Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123058
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.058, "Michelena, María José contra Provincia ART S.A. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Pettigiani, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó íntegramente la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 310/316).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 4 de junio de 2018).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 333/334), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado desestimó íntegramente la demanda que María José Michelena -docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires- promovió contra Provincia ART S.A.; mediante la cual procuraba el cobro de diferencias indemnizatorias con fundamento en el derecho común, con motivo de la incapacidad derivada del accidente de trabajo in itinere que sufrió el día 11 de abril de 2012, y por el cual la accionada abonó $130.138,11 en concepto de las prestaciones previstas en la ley especial.
Para así decidir, luego de decretar la inconstitucionalidad del art. 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo y declarase competente para entender en la litis, señaló que la parte actora intentó poner en funcionamiento el sistema de responsabilidad civil para lograr la reparación integral de los infortunios derivados del trabajo, sin cumplir con las mínimas premisas que la elección de la vía extrasistémica exige para obtener dicha reparación (v. sent., fs. 312 vta. y 313).
En ese sentido, remarcó que el accionante se limitó a citar escuetamente los arts. 4 y 31 de la Ley de Riesgos del Trabajo y 1.074 del Código Civil, para "responsabilizar a la aseguradora de la reparación plena del daño" causado por el accidente sufrido. Asimismo, agregó que -de todos modos- encontrándose el accidente in itinere contemplado únicamente en la ley 24.557, era dentro de ese marco en el que podría decidirse la cuestión (v. sent., fs. 313 vta.).
A partir de lo señalado concluyó que, a raíz del canal elegido, todo lo reclamado por la actora resultaba inviable; encontrándose impedido de analizar la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557 en cuanto no permite accionar por responsabilidad civil (v. sent., últ. fs. cit.).
Por todo ello, juzgó que correspondía rechazar íntegramente la demanda, siendo abstracto -según apuntó- la consideración de las excepciones opuestas (arts. 726, Cód. Civ. y Com. y 375, CPCC; v. sent., fs. 314).
II. Contra la decisión de grado se alza la legitimada activa mediante recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley.
En sustento del primero de ellos, denuncia la transgresión del art. 168 de la Constitución provincial y de la doctrina legal de esta Suprema Corte.
En concreto afirma que el juzgador de grado omitió pronunciarse acerca de una cuestión -a su criterio- esencial, consistente en "la obligación de otorgar prestaciones médicas necesarias para la reparación integral de la actora en el marco de lo establecido por la ley de riesgos del trabajo" (v. punto V del escrito recursivo), las que -entiende- resultaron avaladas en las pericias producidas en autos.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, opino que el recurso no puede prosperar.
Al respecto, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 inc. 3 apartado "b" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 89.528, "Maldonado", sent. de 23-VII-2008; L. 93.996, "Pérez Baglivio", sent. de 19-X-2011 y L. 100.717, "Miño", sent. de 28-XII-2011).
En tal sentido, esta Corte ha expresado en reiteradas oportunidades que la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales con virtualidad para generar la invalidez del fallo no es aquella en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o tácitamente, pues lo que se sanciona con la nulidad del pronunciamiento en el art. 168 de la Constitución provincial es la preterición de una cuestión esencial y no la forma en que ésta fuere resuelta (causas L. 117.758, "Pio" y L. 118.080, "Maletti", resols. de 29-X-2014 y L. 100.830, "Abelen", sent. de 3-XII-2014).
Y, precisamente, tal es lo que sucede en el presente caso.
Ello así, pues la cuestión que se dice preterida quedó implícitamente abordada por tribunal de grado al considerar que, ante los hechos probados en el veredicto, el encuadramiento normativo elegido y su escueta fundamentación, resultaba "inviable todo reclamo" formulado por la actora (v. sent., fs. 313 vta.).
Surge nítido -entonces- que, más allá de la opinión que pudiera merecer tal declaración, el juzgador no soslayó abordar el tema que se dice omitido.
En tal sentido, esta Corte ha declarado que los agravios que se dirigen a controvertir la valoración del material probatorio, la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, el acierto jurídico de la decisión, el modo en que las cuestiones fueron resueltas por los magistrados de grado, se hallan vinculados a la imputación de eventuales errores in iudicando , resultando, por lo tanto, ajenos al acotado ámbito del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 102.098, "Llera", sent. de 16-II-2011 y L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014).
IV. Por lo expuesto, debe rechazarse el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres y Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Me sumo a la propuesta decisoria que formula la doctora Kogan.
Simplemente he de señalar, para mayor satisfacción de la recurrente, que aun cuando pueda achacarse al tribunal de origen cierta laxitud en el desarrollo volcado en la sentencia, al cabo tuvo por acreditado que la aseguradora demandada cumplió las prestaciones sistémicas a su cargo.
Voto por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la legitimada activa denuncia absurdo en la interpretación de los hechos y en la apreciación de las pruebas producidas en la causa, la violación de los principios iura novit curia y de congruencia; y de los arts. 3, 10, 11, 15, 36, 39, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 37, 48, 50, 52 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo; 14, 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 39, 47 y 48 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 375, 384, 386, 456 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 520, 521, 522, 901 a 906, 1.068, 1.069, 1.078, 1.084, 1.085 y 1.086 del Código Civil velezano; 51, 52, 53, 55, 71, 1.736, 1.737, 1.738, 1.739, 1.740, 1.742, 1.745, 1.746, 1.770 y 1.792 del Código Civil y Comercial (ley 26.994) y de la doctrina legal de la Suprema Corte que cita.
I.1. Sostiene que la sentencia deviene arbitraria en tanto desvirtúa la forma en que quedó determinado el objeto procesal.
En tal sentido, aduce que su parte reclamó -con base en un accidente de trabajo in itinere - por diferencias indemnizatorias derivadas de la insuficiente e incompleta suma con arreglo a la cual se intentaron reparar los daños derivados del infortunio.
Alega que su parte no planteó la atribución de responsabilidad con fundamento en el derecho común, sino que, ante la insuficiencia de la indemnización tarifada recibida, entendió afectado el derecho a un resarcimiento pleno amparado por la Constitución nacional, solicitando que -en el caso- se declare la inconstitucionalidad del límite reparatorio fijado por la ley 24.557 (art. 39). En este sentido, afirma que su demanda excede el marco del derecho común y "...se apoya en normas constitucionales y supra legales (tratados internacionales) que se hallan por encima de lo previsto por la señalada normativa" (punto V.2.2. -cuarto párrafo- del escrito recursivo).
Por ello, afirma que la interpretación efectuada por el tribunal de grado incurre en absurdo y transgrede el principio de congruencia, desde que no se compadece con las constancias objetivas de la causa.
I.2. Asimismo, manifiesta que pidió el otorgamiento de prestaciones no dinerarias con sustento en la existencia de una obligación legal de la aseguradora, poniendo el acento en los términos del dictamen de la perito psicóloga.
II. El recurso no prospera.
II.1.a. Tiene dicho esta Corte que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso e, igualmente, establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y su decisión al respecto sólo puede revisarse en sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en la interpretación y violación al principio de congruencia (causas L. 94.807, "Iasevoli", sent. de 1-XII-2010; L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013 y L. 117.694, "Martínez", sent. de 19-X-2016).
Sabido es, además, que para juzgar configurado el absurdo se requiere la verificación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 110.253, "Diez", sent. de 11-VII-2012; L. 118.169, "Pucheta", sent. de 14-X-2015 y L. 116.628, "Coscarelli", sent. de 22-III-2016), extremos que -adelanto- en modo alguno se comprueban en la especie.
En efecto, la interesada se dirige -infructuosamente- a evidenciar que el tribunal de grado alteró el objeto de la litis, reduciendo el análisis del caso a que su parte no requirió la atribución de responsabilidad civil, cuando -dable es puntualizar- en distintos pasajes de la demanda hizo referencia a ello (v. fs. 12, 15 vta., 17 vta., 20 vta., 22 y vta., e. o.).
Señaló además en dicha oportunidad que "la acción por responsabilidad civil contra la ART no implica ejercicio de la opción" (fs. 13), apreciación que, receptada en el pronunciamiento de grado, condujo a los magistrados a desestimar -como se reseñó al abordar la primera cuestión- la reparación pretendida al amparo del derecho común.
Adviértase, asimismo, que al momento de calcular la indemnización en concepto de daño material (lucro cesante), utilizó la fórmula establecida en el fallo emitido por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la causa "Méndez, Alejandro D. c/ Mylba S.A. y otro", individualizó cada uno de sus componentes y expuso los datos que consideraba pertinentes, arribando a la suma reclamada por ese concepto (v. fs. 28 vta. in fine y 29).
En este marco, no demuestra el recurrente que el ámbito litigioso haya sido alterado a partir del absurdo que imputa a los jueces en la interpretación de su pretensión, ni que en el caso se configure violación del principio de congruencia.
Al respecto, cabe recordar que reiteradamente ha señalado esta Suprema Corte que la conformidad entre la sentencia y los escritos de constitución del proceso en cuanto a las personas, el objeto y la causa es ineludible exigencia de cumplimiento de principios sustanciales del juicio relativos a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los límites de los poderes del juez (causas L. 84.945, "Buffo", sent. de 22-XI-2006; L. 85.849, "Bentrón", sent. de 11-IV-2007 y L. 92.617, "Valsecchi", sent. de 11-III-2009), los cuales -como dije- no observo excedidos en el caso.
II.1.b. Desde otra arista, destaco que el remedio omite denunciar la infracción de las normas legales actuadas por el tribunal de trabajo, que constituyeron el núcleo central de la argumentación fáctica y jurídica en que se sustentó la sentencia, esto es, los arts. 4 y 31 de la ley 24.557 y 1.074 del Código Civil (ley 340; v. sent., fs. 313 vta.), sin que esta Suprema Corte pueda suplir de oficio, por inferencias o interpretación la omisión en que incurre la parte interesada al formular su impugnación (causas L. 117.306, "Campos", sent. de 7-V-2014 y L. 118.409, "Ortega", sent. de 25-XI-2015).
II.1.c. A esta altura, huelga señalar que no resulta útil la denuncia de violación de derechos consagrados en la Constitución nacional, que en todo caso sería eventual consecuencia de haberse primero infringido preceptos legales de la materia que se trata y que no se ha acreditado (causas L. 100.037, "Negretti", sent. de 5-V-2010 y L. 100.556, "Domínguez", sent. de 27-IV-2011; e. o.).
II.1.d. En tales condiciones, la insuficiencia técnica de la postulación recursiva sella sin más la suerte adversa de la impugnación en la parcela que aquí se analiza.
II.2. Finalmente, no advierto que pueda atribuírsele entidad de agravio atendible a la mera mención del tópico vinculado al reclamo de otorgamiento de prestaciones no dinerarias (v. punto v.2.2., quinto párrafo del recurso examinado), pues se exhibe carente de todo desarrollo argumental que lo sustente (art. 279, CPCC).
III. Por todo lo expuesto, debe rechazarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres y Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Coincido con los motivos expresados por la doctora Kogan referidos a la insuficiencia técnica del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, que bastan, a mi entender, para brindar respuesta al interrogante planteado.
Con ese alcance, voto por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/10/2020 12:46:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/10/2020 18:10:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/10/2020 20:08:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/10/2020 15:16:40 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2020 08:42:07 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia