. Asimismo, se observa que la Actuaria del tribunal de origen no rubricó el mentado veredicto (v. fs. 157 vta.), ni la sentencia (v. fs. 166 vta.), limitándose a suscribir solamente la constancia de registro respectiva (v. fs. 167 vta.). No se sabe, entonces, quien redactó el acta de Acuerdo, ni hay quien dé fe de los votos que allí se volcaron.
Los defectos apuntados constituyen una falencia de forma y no conducen por sí sola a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), pero tampoco pasa inadvertido en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Sentado lo expuesto -e invirtiendo el orden de tratamiento de los agravios por razones metodológicas- entiendo que la crítica respecto al valor del ingreso base, utilizado por el tribunal de grado para cuantificar la prestación indemnizatoria, debe ser rechazada.
Más allá de lo que pudiera opinarse sobre el acierto sustancial de la decisión del tribunal, lo cierto es que el planteo traído no satisface mínimamente los recaudos insoslayables previstos por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
En efecto, esta Corte ha declarado que la determinación del salario diario -o "ingreso base"- a los fines del cálculo de la indemnización por accidente de trabajo, constituye una atribución propia de los magistrados de la instancia ordinaria y sus conclusiones no pueden, en principio, ser reexaminadas en casación, salvo que se acredite la existencia de absurdo (causas L. 58.896, "Pérez", sent. de 31-X-1996 y L. 84.498, "C., A.", sent. de 14-X-2009), vicio invalidante que la accionante omite denunciar, sin que tal falencia pueda ser oficiosamente enmendada por esta Corte (causas L. 100.286, "Pusterla", sent. de 26-V-2010 y L. 115.278, "Rodríguez", sent. de 15-VII-2015), lo que sella la suerte adversa de la crítica.
Reiteradamente ha señalado este Tribunal que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite invocar la existencia del vicio de absurdo cuando se pretende -como en el caso- la apertura de la instancia extraordinaria a la revisión de cuestiones fácticas y probatorias, propias del análisis de los jueces de los tribunales de trabajo en ejercicio de facultades privativas (causas L. 103.508, "Rodríguez Blanco", sent. de 24-IV-2013; L. 118.078, "Hruby", sent. de 9-XII-2015 y L. 118.388, "Astudillo", sent. de 29-III-2017).
III.3. Impugna el recurrente el modo en que se calculó la prestación sistémica.
III.3.a. El tribunal de origen elevó el resultado que arrojaba el cálculo previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, juzgando de aplicación al caso (dec. 472/14) el "piso" contemplado en la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16.
A dicho importe adicionó el 20% del art. 3 de la ley 26.773 y, finalmente, ajustó el total resultante con el del índice RIPTE.
III.3.b. Siguiendo el orden lógico que revela ese proceder, asiste razón al recurrente cuando señala que el juzgador se apartó del entramado normativo que rige el caso examinado, a tenor de las circunstancias que llegan firmes y el hito que se estableció como dirimente a ese fin.
Conforme el contenido de la doctrina sentada por esta Corte a partir del precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, referida al ámbito de aplicación temporal de la ley 26.773, gravitante, a su vez, respecto de la normativa dictada en su marco de actuación, y lo resuelto en causas similares provenientes del mismo órgano jurisdiccional (causas L. 120.709, "Colaneri", sent. de 11-III-2020 y L. 120.927, "Argüello", sent. de 25-VIII-2020; e.o.), corresponde rescindir la aplicación de la resolución 1/16 ya mencionada, estableciendo que para la nueva determinación de la indemnización objeto de reclamo deberá tenerse en consideración el mínimo previsto en la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 34/13, vigente al momento de los hechos examinados en la sentencia.
III.3.c. También debe revocarse la condena fundada en el art. 3 de la ley 26.773.
En efecto, en las causas L. 120.170, "Fleita", sentencia de 29-VII-2015; L. 119.002, "Carabajal", sentencia de 25-IV-2018 y L. 120.205, "Pereyra", sentencia de 11-III-2020, este Tribunal ha resuelto que en el caso de un accidente in itinere no corresponde la indemnización adicional de pago único consagrada en la citada disposición, ya que su propósito es eliminar o restringir las eventuales diferencias habidas -en cuanto a sus valores- entre las reparaciones del sistema de la ley 24.557 y las fundadas en el derecho común (de la que pudiera ser pasible el empleador), hipótesis que es ajena al presente caso.
Lo dicho se encuentra en línea con el temperamento adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial", sentencia de 7-VI-2016 (v. cons. 5° segundo párr.).
III.3.d. Luego, ceñido el abordaje del tema a las disposiciones que rigen el caso en disputa, resulta procedente la crítica concerniente a la aplicación del índice RIPTE al valor que -bajo un método impropio- arrojó el cálculo de la reparación debida.
En ese orden, cobran virtualidad las directrices del precedente L. 118.532, "Godon", sentencia de 5-IV-2017. Allí se estableció que la razonable lectura de los preceptos de la ley 26.773 en juego permite concluir que el índice RIPTE debe ser aplicado a los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.649/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2 de la ley 24.557; a las compensaciones dinerarias adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4; y a la base de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la citada ley 26.773 para los casos de muerte o incapacidad total (arts. 8 y 17 apdo. 6, ley 26.773 -actualmente derogadas por ley 27.348- y resols. de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea-; v. también causa L. 119.986, "Pipito", sent. de 20-XII-2017).
III.4. En cambio, debe rechazarse el agravio esgrimido con relación a la alícuota empleada para el cálculo de los acrecidos.
La decisión del a quo en este punto se adecua al contenido de la doctrina que emerge de las causas L. 118.587, "Trofe" y L. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016, a cuyos fundamentos remito y doy por reproducidos merced a razones de economía procesal.
III.5. Finalmente, dadas las deficiencias del pronunciamiento que llega a revisión, estimo pertinente exhortar a los jueces integrantes del órgano de grado, una vez más, que deben ajustar sus decisiones a las previsiones legales y constitucionales vigentes, de modo tal de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario que conspira contra la eficacia y celeridad en la administración de justicia (art. 15, Const. prov.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada con los alcances expresados en el punto III.3. de este voto.
La causa deberá remitirse al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Costas en el orden causado, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
I.2. A la vez, atento a que el infortunio ocurrió durante la vigencia de la ley 26.773 (17 de enero de 2014), suscribo las consideraciones formuladas en el punto III.3. del sufragio inaugural sobre la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la citada ley, el empleo del índice RIPTE y la aplicación retroactiva de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16.
I.3. Respecto de la impugnación referida a la aplicación de la tasa de interés (pasiva digital) fijada por el tribunal de grado sobre los rubros de condena, habré de realizar las siguientes consideraciones.
I.3.a. Inicialmente, considero necesario subrayar que la doctrina de esta Suprema Corte (sostenida en pronunciamientos como el de las causas Ac. 85.796, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 11-VIII-2004 y C. 99.066, "Blanco de Vicente", sent. de 11-V-2011) ha sido usar la tasa pura siempre y cuando el monto de la condena hubiera sido reajustado por el juzgador, aplicando para ello alguno de los índices de actualización publicado por organismos especializados. En estos casos, a fin de evitar el doble cómputo de la depreciación, los intereses se establecían por dicho período a la tasa del 6% anual.
Sin embargo, en el presente caso el importe indemnizatorio previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, alcanza la suma de $233.004 ($5.298,92 x 53 x 31,91% x 2,6; v. sent., fs. 163) superando el piso de $152.098,69 ($476.649 x 31,91%), al que se llega aplicando la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 34/13, vigente al momento del accidente. En virtud de ello, en la especie no corresponde la "actualización" del capital de condena, ni resulta aplicable la referida solución.
I.3.b. En dicho contexto, el agravio bajo análisis debe ser desestimado a la luz de la actual doctrina legal de esta Corte -aunque, como habré de señalar luego, no haya contribuido a su conformación-. Ello, a pesar de que, a la época del dictado de la sentencia recurrida, e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontrara vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011; y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días. Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (v. causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015 y L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif. y 279 y 289, CPCC).
En función de lo dicho, y -reitero- dejando a salvo mi opinión personal, me atengo a la referida doctrina legal, sentada en las citadas causas y propongo el rechazo de este aspecto del recurso deducido.
I.4. Finalmente, comparto lo expuesto en el punto III.5. del voto que me precede.
II. Por todo lo dicho, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del sufragio inaugural.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Genoud en los puntos III.1. a III.4. de su sufragio y a la solución que plasma en su apartado final.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Genoud, agregando -únicamente- que, con relación al agravio concerniente a la tasa de interés moratorio, lo hago remitiéndome -por razones de brevedad- a los argumentos que he dejado en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente" (sents. de 31-X-2016; e.o.), pues habiéndose consolidado la doctrina legal de este Tribunal superior debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y sus modificatorias, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura en ella sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su voto.
I.2. Luego, el embate por el que se objeta el tipo de tasa de interés aplicada en el fallo de grado sobre el capital de condena debe desestimarse, remitiendo al efecto a la opinión que expuse al emitir mi voto en las causas L. 118.587, Trofe (sent. de 15-VI-2016) y L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016), a las que remito por razones de celeridad.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.