Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122551
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.551, "Urra, Guillermo Damián contra Construcciones Térmicas S.A. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 137/144 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29 de mayo de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Guillermo Damián Urra contra Construcciones Térmicas S.A. condenándola al pago de las sumas que estableció en concepto de diferencias salariales, fondo de desempleo, y aquellas con sustento en los arts. 80 de la ley 20.744, 53 ter de la ley 11.653 y 18 de la ley 22.250, entre otras (v. sent., fs. 137/144 vta.).
Rechazó, en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión por la que se procuraba el cobro de la sanción conminatoria mensual del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Para así resolver, si bien tuvo por acreditado el incumplimiento de la accionada en el depósito de los aportes de la seguridad social y sindicales retenidos al trabajador (v. vered. tercera cuestión, fs. 138 vta. y 139); juzgó que, para hacerse el trabajador acreedor de la multa, debía cursar la intimación con anterioridad a la extinción contractual (con indicación detallada de los períodos y su importe), extremo que no se había configurado en la especie, por lo que procedió a rechazar el rubro bajo examen (v. sent. fs. 141 vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 19 de la Constitución nacional; 57 y 132 bis de la ley 20.744; 1 del decreto 146/01; 44 inc. "d" y "e", 47 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que cita.
En esencia, se agravia del rechazo a la aplicación de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, solución que -entiende- transgrede la doctrina elaborada por esta Corte en la causa L. 107.254, "Alveira Garcilazo" (sent. de 5-VI-2013), entre otras.
Afirma que el juzgador transgredió e interpretó erróneamente el alcance de los arts. 1 del decreto 146/01 y 132 bis de la ley 20.744 (art. 43, ley 25.345) al establecer que la intimación debió realizarse con antelación a la desvinculación contractual y precisando el monto y el período de los aportes efectivamente retenidos y no ingresados, toda vez que tales requisitos no se encuentran en el texto de la norma.
Por otro lado, alega que el juzgador de grado realizó una absurda valoración de las constancias probatorias -el telegrama (v. fs. 4), los recibos de sueldo (v. fs. 5/36) y el informe realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (v. fs. 117)-; de las que surge con claridad que en los períodos reclamados la empleadora procedió a la retención de los aportes de la seguridad social, sin ingresarlos luego al sistema, no obstante lo cual tuvo por no cumplidos los requisitos establecidos en la norma reglamentaria citada.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Ante todo es del caso destacar que ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad la impugnación bajo análisis, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio -a los fines del recurso- resulta de "monto indeterminado" (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.148, "Ferreira", sent de 20-XII-2017).
III.2. Liminarmente corresponde descalificar aquel aspecto del fallo por el que el juzgador declaró que la intimación formulada por el trabajador en los términos del art. 1 del decreto 146/01 no abasteció los recaudos impuestos por la norma, al no realizarse antes de la desvinculación contractual y no incluir con precisión el monto y período de los aportes presuntamente retenidos.
El citado precepto normativo establece que, para la procedencia de la sanción conminatoria mensual en favor del trabajador, este "...deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del término de treinta (30) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos organismos recaudadores...".
En ese marco, es dable advertir que el órgano jurisdiccional de grado desestimó la pretensión dirigida al cobro de la penalidad contemplada por el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, por conducto de exigir al actor el cumplimiento de dos requisitos -referidos a individualización detallada de los períodos reclamados y sus montos, como también respecto del momento del reclamo (v. sent., fs. 141 vta.)- que no reconocen sustento en la correcta exégesis del texto de la norma.
III.3.a. Descartadas, entonces, las exigencias formales en las que el tribunal de grado fundó su decisión, corresponde analizar si se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria mensual del citado art. 132 bis.
Ello así, pues si bien es cierto que el tribunal tuvo por probado que el empleador retuvo, pero no depositó los aportes destinados a los organismos de la seguridad social efectivamente retenidos (v. vered., fs. 138 vta. y 139 y sent., fs. 141 vta.), la demandada se encontró imposibilitada de recurrir esa decisión, toda vez que la sentencia le resultó favorable.
Luego, y por aplicación de la figura de la "apelación adhesiva", corresponde tener en cuenta lo alegado por la parte ausente en la tramitación del recurso porque la sentencia le fue favorable (causas L. 95.784, "Vicenzi", sent. de 21-XII-2011; L. 107.586, "Escalada", sent. de 4-VII-2012 y L. 100.916, "Andrews", sent. de 5-IV-2013), ya que, en caso contrario, se podría dejar sin razón a quien la tenía (causa Ac. 81.298, "Reboredo", sent. de 11-VI-2003).
Al respecto, se advierte que la legitimada pasiva sostuvo, en oportunidad de contestar la demanda, que correspondía el rechazo de la sanción, porque había cumplido con el depósito de las deducciones efectuadas (v. fs. 62).
III.3.b. Ha declarado en forma reiterada esta Corte que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 25.345) prevé la aplicación de la sanción conminatoria mensual a favor del trabajador en caso de haberse efectivizado retenciones sobre su remuneración en concepto de aportes con destino a los organismos o instituciones que allí se indican, no depositadas por el empleador al momento de la extinción del vínculo, ni al término del plazo de la respectiva intimación (causas L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 107.254, "Alveira Garcilazo", sent. de 5-VI-2013, cuya doctrina denuncia transgredida el recurrente; L. 110.591, "Argüello", sent. de 25-VI-2014 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015).
Asimismo, ha precisado este Tribunal que para la procedencia de dicha sanción deben concurrir los siguientes presupuestos: (i) la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; (ii) la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y (iii) que dicha omisión persista al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, cit.).
III.3.c. En este esquema de análisis, se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis, en los términos en que efectivamente fue solicitado por la actora.
En efecto, con sustento en el cotejo de los recibos de sueldo acompañados por el actor a fs. 5/34 y los informes emitidos por el Instituto Mandatario de Recaudaciones (v. fs. 91) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (v. fs. 117), es posible constatar que la patronal realizó deducciones al trabajador en concepto de aportes a la seguridad social y sindicales, sin haber dado cumplimiento con su carga de ingresarlos formalmente en su totalidad.
Asimismo, del telegrama glosado a fs. 4, auténtico conforme surge de la tercera cuestión del veredicto (v. fs. 138 vta.), se desprende que Guillermo Damian Urra intimó a su empleadora para que en el plazo de treinta días (art. 1, dec. 146/01) deposite los importes retenidos y no integrados en concepto de aportes de la seguridad social y sindical.
A partir de ello, considero -como anticipé- que se evidencia en el caso el cumplimiento de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis, tal como lo postula el quejoso.
Por lo tanto, quedando -a partir de lo dicho- atendidos los argumentos traídos por la accionada propongo revocar la sentencia de grado en cuanto desestimó su procedencia.
IV. En consecuencia, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, rubro cuyo progreso aquí se declara.
Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo resuelto.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto la solución propuesta por mi distinguido colega doctor Pettigiani en su sufragio. Arribo a tal definición, si bien en el concreto contexto de las constancias obrantes en la presente relevadas en el voto que antecede, a tenor de los argumentos que brindé al emitir mi opinión en la causa L. 122.214, "Cabezón" (sent. de 11-VI-2020), análoga a la presente y a la que por razones de brevedad -en lo concordante- me remito.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Pettigiani en el punto III.1. de su voto.
I.2. Luego, se observa que el fundamento central esgrimido por el juzgador para desestimar la sanción conminatoria mensual (v. sent., fs. 141 vta.) deriva -fundamentalmente- de una errónea interpretación del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, pues esta norma no exige que la intimación sea realizada durante la vigencia del vínculo laboral (o indique exactamente los importes adeudados), tampoco lo hace -por cierto- su decreto reglamentario (art. 1, dec. 146/1).
I.3. En lo demás, también suscribo la opinión de mi colega.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance indicado en el punto IV del voto inaugural.
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso prospera.
En vista a que los motivos dados por el tribunal de origen para restar eficacia al emplazamiento cursado por el trabajador en los términos del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo resultan afines a los examinados en la causa L. 122.425, "Duhalde" (sent. de 7-IX-2020), con los alcances allí expresados, me sumo a la propuesta de los colegas preopinantes de rescindir ese aspecto de la sentencia y declarar procedente el reclamo que motivó el agravio.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/09/2020 09:44:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2020 17:01:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/09/2020 09:58:31 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/09/2020 20:05:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2020 08:10:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia