Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121562
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.562, "Espeche, Sebastián Rubén contra Caja de Previsión Social para Abogados de la Pcia. de Bs. As. y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, de Lázzari, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 2.465/2.492).
Se interpusieron, por ambas partes, demandada y actora, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 2.527/2.532 vta. y 2.533/2.544 vta., respectivamente).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la demandada?
En su caso:
2ª) ¿Es fundado el interpuesto por la actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa señalar, el tribunal de origen hizo lugar a la demanda promovida por Sebastián Rubén Espeche y condenó a la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que estableció en concepto de vacaciones, sueldo anual complementario, indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 53 ter de la ley 11.653; 10 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. En cambio, la rechazó en cuanto pretendía el cobro de comisiones por honorarios no percibidos, comisiones devengadas, reintegro de retención sobre ingresos brutos y salarios abonados y de las sanciones contempladas en los arts. 15 de la ley 24.013 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v . fs. 2.465/2.492).
En lo esencial, tuvo por verificado que desde el día 2 de mayo de 2001 el actor prestó servicios como abogado para la Caja demandada en la Delegación Morón, con poder otorgado para intervenir en los juicios de apremio contra sus afiliados deudores de aportes. Asimismo, que la relación finalizó por despido directo -que a la postre consideró injustificado- dispuesto por la empleadora el día 21 de agosto de 2012.
Ante la controversia planteada respecto a si el actor, además de la remuneración fija abonada según recibo por su empleador, percibía una suma fuera de registro en concepto de comisiones por honorarios; el tribunal tuvo por cierto que las partes suscribieron un convenio según el cual el señor Espeche tenía derecho al cobro de los honorarios regulados exclusivamente de los terceros vencidos en costas y, en cambio, carecía de acción contra la Caja como deudora solidaria por ser beneficiaria de su trabajo. Asimismo y en razón de su tarea profesional, tampoco tenía derecho al cobro de los emolumentos fijados judicialmente cuando la demandada hubiere sido vencida (v. vered., fs. 2.466 vta.).
Juzgó verificado que según el método implementado por la demandada, el dinero correspondiente a los convenios con sus afiliados (capital e intereses, honorarios, gastos y tasa de justicia) ingresaba a la Caja, quien autorizaba el pago de honorarios contra la factura emitida por el apoderado a nombre del afiliado ejecutado, desde el año 2005, ya que antes se facturaba directamente a la accionada (v. vered., fs. 2.466 vta. y 2.587).
En ese orden, tras descartar la nulidad planteada por el accionante sobre el evocado convenio y en atención a la validez conferida a dicho instrumento, el tribunal determinó que no resultaban ejecutables los honorarios regulados contra la empleadora quien tenía contratado al demandante mediante el pago de una retribución periódica (v. sent., fs. 2.475 vta./2.477 vta.).
Sin embargo, consideró que los emolumentos a cargo de los terceros vencidos en costas, pactados en los acuerdos transaccionales celebrados por el actor en las causas de apremio contra los afiliados de la demandada, constituían la forma salarial "ocasión de ganancia" prevista en el art. 105 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 2.477 vta.).
En este sentido, y en atención a que la relación laboral habida entre las partes incluía la existencia de un mandato, determinó que el desempeño del señor Espeche como abogado en los juicios de apremio contra los afiliados de la accionada tuvo su razón de ser en el contrato de trabajo que contribuyó y le permitió generar una ocasión de ganancia (art. 105, LCT), sin que se hubiera acreditado que esta al ofertar una suma fija no haya advertido dicha situación (v. sent., fs. cit.).
Refirió que en el caso no se trataba de comisiones (forma de retribución a cargo del empleador por rendimiento de trabajo) como lo pretendía el accionante, sino de la oportunidad de ganancia prevista en el art. 105 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es una prestación por parte del principal que no implica dar dinero, sino que se traduce en una conducta que en definitiva origina un ingreso a cargo de los terceros afiliados, ejecutados por el accionante (v. sent., fs. 2.477 vta. y 2.478).
Sentado ello, dispuso que las indemnizaciones derivadas del distracto debían calcularse sobre la base de la mejor remuneración percibida por el actor durante el último año incluidos los importes facturados en concepto de honorarios -$15.631,32- (v. sent., fs. 2.478/2.479 vta.).
Luego, haciendo uso de la facultad conferida por el art. 16 de la ley 24.013, redujo el incremento correspondiente a la sanción prevista en el art. 10 de la citada ley y suprimió la duplicación indemnizatoria contenida en su art. 15 (v. sent., fs. 2.481).
En otro orden, ordenó a la demandada entregar los certificados contenidos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo con los datos que surgían de la sentencia y los recaudos contemplados en el citado precepto e hizo lugar a la sanción contemplada por dicha norma (v. sent., fs. 2.480 vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia absurdo y solicita se revoque la sentencia de grado en cuanto dispone el progreso de la acción sobre una base de cálculo conformada por el salario mensual percibido por el actor con más los importes facturados en concepto de honorarios, como así también en lo relativo a la aplicación al caso del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y la ley 24.013 (v. fs. 2.527/2.532 vta.).
Postula que no pudo el juzgador sostener que los honorarios (a cargo de terceros vencidos en la contienda, conf. el art. 68, CPCC) representaron una "oportunidad de ganancia" para el accionante en los términos del art. 105 de la Ley de Contrato de Trabajo. Alega que la posibilidad de que el actor cobrara honorarios de los vencidos en costas como parte integrante de su salario no sólo no fue objeto de la negociación contractual entre las partes (art. 12, LCT), sino que nunca fue considerada por la demandada.
Sostiene que nunca hubo "oportunidad de ganancia" generada por la empleadora. El hecho de que en el convenio suscripto en los términos del decreto ley 8.904/77 se dejara constancia respecto a que "el Sr. Espeche tendrá derecho a percibir los honorarios que le fueren regulados, exclusivamente, de los terceros vencidos en costas", no implica reconocimiento de su parte sobre la mentada ocasión de ganancia.
Refiere que el cobro de honorarios a los vencidos en costas es un derecho inherente al ejercicio profesional del demandante y no guarda relación alguna con su parte. Agrega que los referidos emolumentos son de propiedad del actor (cuya causa fuente es legal) y están excluidos de su poder de control, dirección y/o supresión.
Afirma que la "ocasión de ganancia" debe necesariamente surgir de una negociación individual y no puede ser impuesta por ley. Insiste en que el reconocimiento al profesional de su derecho a cobrar honorarios por el trabajo realizado no implica que se los considere salario en especie, cuando su parte está legalmente obligada a admitir su existencia.
Señala que el actor siempre tuvo derecho a percibir honorarios por su labor profesional, ya sea durante la relación laboral con la accionada e incluso luego de su extinción. Aduce que los honorarios percibidos por el doctor Espeche de parte de terceros ajenos a la relación (ejecutables en cualquier momento sin importar la vigencia del contrato de trabajo) no deben integrar la remuneración base a los efectos previstos en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y mucho menos juzgarse como salario abonado en forma clandestina.
Objeta también que en base a la errónea conclusión respecto a que los mentados emolumentos integraron el salario del dependiente se le ordenó a la accionada la entrega de nuevos certificados de trabajo y -en lo que es motivo de concreto agravio- se lo condenó al pago de la multa prevista en el art. 80 de la citada ley 20.744, a la vez que se consideró de aplicación al caso la ley 24.013, con los alcances fijados en el fallo (art. 16, Ley Nacional de Empleo).
III. El recurso es inadmisible.
III.1. Inicialmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma resultante de efectuar el cálculo de los rubros que integran la condena excluyendo de la base salarial los importes facturados en concepto de honorarios (incluidas las penalidades contenidas en los arts. 2, ley 25.323; 10, ley 24.013 y 80, Ley de Contrato de Trabajo)- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, de modo que la admisibilidad del remedio procesal deducido únicamente podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En tales condiciones, la función revisora de la Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.642, "Short", sent. de 21-IX-2016; L. 119.106, "Romero", sent. de 17-V-2017; L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; e.o.).
III.2. Bajo tales premisas, es posible advertir que el planteo esencialmente dirigido a impugnar la decisión que incluyó para el cómputo de los rubros que integraron la condena el importe correspondiente a los honorarios percibidos por el actor de parte de terceros, debe desestimarse.
En efecto, no sin dejar de advertir que el tema vinculado a la configuración del supuesto remuneratorio "ocasión de ganancia" previsto en el art. 105 de la Ley de Contrato de Trabajo y su calificación como pago clandestino, involucra el análisis de cuestiones índole fácticas, lo cierto es que en el caso el impugnante no ha denunciado la vulneración de doctrina legal alguna, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por conducto de la hipótesis habilitante prevista en el citado art. 55 de la ley 11.653.
Luego, resulta inatendible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, examinado en el marco de la hipótesis de excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, en el que se omite la denuncia de violación de doctrina legal vinculada a los agravios en él expuestos (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013; L. 117.832, "Campos Dure", sent. de 2-XI-2016; e.o.).
Sentado ello, debiendo permanecer firmes las conclusiones fácticas antes señaladas, en tanto no son revisables por la vía de excepción examinada, pierde entidad lo alegado por el compareciente en torno a la aplicación al caso de la ley 24.013.
III.3. Por las mismas razones es inadmisible la impugnación concerniente a la procedencia de la sanción pecuniaria del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En efecto, también aquí, los planteos que formula el interesado se refieren a típicas cuestiones de hecho y, además, prescinden de toda denuncia tendiente a demostrar el quebrantamiento de la doctrina legal de esta Corte. En tales condiciones, el examen propuesto por el agraviado resulta extraño al ámbito de la casación por la vía que transita el recurso (causas antes cit.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso no puede ser admitido.
En primer lugar, corresponde recordar que este Tribunal ha expresado reiteradamente que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (causas L. 116.571, "Pastrán Contrera", resol. de 21-VI-2012; L. 117.189, "White", resol. de 17-IV-2013; C. 121.592, "Hernández", resol. de 28-VI-2017 y L. 120.605, "Altuzarra", resol. de 13-IX-2017).
Luego, se impone señalar, que la interesada no ha cumplido con la carga de demostrar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia (es decir, la diferencia que se produciría en aquellos rubros que integran la condena a partir de computar la base salarial que la recurrente pretende) supere el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141, B.O. de 15-VII-2010).
En efecto, sin perjuicio de los términos en que fuera concedido por el a quo el recurso bajo examen, nada dijo la impugnante en torno al valor del litigio ante esta instancia tendiente a cumplir con dicho requisito de admisibilidad, por lo que, toda vez que no corresponde a este Tribunal suplir esa falencia, abordaré el recurso en el marco de la vía que establece el art. 55 primera parte in fine de la ley 11.653 (causas L. 96.737, "Coccioli", sent. de 1-X-2008; L. 100.098, "Olazar", sent. de 3-III-2010; L. 101.498, "Speranza", sent. de 3-X-2010; L. 115.072, "Cipolletti", sent. de 28-VIII-2013; L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014, e.o.).
II. Sentado ello, adhiero al voto de la colega que abre el acuerdo por los fundamentos que allí se exponen.
Así lo voto .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la primera cuestión en el mismo sentido.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Por las mismas razones invocadas por la doctora Kogan en su sufragio, y con su alcance, doy el mío en el mismo sentido .
Así lo voto .
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la primera cuestión en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la actora cuestiona el rechazo del reclamo por el cobro de comisiones devengadas adeudadas y lo decidido en torno a las multas previstas en los arts. 10 y 15 de la ley 24.013 (v. fs. 2.533/2.544 vta.).
Sostiene que en virtud de lo dispuesto por los arts. 12 y 13 de la Ley de Contrato de Trabajo debió declararse la nulidad del convenio suscripto entre las partes, porque alteró negativamente y en su perjuicio las condiciones de trabajo pactadas al inicio de la relación laboral.
En este sentido, aduce que mediante dicho instrumento la Caja intentó desprenderse de su responsabilidad en el pago de las comisiones por los honorarios devengadas de su trabajo poniendo dicha obligación a cargo de los "terceros vencidos en costas", aunque en la práctica era ella quien las abonaba.
Refiere que suscripto el aludido acuerdo con posterioridad al inicio del vínculo laboral y ante las modificaciones que introdujo, entre otras, respecto de las condiciones salariales originalmente pactadas (una remuneración mensual registrada y otra fuera de registro en concepto de comisiones por honorarios) debió ser declarada nula en razón del perjuicio grave y notorio que le ocasionara al trabajador, sin que éste obtuviera un beneficio o ventaja a cambio.
Señala que otra razón para negarle validez al evocado acuerdo resulta de la violación que representa a los límites del ius variandi, circunstancia que además torna irrelevante la invocación y acreditación de un vicio en la voluntad del trabajador. Argumenta que el posterior consentimiento -expreso o tácito- del dependiente no puede sanear ni convalidar un acto pasible de nulidad absoluta, resultando imprescriptible la acción a su respecto.
Alega que en el caso quedó acreditado que el actor facturaba a la demandada y no a terceros como debiera haber ocurrido de observarse lo "estipulado" en el "convenio". Postula que la propia empleadora incumplió con lo pactado, al continuar abonando los honorarios conforme da cuenta el hecho de que retuviera ingresos brutos. Agrega que la propia demandada establecía el monto que habría de abonar por tales emolumentos, cercenando su derecho a pactarlos y percibirlos de los terceros en los que aquella intentó deslindar su responsabilidad.
Sostiene entonces que anulado el acuerdo recobra vigencia la modalidad remuneratoria convenida al inicio del vínculo y, por lo tanto, los honorarios devengados en los procesos en los que el actor representara a la accionada deben considerarse como comisiones no registradas (forma de retribución del empleador por rendimiento de trabajo) y resultan ejecutables a la propia Caja demandada. Aduce que por iguales fundamentos debe revocarse la decisión que admitió la excepción de incompetencia opuesta por la accionada y declararse la competencia material del tribunal de origen conforme lo prescripto por el art. 2 inc. "a" de la ley 11.653.
Expresa que las aludidas comisiones que integraran su remuneración no pueden confundirse con los "honorarios" a los que alude el decreto ley 8.904/77. Requiere que se haga lugar a su petición en la forma y por el monto reclamado en el escrito inicial y/o en lo que más o en menos se determine justo, reiterando a esos efectos, lo solicitado en cuanto a que se practique la liquidación sobre la base del ius arancelario vigente al momento del dictado de la sentencia
En subsidio, para el caso que se rechace su anterior planteo, sostiene que aún de considerarse que los referidos emolumentos constituyeron una ocasión de ganancia en los términos del art. 105 de la Ley de Contrato de Trabajo, quedó acreditado que la demandada no registró esa parte de su remuneración. A partir de ello, impugna el rechazo de las multas contenidas en los arts. 10 y 15 de la ley 24.013.
Expresa que el juzgador no pudo valerse de la facultad contenida en el art. 16 de la citada ley, por cuanto dicho precepto resulta aplicable cuando "las características de la relación existente entre las partes pudieran haber generado en el empleador una duda razonable acerca de la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo", situación que no se presenta en el caso, en tanto no hubo controversia respecto a la existencia de un vínculo laboral entre las partes. Refiere que tampoco cabe su aplicación analógica al supuesto de autos, es decir, en cuanto a la duda que pudo existir sobre la naturaleza salarial de los honorarios abonados por terceros y la necesidad de su registración.
Agrega a ello que si el legislador hubiese querido incluir la indemnización del art. 10 de la ley 24.013 lo hubiera hecho expresamente en el texto del art. 16 de la referida ley. Sostiene que, por el contrario, la norma remite para su aplicación al supuesto previsto en el art. 8 de la ley 24.013 (relación no registrada) y contempla para ese mismo caso la
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