Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122391
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.391, "Epuin, Gabriel Elías contra Construcciones Térmicas S.A. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 146/156).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13 de agosto de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Gabriel Elías Epuin contra Construcciones Térmicas S.A. condenándola al pago de las sumas que estableció en concepto de diferencias salariales, fondo del cese laboral (art. 15, ley 22.250), y aquellas con sustento en los arts. 80 de la ley 20.744 y 53 ter de la ley 11.653 (v. sent., fs. 146/156).
Rechazó en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión por la que se procuraba el cobro de la sanción conminatoria mensual del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Para así resolver, al responder al interrogante planteado en la tercera cuestión del veredicto, en primer lugar, el órgano de grado sostuvo que si bien del informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) surgía que tanto la contribución patronal de obra social como los aportes de seguridad social se encontraban impagos en algunos períodos; respecto del primero de ellos no informaba el posible pago en forma tardía, mientras que, en relación a los segundos, aquel se contradecía con la "Nómina de Empleados" adjuntada a fs. 107/124, en la cual figuraban las remuneraciones del accionante expuestas en la declaración jurada vigente de Seguridad Social de la empresa (v. vered., fs. 147/148).
Luego, agregó que si bien el informe del Instituto Mandatarios de Recaudaciones daba cuenta que la accionada no había abonado los aportes sindicales y un período correspondiente a la obra social Ospecon, no se podía afirmar que efectivamente no se hubieran ingresado los aportes retenidos, en tanto no se le había requerido informe a la entidad sindical que representaba al trabajador (UOCRA) ni a la obra social a la que aportaba ( Obra Social de Empleados de Comercio ).
A partir de ese análisis concluyó que no se había demostrado que los importes retenidos no se hubieran transferido a los organismos a los que estaban destinados.
Finalmente, ya en la sentencia, el juzgador declaró que, sin perjuicio de lo expresado en el veredicto, el trabajador no cumplió con lo establecido en el decreto 146/01 para hacerse acreedor de la multa reclamada, en tanto en la intimación no especificó el importe que el demandado debía ingresar a los organismos de seguridad social, ni a cuál de ellos correspondía, por lo que la pretensión debía ser desestimada (v. sent., fs. 150 vta./151 vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 19 de la Constitución nacional; 57 y 132 bis de la ley 20.744; 1 del decreto 146/01; 44 inc. "e", 47 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que cita.
En esencia, se agravia del rechazo a la aplicación de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que -entiende-transgrede la doctrina elaborada por esta Corte en la causa L. 107.254, "Alveira Gracilazo" (sent. de 5-VI-2013).
Afirma que el sentenciante interpretó erróneamente -con apego a un excesivo rigor formal- los alcances de los arts. 1 del decreto 146/01 y 132 bis citado al establecer que en la intimación efectuada debió precisarse el monto, el período y el destino de los aportes efectivamente retenidos y no ingresados, toda vez que tales requisitos no se prevén en el texto de la norma.
Por otro lado, alega que el juzgador de grado realizó una absurda valoración de las constancias probatorias -el telegrama (v. fs. 8), los recibos de sueldo (v. fs. 9/41) y el informe realizado por la AFIP (v. fs. 100/102)-; ello, en tanto, afirma, de su análisis surge con claridad que en los períodos diciembre 2014 a febrero 2015 y abril 2015 a enero 2016 la empleadora procedió a la retención y no ingreso de los aportes de la seguridad social.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Ante todo es del caso destacar que ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad la impugnación bajo análisis, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio -a los fines del recurso- resulta de "monto indeterminado" (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.148, "Ferreira", sent de 20-XII-2017).
III.2. Inicialmente -y como hube de hacerlo al emitir mi voto en la causa L. 121.673, "García" (sent. de 18-VIII-2020), de connotaciones similares a la presente- corresponde rescindir aquel aspecto del fallo por el que el juzgador declaró que la intimación formulada por el trabajador en los términos del art. 1 del decreto 146/01 no abasteció los recaudos impuestos por la norma al no incluir con precisión el monto y destino de los aportes presuntamente retenidos.
El citado precepto normativo establece que, para la procedencia de la sanción conminatoria mensual en favor del trabajador, este "...deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del término de treinta días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos organismos recaudadores...".
En ese marco, y no sin destacar que en el telegrama de fs. 8 se indicó el período en que se denunció la infracción -que, adelanto, coincide con las constancias de la causa-, se colige que el órgano jurisdiccional de grado desestimó la pretensión dirigida al cobro de la penalidad contemplada por el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo por conducto de exigir al actor el cumplimiento de un requisito -referido a la materialización económica del reclamo- que no reconoce sustento en la correcta exégesis del texto de la norma.
III.3. Aclarado ello, asiste razón al recurrente en cuanto denuncia que al rechazar la procedencia de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el tribunal de grado incurrió en absurdo, vulnerando el citado precepto y la doctrina legal de este Tribunal.
III.3.a. Ha declarado en forma reiterada esta Corte que la citada norma (conf. ley 25.345) prevé la aplicación de la sanción conminatoria mensual a favor del trabajador en caso de haberse efectivizado retenciones sobre su remuneración en concepto de aportes con destino a los organismos o instituciones que allí se indican, no depositadas por el empleador al momento de la extinción del vínculo, ni al término del plazo de la respectiva intimación (causas L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 107.254, "Alveira Gracilazo", sent. de 5-VI-2013, cuya doctrina denuncia transgredida el recurrente; L. 110.591, "Argüello", sent. de 25-VI-2014 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015).
Asimismo, ha precisado este Tribunal que para la procedencia de dicha sanción deben concurrir los siguientes presupuestos: (i) la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; (ii) la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y (iii) que dicha omisión persista al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, cit.).
III.3.b. En este esquema de análisis, se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis, tal como lo postula el quejoso.
En el estadio procesal del examen y determinación de los hechos controvertidos, en atención a la situación planteada y en orden al objeto del litigio, se advierte que no se ha concretado el estudio idóneo de las circunstancias fácticas y probatorias imprescindibles para la solución del caso. Ello así, pues el juzgador de grado, rechazó la pretensión a partir de un deficiente análisis de la prueba que derivó en una incorrecta conclusión.
En efecto -contrariamente a lo sostenido por el sentenciante-, con sustento en el cotejo de los recibos de sueldo acompañados por el actor a fs. 9/41 y el informe emitido por la AFIP, es posible constatar que, durante los períodos transcurridos entre los meses de octubre 2014 a febrero 2015 y abril 2015 a enero 2016, la patronal realizó deducciones al trabajador en concepto de aportes a la seguridad social y nunca dio cumplimiento con su carga de ingresarlos formalmente en su totalidad (v. fs. 100/102).
Y si bien el sentenciante apoyó su decisión en la presunta contradicción que encontraría entre dicha documentación y la "Nómina de Empleados" (v. fs. 107/124); tal argumento se desvanece si se repara en que esta última se trata de una declaración jurada del propio empleador respecto de sus obligaciones ante la Seguridad Social (Formulario AFIP 931).
Por otro lado, no habiendo sido controvertida en autos la recepción de las comunicaciones postales, surge claramente del telegrama glosado a fs. 8, que Gabriel Elías Epuin intimó a su empleadora (20 de octubre de 2016) para que en el plazo de treinta días (art. 1, dec. 146/01) deposite los importes retenidos en concepto de aportes de la seguridad social y sindical.
A partir de lo expuesto, se colige que el tribunal de grado, sobre la base de un análisis equivocado de la prueba, ha delineado conclusiones genéricas desconectadas de las circunstancias particulares del caso, incurriendo en absurdo (causas L. 108.109, "Vanucci", sent. de 29-V-2013 y L. 117.626, "Celestino", sent. de 14-XII-2016).
III.3.c. En definitiva, habiéndose demostrado el absurdo imputado al a quo y encontrándose acreditados los presupuestos que tornan viable la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744, corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto desestimó su procedencia.
III.3.d. Ante ese resultado y si bien en virtud de la regla de la adhesión a la apelación cuya vigencia en la sede extraordinaria ya ha sido sostenida por esta Corte (causas L. 80.404, "Daneri", sent. de 13-IX-2006; L. 103.748, "Caniglia", sent. de 18-VI-2014 y L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015; e.o.), se impondría atender los particulares reclamos esgrimidos en autos, así como las defensas que a ellos opuso la demandada en su oportunidad y que no tuvo ocasión de renovar atento el resultado favorable obtenido en la instancia de grado; dicha tarea resultaría ociosa en la especie.
Ello así, en atención a que las escuetas defensas esgrimidas por la patronal respecto del tópico -afincadas en la simple afirmación de su cumplimiento en lo tocante al depósito de las deducciones efectuadas, y, por ende, en la falta de justificación del reclamo (v. contestación de demanda, fs. 65)- fueron abastecidas con la argumentación desplegada en los apartados que preceden, con virtualidad adversa a sus pretensiones.
IV. Por lo dicho, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, rubro cuyo progreso aquí se declara.
Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo aquí resuelto.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto emitido por mi distinguida colega doctora Kogan pues, como allí se expone y a contrario de lo concluido por el tribunal de la instancia, han quedado acreditadas con los elementos obrantes en autos la retención de los aportes al sistema de seguridad social y la omisión de su ingreso al organismo correspondiente (v. fs. 9/41 y 100/102).
Luego, no obstante la ausencia de impugnación a la conclusión relativa a las cotizaciones a la obra social y el sindicato (v. fs. 148), y por resultar el incumplimiento señalado en el párrafo previo suficiente a los fines de dejar sin efecto el pronunciamiento de grado en cuanto rechazó el reclamo tocante a la sanción prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, así corresponde declararlo toda vez que la exigencia impuesta a la ahora recurrente de cuantificar el importe no ingresado a la seguridad social, no encuentra respaldo en la norma del decreto 146/01.
Por lo expuesto y cuanto resulte concordante con el voto de la doctora Kogan, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas de ambas instancias a la vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/09/2020 09:43:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2020 17:01:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/09/2020 09:58:37 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/09/2020 20:05:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2020 08:12:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia