Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120150
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.150, "L., C. M. (por sí y en representación de sus hijos incapaces N. S. y S. H. B.) y otra (todos en carácter de herederos de H. A. B.) contra Palladino, Jorge Ernesto y otros. Indemnización por daños y perjuicios derivados de infortunio laboral", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres .
En cumplimiento de lo ordenado por esta Suprema Corte a fs. 1.932/1.973 vta., el Tribunal de Trabajo n° 3 de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, dictó el pronunciamiento de fs. 2.006/2.012 y determinó nuevos importes en concepto de resarcimiento por daño material y moral.
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 2.040/2.081).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 2.113/2.118 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. A fs. 1.932/1.973, este Superior Tribunal revocó parcialmente la sentencia del tribunal de trabajo, en cuanto había estimado el importe de la indemnización por daño material sin computar, en la base salarial que tomó en cuenta para calcular la pérdida de capacidad de ganancias, ciertos rubros que el actor percibía con habitualidad al momento de tomar conocimiento de la minusvalía, así como por el método escogido para cuantificar dicho resarcimiento, al aplicar una fórmula matemática de manera mecánica, sin detenerse a ponderar las particularidades de la causa ni las circunstancias de la víctima. Asimismo, dispuso la modificación de lo decidido respecto a la suma fijada para el perjuicio moral, en tanto al haberse dispuesto la integración del tribunal de grado con otros magistrados a los fines de dictar el fallo, a estos últimos era a quienes les correspondía también determinar la existencia y magnitud de las afecciones, la lesión de los sentimientos o la tranquilidad anímica padecida por el promotor del pleito.
En cumplimiento de lo allí ordenado, el tribunal de la instancia ordinaria dictó -con renovada integración- una nueva sentencia, incluyendo para el cálculo del resarcimiento por lucro cesante aquellos rubros que el trabajador percibía con habitualidad y que no habían sido computados en la pericia contable -v.gr. asignación dineraria prevista por el decreto 1.273/02-. Por otra parte, con sustento en lo dispuesto por el art. 23 de la ley 24.714, juzgó que no debían considerarse las sumas abonadas en concepto de asignación familiar por hijo (v. fs. 2.006 vta.).
Arribó así a una base salarial, en la que incluyó la incidencia del sueldo anual complementario, de la cual -indicó- solo correspondía computar el 75% en razón de que ese era el porcentaje de vinculación concausal de la incapacidad con las tareas desarrolladas (v. últ. fs. cit.).
Detalló el método de cálculo a utilizar para cuantificar el resarcimiento, teniendo para ello en consideración al criterio expuesto en la causa "Méndez c/ Mylba S.A." dictada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en particular, en cuanto a que la entidad psicofísica del trabajador tiene un valor per se y trasciende su vida económicamente activa (v. fs. 2.007).
En definitiva, fijó la indemnización por daño material en la suma de $80.443,77 y, respecto del daño moral, estimó prudente establecerlo en un 35% del daño patrimonial, toda vez que -explicó- la pérdida de peso corporal y el menoscabo de la autopercepción y autoestima intensificaron en el actor el perjuicio, ínsito en su alejamiento de la actividad productiva (v. fs. 2.007 vta.).
Luego, descontó de dicho importe las sumas que, según constancias obrantes en los autos caratulados "L., C. M. (por sí y en representación de sus hijos incapaces N. S. B. y S. H. B.) y otra (todos en el carácter de herederos de H. A. B.) c/ Agrooriente S.A. y otra s/ Ejecución de capital y honorarios, expediente nº 19.372", percibiera la parte actora los días 9 y 16 de abril de 2012 -$36.400,28 y $18.200,14, respectivamente- (v. últ. fs. cit.).
Finalmente dispuso que al capital obtenido debían aplicarse intereses de la siguiente manera: i) desde el 21 de mayo de 2003 hasta el 18 de agosto de 2008, a la tasa pasiva que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones de plazo fijo a treinta días; ii) a partir del 19 de agosto de 2008 hasta el momento del efectivo pago, a la tasa pasiva "digital" que paga dicha entidad bancaria (v. fs. 2.010).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte actora denuncia absurdo y la violación de los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 1.068, 1.069 y 1.083 del Código Civil (ley 340); 165 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita.
En primer lugar, critica el quantum del resarcimiento por daño material, cuyo monto considera escaso.
En este aspecto, refiere que el tribunal no se ajustó a los parámetros plasmados por la Suprema Corte en su pronunciamiento, toda vez que no incluyó en la base salarial a las ganancias brutas dejadas de percibir por el trabajador con motivo de la enfermedad profesional que contrajo (como la asignación familiar por hijo y las horas extra), ni otros elementos necesarios para la estimación del perjuicio, vinculados a la vida de relación, reinserción laboral y circunstancias particulares de la víctima y del caso en particular.
Argumenta que, en el caso, el juzgador detrajo las sumas vinculadas a la asignación familiar por hijo en virtud de lo establecido por el art. 23 de la ley 24.714, norma que resulta inaplicable atento su manifiesta inconstitucionalidad, la que así deja planteada por contradecir los arts. 14 bis y 16 de la Constitución nacional.
Alega que, tal como lo ha puesto de manifiesto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Arostegui c/ Omega ART S.A.", la reparación reclamada según el derecho civil debe tener carácter integral y contemplar todos los ámbitos de la vida, y no solo el laboral, los cuales ningún cálculo matemático, por más brillante que sea, puede abarcar.
Por otra parte, refiere que se ha dispuesto el rechazo del reclamo por pérdida de chance sin fundamento alguno. Explica que, en el caso, la chance está dada, aunque más no sea, por los progresivos aumentos salariales otorgados desde el año anterior al mes de mayo de 2003 (fecha de toma de conocimiento de la incapacidad) hasta el dictado de la sentencia (octubre de 2010), e inclusive hasta el presente.
En suma, sostiene que el tribunal de grado incurrió en absurdo al establecer la cuantía de la indemnización por daño material, pues sus conclusiones encuentran fundamento en premisas inaceptables, establecidas con desconocimiento de pruebas esenciales, tornándose insostenibles y apartadas de la verdad material.
Con sustento en la jurisprudencia sentada por la Corte federal en la causa "Bolaño c/ Benito Roggio e hijos S.A.", peticiona que, al momento de dictarse la sentencia definitiva, se actualice el salario del actor como si éste hubiera seguido trabajando, debiendo la indemnización reflejar la escala salarial vigente en la categoría de Auxiliar B del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 de Empleados de Comercio.
Alega que la argumentación del sentenciante para fijar el importe del resarcimiento por daño moral resulta desacertado, pues su determinación no necesariamente debe guardar proporción con el daño material.
Señala que dicha reparación conduce al consuelo del damnificado, lo que supone, por un lado, atender al dolor por medio de bienes deleitables, y por el otro, la idoneidad de los arbitrios de que se disponen para procurar ese consuelo.
Indica que la pérdida de peso, el índice de masa corporal y el deterioro físico, resultaron una consecuencia de la enfermedad profesional contraída por el trabajador, siendo estos padecimientos físicos y psíquicos omitidos por el juzgador al momento de dictar el nuevo pronunciamiento.
Finalmente cuestiona la tasa de interés aplicada por el tribunal de trabajo al capital reconocido en la sentencia.
En el tópico, peticiona que tales accesorios sean liquidados durante todos los períodos discriminados por el a quo a la tasa pasiva "digital" del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por ser ésta la que logra equiparar las diferencias existentes entre los distintos criterios sobre la morosidad del deudor laboral.
Expone que, si bien dicha tasa no se encontraba vigente en el lapso comprendido entre el 21 de mayo de 2003 y el 18 de agosto de 2008, propone que a los efectos de no perjudicar a la parte más débil de la relación (el trabajador) se utilice un índice consistente en un promedio de aquella a calcular desde el 19 de agosto de 2008 hasta el momento del dictado de la sentencia, para luego aplicar ese índice al primer período mencionado.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que si bien en el caso es perfectamente determinable el valor de lo cuestionado en relación a los importes fijados en concepto de daño material y moral -resultante de la diferencia entre la cuantificación que de tales rubros hubo de llevar a cabo el a quo en la sentencia y aquella peticionada en demanda-, no ocurre lo mismo respecto del restante agravio que porta la queja y que se vincula con la tasa a la que fueron liquidados los intereses, ya el recurrente prescinde de toda iniciativa conducente a mensurar el agravio que invoca, incumpliendo así la ineludible carga que tiene de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en la ley procesal para el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, quedando vedada la posibilidad de ingresar a su estudio sin las limitaciones que derivan de aquél recaudo cuantitativo (causas L. 96.737, "Coccioli", sent. de 1-X-2008; L. 101.519, "R., L. F.", sent, de 21-IV-2010; L. 118.130, "Paz", sent. de 12-IV-2017; e.o.).
En ese contexto, corresponde ingresar al análisis de los agravios que porta el presente medio de impugnación en el marco de la excepción contemplada en la última parte del primer párrafo del art. 55 de la ley 11.653.
III.2. En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015; L. 119.077, "B., C. A.", sent. de 14-XII-2016; L. 119.402, "M., L. E.", sent. de 20-XII-2017 y L. 119.599, "Silveira Ros", sent. de 11-IV-2018).
III.2.a.i. Bajo tales premisas, no resultan admisibles las críticas dirigidas a cuestionar el quantum indemnizatorio al que arribó el tribunal de grado en concepto de daño material y moral, pues el despliegue argumental de la impugnante, lejos de evidenciar la existencia de violación de doctrina legal, se encuentra relacionado tal como lo afirma (v. fs. 2.047) -con cuestiones de hecho y prueba y con la denunciada existencia de absurdo en la apreciación efectuada por los jueces de la instancia de grado (causas L. 96.699, "Grisette", sent. de 11-VII-2012; L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013; L. 110.732, "Bustos", sent. de 1-VII-2015; e.o.).
Y es sabido que la hipótesis de excepción no comprende impugnaciones referidas a asuntos de orden puramente fáctico o circunstancial, por lo que luce inatingente e ineficaz la mención de doctrina relativa al concepto de absurdo que contiene el recurso (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 118.322, "Farías", sent. de 14-XII-2016 y L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018).
Corresponde asimismo indicar, atento que el recurrente ha sustentado la crítica en opiniones de autores y jurisprudencia de otros tribunales, que la doctrina legal a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que dimana de los fallos de esta Corte (causas L. 110.732, "Bustos", sent. de 1-VII-2015; L. 119.604, "Altamirano", sent. de 21-VI-2017 y L. 119.736, "Yucra Coronado", sent. de 21-II-2018).
III.2.a.ii. Por otra parte, puede advertirse que entre sus variados reproches el impugnante afirma que el art. 23 de la ley 24.714 resulta violatorio de los arts. 14 bis y 16 de la Constitución nacional, pero ningún argumento despliega con el objeto de demostrar que ello podría eventualmente resultar idóneo para evidenciar la presencia de un supuesto excepcional que -fuera del contemplado en la ley adjetiva laboral- autorice a desplazar el requisito de admisibilidad relativo a la cuantía económica (arts. 55, ley 11.653 y 278, CPCC).
Luego, y delimitada la competencia de este Tribunal conforme el estrecho carril previsto en el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11. 653, el agravio debe ser desestimado pues carece de toda denuncia idónea orientada a acreditar la violación de doctrina legal.
III.2.b. Tampoco luce de recibo la objeción planteada en torno a la tasa de interés.
Los extremos sobre los cuales se elaboró la doctrina que se invoca quebrantada no guardan similitud con los que surgen del caso sub examine , donde el recurrente propone que entre el mes de mayo de 2003 y el 18 de agosto de 2008 se calculen intereses conforme un índice anual a obtener del promedio de la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante el período comprendido entre el 19 de agosto de 2008 y la fecha de la sentencia.
Entonces, la solución alcanzada en la instancia ordinaria no conculca las doctrinas legales denunciadas en el libelo de impugnación, las que han sido elaboradas sobre la base de presupuestos notoriamente disímiles a los que se ventilan en el sub lite (causas L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013 y L. 118.007, "Marcucci", sent. de 30-III-2016).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Adhiero a los fundamentos expuestos por el doctor Soria en los puntos III.1. al III.2.a.i. de su exposición.
II. Luego, considero que la tacha argüida con relación al art. 23 de la ley 24.714 debe ser desestimada.
En tales condiciones, cabe inicialmente señalar que las interdicciones vinculadas a la summa gravaminis que resultan del régimen procesal local no se aplican cuando, como en el caso, el tema encierra una cuestión federal como lo es la relativa al planteo de inconstitucionalidad del aludido precepto, correspondiendo en ese supuesto darle curso a la impugnación por ante esta Corte, a fin que el recurrente pueda eventualmente acceder al remedio federal (art. 14 inc. 1, ley 48; CSJN Fallos: 308:490; 311:2478; SCBA causas L. 90.233, Collado, sent. de 28-V-2010; L. 103.103, "Lazarte", sent. de 11-V-2011; L. 100.635, "Berón", sent. de 30-II-2011; L. 97.703, "Vega", sent. de 22-VI-2011; e.o.).
En ese marco, y más allá de otras apreciaciones que podrían formularse en esta instancia, la crítica, en definitiva, no resulta apta para lograr su cometido.
Cuadra recordar, en ese sentido, que la declaración de inconstitucionalidad de una ley constituye un acto de suma gravedad institucional, de manera que debe ser considerada como la última ratio del orden jurídico. De modo tal que los requisitos establecidos por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial en orden a la fundamentación del recurso de inaplicabilidad de ley, cobran particular gravitación en los casos en los que se pretende invalidar un precepto por reputarlo contrario a la Constitución nacional (causas L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012 y L. 117.318, "Reineche", sent. de 28-IX-2016), situación que no se verifica en la especie.
III. Asimismo, también suscribo lo expresado por el doctor Soria en el punto III.2.b. de su sufragio.
IV. Por lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en los puntos III.1. a III.2.a.i. de su voto.
I.2. En lo que concierne al planteo de inconstitucionalidad formulado en torno al art. 23 de la ley 24.714 -y no sin destacar que, por comprender una cuestión de naturaleza federal, las interdicciones vinculadas al valor del litigio emergentes del régimen procesal local no se aplican a su respecto (causas L. 118.246, "Lubric", sent. de 26-X-2016; L. 119.799, "Peralta", sent. de 29-VIII-2018; e.o.)-, suscribo lo indicado por el doctor Genoud en su opinión.
I.3. Finalmente, comparto la propuesta formulada por el colega ponente en el punto III.2.b. de su voto.
II. En consecuencia, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/09/2020 09:43:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2020 17:01:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/09/2020 18:42:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2020 09:58:58 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/09/2020 20:06:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2020 08:30:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia