Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120418
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.418, "Buccetti, Hugo Alberto contra Provincia ART S.A. Diferencia indemnización", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Pettigiani, Kogan .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 99/106 vta.).
Se interpusieron, por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 116/126 vta. y 127/133 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 116/126 vta.?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de fs. 127/133 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Hugo Alberto Buccetti y condenó a Provincia ART S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución 1/16 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social- y la prevista en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) dispuesto en esta última.
Para así decidir, tras declarar la cuestión debatida como de puro derecho (v. fs. 87 y vta.), señaló que en autos no se encontraba controvertido que el día 10 de enero de 2002 el actor sufrió un accidente de trabajo que le provocó una incapacidad laboral del 5% del índice de la total obrera (v. fs. 99 vta.).
Sobre ese escenario, con sustento en un precedente del mismo tribunal y en la doctrina autoral, estableció que la ley 26.773 debía aplicarse a las contingencias acaecidas aún con anterioridad a su entrada en vigencia. Señaló que esta conclusión no importaba aplicarla en forma retroactiva, puesto que se trababa de una reparación no consumada, en cuanto al momento de dictarse el fallo la prestación dineraria no se encontraba cumplida. A partir de esas conclusiones declaró la invalidez constitucional del art. 17 apartado 5 de la mencionada ley, "por encontrarse en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la C.N. y con el principio de la aplicación inmediata de la nueva ley (art. 3 Cód. Civil)", ponderando además, que dicha solución luce "en sintonía con el principio de progresividad" (fs. 100/102).
Luego, puesto a cuantificar la prestación dineraria que le correspondía percibir a Buccetti, declaró aplicable al caso la resolución 1/16 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como el art. 3 de la ley 26.773. En ese orden, multiplicó el importe de $9.431,13 por el porcentaje de incapacidad, y a dicho resultado le sumó además una indemnización adicional equivalente al 20%. A su vez, al monto alcanzado le aplicó el índice RIPTE, arribando a un total de $1.016.870,90 en concepto de prestaciones dinerarias adeudadas al actor por la incapacidad laboral que padece como consecuencia del accidente de trabajo que protagonizó (v. fs. 102 vta.).
Finalmente, dispuso que al capital de condena "se le aditen (rectius: adicionen) los intereses a partir de la presente sentencia hasta su efectivo pago a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del Sistema Banca Internet Provincia" (fs. cit.; el destacado figura en el original).
II. Contra dicho pronunciamiento Provincia ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 17, 18 y 75 de la Constitución nacional; 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 3, 21, 622, 656, 953, 1.071 y 1.198 del Código Civil; 14 de la ley 24.557; 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 3, 8 y 17 apartados 5, 6 y 8 de la ley 26.773; 16 del decreto 1.694/09; 2 de la resolución 414/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y de la doctrina legal que identifica.
II.1. Señala que el órgano judicial de grado, al aplicar la ley 26.773 -que no se encontraba vigente cuando aconteció el accidente sufrido por el actor- y descalificar además la validez constitucional de su art. 17 apartado 5, transgredió el principio de congruencia, y la doctrina legal que este superior Tribunal ha establecido en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha seguido en la causa "Espósito" (sent. de 7-VI-2016), respecto al ámbito de aplicación de las mejoras indemnizatorias previstas en la ley indicada (v. fs. 118/119 vta.).
II.2. A su vez, alega que el a quo aplicó erróneamente el índice RIPTE sobre los pisos indemnizatorios mínimos ya actualizados mediante la resolución 1/16 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el art. 3 de la ley 26.773 (v. fs. 120 vta.). Aduce que la interpretación plasmada en el fallo carece de fundamento e implica un apartamiento de las disposiciones contenidas en el decreto 472/14, el cual determina que el incremento conforme la variación del índice referido sólo corresponde a las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al art. 11 de la ley 24.557, y a los pisos mínimos establecidos en el decreto 1.694/09 (v. fs. 121 vta./123).
II.3. Por otro lado, objeta la tasa de interés pasiva digital que aplicó el juzgador al capital de condena (v. fs. 123 vta.). Expone que, al utilizar esa alícuota, el sentenciante infringió la doctrina legal que esta Corte estableció -entre otras que cita- en la causa C. 101.774, "Ponce" (sent. de 21-X-2009), y tarificó luego en L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), declarando también la inconstitucionalidad de la ley 14.399 (v. fs. 123 vta./126).
II.4. Finalmente, cuestiona la condena en costas porque -en su opinión- la acción deducida es improcedente (v. fs. 126 y vta.).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De manera preliminar, se impone destacar que la secretaria del tribunal de origen no rubricó la sentencia, limitándose a suscribir solamente la constancia de registro respectiva (v. fs. 105 vta. y 106 vta.). No se sabe, entonces, quién redactó el acta de Acuerdo, ni hay quién dé fe de los votos que allí se volcaron.
El defecto apuntado constituye una falencia de forma y no conduce por sí sola a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), pero tampoco pasa inadvertido en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
Es más: el uso de términos que no existen en el idioma castellano ("aditir" o "aditar", o sus conjugaciones, no pertenecen a nuestra lengua), unido al inútil resaltado de párrafos o el indiscriminado uso de las mayúsculas, nos acerca peligrosamente a una situación similar al caso "Orgeira" (Fallos: 315:856), donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló una sentencia con parecidos defectos, por considerar que conspiraba contra una clara comprensión de argumentos y no lograba fundar mínimamente la resolución.
III.2. Sentado ello, debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de ley 26.773, pronunciada en la instancia ordinaria, por razones similares a las que sostuve en la causa L. 120.062, "Guzmán" (sent. de 30-V-2020).
III.2.a. En el pronunciamiento de grado, so pretexto de contradecir ciertos preceptos de la Constitución nacional, se margina del caso la operatividad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, declarándose su invalidez material. Ello pretende encontrar fundamento en que la nueva ley es aplicable de conformidad con lo previsto en el art. 3 del Código Civil y el art. 7 del Código Civil y Comercial vigente, por sobre las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
Al respecto, debe recordarse que, según doctrina de esta Corte, la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN, Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
De allí que la atribución de pronunciarse en tales términos sobre un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
La fundamentación intentada en la sentencia no cumple con tales previsiones, ni se evidencia que, para la determinación de su entrada en vigencia, la ley haya escogido un criterio falto de razonabilidad (todo ello más allá de mi personal opinión respecto de la extensión del ámbito de aplicación del precepto).
III.2.b. Por otro lado, tampoco la genérica alusión al "principio de progresividad" que el tribunal sitúa -por conducto del art. 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional- en los tratados internacionales allí mencionados, justifica la decisión adoptada; máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN, causa "Arcuri Rojas, Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
III.2.c. Para más, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta el art. 17 apartado 5 de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la adoptada en la sentencia impugnada.
III.3. En este contexto, cabe destacar que le asiste razón a la recurrente cuando denuncia que el tribunal de grado transgredió la doctrina legal actualmente vigente.
III.3.a. En la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), invocada en el recurso, he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.3.b. Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
III.3.c. A tenor de lo señalado, y teniendo en cuenta la fecha del accidente de trabajo de Buccetti (10 de enero de 2002), corresponde hacer lugar a este tramo del recurso en cuanto en el fallo se dispuso la aplicación de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda, de conformidad con lo que aquí se decide.
III.4. En virtud de lo resuelto en los apartados anteriores, donde propongo revocar la actualización del importe de condena dispuesta por el tribunal a quo con sustento en la ley 26.773, deviene inoficioso el abordaje del agravio concerniente a la errónea aplicación del índice RIPTE y del decreto 472/14 (v. fs. 120 vta./123). Ello así, toda vez que no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 96.268, "Cirigliano", sent. de 4-III-2009; L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011; L. 103.904, "Ibañez", sent. de 10-VIII-2011; L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015).
III.5. En otro orden, corresponde rechazar la impugnación a la tasa de interés -pasiva digital- utilizada en el fallo.
El referido cuestionamiento merece una especial consideración a la luz de la actual doctrina legal de esta Corte, aunque, como habré de señalar luego, no haya contribuido a su conformación.
Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", con sentencia de 15-VI-2016, como en la causa C. 119.176, "Cabrera", con sentencia de igual fecha (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días. Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (v. causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015; L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
En función de lo dicho, propongo el consecuente rechazo de esta parcela de la impugnación.
III.6. Por último, en relación al lacónico cuestionamiento a la condena en las costas, cabe memorar que su imposición y distribución es, como regla, una facultad privativa de los jueces de grado y -como tal- no revisable en casación, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 51.571, "Russo", sent. de 26-X-1993; L. 80.398, "Ramírez", sent. de 31-III-2004; L. 89.901, "Cuevas", sent. de 6-II-2008; L. 94.269, "Hernández", sent. de 10-VI-2009 y L. 113.488, "González", sent. de 23-XII-2013).
Y en esta parcela (v. fs. 126 y vta.), la recurrente no sólo omitió invocar la configuración del mencionado vicio invalidante, sino que además, tampoco denunció la violación del precepto legal actuado en el fallo (art. 19, ley 11.653.), deficiencias éstas, que demuestran la manifiesta insuficiencia de la impugnación e impiden a esta Corte acceder al ejercicio de la función revisora postulada (art. 279, CPCC).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia: a) revocar la sentencia impugnada en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, determinó el importe de las prestaciones dinerarias a cargo de Provincia ART S.A. con arreglo a las modificaciones introducidas a la Ley de Riesgos del Trabajo por la ley indicada, y ordenó además el pago de la indemnización adicional prevista en el art. 3 de esa misma ley; normas cuya inaplicabilidad se declara; y b) devolver los autos a la instancia de grado para que obre de conformidad con lo resuelto en el punto III.3. de este voto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance expuesto, voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor de Lázzari en el apartado III.1. -en sus dos primeros párrafos-, de su voto.
I.2. También concuerdo con el ponente en que cabe revocar lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y cuantificó la indemnización debida al trabajador con arreglo a las pautas previstas en dicha ley.
Arribo a tal definición, a tenor de la opinión que brindé en las causas L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018); L. 118.144, "Duarte" (sent. de 19-IX-2018) y L. 119.640, "Gallina" (sent. de 19-XI-2018), sustancialmente análogas a la presente y a la que por razones de celeridad remito, ello, en lo estrictamente referido a la mentada ley 26.773.
I.3. Luego, comparto lo señalado por el colega que inaugura este acuerdo en los puntos III.4. y III.6. de su sufragio.
I.4. En lo tocante a la tasa de interés, acompaño la solución a la que se arriba en el voto que antecede, ello a tenor de las consideraciones que brinde al emitir mi sufragio en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), y por adhesión en la causa L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016), a las que remito por brevedad.
II. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 116/126 vta. progresa conforme se resuelve en el apartado final de la opinión inaugural.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1 Adhiero al señalamiento formulado por el doctor de Lázzari en el apartado III.1. de su voto.
I.2. También suscribo su propuesta de revocar la sentencia de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y aplicable al caso sus disposiciones; esto de conformidad con los fundamentos que expuse al sufragar las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), que doy aquí por reproducidos en razón de brevedad.
I.3. Asimismo, comparto lo expuesto por el colega en los puntos III.4. y III.6., de su voto.
I.4. En lo que hace a la tasa empleada para estimar los intereses moratorios, coincido con la propuesta decisoria contenida en el sufragio inaugural, a tenor de las consideraciones que esgrimí en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016); L. 118.105, "Maidana" (sent. de 29-III-2017) y L. 117.969, "Vallejo" (sent. de 10-V-2017).
II. En razón de lo dicho, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto conforme se resuelve en el apartado final del voto inaugural.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Adhiero a lo expresado por el doctor de Lázzari en el apartado III.1. de su voto.
II. Por otra parte, coincido con el colega en que debe ser revocada la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
En efecto, sobre el particular he de señalar que en lo atingente al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, el referido precepto ha reiterado aquella regla general contenida en las normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legisl
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