Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122532
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.532, "Papalia, Marcos Sebastián contra MTI (Mantenimiento Técnico Integral) S.R.L. y otros. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Pettigiani, de Lázzari, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 1.063/1.088 vta.).
Se dedujeron, por la demandada MTI (Mantenimiento Técnico Integral) S.R.L. y la parte actora, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.157/1.171 y 1.173/1.201, respectivamente); habiendo concedido el citado tribunal únicamente el interpuesto por esta última (v. fs. 1.358/1.359).
Dictada a la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que resulta relevante, el tribunal de grado hizo lugar a la acción promovida por Marcos Sebastián Papalia, en cuanto procuraba el cobro de una indemnización integral -sustentada en las normas del derecho común- por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que sufrió mientras prestaba tareas como ayudante de montaje bajo la dependencia de MTI (Mantenimiento Técnico Integral) S.R.L., condenando a esta a abonarle las sumas que determinó en concepto de lucro cesante, integridad psicofísica, daño moral y pérdida de chance (v. fs. 1.063/1.088 vta.).
Para así decidir, tuvo por probada la existencia del infortunio, ocurrido el día 14 de febrero de 2008, cuando al utilizar una soldadora eléctrica sobre un tambor de doscientos litros -con contenido inflamable- improvisado como caballete, este explotó provocándole gravísimas quemaduras en su cuerpo; al tiempo, que los hierros con los que estaba trabajando volaron golpeándolo fuertemente (v. vered. segunda cuestión, 1.064 y vta.).
Juzgó acreditado -asimismo- que, a consecuencia del evento, el actor padeció traumatismo encéfalo craneano grave con herida contuso cortante penetrante frontal (fractura de cráneo con hundimiento), múltiples quemaduras graves por fuego y estrés postraumático con reacción vivencial anormal neurótica grado III con manifestaciones depresivas; y que en virtud de ello, la disminución de su capacidad laborativa (incluidos los factores de ponderación) alcanzó al 71,76% del índice de la total obrera (v. fs. 1.064 vta. in fine y 1.065).
En la sentencia, halló configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad subjetiva y objetiva de MTI (Mantenimiento Técnico Integral) S.R.L. en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340; v. fs. 1.076/1.078).
Sobre la base de dicha plataforma fáctica el juzgador, se dispuso a efectuar el cotejo de las cuantías resarcitorias a las que accedería el promotor del pleito según si su reclamo fuera atendido conforme las previsiones de la ley 24.557 ($519.558,50), o en el marco del régimen común de responsabilidad civil ($2.851.121,97; v. fs. 1.078/1.084).
Al verificar la insuficiencia e irrazonabilidad de la reparación acordada de conformidad con las pautas de la ley especial, descalificó la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557 por transgredir las garantías consagradas en los arts. 14 bis, 16, 17, 19 y 28 de la Constitución nacional y los Tratados Internacionales incorporados por su art. 75 inc. 22; así como los principios básicos del Derecho del Trabajo como los de progresividad, justicia social, protectorio y razonabilidad (v. fs. 1.083 vta. in fine y 1.084).
De conformidad con ello, condenó a MTI (Mantenimiento Técnico Integral) S.R.L. a pagar al señor Marcos Sebastián Papalia la suma de $2.331.563,47 y a CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. -en tanto había suscripto un contrato de afiliación con el empleador, cuya póliza cubre los eventos emergentes de la ley 24.557- el importe correspondiente a la tarifa impuesta por dicho régimen especial (v. fs. 1.084).
Por otra parte, hizo lugar a las excepciones de falta de legitimación pasiva opuestas por YPF S.A. y el señor Mario Cardone, rechazando en consecuencia la demanda articulada en su contra (v. fs. 1.073 vta./1.075 vta.).
Finalmente, con sustento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la doctrina emanada de este Tribunal que identificó, desestimó el planteo de actualización monetaria y, seguidamente, hizo lo propio en torno al pedido de inconstitucionalidad de la ley 24.432 (modificatoria del art. 505 del Código Civil), formulados por el actor en el escrito inicial (v. fs. 1.084).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, este último, denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 19, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 10, 11, 39, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 512, 901, 902, 903 y 904 del Código Civil (ley 340); 163 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 incs. "d" y "e" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita. También invoca que el tribunal de origen aplicó erróneamente los arts. 519 y 1.068 del citado Código de Vélez.
II.1. Se agravia en primer lugar de la fórmula de matemática financiera aplicada por el juzgador para calcular el resarcimiento en concepto de lucro cesante.
Manifiesta que, si bien dicho órgano jurisdiccional consideró apropiada la fórmula "Vuotto" para cuantificar dicho rubro, criticó su aplicación al caso por no contemplar otros aspectos de la vida del trabajador (los que se vinculan con su calidad de personal), olvidando que uno de los principales problemas que conlleva es que toma en cuenta la remuneración percibida al momento del accidente.
Fue por ello que, explica, en el precedente "Arostegui" (sent. de 8-IV-2008), la Corte Suprema de Justicia de la Nación descalificó dicho modo de cuantificar el daño, señalando que -en rigor-, sólo atiende a la persona humana en la faz laboral, -vale decir, de prestadora de servicios-, ya que evalúa el perjuicio material sufrido en términos de disminución de la llamada "total obrera" y su repercusión en el salario que ganaba el demandante al momento de los hechos proyectado hacia el resto de la vida laboral de aquella; criterio que resulta frontalmente opuesto al régimen de la reparación integral.
Alega que en la misma línea la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo al fallar en los autos "Méndez c/ Mylba" (sent. de 24-IV-2008) expresó que "...frente a los señalamientos de la Corte, parece justificado ahora introducir esta modificación y elevar la edad tope a 75 años. Pero hay también una observación externa, recogida del fallo 'Arostegui', acerca de la elección de las variables: que la fórmula congela el ingreso de la víctima, para el objetivo de calcular la indemnización, en el momento del daño, sin tomar en cuenta la 'chance' o perspectiva de mejora del ingreso futuro que seguramente el daño habrá disminuido".
Aduce que la fórmula "Vuotto" pretende indemnizar el lucro cesante, habiendo sido criticada por la Corte federal por reduccionista; de allí que, en el caso "Méndez", la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ideó un cálculo en el que se toma como pauta orientativa el denominado "salario estabilizado promedio".
Sostiene que en la especie el juzgador ha sacado directamente dicha variable de la fórmula matemática a la que recurrió para cuantificar el resarcimiento por lucro cesante, pues utilizó un salario congelado en el tiempo, esto es, sin considerar los cambios o aumentos que pudo tener. Y ello, asevera, bajo el equívoco razonamiento de que colisionaba con la indemnización por pérdida de chance que fue otorgada en forma independiente.
Señala que el cálculo actuarial llevado a cabo en el pronunciamiento de grado no solo resulta contrario a los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Arostegui", sino que importa una deficiente aplicación de la fórmula jurisprudencial a la que el tribunal de trabajo decidió someterse ("Méndez"), ya que si bien tomó los parámetros vinculados a tasa de interés y edad que la componen, no hizo lo propio respecto de la variación del salario que allí también se contempla, lo cual causa un significativo perjuicio patrimonial al actor, a quien se lo ha indemnizado parcialmente (v. fs. 1.177/1.182 vta.).
II.2. En segundo término, se agravia en tanto la sentencia hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el señor Mario Cardone.
Argumenta que este último omitió cumplir los deberes propios de un buen empleador al exponer al trabajador a un riesgo excesivo.
Invoca que el tribunal de grado -incurriendo en absurdo- otorgó mayor valor convictivo a la declaración testimonial del testigo Petto por sobre la que prestó en la causa penal el señor Gubitosi, quien, junto con el señor Amaya, fueron las únicas personas que se encontraban presentes al momento en que el dueño del establecimiento le indicó al actor la tarea que debía realizar, y en cuyo cumplimiento ocurrió el accidente de trabajo.
Arguye que dicho órgano jurisdiccional también omitió valorar que el señor Papalia fue encomendado a prestar una labor para la cual carecía de un previo conocimiento teórico-técnico. Concretamente, continúa, el empleador debió instruirlo en dicho aspecto, para luego iniciarlo en la faz práctica de una actividad que resulta riesgosa por su propia naturaleza.
Indica que la omisión de los deberes que emanan de los arts. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo y 1.109 del Código Civil (ley 340), se constituyeron en la causa directa e inmediata de que el accionante desconociera que no podía soldarse sobre caballetes improvisados con tambores que contenían combustible (v. fs. 1.182 vta./1.186).
II.3. Luego, cuestiona la decisión por la cual se declaró improcedente el reclamo por daño estético.
Alega que el juzgador incurrió en un "reduccionismo" al considerar únicamente como efecto de dicho daño su incidencia en la capacidad del actor para producir bienes y servicios, sin considerar su afectación personal anímica (complejos, sentimientos de inferioridad, etc.) y en los diversos aspectos de la vida de relación.
Pone de manifiesto, que no obstante tener por acreditada con la pericia médica la existencia de las lesiones estéticas, el tribunal de trabajo incurrió en absurdo al omitir resolver el concreto reclamo que se formuló en la demanda, vinculado a la obtención de una indemnización que resulte suficiente para hacer frente a una cirugía reparadora, necesaria para recomponer la integridad física del trabajador (v. fs. 1.186/1.187 vta.).
II.4. Objeta también el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de la ley 24.432, en cuanto modifica al art. 505 del Código civil (ley 340).
Sostiene que tal definición es arbitraria porque el tribunal no hubo de decidir sobre la aplicación o no de la norma en función de las circunstancias en la cuales se desarrolló el proceso, sino que la cuestión se redujo a la transcripción de un precedente jurisprudencial en el que se dijo que el citado precepto no resulta inconstitucional "en la medida que establece límites de responsabilidad para el pago de las obligaciones que se devenguen de las costas", incurriendo así en una incongruencia.
Asegura que, la modificación introducida al art. 505 del Código Civil (ley 340), contrasta con otras normas del mismo ordenamiento que fijan límites generales a la responsabilidad.
Expresa que en la especie nos encontramos frente a un empleador y una aseguradora de riesgos del trabajo, ambos profesionales de su actividad, a los que cabe aplicarles las disposiciones contenidas en el art. 902 del Código Civil, pues queda claro que ambos conocían que el incumplimiento de sus obligaciones, al haber derivado en un conflicto judicial, generaría costas procesales. De allí que, prosigue, la forma en que ha sido aplicado el art. 505 de aquel ordenamiento por parte del tribunal de trabajo resulta una contradicción directa con los arts. 512, 901, 902, 903 y 904 de ese mismo cuerpo legal.
Incluso, concluye, en el específico supuesto de autos se ha transgredido el principio de equidad previsto en el art. 907 del Código velezano, ya que el actor debe afrontar parte de la condena en costas cuando su acción ha prosperado, no obteniendo por ende la reparación integral peticionada, ya que la misma está expuesta a sufrir un detrimento en función de dicha imposición (v. fs. 1.188/1.190).
II.5. Por último, mediante un extenso desarrollo, critica el fallo en cuanto desechó la pretensión por la que procuraba la actualización de los montos de condena.
Indica que al momento de analizar el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 4 de la ley 25.561, 7 y 10 de la ley 23.928 y 5 del decreto 214/02, el juzgador se limitó a invocar la vigencia de algunos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de esta Corte, sin dar respuesta a la pretensión deducida por la parte actora en la demanda y sin sujeción a las constancias objetivas que surgen de la causa.
Sostiene que las normas cuestionadas impiden que el monto reclamado sea actualizado a valores vigentes al momento del dictado de la sentencia, violándose de tal modo las garantías previstas por los arts. 17, 19, 28, 31 y 75 incs. 22 y 24 de la Constitución nacional y 1, 3 y 20 del Código Civil (ley 340).
Argumenta acerca del perjuicio sufrido a partir del dictado de la ley 25.561, que no sólo derogó la paridad cambiaria -desapareciendo en consecuencia la convertibilidad del peso y con ello su inmediata devaluación- sino en cuanto, además, impidió la actualización monetaria de las deudas en dinero, afectándose así el derecho de propiedad del acreedor, quien percibirá su crédito cuyo poder adquisitivo resultará inferior al que tenía en la época en que se generó el mismo.
En suma, ratifica su postura de que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 7, 8 y 10 de la ley 23.928 (modificados por la ley 25.561) y se ordene -como consecuencia de ello- la actualización de los importes de condena (v. fs. 1.190/1.200 vta.).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. El cuestionamiento dirigido a refutar la base salarial que el tribunal de grado estableció para cuantificar el resarcimiento relativo al daño material, más precisamente, en lo tocante al lucro cesante, es de recibo.
III.1.a. En tal sentido, considero que el interesado ha logrado demostrar la infracción de las normas que rigen la reparación integral, en el marco del examen de una temática (la determinación del quantum indemnizatorio) que -por regla- constituye una cuestión privativa de los jueces de la instancia ordinaria (causas L. 89.027, "Kautz", sent. de 24-VIII-2011; L. 113.239, "B. de A., M.", sent. de 29-V-2013; L. 107.430, "Medina", sent. de 30-X-2013; L. 103.748, "Caniglia", sent. de 18-X-2014; L. 116.645, "C., C. C.", sent. de 1-VII-2015 y L. 117.775, "J., Q. F.", sent. de 29-III-2017; e.o.).
III.1.b. Para dar respuesta al embate, habré de reproducir -en lo que resulte pertinente- las consideraciones que formulara el doctor Soria al emitir su voto -al que adherí- en la causa L. 119.914, "Aguiar", sentencia de 22-VI-2020, atento la sustancial similitud que guarda en este aspecto de la controversia.
III.1.b.i. Se indicó en aquella oportunidad que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha recordado en un reciente pronunciamiento referido a la reparación de daños padecidos por una persona humana (arts. 19 y sigs., Cód. Civ. y Com.; 1 apdo. 2, CADH) que "...tanto el derecho a una reparación integral [...] como el derecho a la integridad de la persona en su aspecto físico, psíquico y moral y el derecho a la vida que enlaza a los dos primeros, se encuentran reconocidos por el plexo convencional incorporado al art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional (conf. arts. I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4, 5 y 21 del Pacto de San José de Costa Rica y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Fallos: 335:2333)..." (CSJN causa O.85.L. "Ontiveros, Stella Maris c/ Prevención ART S.A. y otros s/ accidente - inc. y cas.", sent. de 10-VIII-2017, cons. 4°).
También se precisó que "...el principio de la reparación integral es un principio basal del sistema de reparación civil que encuentra su fundamento en la Constitución Nacional...", y que "...dicha reparación no se logra si el resarcimiento -producto de utilización de facultades discrecionales de los jueces- resulta en valores insignificantes en relación con la entidad del daño resarcible (Fallos: 314:729, considerando 40; 316:1949, considerando 4° y 335:2333; entre otros)..." (ídem).
En esa ocasión, el voto concurrente del doctor Lorenzetti añadió que "...la reparación debe ser plena en el sentido de que, con los recaudos que exige el ordenamiento, alcance el estándar de una tutela efectiva de la víctima frente al daño injustamente sufrido y, particularmente, en lo que atañe al quantum de la reparación, represente una extensión congruente con la entidad del perjuicio acreditado (doctrina de Fallos: 314:729, considerando 40; 316:1949, considerando 4°; 335:2333, considerando 20, entre otros)...". El aludido voto precisó que "...este principio de la reparación plena -ahora recogido expresamente en el art. 1.740 del Código Civil y Comercial de la Nación- también tenía suficiente y consolidado reconocimiento al amparo del código derogado, aplicable a la especie por razones de derecho transitorio..." (cons. 6°).
Advirtió por último que los criterios interpretativos expuestos "...han sido recogidos por el legislador en los arts. 1.740 y 1.746 del Código Civil y Comercial de la Nación, que aun cuando no se apliquen al caso de autos, condensan los parámetros ya aceptados por la doctrina y la jurisprudencia en la materia..." (cons. 7°).
III.1.b.ii. A la luz de tales precisiones no es ocioso recordar que recogiendo una distinción con sólida raigambre en nuestro medio, cual es la clasificación en "deudas de dinero" y "deudas de valor" (CSJN causas "Agua y Energía Eléctrica S.E.", Fallos: 326:2329, "Adela de la Cruz de Sessa", Fallos: 316:2604, "Dhicann", Fallos: 310:183; SCBA causas Ac. 58.663, "Díaz", sent. de 13-II-1996; Ac. 60.168, "Venialgo", sent. de 28-X-1997 y C. 59.337, "Quiroga", sent. de 17-II-1998; e.o.), el Código Civil y Comercial de la Nación establece de manera expresa en el art. 772 las reglas aplicables a la justipreciación de estas últimas, en estos términos: "Cuantificación de un valor. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta Sección".
Al remitir al "valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda", la citada norma particulariza -ahora de manera explícita para la determinación de créditos como el debatido en la especie-, el criterio del "realismo económico", con amplia recepción en la legislación vigente y en la doctrina jurisprudencial imperante (v.gr. arts. 1, 24.283; 8, dec. 214/02 y 11, ley 25.561 -texto según ley 25.820-; CSJN causas "Melgarejo", Fallos: 316:1972, "Segovia", Fallos: 317:836, "Román Benítez", Fallos: 317:989, "Escobar", Fallos: 319:2420).
III.1.b.iii. El fallo bajo examen se ha apartado injustificadamente de los aludidos principios que informan la re
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