Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65408
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 65.408, "Empresa Distribuidora de Energía Sur Sociedad Anónima (EDES S.A.) contra Provincia de Buenos Aires (OCEBA) sobre demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani.
I. La Empresa Distribuidora de Energía Sur Sociedad Anónima (EDES S.A.) promovió demanda contencioso administrativa con el objeto de que se anulen las resoluciones 215/02 y 23/03 del Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), en tanto tuvieron por transferido a su favor el contrato y su adenda celebrado en el año 1993 entre la Empresa Social de Energía de Buenos Aires Sociedad Anónima (ESEBA S.A.) y la Cooperativa Eléctrica y de Servicios de Mayor Buratovich Limitada (CEySMB Ltda.).
II. Declarada admisible la acción, el Tribunal confirió traslado a la Fiscalía de Estado y resolvió citar en carácter de tercero a la referida cooperativa (v. fs. 90).
III. A fs. 99/113 y 117/119 contestaron, respectivamente, la parte demandada y su coadyuvante. En ambas presentaciones sostienen la legalidad de los actos administrativos impugnados y, consecuentemente, solicitan el rechazo de la pretensión.
El proceso fue abierto a prueba, formándose cuaderno de la accionante y del tercero.
IV. Agregadas las actuaciones administrativas, los cuadernos de la actora y coadyuvante y los alegatos de todas las partes, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Hago mío el voto que dejó elaborado el distinguido colega doctor Héctor Negri, cuyo fallecimiento fuera lamentado en distintos ámbitos y fundamentalmente en este Tribunal.
I.1. La Empresa Distribuidora de Energía Sur Sociedad Anónima (EDES S.A.) persigue la anulación de la resolución 215/02, como así también, de la 23/03 que la confirmó, ambas dictadas por el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).
Por la primera de ellas, el ente regulador concluyó que el contrato de suministro de energía eléctrica celebrado y enmendado en el año 1993 entre la disuelta Empresa Social de Energía de Buenos Aires Sociedad Anónima (ESEBA S.A.) y la Cooperativa Eléctrica y de Servicios de Mayor Buratovich Limitada (CEySMB Ltda.) había sido transferido en todos sus términos a la accionante, luego de que esta resultara adjudicataria de la licitación pública nacional e internacional para prestar el servicio público de distribución de electricidad en la correspondiente zona de concesión.
Lo anterior agravia a EDES S.A., puesto que de la transferencia o no de dicho contrato depende el valor al que se debe tomar el ingreso al sistema de la energía eólica generada por la CEySMB Ltda., ya que ella había acordado con ESEBA S.A. la posibilidad de compensar la electricidad propia producida en exceso por sus aerogeneradores con la que regularmente le adquiría a esta última.
Si se determina que el contrato efectivamente fue transferido a EDES S.A., la compensación ha de hacerse en condiciones de paridad (1:1); es decir, que la CEySMB Ltda. habrá de tomar como valor por el intercambio lo mismo que le cobraba ESEBA S.A. por la venta de electricidad. Inversamente, si se concluye que el acuerdo no fue transferido como parte de la licitación de las unidades económicas de la liquidada firma estatal, EDES S.A. estima -y así se lo propuso a la CEySMB Ltda. en el año 2000- que los valores de compensación son otros distintos: básicamente, lo que resulte del cuadro tarifario para grandes demandas energéticas (tarifa T3MT) en el caso de energía y lo que fije la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el cálculo de la potencia (v. fs. 10).
I.2. El conflicto que ahora ocupa al Tribunal se remonta por lo menos al año 1997, pero cobra vigor en octubre de 2000 cuando la CEySMB Ltda. le envió una nota a EDES S.A. planteando dos cuestiones. De un lado, pidió que se le abone en concepto de intercambio de energía y potencia en el nodo "Mayor Buratovich" la suma de $191.493,76. De otro, reconoció deberle en concepto de penalización por bajo factor de potencia la suma de $5.880,10. Frente a este reclamo, EDES S.A. hizo su propia propuesta respecto a lo que consideraba los valores correctos a los que debía realizarse la compensación, además de estimar en un monto superior la penalización a la cooperativa. A su turno, la CEySMB Ltda. insistió con su postura primigenia y, en el año 2001, actualizó el valor de lo que se le adeudaba a la suma de $398.398,68.
Sin posibilidad de componer el diferendo por sus propios medios, las partes sometieron la controversia al OCEBA, que luego de numerosas tratativas y ante la falta de acuerdo dictó la resolución 215/02 que es materia de impugnación en el presente juicio (v. fs. 418/419, expte. adm.).
I.3. En dicho acto, el Directorio del organismo, con base en lo dictaminado por la Gerencia de Mercado, sostuvo que la solución del conflicto se circunscribía a determinar si el contrato de suministro y su adenda firmado en 1993 entre la CEySMB Ltda. y ESEBA S.A. fue de hecho transferido en todos sus términos a EDES S.A., cuando esta adquirió el paquete accionario de la disuelta empresa estatal y, así, apoyándose en lo informado por la Gerencia de Procesos Regulatorios, el OCEBA tuvo en cuenta que entre las cláusulas del pliego de bases y condiciones surgía del punto 2.1.1 que la oferta implicaba "El conocimiento y aceptación de la documentación y de las reglas y requisitos que rigen la licitación", especialmente y sin "carácter limitativo", de "Las obligaciones emergentes de los contratos vigentes que serán transferidos a cada Unidad de Negocios y que se adjuntan como Anexo 8 de los Apéndices C1, C2, DN, DA, DS y T, respectivamente..." (pto. 2.1.1.7).
A lo expresado, se puso de resalto que en el punto 14.12 del pliego se estableció que "...Los contratos de suministro de energía suscriptos entre ESEBA SA y cooperativas eléctricas se regulan por las disposiciones propias de cada uno de ellos..."; mientras que en el contrato de concesión celebrado entre la Provincia de Buenos Aires con EDEN S.A., EDES S.A. y EDEA S.A. se aclaró que "...La concesión otorgada implica la obligación de la concesionaria de continuar suministrando, en las condiciones técnicas vigentes, energía a los concesionarios municipales que se describen en el Subanexo 'F'".
Para más, se ponderó que en el protocolo correspondiente al Data Room de ESEBA S.A. -que era parte integrante de la documentación de la licitación pública- constaba la lista de cooperativas vinculadas por contratos vigentes, además de los modelos de contratos firmados con aquellas durante los años 1993, 1996 y 1997.
Finalmente, tuvo en consideración la respuesta brindada por ESEBA S.A. durante el procedimiento administrativo dando cuenta de la notificación cursada el 10 de septiembre de 1997 a la CEySMB Ltda. respecto a la cesión de su contrato y subsiguiente comunicación a EDES S.A.
De esta forma, sumado a los dictámenes de la Dirección Provincial de Energía y de la Asesoría General de Gobierno que recomendaban resolver a favor de la CEySMB Ltda., el Directorio del OCEBA dispuso "Determinar que el Contrato de Suministro de Energía Eléctrica celebrado en el año 1993 entre la Empresa Social de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires Sociedad Anónima (ESEBA SA) y la Cooperativa Eléctrica y de Servicios de Mayor Buratovich Limitada fue transferido a la Empresa Distribuidora de Energía Sur Sociedad Anónima (EDES SA)".
I.4. Frente a lo decidido se alzó EDES S.A. con un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Ambos fueron desestimados por el OCEBA a través de la resolución 23/03. Contra tal decisión y la resolución 215/02 -que quedó confirmada en todos sus términos- la actora promovió demanda contencioso administrativa ante la instancia originaria de esta Suprema Corte (cfr. art. 215, Const. prov.).
II.1. En su postulación, EDES S.A. reedita los argumentos que esgrimió en sede administrativa y, por eso, comienza cuestionando la validez de la resolución 215/02 del OCEBA.
II.2. En primer lugar, entiende que el ente regulador actuó al margen de su competencia pues reputa que su decisión es un pronunciamiento sobre la transferencia o no de un activo empresarial -el contrato de 1993-, aspecto para el cual únicamente sería competente la autoridad de aplicación; es decir, aquella a la que alude la ley 11.771 de privatización de ESEBA S.A., que en su art. 18 fijó en cabeza del Ministerio de Obras y Servicios Públicos la ejecución de ese procedimiento.
II.3. Considera también que los actos impugnados vulneran el debido procedimiento previo y el derecho de defensa.
II.3.a. En tal sentido, recuerda que EDES S.A. presentó su caso ante el ente regulador de modo tal que este debía resolver: (a) la valoración del intercambio de potencia y (b) el plazo por el cual se habría de calcular la penalización por exceso de energía reactiva (bajo factor de potencia) contra la CEySMB.
Ello, no obstante, remarca que el ente regulador resolvió la controversia con la mera determinación de que en la especie efectivamente se había producido la cesión del contrato del año 1993 a EDES S.A., pero no trató el argumento supletorio. Al respecto, alegó en vía recursiva que ante el evento de considerarse transferido el contrato, la pretensión de la coadyuvante en autos debía rechazarse puesto que lo acordado en 1993 solo se refería al intercambio de energía, mas no al de potencia (v. fs. 2, expte. adm.). Y esto no podía ser de otro modo -dice- ya que "...la potencia de los aerogeneradores no es firme, atento a las características propias y particulares del sistema de generación eólica, [por lo que] resulta ilógico e inadmisible la existencia de una supuesta relación de intercambio en igualdad de condiciones, cuando el presupuesto base no lo es" (fs. 15).
II.3.b. En otro orden de ideas, denuncia un vicio en el procedimiento administrativo en la medida en que la resolución 215/02 fue suscripta por el doctor Gerardo J. González en su carácter de presidente del OCEBA, quien con anterioridad había presentado informes en las actuaciones en su otrora condición de gerente de asuntos legales de ESEBA S.A. (v. fs. 53, 84/86 y 88/90, expte. adm.).
Entre estas gestiones se encuentra la notificación a la CEySMB Ltda. relativa a que el contrato con ESEBA S.A. de 1993 había sido transferido a EDES S.A. y la posterior puesta en conocimiento a esta última acerca de tales comunicaciones. Pero mayor atención se pone en la contestación al informe requerido por el organismo de control, puesto que aquí el doctor González -todavía como apoderado de la firma estatal- refutó la pretensión de la cesionaria "...a raíz de la actitud renuente que ha demostrado EDES SA en torno a la cesión referida" (fs. 88, expte. adm.).
En virtud de este hecho, la actora afirma que el órgano decisor no proveyó garantías mínimas de imparcialidad, sin perjuicio de la honorabilidad e integridad que el mencionado funcionario le merece. Pero independientemente de esto, entiende que es evidente que como presidente del OCEBA que antes había sido abogado de ESEBA S.A. debió haberse excusado, máxime por haber emitido opinión sobre el asunto contractual.
II.4. Continuando con su crítica, EDES S.A. denuncia varios vicios en la motivación de la resolución 215/02.
II.4.a. En primer lugar, sostiene que nunca pudo el OCEBA apoyarse válidamente en las notificaciones cursadas por ESEBA S.A. y el Coordinador General de Privatización alusivas a la transferencia de los contratos con las cooperativas, puesto que todas ellas fueron posteriores a la adjudicación de la concesión. Al margen de esta cuestión cronológica, entiende que se trataría de actos dictados con incompetencia por razón del tiempo o la materia, no dejando de advertir que ESEBA S.A. debía -en virtud de lo estipulado en el art. 17 del contrato de concesión- notificar a las cooperativas antes de la celebración del instrumento de la concesión.
II.4.b. Alega también que ni en los listados anexados al pliego de bases y condiciones, como así tampoco, en el Data Room , constaba el contrato celebrado en 1993 entre ESEBA S.A. y la CEySMB Ltda. por la compensación del ingreso al sistema de la energía eólica generada por esta última. Por entender que esto fue así, asegura que no tuvo conocimiento acerca de su existencia y, por lo tanto, no pudo llevar a cabo un correcto análisis a los fines de determinar la conveniencia o, en todo caso, los términos específicos de su oferta.
Si bien dice no desconocer que su presentación implicaba el conocimiento y aceptación de la documentación y reglas de la licitación -incluidas las obligaciones emergentes de los contratos preexistentes que serían cedidos-, en su criterio ello solo podía ser en relación a la información realmente disponible al momento de ofertar, lo cual asegura no incluía el mentado contrato de 1993.
II.5. En la inteligencia de que en la especie se han apreciado de modo distorsionado los hechos y el derecho aplicable, la accionante adicionalmente denuncia un vicio en la causa de la resolución 215/02. En este sentido, reitera lo dicho con anterioridad y señala que la consideración de un contrato que no se acompañó junto al pliego de bases y condiciones, ni existía en el Data Room, es evidencia cierta de que el OCEBA basó su decisión en presupuestos erróneos.
II.6. Para finalizar, aduce que la resolución 215/02 se encuentra viciada en su objeto, ya que las razones expuestas supra -básicamente, la denunciada indisponibilidad del contrato de 1993 durante el procedimiento licitatorio- tornarían absurdo, y por ende ilegítimo, el contenido de la decisión.
III.1. En lo que atañe a la anulación de la resolución 23/03, por la cual se rechazó el recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto contra la resolución 215/02, la parte actora reedita los argumentos esbozados en relación a esta última.
A mayor abundamiento, repara en que el OCEBA no tenía competencia para resolver por sí y ante sí la apelación, sino que entiende debió elevar el expediente al ministerio del cual dependía, siendo este el órgano habilitado para pronunciarse al respecto.
III.2. Asimismo, le endilga al acto un vicio en su motivación y denuncia violación al debido proceso adjetivo. En tal sentido, resalta que se mantuvo incontestado el planteo supletorio por el cual esgrimió que, aún en el supuesto de considerarse transferido el contrato de 1993 a EDES S.A., este solo versaba acerca del intercambio de energía mas no de potencia. A su vez, afirma que tampoco se abordó la cuestión vinculada al plazo por el cual se habría de calcular la penalización a la CEySMB Ltda. por bajo factor de potencia.
III.3. De otro lado, considera que de manera alguna la prueba informativa ofrecida -consistente en el libramiento de un oficio al Ministerio de Obras y Servicios Públicos para que dé cuenta del contenido del pliego de bases y condiciones, del Data Room y del contrato de concesión- era superflua, puesto que su objetivo era acreditar que el contrato celebrado entre ESEBA S.A. y la CEySMB Ltda. en 1993 no había sido cedido a EDES S.A. en tanto aquel no se hallaba entre la citada documentación.
III.4. También cuestiona la confirmación de la competencia del OCEBA para dictar la resolución 215/02 fundada en los arts. 60 inc. "b" y 66 de la ley 11.769, puesto que el punto sobre el cual el ente regulador se pronunció fue, en definitiva, acerca de la transferencia o no de un activo en el marco del procedimiento de privatización, todo lo que, según entiende, era materia propia de la autoridad de aplicación de la ley 11.771 -eventualmente, el Gobernador, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y/o la Dirección Provincial de Energía-.
III.5. Por último, en lo tocante a la desestimación del agravio ligado a la intervención del doctor González en el dictado de la resolución 215/02 en su carácter de presidente del OCEBA -y que antes había sido apoderado de ESEBA S.A. y emitido opinión sobre el diferendo-, la actora sostiene que no tuvo ocasión de recusarlo en la primera oportunidad dado que recién tomó conocimiento de su actuación con la notificación de dicho acto administrativo.
IV.1. A fs. 99/113 contestó la demanda la Fiscalía de Estado.
Luego de efectuar una detallada reseña de los antecedentes que dieron lugar a la controversia, defendió lo actuado por el OCEBA en el dictado de las resoluciones 215/02 y 23/03.
IV.2. Comenzando por el denunciado vicio de incompetencia, asegura que el ente regulador estaba facultado para decidir como lo hizo. Así, recuerda que con arreglo a la ley 11.769 el OCEBA resulta competente para hacer cumplir el Marco Regulatorio Eléctrico provincial, controlar la prestación de los servicios y, en particular, verificar que se cumplan con las obligaciones fijadas en los contratos de concesión (art. 62 inc. "b", ley cit.).
Agrega que el organismo de control está llamado a intervenir en toda cuestión vinculada a la actividad de los concesionarios (art. 62 inc. "h"), prevenir conductas discriminatorias (art. 62 inc. "i"), controlar que las tarifas sean aplicadas de conformidad con los correspondientes contratos (art. 62 inc. "j") y aplicar sanciones a los agentes de la actividad eléctrica (art. 62 inc. "q"). Refuerza esa inteligencia con lo normado en el art. 68 de esa ley, cuando reza que toda controversia entre tales sujetos "...deberá ser sometida previa y obligatoriamente, para su resolución, al Organismo de Control".
A su vez, pone de resalto que EDES S.A. aceptó inicialmente la competencia del OCEBA a fin de mediar entre ella y la CEySMB Ltda.; postura que entiende viola la doctrina de los actos propios.
Considera que el hecho de que la Gerencia de Procesos Regulatorios se haya referido a la incompetencia del OCEBA para dictar el acto carece de relevancia, no solo por tratarse de un dictamen no vinculante sino también porque, en definitiva, ese organismo fue el que luego preparó el proyecto de resolución cuya legalidad aquí se ventila.
IV.3. Pasando ya a la denuncia de que el OCEBA no habría dado tratamiento a cuestiones esenciales -la del intercambio de potencia y cálculo de la energía reactiva-, la Fiscalía de Estado sostiene que tales asuntos no resultaban conducentes a los fines de resolver la controversia.
En esa dirección, afirma que al concluirse que el contrato de 1993 fue transferido a EDES S.A. tras la licitación, esta se encontraba obligada a tomar la energía sobrante de la generación eólica al mismo precio de su facturación, con lo cual ya no era necesario proceder a discriminar los conceptos de energía, potencia y reactiva excedente.
IV.4. En orden al planteo referente a la parcialidad de uno de los miembros del Directorio del OCEBA, asegura que la circunstancia de que el doctor González se haya desempeñado como apoderado de ESEBA S.A. demuestra que mal pudo este haber incurrido en prejuzgamiento, tal como se aduce, dado que dicha persona carecía de competencia decisoria durante su paso por la empresa estatal.
Dice que ello no le impidió posteriormente asumir como presidente del ente regulador, puesto que no había ningún conflicto de intereses, incluso para dictar la resolución 215/02, en tanto no tenía expectativas personales en una controversia que involucraba a dos agentes de la actividad eléctrica, ni amistad o enemistad con cualquiera de las partes. Y de esto destaca la primigenia actitud de EDES S.A., que no recusó al funcionario.
A todo evento, repara en que el Directorio del OCEBA est
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