Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121016
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.016, "Santillán, Guillermo Adrián contra Galeno ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Pettigiani, Kogan, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 132/137 vta.).
Se interpuso, por Galeno ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 151/157 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Guillermo Adrián Santillán y condenó a Galeno ART S.A. al pago de las prestaciones dinerarias establecidas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) dispuesto en la ley 26.773.
Para así decidir, juzgó acreditado que el día 10 de enero de 2013 el actor protagonizó un accidente de trabajo y que como consecuencia de éste presenta una limitación funcional del tobillo que le provoca una incapacidad permanente del 11% del índice de la total obrera (v. fs. 132/133).
Luego, cuantificó la prestación dineraria pertinente "...sobre la base de las disposiciones de los arts. 6, 14 inc. A de la LRT, 3 y 8 de la ley 26.773 y resolución de la Secretaría de Seguridad Social 1/16 (B.O.1/3/2016)", en ese orden -de acuerdo a las pautas indicadas en el citado art. 14 apartado 2 inc. "a"- fijó el monto de $52.746,05 y lo multiplicó por el índice correspondiente al mes de marzo del año 2016 y su resultado por 1,20, arribando a la suma total de $152.098,511 (v. fs. 136).
Finalmente dispuso que el capital de condena, desde la fecha del infortunio hasta el total y efectivo pago, devengue intereses a la tasa pasiva que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de depósitos plazo fijo digital a treinta días (v. fs. cit.).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18 y 33 de la Constitución nacional; 9 y 10 de la Constitución provincial; 8 incs. "a", "b" y "c" y 22 de la ley 9.688; 44 inc. "e", 47 y 65 del decreto ley 7.718/71; 330, 354 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; y de la resolución del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil 7/89 (v. fs. 151/157 vta.).
Señala que la actualización por el índice RIPTE fue prevista por el legislador para las compensaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos contemplados en el decreto 1.694/09, pero no para aplicar sobre el resultado de las fórmulas establecidas en los arts. 14 y 15 de la Ley de Riesgos del Trabajo como erróneamente consideró el a quo .
Explica que tomando en consideración los parámetros previstos en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de esa ley, el quantum indemnizatorio ascendería a la suma de $52.746,05, mientras que, de acuerdo a la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 que considera aplicable, el importe es de $40.659,30.
Afirma que el cálculo realizado en la sentencia, sumado a la aplicación de la tasa de interés ordenada por el tribunal conllevaría una triple actualización de los montos de condena, violatoria de la garantía constitucional de propiedad.
En apoyo de su postulación invoca los precedentes L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) de este Superior Tribunal y "Espósito" (sent. de 7-VI-2016) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 155/156 vta.).
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. Inicialmente corresponde señalar que en la especie el valor de lo cuestionado no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; Acordada 3803/16), razón por la cual la admisibilidad del recurso deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo - in fine - de la ley 11.653.
III.2. Sin perjuicio de lo anterior, el pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Pelaez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
Siendo ello así y siguiendo el criterio adoptado por esta Suprema Corte en el precedente L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), le asiste razón a la interesada en cuanto se agravia del modo en que el juzgador dispuso la utilización del índice RIPTE previsto en la indicada ley.
Conforme su doctrina, el referido índice debe aplicarse a los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2; las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4; y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas en casos de muerte o incapacidad total (arts. 8 y 17 apdo. 6, ley 26.773; resols. Secretaría de la Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea-; dec. 472/14).
Por ello, corresponde revocar la sentencia de grado, en tanto el tribunal empleó erróneamente el mentado índice sobre el importe de las prestaciones previstas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
III.3. También debe prosperar el planteo por el que se objeta la aplicación al caso de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16.
En la causa L. 120.206, "Ponce" (sent. de 22-VI-2020), así como en otras de similar tenor (causas L. 119.954, "Rodríguez", sent. de 8-VII-2020 y L. 120.061, "Bruno", sent. de 14-VII-2020), esta Corte resolvió que corresponde emplear el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones dinerarias del régimen de infortunios laborales conforme el índice RIPTE publicado semestralmente por la Secretaría de Seguridad Social siguiendo las reglas de la doctrina sentada en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016; reiterada en las causas L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016 y L. 117.417, "Maidana", sent. de 31-X-2016; e.o.), lo que conduce a considerar a los fines de definir la aplicación temporal de la norma, el momento en que se produce la primera manifestación invalidante.
Teniendo en cuenta que -según puede extraerse del pronunciamiento de grado- aquel suceso aconteció el día 10 de enero de 2013, no resulta aplicable la resolución 1/16 sino la resolución 34/13 de -siempre- la cartera antes mencionada.
En consecuencia, también cabe revocar la sentencia de grado en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa normativa, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido con el alcance indicado en los apartados III.2. y III.3. de la presente. En la instancia de origen deberá practicarse nueva liquidación, con arreglo a lo expuesto. Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso debe prosperar.
I.1. Como señala el doctor Soria, el valor de lo cuestionado en esta instancia no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En tales condiciones, la revisión del pronunciamiento debe efectuarse en el marco que provee el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Bajo tales lineamientos considero que la impugnación al modo en que el tribunal aplicó el índice RIPTE satisface los recaudos de una adecuada fundamentación, y en ese marco, cobran virtualidad las directrices que sobre la temática examinada ha fijado este Tribunal a partir del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016 y, en particular, el punto III.2.d.(v)), con derivación en la causa L. 118.532, "Godon", sentencia de 5-IV-2017, cuyos fundamentos doy por reproducidos merced a motivos de brevedad.
En esos términos, comparto la propuesta efectuada por el colega en el punto III.2. de su exposición de rescindir la mensura de la prestación sistémica, en tanto el juzgador de origen se sustrajo de la recta interpretación de las normas aplicables al caso.
I.2. También, suscribo la propuesta decisoria contenida en el apartado III.3. del sufragio inaugural.
II. Con el alcance indicado, corresponde admitir el recurso de inaplicabilidad de ley traído. Costas a la vencida (arts. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Pettigiani , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2020 10:37:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2020 12:23:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2020 18:34:24 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2020 10:33:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2020 21:03:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2020 22:17:47 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia