Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74739
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.739, "Arnaldi, Justo Pastor y ot. contra Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y ot. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Pettigiani, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó la apelación deducida por la parte actora, y confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- no hizo lugar la pretensión anulatoria entablada. Impuso las costas de la instancia en el orden causado (conf. arts. 12 inc. 1, 51 inc. 2, 55, 56, 58, 59, 77 y concs., ley 12.008 -texto según leyes 13.101 y 14.437-; 274 y concs., CPCC; v. fs. 190/200).
Disconforme con dicho pronunciamiento, los accionantes interpusieron recurso de inaplicabilidad de ley (v. fs. 209/217), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 219/220.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 230), agregado el memorial de la demandada (v. fs. 234/248 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, desestimó la pretensión tendiente a que se liquiden los haberes de los demandantes -en pasividad- conforme a la jerarquía de Mayor del nuevo régimen de la ley 13.982, y no a la obtenida a partir de la equiparación de cargos efectuada por el art. 76 y el anexo II de esa ley, y conforme el decreto 3.000/10 y el art. 27 de la ley 13.236, que denunciaran inconstitucional.
I.1. En primer lugar, señaló que los recurrentes alcanzaron la jerarquía de Suboficial Mayor del Agrupamiento Comando, previsto en el decreto ley 9.550/80, y luego fueron reescalafonados en el rango de Teniente bajo el régimen de la ley 13.201, donde obtuvieron su retiro.
Indicó que con la posterior sanción de la ley 13.982 (B.O. de 27-IV-2009), que dispone una nueva correlación de cargos y mediante la aplicación del decreto 3.000/10 (referente a la garantía de movilidad del haber previsional), los accionantes fueron reencasillados en la jerarquía de Teniente Primero, a partir de enero de 2010, por lo que alegaron una retrogradación y vulneración al derecho a la igualdad consagrado constitucionalmente.
Advirtió que, sin perjuicio de lo expuesto, a partir del dictado de las leyes 14.382 y 14.383 (B.O. de 18-IX-2012) se reconoció la readecuación salarial, respecto de los Sres. Arnaldi, Citriano y Machado a la jerarquía de Mayor y en relación al señor Predovan, el reencasillamiento al rango de Capitán. Ello, a partir del 19 de octubre de 2012 (v. informe a fs. 190, cit.).
Bajo estos parámetros, consideró que la controversia había quedado circunscripta a determinar si corresponde reconocer a los apelantes el derecho adquirido que predican a su favor, en relación al mantenimiento de su estado policial vigente al amparo de la ley 13.201, con el que obtuvieron su haber previsional y la consecuente declaración de inconstitucionalidad del art. 76 y el anexo II de la ley 13.982.
I.2. Para decidir, dejó a salvo que la pretensión de ascensos ligada al derecho a la carrera supone el servicio activo que concluye con el alta del beneficio previsional y señaló que, habiendo consolidado todos ellos su situación de pasividad bajo el régimen de la ley 13.201, la correlación generada por la ley 13.982 (B.O. de 27-IV-2009), no da lugar a cuestión constitucional alguna, tal como adecuadamente lo ha entendido el magistrado de grado, cuyos argumentos no han podido ser rebatidos por los apelantes.
En efecto, sostuvo que el reencasillamiento ocasionado a partir de las disposiciones generales de la ley 13.982 (anexos I y II), en su aplicación a los pasivos (conf. art. 21 bis del decreto 3.000/10, cit.) no sólo expresó el ejercicio de una potestad del Poder Ejecutivo ejercida sin observaciones de razonabilidad, sino que a la vez demostró un propósito por mantener la regla de proporcionalidad para lo previsto tanto en la ley 13.201 como en el decreto ley 9.550/80, respecto de los nuevos escalafones y en su aplicación al personal de retiro bajo alguno de esos regímenes.
De este modo, consideró que los accionantes desconocen el principio que niega la existencia de un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes, sin que ello sea óbice para que una nueva legislación modifique esas perspectivas, tal como lo interpretara correctamente el iudex (v. considerandos IV y V).
Asimismo, a diferencia de cuanto pregonan los apelantes, estimó que no se observa vulneración al derecho constitucional de igualdad, ni se advierte irrazonabilidad de las disposiciones en el análisis que realiza el magistrado, dado que la normativa garantiza idéntico trato a quienes se encuentran en una misma posición jerárquica (arts. 16, Const. nac; 11, Const. prov; 1.1 y 24, CADH).
Advirtió, en tal sentido, que la discriminación alegada no se aviene a un criterio de equivalencia en el que sus años de servicio puedan considerarse fuente suficiente para condicionar el ejercicio de una potestad que sólo ha procurado nivelar la situación de los activos y pasivos, siendo que estos últimos han clausurado su situación en la carrera en el preciso momento de obtener el beneficio consecuente (conf. art. 21 bis, dec. 3.000/10, cit.).
En este orden, indicó que no sólo no se había demostrado que otras situaciones en igualdad de condiciones a las invocadas fueron tratadas en el régimen normativo de un modo diferente, en su perjuicio, sino que, por el contrario, del análisis de la pieza recursiva se desprendía el expreso reconocimiento de diversos precedentes jurisprudenciales en los que reiteradamente se ha fallado en sentido contrario a sus pretensiones.
De esta manera, afirmó que la queja de los actores contenía enunciaciones generales relativas al sistema normativo en su conjunto, sin la precisión que requiere la tacha constitucional en su enunciación, motivo por el cual, al quedar descartados los óbices considerados, torna ineficaz el agravio para sostener el planteo constitucional que se renueva en esta instancia.
A mayor abundamiento -y tal como lo había entendido el magistrado de grado (v. considerando V)-, señaló que el régimen normativo contemplaba asimismo una disposición tendiente a preservar todo impacto salarial negativo con motivo del reescalafonamiento prescripto; ello así, con el enunciado del art. 86 de la ley 13.982 (cit. supra ), que despeja toda variable de disminución que pudiere violentar el derecho adquirido del pasivo, dejando a salvo sus garantías constitucionales.
En suma, consideró que los argumentos ensayados por los apelantes, a fin de alzarse contra el pronunciamiento desestimatorio de su reclamo por una mejora del estatus de empleo -una vez alcanzada la pasividad y que a ésta se traslade-, carecían de anclaje posible en la medida que no habían logrado demostrar que el ordenamiento jurídico aplicable la establezca con el carácter de derecho adquirido o bien, que las normas respectivas contengan defectos que las pongan en pugna con cláusulas constitucionales.
De ese modo, concluyó que la motivación del fallo recaído en la anterior instancia se mantenía incólume frente a la impugnación de los recurrentes, tanto en su sustento fáctico como en sus fundamentos jurídicos ya que no exhibía el error de juzgamiento que aquellos predicaban en su escrito recursivo.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, los actores denuncian violación de los arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 11, 31 y 39 de la Constitución provincial, y la vulneración del principio de progresividad y derechos adquiridos de nivel escalafonario, violados por aplicación al caso del art. 76 anexo II de la ley 13.982, por vía del decreto 3.000/10 y su acto de aplicación.
II.1. En primer lugar, señalan que el Tribunal de Alzada hace referencia a precedentes que no guardan relación con los antecedentes de autos, en tanto en aquellos se desestima una acción contenciosa tendiente a obtener la aplicación del art. 76 del anexo II de la ley 13.982, lo que no se condice con el supuesto bajo examen en el que se solicita la inconstitucionalidad de dicha norma.
Sostienen que yerra la Cámara al sostener que el thema decidendum se centra en si corresponde reconocer a los apelantes el derecho adquirido que alegan, en relación al mantenimiento de su estado policial vigente al amparo de la ley 13.201, con el que obtuvieron su haber previsional, y denuncian absurdo e incongruencia en tanto no es lo peticionado en autos.
II.2. Señalan que la jerarquía de Suboficial Mayor del Agrupamiento Comando previsto en el decreto ley 9.550/80 del Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, constituía la octava jerarquía o categoría de ocho posibles en la carrera de Suboficial, cuyas funciones específicas estaban establecidas, con carácter no taxativo, en el art. 149 del decreto reglamentario 1.675/80 del decreto mencionado.
Indican que regían entonces dos escalafones del agrupamiento comando: el de Oficiales con jerarquía inicial de Oficial Ayudante y final de Comisario General, con posibilidad de acceder a la conducción de la policía; y el escalafón de Suboficiales y Tropa, constituido por el personal operativo, sin posibilidad de acceder a los cargos de conducción, aún de órganos con jerarquía de sección (comisaría).
Sostienen que, con la entrada en vigencia de la ley 13.201, se produjo la unificación de escalafones, es decir el escalafón de Suboficiales se fusionó con el de Oficiales en uno solo de nueve jerarquías, de manera que quienes habían sido Suboficiales del decreto ley 9.550/80 contaban con la posibilidad de acceder a los cargos de conducción y dirección (nominación de la ley 13.201). Aducen que dicho traspaso se produjo pasando el cuadro de Suboficiales y Tropa, al segmento inferior de la nueva escala (desde Oficial de Policía hasta Teniente, es decir, desde las categorías uno a cuatro de un total de nueve) y el personal del escalafón de Oficiales, al segmento superior (del escalafón cuatro al nueve, vale decir, de la jerarquía de Teniente a Superintendente). Expresan que con ello algunos Suboficiales alcanzaron las jerarquías de Teniente 1° y Capitán, y que a estas últimas jerarquías fueron reencasillados los oficiales principales (Teniente 1°), comisarios y subcomisarios (Capitanes) del decreto ley 9.550/80, y las funciones que contemplaba para éstos (Comisarios y Subcomisarios) el decreto 1.675/80, eran las normadas por los arts. 142, 143 y 144, siendo facultados a ejercer funciones inherentes al antiguo escalafón de Oficiales, con el rango de oficiales subalternos (Oficial principal) y Oficiales jefes (Subcomisarios y Comisarios).
Discurren que el nuevo régimen de la ley 13.982 habla de escalafón único, pero los que fueron oficiales del decreto ley 9.550/80 pasaron al subescalafón comando (con las funciones de los antiguos oficiales y acceso a los cargos de conducción y de dirección), y los antiguos suboficiales y tropa quedaron limitados a funciones operativas.
Con ello sostienen que se vulnera el principio constitucional de igualdad al disponer un tratamiento manifiesta y lesivamente diferenciado para personal de igual jerarquía y atribuciones en todos los grados, ya que la ley 13.201 contemplaba un escalafón único sin diferencia alguna, donde no se hacía distinción entre Tenientes primeros ni entre Capitanes de uno u otro origen. Argumentan que la ley 13.982 concretó la retrogradación de las cosas al estado anterior.
Indican que, de dos capitanes iguales en la ley 13.201, uno pasó a ser Comisario y Oficial de Conducción, y el otro a ser Capitán o Mayor despojado de sus funciones, de la potestad disciplinaria y subordinado a sus anteriores subalternos, en función de su origen conforme el decreto ley 9.550/80.
Señalan que peor aún es la situación de un Teniente de la ley 13.201 (con quien se ha correlacionado el haber de los actores), que en el nomenclador está ubicado en el grado 14 (según el art. 29 inc. b.2 de la ley 13.982) bajo el título de "oficiales subalternos", que bien puede entenderse como "suboficiales subalternos" del decreto ley 9.550/80, cuando el suboficial principal (que fue la jerarquía alcanzada por los aquí demandantes), se encontraba encuadrado por el art. 13 inc. "b" del decreto ley 9.550/80, en el escalafón de Suboficiales y Tropa, en la categoría de Suboficiales superiores (Sargento primero a Suboficial mayor), siendo claro y notorio el avasallamiento operado.
Aducen que durante su paso por la fuerza los actores alcanzaron el rango de suboficial superior, la anteúltima jerarquía de sus carreras, escalafón 10 considerando las jerarquías desde Comisario General hasta el Agente y escalafón 8 considerado en sentido contrario. Con la ley 13.982, se encontraron en el escalafón 14 para el primer caso y escalafón 5 para el segundo caso, quedando claro que las funciones son las mismas y aún menores.
Expresan que los suboficiales de la 9.550/80 que ascendieron en vigencia de la ley 13.201 a Teniente 1°, Capitán y Mayor pasaron a ocupar las últimas tres jerarquías del subescalafón general de la ley 13.982 (sus iguales, provenientes del escalafón de Oficiales del dec. ley 9.550/80, pasaron a Subcomisario y Comisario).
Con ello sostienen que la ley 13.982 discrimina irrazonablemente a quienes la ley 13.201 ha considerado iguales, perjudicando las carreras y posibilidades de unos, mientras que preserva y mejora las de otros, lo que viola el derecho de igualdad, y afecta el principio de progresividad, al volver a un esquema de la normativa del gobierno militar (ref. dec. ley 9.559/80).
Argumentan que las leyes 14.382 y 14.383 vinieron a emparchar los errores del régimen, reconociendo a quienes revistaban en los grados de Suboficial mayor y principal en los grados de Mayor, Capitán o Subcomisario según el subescalafón de pertenencia y trascribe el mensaje de elevación del que, según alegan, surge la errónea equiparación que denuncia.
Con lo expuesto, aducen que los medios arbitrados por la ley 13.982, tanto en el texto como en el anexo II del art. 76, no se adecuan a los fines que pretende realizar y consagran una manifiesta discriminación peyorativa para el personal proveniente del escalafón de Suboficiales y Tropa de la ley 9.550. Asimismo, manifiestan que en el lapso que duró su vigencia, no ha guardado coherencia con las reglas constitucionales sino que, por el contrario, ha sido repugnante de las mismas.
Sostienen que tanto el Ejecutivo como el legislador reconocen que se han vulnerado derechos constitucionales de los actores desde la entrada en vigencia de la ley 13.982. Puntualizan que el absurdo radica en que la Cámara interviniente no efectúo el examen de constitucionalidad propuesto, limitándose a indicar que se habría solicitado un ascenso en pasividad, cuando lo requerido fue la correcta correlación de sus haberes de conformidad a lo previsto en el art. 27 de la ley 13.236.
II.3. En tal sentido, consideran que el Tribunal de Alzada yerra gravemente en el concepto básico del reclamo, pues confunde correlación de haberes (que responde al personal en pasividad) con ascenso (correspondiente al personal en actividad).
Señalan que en los respectivos recibos figura la jerarquía de cese y la de correlación del haber, y que ninguno de los actores ha cambiado de jerarquía a pesar de la vigencia de la ley 14.382, sus haberes se correlacionan con la jerarquía de Mayor en actividad, pero siguen siendo Tenientes de la ley 13.201.
II.4. Por último, solicitan que, en caso de encontrarse algún obstáculo para pronunciarse con base en el planteo formulado, se declare en esta instancia la inconstitucionalidad del art. 76 de la ley 13.982 y su anexo II, y se haga lugar a la demanda de los actores.
III. El recurso no prospera.
III.1. Los impugnantes señalan que obtuvieron su calidad de pasivos revistando en los grados de Teniente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en vigencia de la ley 13.201 del Personal en Actividad y la ley 13.236 de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (antes eran Suboficiales Mayores bajo el dec. ley 9.550/80) y que luego, con la sanción de la ley 13.982 fueron mal equiparados. Aducen que tal correlación salarial motivó que quienes se habían retirado en los últimos grados de su carrera (al tiempo de la vigencia del dec. ley 9.550/80 y modificatorias) hoy se encuentren relegados salarialmente en dos grados respecto al nuevo escalafón instituido por la ley 13.982, lo que resulta una afectación de la proporcionalidad, igualdad, movilidad y progresividad impuestas por el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
III.1.a. En relación al personal en situación de pasividad -como los aquí actores- se dictó la ley 13.236, que modificó el régimen legal de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía provincial. El art. 27, de la citada norma, dispuso que "Los importes de los beneficios establecidos en esta ley son móviles en el marco del escalafón perteneciente al momento del cese [...] Al sólo efecto de garantizar la movilidad del haber de los beneficiarios de la Caja [...] que hayan accedido al beneficio previsional revistando en cualquiera de los agrupamientos previstos en el Decreto-Ley 9.550/80 el Poder Ejecutivo deberá, por vía reglamentaria, establecer las equivalencias por correlación de niveles salariales, cargos entre el nuevo régimen normado previsto en la Ley 13.201 y el regulado por el Decreto-Ley 9.550/80".
III.1.b. Con la sanción de la ley 13.982, se modificó el régimen y se crearon subdivisiones, distinguiéndose el subescalafón comando y el general en el mismo cuerpo normativo, creándose por el art. 29 diez cargos para el primer escalafón y siete para el segundo.
Por el art. 76 se estableció que "El personal que a la fecha de entrada en vigencia de la ley 13.201 revistaba en el escalafón de Suboficiales y Tropa del Decreto Ley N° 9.550/80, pasará a revistar como Oficiales del Subescalafón General a que se refiere el artículo 29 ap. II y serán reescalafonados conforme al Anexo II de la presente Ley. El mismo criterio de reescalafonamiento se aplicará al personal del escalafón Servicios Generales en su respectivo Subescalafón."
En dicho anexo se estableció que el ex personal del decreto ley 9.550/80 en actividad, que revistaba en el escalafón suboficiales y tropa, y había sido reescalafonado a Subteniente y Teniente bajo el régimen de la 13.201, pasaría a conformar el agrupamiento general: como subteniente (en caso de contar con hasta 12 años como subteniente de la ley 13.201) o como Teniente (en caso de más de 12 años de Subteniente); y quienes habían sido reescalonados como Teniente, en el nuevo escalafón serían Teniente (en caso de contar con hasta 16 años en dicho cargo) o Teniente 1° (en caso de que computase más de 16 años como Teniente y hasta 20 años como Teniente 1°, bajo el régimen de la ley 13.201).
Así, y atento al nuevo orden jerárquico en la estructura de la Policía, devino necesario garantizar la movilidad de los haberes de los beneficiarios de la Caja con el personal en actividad, motivo por el cual se dictó el decreto 3.000/10, que incorporó el art. 21 bis al decreto 2.382/05 (reglamentario de la ley 13.236 de la Caja de jubilaciones y pensiones d
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