Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122090
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.090, "Cabrera, Sergio Javier contra M.F. S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, Kogan, Soria, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata acogió parcialmente la demanda promovida, e impuso las costas a la accionada vencida (v. fs. 895/911).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 921/937).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Sergio Javier Cabrera y condenó a M.F. S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y algunos rubros salariales. Rechazó, en cambio, en lo que resulta de interés, la pretensión por la que procuraba percibir la indemnización por daños y perjuicios, en tanto juzgó inexistente el nexo causal adecuado que debe existir entre el daño ocasionado y lo hecho por quien es sindicado como el responsable civil.
Luego, impuso las costas a la parte actora por los rubros rechazados y a la demandada por aquellos que prosperaron. Asimismo, atento a lo dispuesto por los arts. 730 del Código Civil y Comercial y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal, limitó la responsabilidad de la demandada condenada en costas por los porcentajes de honorarios de los letrados de la parte actora y de los peritos intervinientes en los montos que especificó.
II. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de las leyes y de la doctrina legal que cita (v. fs. 921/937).
II.1. En primer lugar, manifiesta que el órgano de grado violó y aplicó erróneamente lo normado por el art. 75 de la ley 20.744, así como el principio de congruencia.
En ese sentido alega que el trabajador se encontraba en el lugar del hecho cumpliendo órdenes y como chofer debía estar fuera del barco, en la cabina del camión y no en el interior de la nave, exponiéndolo a un riesgo sin estar preparado. Esa exposición, en su opinión, hizo nacer la responsabilidad del empleador, por el incumplimiento objetivo del deber de seguridad. El tribunal rechazó la demanda, sin meritar la inseguridad creada por el demandado.
II.2. En segundo término, cuestiona la aplicación de una ley inconstitucional y el empleo erróneo de la doctrina legal por parte del a quo .
En esencia, cuestiona que éste dispusiera el tope legal que establecen los arts. mencionados ut supra , aplicando de manera desacertada la doctrina de esta Corte sentada en la causa L. 117.701, "Titos", sentencia de 20-V-2015, en cuanto limita la responsabilidad de la demandada en el pago de los honorarios profesionales regulados al abogado apoderado de la parte actora.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, corresponde señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141, Acordada 3.867/17), de modo que la admisibilidad del remedio procesal deducido, en principio, solo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 116.822, "Lozano", sent. de 6-V-2015; L. 118.753, "Márquez", sent. de 15-XI-2016 y L. 118.456, "Martínez", sent. de 29-III-2017; e.o.).
III.2. Bajo tales premisas, se advierte inicialmente que no resulta admisible el cuestionamiento referido a la violación del deber de seguridad, regulado en el art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, debido a que no se ha denunciado la vulneración de doctrina legal alguna que justifique su tratamiento en esta sede extraordinaria (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013 y L. 117.832, "Campos Dure", sent. de 2-XI-2016).
En lo que al principio de congruencia se refiere, y más allá de la falta de idoneidad de una denuncia a su respecto para lograr la revisión del pronunciamiento de origen por el conducto excepcional del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, debo decir que el simple enunciado formulado en las conclusiones del escrito recursivo sin réplica alguna respecto de la decisión del fallo crece de entidad de agravio atendible, falencia que este Tribunal no está llamado a suplir o sustituir por inferencia o interpretación (causas L. 109.704, "Blanco", sent. de 5-VI-2013 y L. 97.568, "Rodríguez", sent. de 10-II-2010; e.o.).
III.3. Con relación a la crítica relativa a la limitación de la responsabilidad por costas y su proyección a los honorarios regulados debo decir que, toda vez que carece de interés quien no resulta agraviado por la decisión, el recurso debe ser, también en este aspecto, rechazado (causa Ac. 41.278, "Nofal", sent. de 19-IX-1989; e.o.).
Adviértase que no solo carece de interés la parte recurrente, sino que el pedido de incremento de los honorarios del profesional que la asiste puede eventualmente afectarla frente a lo dispuesto por el art. 58 primer párrafo del decreto ley 8.904 acerca de la responsabilidad solidaria del beneficiario del trabajo profesional.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Con excepción de lo expuesto en el segundo párrafo del punto III.2. en torno a la idoneidad de la doctrina legal concerniente a la violación del postulado de la congruencia para habilitar la instancia en el estrecho marco en que el recurso fue concedido (art. 55, primer párr. in fine , ley 11.653), adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Pettigiani.
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Pettigiani en los puntos III.1. y III.2. de su sufragio.
I.2.a. En lo demás, observo que el recurrente pretende que la parte actora no resulte afectada por las consecuencias derivadas de la limitación de la responsabilidad de la accionada por el pago de las costas juzgada en la sentencia de grado con fundamento en los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 730 del Código Civil y Comercial y su doctrina (v. sent., fs. 910).
Ello, en el estrecho marco de revisión por el que transita el recurso, conduce a verificar si en el caso el tribunal de grado violó la doctrina que se individualiza en el medio de impugnación (art. 55, ley 11.653), propósito que -adelanto- no encuentro cumplido.
Es que, sin perjuicio de desplegar sendos argumentos por los cuales manifiesta su disconformidad con que el trabajador vencedor en el pleito deba afrontar los gastos remanentes en virtud de la aplicación de las citadas normas, el impugnante en modo alguno evidencia que el tribunal de grado se haya apartado de la doctrina que emana del precedente L. 117.701, "Titos" (sent. de 20-V-2015).
I.2.b. Aunque con lo expuesto queda sellada la suerte adversa del recurso, a mayor abundamiento caben efectuar ciertas consideraciones que se contraponen a la tesitura del impugnante.
Así, dable es recordar que con basamento en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente F.420.XXXVII "Fox, Héctor Raúl c/ Siderca S.A.C.I." (sent. de 28-VII-2004), este Tribunal ha señalado que las reglas incorporadas por la ley 24.432 a los arts. 505 del Código Civil y 277 de la ley 20.744, por ser de naturaleza común, no requieren adhesión alguna de las provincias, siendo entonces aplicables en el ámbito de éstas (art. 75 inc. 12, Const. nac.), sin que implique alterar en modo alguno la autonomía local (causas L. 89.979, "Saucedo", sent. de 16-IV-2008; L. 73.148, "Sciandra", sent. de 12-III-2003 y L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002). Estas directrices, de suyo, se proyectan sobre el art. 730 del Código Civil y Comercial a tenor de su análogo contenido.
Por otro lado, más acá en el tiempo, el Alto Tribunal en la causa A.151.XXXVII "Abdurraman, Martín c/ Transportes Línea 104 S.A. s/ accidente ley 9.688" (sent. de 5-V-2009), sostuvo que la limitación de responsabilidad incorporada por la ley 24.432 al art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo constituye un régimen especial en principio válido, cuya solución -a tenor de la finalidad tenida en miras por el legislador- "...se manifiesta como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad" (cons. 12°).
Y concretamente, en el precedente V.1418.XXXVIII "Villalba, Matías Valentín c/ Pimentel, José y otros s/ accidente-ley 9.688" (sent. de 27-V-2009), afirmó la Corte federal que en tanto la citada norma solo limita la responsabilidad del condenado en costas por los honorarios devengados mas no respecto de la cuantificación de éstos "...no cabe vedarle al beneficiario de la regulación la posibilidad de reclamarle a su patrocinado el excedente de su crédito por sobre el límite porcentual establecido en la ley...", pues lo contrario significaría establecer una obligación sin sujeto pasivo alguno (cons. 6°). También sostuvo -y ello aquí no resulta menos relevante- que la posibilidad de que los profesionales ejecuten a su cliente no condenado en costas por el saldo impago de honorarios que pudiese arrojar el prorrateo legal, no resulta violatoria del principio protectorio del trabajador ni el derecho de propiedad reconocidos en la Constitución nacional, toda vez que la naturaleza alimentaria del crédito del trabajador "...no empece a que éste deba contribuir, en alguna proporción, con el costo del litigio que decidió promover para el reconocimiento de su derecho..." (cons. 7°).
II. En fin, bajo las consideraciones que anteceden, concurro con la solución que el colega ponente eleva a este acuerdo.
Con el alcance indicado, así lo voto.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó en el mismo sentido
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/10/2020 12:46:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/10/2020 18:10:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/10/2020 20:08:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/10/2020 15:16:44 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/10/2020 12:30:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/10/2020 13:56:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia