Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122006
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19 y 63, ley 11.653; y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.006, "Tripailao, Gustavo Oscar contra Construcciones Térmicas S.A. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Pettigiani, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas a la demandada del modo que especificó (v. sent., fs. 167/178).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 5 de junio de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Gustavo Oscar Tripailao contra Construcciones Térmicas S.A. condenándola al pago de las sumas que estableció en concepto de diferencias salariales, vacaciones adeudadas, fondo del cese laboral (art. 15, ley 22.250), y aquellas con sustento en los arts. 80 de la ley 20.744; 53 ter de la ley 11.653 y 18 de la ley 22.250 (v. sent., fs. 146/156).
Rechazó en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión por la que se procuraba el cobro de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Para así resolver, sostuvo que si bien del informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) surgía que, tanto la contribución patronal de obra social como los aportes de seguridad social, se encontraban impagos en algunos períodos; respecto de la primera no informaba el posible pago realizado en forma tardía, mientras que, en relación a los segundos, alegó que se contradecía con la "Nómina de Empleados" adjuntada a fs. 130/147, en la cual figuraban las remuneraciones del accionante expuestas en la declaración jurada vigente de Seguridad Social de la empresa (v. vered., fs. 169 y vta.).
Luego, agregó que del informe del Instituto Mandatarios de Recaudaciones, no podía extraerse que no se hubieran ingresado los aportes retenidos, en tanto no se le había requerido informe a la entidad sindical que representaba al trabajador (UOCRA; v. vered., tercera cuestión, fs. 169 vta.).
Por ello, concluyó que no logró acreditarse que los importes retenidos por la empleadora no hubieran sido transferidos a los organismos a los que estaban destinados (v. sent., fs. 173).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 132 bis de la ley 20.744; 1 del decreto 146/01; 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que cita.
Se agravia del rechazo de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, por entender que la decisión de grado resulta absurda y violatoria de la doctrina elaborada por esta Corte en las causas L. 107.254, "Alveira Garcilazo" (sent. de 5-VI-2013) y L. 109.165, "Contreras" (sent. de 10-XII-2014).
Puntualiza -en lo esencial- que el juzgador no observó los recaudos previstos en dicha norma y arribó a una decisión arbitraria, por cuanto de los recibos de haberes glosados a fs. 9/44 y las planillas adjuntadas por la AFIP a fs. 123/124, surge con claridad que la empleadora retuvo los aportes del trabajador con destino a la seguridad social y, en los períodos transcurridos entre los meses de octubre de 2014 a febrero de 2015 y abril de 2015 a noviembre de 2015, no fueron ingresados -total o parcialmente- a los organismos correspondientes.
Aduce que, al resolver que el informe de la AFIP se contrapuso con la "Nómina de Empleados" (adjuntada por el mismo organismo a fs. 130/147 y que informa respecto de circunstancias diferentes a la aquí debatida), no realizó un razonamiento lógico, sino con criterio restrictivo en beneficio del evasor, lo cual resulta contrario a la finalidad del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Agrega que también dio cumplimiento a la intimación prevista en el decreto 146/01 (v. telegrama, fs. 8).
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Ante todo es del caso destacar que ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad la impugnación bajo análisis, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acredite de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio -a los fines del recurso- resulta de "monto indeterminado" (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.148, "Ferreira", sent de 20-XII-2017).
III.2. Aclarado ello, considero que acierta el recurrente al denunciar la errónea aplicación que del art. 132 bis se realizó en el fallo de grado.
Ello así, toda vez que, aun cuando determinar -con arreglo a la prueba producida en la causa- si se verifican los requisitos a que dicho dispositivo legal subordina la aplicación de la sanción conminatoria mensual allí prevista, constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo y las conclusiones que al respecto se formulen en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 116.633, "De Luca", sent. de 18-IX-2013; L. 119.786, "Gómez Jimenez", sent. de 27-VI-2018; e.o.), estimo que la configuración de dicho vicio invalidante se ha logrado acreditar en autos.
III.2.a. El artículo citado, introducido en la Ley de Contrato de Trabajo por el art. 43 de la ley 25.345, en la parte pertinente, dispone: "Si el empleador hubiere retenido aportes del trabajador con destino a los organismos de la seguridad social, o cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores en virtud de normas legales o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo, o que resulten de su carácter de afiliados a asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial, o de miembros de sociedades mutuales o cooperativas, o por servicios y demás prestaciones que otorguen dichas entidades, y al momento de producirse la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa no hubiere ingresado total o parcialmente esos importes a favor de los organismos, entidades o instituciones a los que estuvieren destinados, deberá a partir de ese momento pagar al trabajador afectado una sanción conminatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de este último al momento de operarse la extinción del contrato de trabajo, importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acreditare de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos".
La norma es clara. De su correcta exégesis se colige que el presupuesto fáctico por ella aprehendido es la retención de aportes del trabajador por parte del empleador, no ingresados a los respectivos entes recaudadores. Téngase presente que este último, en materia de recursos destinados a los organismos de la seguridad social y entes sindicales, actúa en un doble carácter: como obligado directo respecto de los importes que la ley y convenciones colectivas de trabajo ponen a su cargo y como agente de retención de aquellos ítems cuyo pago recae en cabeza del dependiente.
En este sentido, esta Corte ha declarado que, para la procedencia de la sanción conminatoria mensual a favor del trabajador que establece el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 25.345), deben concurrir los presupuestos que la norma determina, a saber: a) la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que hace referencia; b) la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente, los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados y c) que dicha omisión persista al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 91.994, "Bravo", sent. de 9-IX-2009; L. 108.019, cit.; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015).
III.2.b. En el estadio procesal del examen y determinación de los hechos controvertidos, en atención a la situación planteada y en orden al objeto del litigio, se advierte que no se ha concretado el estudio idóneo de las circunstancias fácticas y probatorias imprescindibles para la solución del caso. Ello así, pues el juzgador de grado, rechazó la pretensión a partir de un deficiente análisis de la prueba que derivó en una incorrecta conclusión.
En efecto -contrariamente a lo sostenido por el sentenciante-, con sustento en el cotejo de los recibos de sueldo acompañados por el actor a fs. 9/44 y del informe emitido por la AFIP, es posible constatar que durante los períodos transcurridos entre los meses de octubre de 2014 a febrero de 2015 y abril de 2015 a noviembre de 2015, la patronal realizó deducciones al trabajador en concepto de aportes a la seguridad social y nunca dio cumplimiento con su carga de ingresarlos formalmente (v. fs. 123/124).
Y si bien el sentenciante apoyó su decisión en la presunta contradicción que encontraría entre dicha documentación y la "Nómina de Empleados" (v. fs. 130/147), tal argumento se desvanece si se repara en que esta última se trata de una declaración jurada del propio empleador respecto de sus obligaciones ante la Seguridad Social (Formulario AFIP 931) que, además aparece descalificada por el propio informe de la Agencia de Recaudación en cuanto indicó que no hay constancia de que se efectuaran pagos en forma tardía (v. fs. 148).
Asimismo, no habiendo sido controvertida en autos la recepción de las comunicaciones postales, surge claramente del telegrama glosado a fs. 8, que Tripailao intimó a su empleadora (1 de noviembre de 2016) para que en el plazo de treinta días (art. 1, dec. 146/01) deposite los importes retenidos en concepto de aportes de la seguridad social.
Por otro lado, cabe agregar que no se advierte de la lectura de la causa que el demandado haya aportado elemento de prueba alguno que dé cuenta del cumplimiento de su carga de ingresar las deducciones realizadas con destino al sistema previsional en los períodos aludidos.
A partir de lo expuesto, se colige que el tribunal de grado, sobre la base de un análisis equivocado de la prueba, ha delineado conclusiones genéricas desconectadas de las circunstancias particulares del caso, incurriendo en absurdo (causas L. 108.109, "Vanucci", sent. de 29-V-2013 y L. 117.626, "Celestino", sent. de 14-XII-2016).
III.2.c. En ese esquema de análisis, y resultando gravitante ponderar que, en el marco de las normas antievasión en que fue dictada la ley 25.345 que incorporó el art. 132 bis al texto de la Ley de Contrato de Trabajo, la faena hermenéutica en materia de la mencionada disposición no puede concebirse con criterio restrictivo en beneficio del evasor, pues ello contraría la finalidad de la ley, cual es erradicar el incumplimiento al régimen de aportes y contribuciones a la seguridad social; surge nítido -entonces- que, en la especie, acierta el recurrente al denunciar absurdo en la labor intelectiva del sentenciante, evidenciándose el presunto incumplimiento por parte de Construcciones Térmicas S.A. a los requisitos formales dispuestos por la normativa vigente y que condicionan la procedencia de la sanción conminatoria peticionada.
Sentado lo que antecede, corresponde casar la sentencia impugnada.
III.2.d. Ante ese resultado y si bien en virtud de la regla de la adhesión a la apelación cuya vigencia en la sede extraordinaria ya ha sido sostenida por esta Corte (causas L. 80.404, "Daneri", sent. de 13-IX-2006; L. 103.748, "Caniglia", sent. de 18-VI-2014; L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015; e.o.), se impone atender los particulares reclamos esgrimidos en autos, así como las defensas que a ellos opuso la demandada en su oportunidad y que no tuvo ocasión de renovar atento el resultado favorable obtenido en la instancia de grado; dicha tarea resultaría ociosa en la especie.
Ello así, en atención a que las escuetas defensas esgrimidas por la patronal respecto del tópico -afincadas en la simple afirmación de su cumplimiento en lo tocante al depósito de las deducciones efectuadas y, por ende, en la falta de justificación del reclamo (v. contestación de demanda, fs. 74 vta.)- fueron abastecidas con la argumentación desplegada en los apartados que preceden, con virtualidad adversa a sus pretensiones.
IV. Por lo dicho, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, rubro cuyo progreso aquí se declara.
Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo aquí resuelto.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19 y 63, ley 11.653; y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Pettigiani y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19 y 63, ley 11.653; y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2020 10:37:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2020 12:23:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2020 18:34:22 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2020 10:33:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2020 13:58:56 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia