Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121770
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la decisión del tribunal de grado en cuanto, en forma prematura, declaró de oficio su incompetencia. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin que, debidamente integrado, continúe con los trámites procesales pertinentes y, oportunamente, dicte el pronunciamiento que corresponda.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.770, "Salgado, Edgardo Daniel contra Provincia ART S.A. Accidente de trabajo-Acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani, de Lázzari .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, se declaró incompetente de oficio para conocer en las presentes actuaciones (v. fs. 48/50).
Se interpuso, por la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 51/54).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa destacar, en su demanda iniciada contra Provincia ART S.A., el actor Edgardo Daniel Salgado denunció habría sufrido un accidente de trabajo el día 3 de septiembre de 2015 en el marco de sus labores prestadas como marinero para la empresa Bunkerbaires S.A., expuso que realizando maniobras de amarre golpeó su rodilla izquierda en una "vita (hierro de 500 kgs aproximadamente)". Luego, relató que iniciado el trámite administrativo previsto en la ley 24.557, la aseguradora de riesgos del trabajo le abonó una suma de dinero en base a la minusvalía determinada por la Comisión Médica del 6% del índice de la total obrera y en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad parcial, permanente y definitiva; expuso que en autos reclama la diferencia dineraria mensual, derivada de una minusvalía del 17,06% que padece conforme el ingreso base mensual que denuncia y con arreglo a las prestaciones económicas contempladas en los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773 (v. fs. 34/45).
El tribunal de grado se declaró de oficio incompetente para conocer en la presente causa y dispuso su archivo. Para así decidir, refirió que en el caso no se trata de "cualquier trabajador" sino de un marinero. Resaltó que conforme lo referido por el accionante, las tareas consistían en "hacer guardia en buques en búsqueda de obstáculos o para localizar ayudas a la navegación tales como boyas o faros, marcas de navegación o peligros, etc.", y que el buque donde realizaba su labor navegaba realizando el "servicio de transporte fluvial y lacustre de carga" (v. fs. 48 vta. y 49).
Seguidamente, con apoyo en precedentes de la Corte nacional, juzgó que resultaban aplicables los arts. 610 a 616 de la ley 20.094, puesto que -afirmó- consagran la competencia del fuero de excepción para conocer en todas aquellas acciones derivadas de un contrato de ajuste cumplido en un buque de bandera nacional. Sostuvo que, si bien en este caso no se trataría de las cuestiones que hacen al contrato de ajuste en sí, un accidente de trabajo sufrido por una persona que labora bajo aquella figura contractual debe seguir el mismo criterio (v. fs. 49). También fundamentó la solución adoptada en la doctrina legal de esta Corte emergente de la causa L. 118.847, "Díaz", sentencia de 4-VIII-2016 y consideró que la controversia resultaba comprendida en el art. 116 de la Constitución nacional, por lo que debía declinar su intervención (v. fs. 48/50).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 116 de la Constitución nacional; 610 a 616 de la ley 20.094 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 51/54).
Plantea los siguientes cuestionamientos:
Postula que las leyes actuadas por el juzgador de origen, cuyo quebranto denuncia, no constituyeron el fundamento jurídico de la demanda, que -afirma- se basó en normas laborales y en la tacha de inconstitucionalidad de determinados preceptos de la ley 24.557.
En este orden, cita fallos de la Corte nacional y de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en los que se dijo que para decidir cuál es el juez competente no cabe atenerse a la ley que pueda resultar en definitiva aplicable, sino a la que se invoca como sustento de la acción entablada.
Reseña distintos pronunciamientos emanados de los referidos órganos jurisdiccionales con arreglo a los cuales se declaró la aptitud jurisdiccional del fuero del trabajo provincial para conocer en causas fundadas en la citada ley 24.557.
Alega que no se demanda en autos a la empleadora, sino solo a la aseguradora de riesgos del trabajo, insistiendo en que el reclamo es ajeno a la órbita federal.
Asegura que la Ley de la Navegación asigna competencia a los tribunales nacionales -o provinciales- en acciones derivadas de contratos de ajuste a cumplirse a bordo de buques de bandera nacional, por lo que considera que es errónea la decisión del tribunal de grado de apartarse del conocimiento de la causa.
Resalta que distintos tribunales del fuero laboral decretaron la competencia territorial en un accidente de trabajo ocurrido a bordo de un buque de bandera nacional.
Finalmente, expresa que el presente caso "no sería subsumible" a la doctrina del fallo L. 118.847, "Díaz", sentencia de 4-VIII-2016, como se afirma en el resolutorio en crisis, ya que aquí no se reclamó por diferencias salariales derivadas del contrato de ajuste, ni se demandó a la empleadora, sino que sería "asimilable" a la doctrina de la causa L. 118.758, "Acharez", sentencia de 21-IX-2016.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que no superando el valor del litigio el monto mínimo para recurrir contemplado en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, el medio de impugnación en análisis ha sido concedido por el tribunal de grado en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 55), resolución que no ha sido objeto de cuestionamiento.
Luego, y no habiendo el recurrente desplegado ningún argumento con el objeto de demostrar la presencia de otro supuesto que autorice a desplazar el requisito relativo a la cuantía económica al que se aludió anteriormente, la función revisora de esta Suprema Corte ha de circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el citado precepto del régimen adjetivo laboral local, que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015 y L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018).
III.2. Bajo estos lindes, no se verifica la presencia en autos el mentado presupuesto de excepción.
Las directrices jurisprudenciales que el impugnante señala infringidas, lejos de hallarse referidas a la interpretación de normas que -eventualmente- pudieron haber regido la relación sustancial del caso, versan sobre una cuestión ajena, de naturaleza procesal, como lo es aquella vinculada con la alegada competencia del tribunal de trabajo. Siendo ello así, su invocación no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el estrecho conducto que contempla el art. 55 de la ley 11.653 (causas L. 93.561, "Aguirre", sent. de 6-VI-2011; L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013 y L. 118.971, "Acri", sent. de 14-IX-2016).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el recurso interpuesto. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En mi opinión el recurso ha de prosperar con los siguientes alcances.
I.1. De modo preliminar, corresponde destacar -como lo hizo el ponente- que el medio de impugnación en tratamiento ha sido concedido en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 55), por lo que en ese acotado marco de revisión ha de examinarse la impugnación traída.
I.2. En tal contexto, acierta el recurrente al denunciar el quebranto de la doctrina legal forjada en la causa L. 118.758, "Acharez" (sent. de 21-IX-2016) y, en ese orden, encuentro pertinente reproducir -en lo sustancial- el desarrollo argumental allí plasmado, a fin de dar respuesta al recurso bajo análisis.
Al respecto, debo precisar que la competencia federal es de excepción (causas L. 56.609, "Monje", sent. de 27-XII-1994; L. 56.942, "Podestá", sent. de 24-IV-1995 y L. 61.368, "Escalante", sent. de 27-II-1996), por lo que la intervención de la justicia federal es privativa, en cuanto excluye a la provincial de las causas que la Constitución y las leyes le asignen a aquélla y, en consecuencia, en tales casos, los tribunales de provincia deben declarar su incompetencia, aun de oficio, en cualquier estado del proceso (causa L. 33.196, "Redon", sent. de 29-V-1984).
Sin embargo, estimo que, en el caso, a diferencia de lo acontecido en la causa L. 118.847, "Díaz" (sent. de 4-VIII-2016; citada por el tribunal a fin de fundamentar su decisión), los elementos de juicio reunidos no permiten tener por verificados los extremos dirimentes para concluir en este estado de la causa, que el referido fuero de excepción es el competente para conocer en autos. Veamos:
I.3. Como se recordó en la citada causa L. 118.758, el art. 116 de la Constitución nacional consagra la competencia federal rationae materia respecto de aquellos juicios que versen sobre almirantazgo (refiere a hechos que acontecen en el mar) y jurisdicción marítima; por su lado, el art. 2 en sus incs. 8, 9 y 10 de la ley 48 especifica los supuestos comprendidos en dicha materia de orden constitucional.
A su vez, las disposiciones contenidas en los arts. 610 a 616 de la ley 20.094, cuyo texto no ha sido modificado a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 4 y 7, ley 26.994, conf. ley 27.077), atribuyen la competencia federal en aquellas acciones derivadas de un contrato de ajuste que fue o debió ser cumplido en un buque de bandera nacional, respectivamente.
En esta línea de ideas, es doctrina legal de esta Corte que, justificado que el demandante prestó servicios como "marinero" en un buque destinado a la navegación interprovincial e internacional, la causa promovida por la extinción del contrato de ajuste corresponde, en consecuencia, a la competencia de la justicia federal (causa L. 33.196, cit.; e.o.).
I.4. En el caso, para apartarse del conocimiento de la causa, el tribunal de grado, apreció como relevantes los extremos vertidos por el actor en el escrito de inicio respecto a que era "un marinero", y que "el buque donde el actor realizaba su labor navegaba realizando el servicio de transporte fluvial y lacustre de carga". Por último, infirió la existencia de un contrato de ajuste. En tales términos juzgó de aplicación al caso los arts. 610 a 616 de la ley 20.094, citando en su apoyo las directrices emergentes de la citada causa L. 118.847 y el art. 116 de la Constitución nacional y su ley reglamentaria.
Empero, ni bien se repara en los elementos de juicio apreciados por el órgano de origen, se colige que las circunstancias definitorias para la determinación de la competencia federal en razón de la materia en aquellas causas vinculadas al almirantazgo y jurisdicción marítima establecidas por las evocadas normas constitucionales y legales, así como la doctrina legal elaborada en torno a éstas, no se presentan -de modo cabal y concluyente- en la especie, por lo que mal pudo el órgano inferior de grado concluir en el sentido que lo hizo.
Para más, en la especie, el actor no demandó a su empleadora -Bunkerbaires S.A.- con motivo de alguna cuestión derivada de su contrato de ajuste. Por el contrario, inició su acción contra Provincia ART S.A. con fundamento en la ley 24.557 en procura de una indemnización que contemple una incapacidad del 17,06% en lugar de la del 6% reconocida en sede administrativa. En otras palabras, además de plantear la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Riesgos del Trabajo, el actor reclama una diferencia indemnizatoria por la incapacidad derivada de un accidente ya reconocido por la aseguradora demandada.
En consecuencia, como anticipé, el pronunciamiento impugnado debe modificarse por haber sido dictado en forma prematura.
Recuérdese que razones de orden público hacen que la Constitución nacional haya organizado una jurisdicción nacional o federal (arts. 108 y 110) encargada de conocer en las cuestiones que taxativamente prevén en los arts. 116 y 117. Esta jurisdicción federal es limitada, excepcional y atribuida en razón de la materia, de las personas o de los lugares (causa L. 85.509, "Vergara", sent. de 17-V-2006).
I.5. En virtud de la solución propiciada, deviene abstracto el tratamiento de los demás reproches ensayados.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la decisión del tribunal de grado en cuanto, en forma prematura, declaró de oficio su incompetencia para intervenir en las presentes actuaciones.
Los autos deberán volver al órgano de origen a fin que, debidamente integrado, continúe con los trámites procesales pertinentes y, oportunamente, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Con los alcances indicados , así lo voto.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan de conformidad con la postura que sostuve en L. 120.469, "Fariña" (sent. de 9-V-2018), proveniente del mismo órgano jurisdiccional.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Desde que ha habido un indebido apartamiento de lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa L. 118.758, "Acharez" (sent. de 21-IX-2016), he de votar adhiriendo a la propuesta de la doctora Kogan.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la decisión del tribunal de grado en cuanto, en forma prematura, declaró de oficio su incompetencia. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin que, debidamente integrado, continúe con los trámites procesales pertinentes y, oportunamente, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2020 10:15:43 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2020 10:37:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2020 12:23:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2020 18:34:30 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2020 10:33:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2020 13:57:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia