Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120924
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído, con costas (art. 289, CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.924, "Cipolla, Jorge Raúl contra Arcor S.A.C.I. y otro. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, de Lázzari, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Nicolás acogió la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 639/661).
Se interpusieron, por Arcor S.A.I.C., recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 691/701 y 680/690 vta.) que fueron concedidos a fs. 725 y vta.; por su parte, el señor Mario Alcides Zacconi dedujo recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 702/710 vta.), que fuera declarado mal concedido por esta Corte (v. fs. 739/740).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 747/748 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad de fs. 691/701?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 680/690 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, luego de declarar la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 -en su texto original-, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Jorge Raúl Cipolla y, con fundamento en las normas del Código Civil, condenó solidariamente al señor Mario Alcides Zacconi y a Arcor S.A.I.C. al pago de la suma de $994.639,40 en concepto de indemnización por daños y perjuicios en razón de la incapacidad que presenta el actor derivada del accidente de trabajo que sufrió el día 3 de enero del año 2005. Además, juzgó que Prevención ART S.A. debía responder por las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 15 apartado 2 y 17 de la ley 24.557, que cuantificó en las sumas de $45.043,39 y $67.200, respectivamente.
Para así decidir, consideró demostrado que mientras desempeñaba tareas bajo relación de dependencia con el codemandado Zacconi soldando cañerías en las instalaciones de la planta industrial de Arcor S.A.I.C., en la fecha antes señalada el actor sufrió quemaduras en su ojo izquierdo al tener contacto con restos de soda cáustica (v. vered., fs. 639 vta. y 640); concretamente, declaró acreditado que como consecuencia del siniestro, el señor Cipolla, quien antes "...ya había perdido la visión del ojo derecho, perdió la totalidad de la visión monocular que tenía con el ojo izquierdo, por lo que padece de una ceguera absoluta equivalente a una incapacidad laborativa definitiva del 100% t.o." (sent., fs. 650).
Posteriormente, el a quo juzgó verificados los presupuestos propios de la responsabilidad civil objetiva: en relación con Arcor S.A.I.C. y en su calidad de propietaria o guardiana, juzgó que la soda cáustica y la cañería resultaban cosas riesgosas en los términos del art. 1.113 del Código de Vélez Sarsfield; en lo que respecta al accionado Zacconi, le atribuyó dicho tipo de responsabilidad considerando -ahora- que la actividad desplegada por el trabajador resultó riesgosa (v. fs. 650 vta. y 651). Además, señaló aquí que los accionados no habían logrado acreditar la culpa de la víctima alegada y supuestamente representada por el retiro prematuro de anteojos de seguridad ni la mecánica del suceso por ellos denunciada, ni tampoco que los elementos de seguridad personal entregados al actor fueran "...los apropiados para la específica labor cumplida en ocasión del accidente sucedido el 03/01/2005" (fs. 651 vta.).
Señalando que lo anterior resultaba suficiente para establecer la responsabilidad civil, a mayor abundamiento, también les atribuyó a los demandados aquella de tipo subjetiva en los términos del art. 1.109 del Código Civil, ello, en tanto destacó que -como se señaló- no acreditaron la conducta reprochada al actor ni que los anteojos de seguridad entregados hayan sido apropiados y que en cambio se probó que en el sector de la cañería en el que debió trabajar "...no se había extraído en su totalidad la soda cáustica" y "...que de haber verificado el personal de Arcor SAIC que en la lana de vidrio que cubría el caño había dicha sustancia no se hubiera dado la orden de hacer el trabajo cumplido por el accionante" (fs. 652).
Con el objeto ya de abordar la constitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 -en su texto anterior- se propuso verificar si en el caso el régimen de reparación instituido por dicha ley era compatible con la Constitución nacional. Tomó como parámetro, a ese fin, la comparación de las cuantías resarcitorias a las que accedería el demandante según se atendiera a su reclamo conforme a las previsiones de la normativa especial o de la civil. En ese orden, cuantificó la prestación dineraria que debía afrontar la aseguradora de riesgos del trabajo en la suma de $119.923,39 y el resarcimiento que de conformidad con el derecho común obtendría el accionante -en concepto de daño material y moral- en el monto de $1.114.562,74. A partir de ese cotejo el sentenciante declaró la inconstitucionalidad del mentado art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., fs. 657 vta./658 vta.).
Seguidamente, el tribunal de grado brindó ciertas aclaraciones respecto a la responsabilidad que cabía reconocer en orden a Prevención ART S.A. Remarcó que ésta fue citada a juicio por el actor por ser la compañía contratada en los términos de la ley 24.557 por su empleador "...a los efectos de lo dispuesto en el art. 39 inc. 3 de la ley 24.557 '...y hasta los límites dispuestos en los arts. 15 y 17 de la norma'", bajo esa ponderación, concluyó que "...de acuerdo a los términos en que quedó trabada la litis, en los cuales no consta Prevención ART SA como demandada en base a los arts. 1109 y 1113 del C.C., al texto del contrato de afiliación n° 77616 suscripto entre dicha compañía y Mario A Zacconi por el que la primera sólo está obligada conforme a lo normado en la ley 24.557 [...] no cabe imputar responsabilidad subjetiva a la ART, ni extenderle los efectos de la sentencia a dictarse en autos" (fs. 659). En definitiva, declaró que a mérito de la contratación habida entre la aseguradora y el codemandado Zacconi y lo resuelto por la Corte nacional en el famoso caso "Aquino", y por esta Corte en el precedente L. 87.394, "V. d. C., M. C. y otros" (sent. de 11-V-2005), la firma aseguradora debía responder dentro del régimen de la ley 24.557 (v. fs. cit.).
II. La codemandada Arcor S.A.I.C. deduce recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la violación de los arts. 14, 17, 28 y 31 de la Constitución nacional y 168 de la Constitución provincial (v. fs. 691/701).
Sostiene que el tribunal de grado omitió abordar cuestiones que a su criterio resultan esenciales, así, "...la citación bajo pretensión de condena a Prevención A.R.T. S.A." por parte del empleador Zacconi (v. fs. 696 vta. y 697); la imputación de responsabilidad civil subjetiva de la aseguradora por incumplimientos de sus obligaciones legales en materia de seguridad y prevención de los riesgos del trabajo invocada por los demandados (v. fs. 697 y vta.); y la defensa respectiva que opuso la firma aseguradora (v. fs. 698).
Por otro lado, también aduce soslayadas algunas defensas esgrimidas por su parte referidas al cumplimiento de los recaudos legales que establece el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 698 y vta.) y a la calidad profesional del empresario que contrató para realizar tareas específicas (v. fs. 699 y vta.).
Asimismo, considera preterida la denuncia de violación del art. 10 de la ley 19.587 -concerniente a la observancia de las recomendaciones sobre el uso de equipos, máquinas y procesos de trabajo (v. fs. 699 vta.)- y de incumplimientos de la aseguradora de riesgos del trabajo en el otorgamiento de las prestaciones en tiempo y forma (v. fs. 700).
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, opino que el recurso no puede prosperar.
III.1. En lo tocante a los agravios dirigidos a obtener una condena solidaria con fundamento en el derecho común sobre la aseguradora de riesgos interviniente (sintetizados en el segundo párrafo del apartado que antecede), cabe señalar que el a quo lejos de incurrir en la preterición que constituye el basamento de la denuncia, expresamente aclaró que aquella fue citada al litigio por el actor en los términos de la ley 24.557 y que en esos límites habría de responder, no habiendo sido demandada con sustento en el Código Civil (v. sent., fs. 658 vta. y 659).
Es claro entonces que -más allá de la opinión que pudiera merecer el contenido de la decisión- el juzgador en modo alguno soslayó abordar las cuestiones que se alegan en esta parcela del recurso en examen.
Sentado ello, no es ocioso recordar que esta Corte tiene dicho que los agravios que se dirigen a controvertir la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, el acierto jurídico de la decisión y el modo en que las cuestiones fueron resueltas por los magistrados de grado, se hallan vinculados a la imputación de eventuales errores in iudicando y resultan, por lo tanto, ajenos al acotado ámbito del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 102.098, "Llera", sent. de 16-II-2011 y L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014).
III.2. Idéntica suerte adversa han de correr las demás objeciones que trae el recurrente, toda vez que, en rigor, remiten a meros argumentos eventualmente alegados por las partes en la instancia en apoyo de sus pretensiones y que como tales no revisten carácter de cuestiones esenciales (causas L. 103.215, "Massimino", sent. de 14-X-2009; L. 114.776, "Alegre", sent. de 5-VI-2013 y L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido; con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Acompaño la postura enarbolada por el doctor Soria al inaugurar el acuerdo.
Por ello, con el mismo sentido y alcance, voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la codemandada Arcor S.A.I.C. denuncia absurdo y violación de los arts. 1, 14, 17, 19, 28 y 31 de la Constitución nacional; 1, 3, 10, 11, 25, 31, 168 y 171 de la Constitución provincial; 512, 625, 1.623 y 1.074 del Código Civil; 30 de la ley 20.744; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 680/690 vta.).
Señala que el tribunal valoró absurdamente la prueba toda vez que en el litigio se acreditaron diferentes circunstancias que indican que existe responsabilidad del actor, del restante codemandado y de Prevención ART S.A. (v. fs. 685/686).
Afirma que su parte no puede ser condenada porque cumplió con sus obligaciones legales y pagó el precio de la obra (v. fs. cit.).
Aduce que el accionante no invocó en su reclamo las normas citadas por el a quo , sino que hizo una "imputación genérica de culpa" que no justifica la atribución de responsabilidad civil subjetiva plasmada en el pronunciamiento de grado (v. fs. 686 vta.). Asegura que en el caso no es factible la configuración de los presupuestos de aplicación del art. 1.074 del Código Civil pues "...no existe norma que obligue a Arcor a cumplir con las obligaciones que refiere la sentencia impugnada" (fs. cit.).
Agrega que, a todo evento, el juzgador debió responsabilizar al actor por no usar el elemento de protección personal; al empresario Zacconi por no desarrollar la tarea en forma profesional; y a la aseguradora de riesgos del trabajo por no observar los deberes legales de prevención y capacitación en materia de infortunios laborales (v. fs. 687 vta.).
Concluye que el tribunal incurre en absurdo al haber hecho responsable a Arcor S.A.I.C. de obligaciones que no estaban a su cargo (v. fs. 688 vta.).
II. El recurso no prospera.
II.1. Es dable recordar que la suficiencia de la postulación recursiva dependerá de que se baste a sí misma para que de su lectura pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige, entonces, una crítica directa y eficaz de las conclusiones definitorias de la sentencia recurrida, cuya demostración incumbe -de modo exclusivo y excluyente- a quien acude a la senda recursiva (causas L. 105.833, "Becerra", sent. de 29-V-2013; L. 116.936, "Scarpa", sent. de 24-IX-2014 y L. 117.069, "Tango", sent. de 26-VIII-2015; e.o.).
II.2. Con sujeción a tales premisas, la impugnación resulta ineficaz (art. 279, CPCC).
El interesado se limita a reiterar argumentos ya formulados en la instancia ordinaria; en ellos, se esfuerza por destacar la responsabilidad que -en su opinión- frente al accidente de autos le cabría no solo al codemandado Zacconi en su rol de empleador y a la aseguradora de riesgos del trabajo contratada por éste, sino también al propio trabajador siniestrado. En ese contexto, cuestiona asimismo lo resuelto en la sentencia de grado en orden a la responsabilidad extracontractual subjetiva que se le endilgó a Arcor S.A.I.C. en el marco del art. 1.109 del Código Civil de Vélez Sarsfield.
Emerge así enteramente soslayada, carente de todo embate, aquella otra motivación que -con autonomía- integra la estructura de la sentencia y que en la lógica de la decisión -todavía- resultó el principal basamento de la condena ordenada sobre Arcor S.A.I.C.; hablamos, claro, de los fundamentos blandidos por el tribunal para considerar a la mentada sociedad incursa en la responsabilidad civil objetiva en los términos del art. 1.113 del Código Civil en su condición de "propietaria o guardiana de las cosas riesgosas productoras del daño" (fs. 650/651 vta.). Por cierto, tampoco se ocupa el impugnante de las motivaciones que expuso el a quo para descartar la configuración de la eximente de responsabilidad establecida en la parte final del segundo párrafo de la citada norma (v. fs. 651 vta.).
Tales deficiencias conducen a desestimar el medio de impugnación en estudio. Insistentemente ha señalado este Tribunal que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficientemente todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ésta se asienta (causas L. 119.623, "Pisarello", sent. de 22-II-2017; L. 120.732, "Gorosito", sent. de 17-X-2018 y L. 121.335, "Parodi", sent. de 12-VI-2019).
III. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído a fs. 680/690 vta., con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores de Lázzari y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria , votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído, con costas (art. 289, CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/10/2020 12:45:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/10/2020 18:05:54 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/10/2020 18:10:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/10/2020 12:30:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/10/2020 13:56:34 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia