Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 118636
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 118.636, "A., M. C. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Indemnización por muerte (art. 248 LCT)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, de Lázzari, Pettigiani, Kogan, Natiello, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada vencida (v. fs. 141/166 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 172/181.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y acogió la demanda promovida por M. C. A. -por derecho propio y en representación de sus hijas menores E. A. R. A. y D. A. R. A.- contra la Provincia de Buenos Aires, por la que pretendía -con fundamento en las disposiciones del Código Civil- la reparación integral de los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de J. L. R. (esposo y padre de aquellas) acaecido en el mes de abril de 2007 mientras desempeñaba tareas como policía bajo dependencia de la accionada.
Para así decidir, en el veredicto -tras analizar el material probatorio aportado a la causa-, el a quo declaró acreditado que, en la fecha señalada, el causante perdió la vida al recibir un disparo en la cabeza "en cumplimiento del deber y en ejercicio de la función policial" (fs. 144 vta.).
En la etapa de sentencia, con apoyo en la doctrina legal que esta Corte estableciera en la causa L. 80.406, "Ferreyra" (sent. de 29-IX-2004), juzgó que la labor policial, cuando el personal se encuentra en la calle oponiéndose al accionar delictivo, se hallaba comprendida dentro de la expresión "cosa riesgosa" a la que hace alusión el art. 1.113 del Código Civil (v. fs. 147 vta.).
Luego, descartó que en el caso se hubiera verificado la circunstancia prevista en la parte final del segundo párrafo de la citada norma legal, es decir, la actuación de terceros por quienes no debía responder la demandada. En ese sentido, precisó el juzgador que "dado que la muerte del trabajador fue por homicidio en acto de servicio, ese tercero (delincuente) no puede ser considerado tercero por quien el Fisco no deba responder, sino precisamente todo lo contrario pues la misma actividad policial está diseñada para interactuar con ese tercero/delincuente en la disuasión u oposición al accionar delictivo" (fs. 148).
Con todo, concluyó que en la especie se encontraban configurados los presupuestos necesarios para atribuirle responsabilidad objetiva (art. 1.113 del Código Civil) a la Provincia de Buenos Aires (v. fs. cit.).
En consecuencia, procedió a determinar la cuantía del resarcimiento integral proveniente de la aplicación de las normas del Código Civil ($1.615.016,63) y, tras cotejarlo con el importe de la reparación brindada por la ley 24.557 ($230.000), declaró la inconstitucionalidad de su art. 39 (v. fs. 148 vta./159).
Finalmente, dispuso que el capital de condena, desde la fecha del siniestro, devengue intereses de acuerdo a la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones a treinta días (v. fs. 159 vta./165).
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 1.113 del Código Civil; 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" de la ley 11.653; y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, cuestiona la decisión del tribunal de atribuirle responsabilidad a la Provincia de Buenos Aires con fundamento en el art. 1.113 del Código Civil (v. fs. 174 vta.). Señala que -en tanto la actividad policial que el juzgador calificó como riesgosa se identifica con el servicio de seguridad que presta el estado local- "si se alega que por el desempeño de la función de policía se ha provocado un daño a un sujeto, el fundamento de la responsabilidad estatal debe buscarse en el art. 1112 ('falta de servicio') y no en el art. 1113 del Código Civil [...] que el a quo aplicó erróneamente" (fs. cit.).
Aduce que, de todos modos, dicha responsabilidad por falta de servicio no se configuró en la especie, habida cuenta de que "no se ha constatado ninguna anormalidad frente a las obligaciones del servicio estatal regular" (fs. 175). Añade que, por el contrario, el trabajador fue atacado por un delincuente, en el ejercicio normal y habitual de sus funciones, sin que se haya alegado ni probado falta alguna de servicio (v. fs. cit.).
Afirma que surge patente el absurdo del fallo porque condenó a la accionada, solo por entender que el agente realizaba una actividad riesgosa, relevando irregularmente a la parte actora de la carga de acreditar los extremos necesarios para que prosperase su pretensión indemnizatoria (v. fs. cit.).
A su vez, alega que la doctrina legal que surge de la causa L. 80.406, "Ferreyra" (sent. de 29-IX-2004) no resulta aplicable al caso, porque en dicho precedente esta Suprema Corte juzgó configurado el supuesto de atribución de responsabilidad previsto en el citado art. 1.113 en virtud de que el riesgo habitual de la actividad se había potenciado por las condiciones en las que desempeñaba la tarea en el momento del accidente, es decir que se contempló la responsabilidad por "actividad riesgosa en razón de las circunstancias de su realización" (fs. 176). Explica que, en cambio, en la especie "no se ha probado que la función policial haya sido desplegada por el Sr. R. en condiciones que agravaran su riesgo habitual" (fs. cit.).
Asimismo, objeta la conclusión del sentenciante relativa a la falta de verificación de la circunstancia liberatoria prevista en la citada norma legal, es decir, la actuación de terceros por el cual la empleadora no debe responder. Asegura que dicho extremo resultó comprobado en la causa, pues las consecuencias dañosas solo pueden ser atribuidas, conforme el curso normal y ordinario de las cosas, a la acción del delincuente, que es un tercero respecto de la demandada (v. fs. 177).
Añade que ninguna vinculación causal adecuada puede constatarse entre el servicio de seguridad regularmente prestado por la Provincia y los menoscabos reclamados, ya que el daño fue producido en forma directa, inmediata y exclusiva por la intervención extraña de un tercero (v. fs. cit.).
Desde esa perspectiva, concluye que resulta completamente absurdo el razonamiento explicitado por el a quo , en cuanto a que el accionar delictivo integra el riesgo que presentaba la tarea desempeñada por el trabajador, toda vez que implicaría sostener que "el Estado debe por regla responder por los delitos ajenos", o que "la actividad riesgosa se fusionó con los hechos ilícitos ejecutados por individuos extraños a la Administración, para conformar -desde un punto de vista ontológico jurídico- un nuevo factor de atribución" (fs. 177 vta.).
Indica que, con arreglo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cita, el servicio de seguridad que presta el Estado "nunca puede identificarse con una garantía absoluta de que los ciudadanos no sufran perjuicio alguno derivado de la acción de terceros" (fs. 178).
Por otro lado, expone que -al haber responsabilizado a la provincia en los términos señalados- el juzgador vulneró la doctrina legal establecida por esta Corte en el precedente L. 81.930, "D., M. N. y otras" (sent. de 25-II-2009), en cuanto se resolvió que la acción del asaltante (tercero por quien la accionada no debe responder) provoca la ruptura del nexo causal entre el daño provocado por la cosa riesgosa (actividad que prestaba el causante como policía) y la responsabilidad de la empleadora en su carácter de "dueño o guardián" de la misma (v. fs. 178 y vta.).
Sobre esa base argumental, peticiona que se declare la ausencia de responsabilidad objetiva de la accionada por los daños causados por terceros.
II.2. En otro orden, objeta la base salarial utilizada por el tribunal para el cómputo de la indemnización, alegando que el concepto de horas Co.Re.S. no puede ser calificado como remuneratorio, ni ser tenido en cuenta a tal fin (v. fs. 179 vta.). Explica que el derecho a percibir dicho suplemento se encuentra supeditado -entre otros requisitos que impone la reglamentación- a la efectiva realización de servicios extraordinarios, que no se verificaron en autos (v. fs. cit.).
II.3. Por último, impugna la tasa de interés activa que ordenó aplicar el juzgador al capital de condena. Aduce que, al utilizar esa alícuota, el sentenciante se apartó del criterio que esta Corte estableció en el precedente L. 88.156, "Chamorro" (sent. de 8-IX-2004), y ratificó luego en las causas L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009) y L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013; v. fs. 180 vta. y 181).
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en tanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
III.2. Sentado lo anterior, y encontrando idónea la critica que gira en torno a la responsabilidad atribuida al empleador con fundamento en el art. 1.113 del Código Civil de Vélez Sarsfield, no comparto la interpretación que en torno al vocablo cosa al que alude la citada norma, plasmó el a quo en la sentencia (v. fs. 147 vta. y 148).
En la causa L. 72.338, "Iommi" (sent. de 14-IV-2004), siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, afirmé que el ambiente laboral es un elemento de juicio útil para tener por acreditada la presencia de cosa riesgosa o viciosa causante de la incapacidad laborativa; posteriormente, en la causa L. 76.864, "Obredor" (sent. de 13-IV-2005), tuve oportunidad de llevar a la práctica aquel criterio y encontrar configurado un supuesto de responsabilidad objetiva del art. 1.113 segunda parte del Código Civil (ley 340).
Sin embargo, siempre en lo concretamente vinculado con dicha norma, una lectura detenida de mi opinión puede advertirse que, no obstante descartar la restrictiva visión contenida -entre otros pronunciamientos de esta Corte- en la doctrina del precedente L. 67.051, "Iparraguirre" (sent. de 9-II-2000), no me inclino tampoco por considerar cosa riesgosa o viciosa a la "tarea" o "actividad", como sí lo hace la mayoría de este Tribunal, según surge del precedente L. 80.406, "Ferreyra" (sent. de 29-IX-2004).
Y en lo fundamental, no se verifican aquí las circunstancias que en la citada causa L. 76.864 me llevaron a fallar del modo antes indicado, recuerdo, en un escenario fáctico signado por ciertos acontecimientos extraordinarios que consideré conducentes para caracterizar al establecimiento carcelario como cosa riesgosa.
Con todo, no concurren en el caso los presupuestos que hacen a la responsabilidad objetiva receptada en la norma examinada.
III.3. Luego, atento a lo resuelto anteriormente, no cabe tratar los demás cuestionamientos traídos.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar la sentencia de grado en cuanto admitió la demanda con fundamento en el art. 1.113 del Código Civil. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Acompaño el señalamiento formulado por el doctor Soria en el apartado III.1., de su sufragio.
I.2. Luego, discrepo con la solución que propone el colega en relación al primer agravio que exhibe el recurso bajo examen, vinculado a la responsabilidad civil objetiva que le fuera atribuida en la sentencia a la Provincia de Buenos Aires.
I.2.a. No le asiste razón a la recurrente en cuanto objeta lo decidido por el a quo respecto al encuadramiento de la actividad desarrollada por el Subteniente R. en los términos del art. 1.113 del Código Civil.
Como bien lo destacó el sentenciante, es doctrina de esta Suprema Corte que, en el marco de la citada norma legal, no cabe una interpretación estrecha del concepto "cosa", desde que, trascendiendo el puro concepto físico del término, no se debe omitir la ponderación razonada de la incidencia que posea la tarea desempeñada por el trabajador, pudiendo ésta constituirse en factor de causación del daño. Así, el vocablo "cosa" se extiende para abarcar, en la actualidad, las tareas específicas del trabajador y la actividad laboral toda. Si a ello se agrega que cuando esas tareas pueden generar un resultado dañoso deben ser incorporadas al concepto de riesgosas, se impone admitir su inclusión en las previsiones del precepto citado (causas L. 72.336, "Iommi", sent. de 14-IV-2004; L. 80.406, "Ferreyra", sent. de 29-IX-2004; L. 79.690, "R., L. G.", sent. de 28-VI-2006; L. 82.743, "Vetancor", sent. de 26-IX-2007; L. 92.726, "Galán", sent. de 17-XII-2008; L. 93.818, "Lezcano", sent. de 25-XI-2009 y L. 88.672, "Doufour", sent. de 28-V-2010; e.o.).
Por lo expuesto, considero que debe descartarse de plano la crítica esgrimida por la interesada, toda vez que lo resuelto en este punto por el tribunal de trabajo se ajusta plenamente a la doctrina legal vigente, que comparto y he contribuido a conformar con mis votos. La entrada en vigencia del Código Civil y Comercial no obstaculiza tales conclusiones desde que lo preceptuado en normas tales como sus arts. 1.757 y 1.758 vienen a ratificar la tesis propuesta (causa L. 119.494, "Di Tomaso", sent. de 31-X-2016; e.o.).
I.2.b. Por otra parte, la impugnación fincada en la presunta transgresión de la doctrina legal establecida en la causa L. 81.930, "D., M. N. y otras" (sent. de 25-II-2009) es infructuosa porque la temática cuestionada (la inclusión de las tareas prestadas por R. en las previsiones del art. 1.113 del Código Civil), no fue siquiera motivo de análisis en el precedente que individualiza, ya que había arribado firme a esta instancia extraordinaria -tal como se expresara en el voto del magistrado que en aquella oportunidad inaugurara el Acuerdo- la subsunción de la actividad desarrollada por el actor -como sargento de policía- en el concepto de cosa riesgosa acuñado por dicha norma legal (v. segunda cuestión, punto II.2.b., del voto de quien fuera nuestro colega, el doctor Hitters, en la causa citada).
I.2.c. A lo dicho cabe agregar en relación a la doctrina indicada, que la postura mayoritaria de esta Corte ha tomado -luego- nuevos rumbos. Al respecto, debo anotar lo excepcional de aquel pronunciamiento, dictado con una integración de este Tribunal que no es ni la ordinaria ni la natural, y cuya línea de pensamiento ha sido modificada posteriormente en las causas L. 115.898, "C., M. L.", sentencia de 15-VI-2016; L. 116.897, "Basualdo", sentencia de 26-X-2016 y L. 119.494, citada; entre otras. La doctrina de esta Suprema Corte puede ser resumida en los siguientes términos: en el marco del riesgo propio de la tarea del agente de seguridad, diferente y diferenciable de los potenciales riesgos que encierran otras actividades laborales, el hecho del tercero, cuando resulta actor necesario del evento que provocó el daño, no puede ser entendido como eximente total o parcial de la responsabilidad del empleador, pues el daño que ese tercero causa aparece como directamente relacionado con el actuar que estatutariamente se ha encomendado al dependiente (ver las causas antes señaladas).
Disímil postura es la de la Corte Suprema de Justicia que ha señalado (al dictar sentencia en la causa A.228.XXXII, "Azzetti", sent. de 10-XII-1998, y que fuera citada como antecedente en las causas A.1372.XXXVIII, "Aragón", y L.337.XLI, "Leston", sents. de 18-XII-2007) que los daños sufridos en los enfrentamientos armados que las fuerzas del orden se ven obligadas a tener, no pueden generar un derecho al resarcimiento por las normas del derecho común. Es evidente y surge de lo anterior que no comulgo con tal noción y que, por las razones que siguen, no me siento obligado a seguir ese pronunciamiento.
Empiezo por recordar que, según he expresado reiteradamente (ver mis votos en causas C. 103.189, "Crudo", sent. de 18-XI-2009; C. 103.420, "Rozitcher", sent. de 14-IX-2011 y C. 112.791, "Langiano", sent. de 5-XII-2012; e.o.), participo de la idea según la cual, en principio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo decide en los procesos concretos que son sometidos a su conocimiento, pero también recalco que las razones por las cuales dicta una sentencia en un caso no pueden, sin más trámite, ser usadas para resolver casos análogos. Esta aseveración contiene una seria amonestación que tiene que ver con la realidad: no ignoro que, de hecho, una multiplicidad de argumentos (que empiezan con la simple alusión a la economía procesal, que pasan por la búsqueda de equilibrio entre los poderes del Estado y que llegan a altas razones de política constitucional), hacen que la doctrina que emana del máximo Tribunal sea sentida, experimentada o vivida por los tribunales inferiores como si fuese obligatoria; sin embargo, debo agregar inmediatamente que esa sensación de constreñimiento puede variar con los tiempos, con las circunstancias sociales o políticas, y aún con la personalidad de los hombres.
No puedo excluirme ni del principio general ni de sus reparos: siento, sin duda, la poderosa influencia de los precedentes del máximo Tribunal de la Nación, pero no confundo tal ascendiente con un acatamiento incondicionado a sus pronunciamientos; por el contrario, siempre me he declarado partícipe de un sometimiento restringido (en el sentido usado por Sagüés, Néstor Pedro; "Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", ED, tomo 93, pág. 891, Ibarlucía, Emilio A.; "Fallos plenarios y doctrina de la Corte Suprema", LL, 2009-A-654), de manera tal de entender que la fuerza vinculante que fluye de las sentencias dictadas por la Corte Suprema -siendo sin duda significativa-, no se equipara a la obligatoriedad jurídica a la que quedamos supeditados por la legislación.
Dicho de otra forma: desde un punto de vista moral, pragmático o prudencial, los jueces nos vemos impelidos -en mayor o menor grado- a seguir los criterios rectores del máximo Tribunal de la Nación, porque es la forma en que se manifiesta nuestro reconocimiento a su autoridad y prestigio, y esa es también nuestra contribución a la seguridad del tráfico jurídico y a la coherencia del sistema normativo.
Sin embargo, todo ello ocurre bajo ciertas condiciones y circunstancias que, de no hallarse presentes, afectan la robustez de tales lazos de respeto. Así, cuando el número de precedentes es escaso, o cuando ha habido importantes disidencias, o cuando aparecen argumentos novedosos o no tenidos en cuenta en su momento, o cuando no se trata de una cuestión federal, o cuando los elementos relevantes a considerar difieren, o cuando la composición del Tribunal es diversa de aquella que produjo el holding en cuestión, la fuerza vinculante de los fallos se debilita y, a la ausencia de obligatoriedad jurídica, se agregan una languidez convictiva y un enervamiento del grado de exigencia que pudo tener la doctrina de que se trate, que posibilita que los tribunales inferiores se aparten de tal doctrina y de los precedentes habidos, aun cuando se hayan origina
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