Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121265
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.265, "Ojeda, Mariano A. contra Rol Ingeniería S.A. y otro. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a las codemandadas vencidas en proporción al importe de sus respectivas condenas (v. fs. 271/299).
Se interpusieron, por Federación Patronal Seguros S.A. (v. fs. 325/334) y Rol Ingeniería S.A. (v. fs. 342/364), sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por Rol Ingeniería S.A. a fs. 342/364?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el incoado por Federación Patronal Seguros S.A. a fs. 325/334?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda interpuesta por el señor Mariano Andrés Ojeda y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. a abonarle las diferencias resarcitorias derivadas del pago insuficiente de la prestación dineraria establecida por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 cuyo tope juzgó inconstitucional (v. fs. 279/281 vta.); además, declarando previamente la inconstitucionalidad del art. 39 de aquella ley condenó solidariamente a la empleadora Rol Ingeniería S.A. y a la mentada firma aseguradora a abonarle al trabajador una indemnización integral por los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que sufrió el día 3 de febrero de 2009 (v. fs. 281 vta./299).
En el veredicto, luego de relatar la descripción efectuada en la demanda, refirió que la existencia del infortunio no había sido negada por las demandadas. Afirmó que la empleadora admitió que, en la fecha arriba indicada, hallándose Ojeda cumpliendo sus tareas habituales se accidentó al pretender descender con una carretilla utilizando un montacargas, hecho que fue denunciado ante la aseguradora de riesgos del trabajo, quien determinó una incapacidad del 11% y le otorgó las prestaciones correspondientes (v. fs. 271). Sostuvo también, que más allá de la temeraria y contradictoria negativa exteriorizada en su escrito de responde, Federación Patronal Seguros S.A. reconoció que recibió la denuncia del accidente y otorgó "todo tipo" de prestaciones al trabajador, abonándole la suma de $19.800 en concepto de indemnización, lo que hacía suponer que había admitido la existencia del siniestro (v. fs. 271 vta.).
Con sustento en la pericia médica, consideró probado que el infortunio provocó en la integridad psicofísica del actor traumatismo múltiple con lesión meniscal en la rodilla derecha, hipotrofia muscular, sinovitis crónica y lumbalgia postraumática; que lo incapacitan -sumados los factores de ponderación- en un 27,02% del índice total de la obrera (v. últ. fs. cit.).
Ponderando la prueba pericial de ingeniería laboral, concluyó que la patronal cumplió negligentemente con el deber de seguridad. De conformidad con lo allí informado, dijo que el día 8 de agosto de 2008 la Dirección General de Protección del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires había inspeccionado la obra en la que trabajaba el actor, dando cuenta que entre las medidas que debían adoptarse para garantizar la seguridad de los operarios faltaban colocar puertas de dos metros de altura en el hueco del montacargas, intimando a la empleadora a que cumpliese con esa directiva. Destacó además, que el experto indicó que con arreglo al decreto 911/96 correspondía proteger dicho espacio por medio de mallas, rejas o tabiques, de modo que se imposibilite el acceso y la caída de personas y objetos, previéndose una cubierta fijada de forma segura; a su vez, que los montacargas que transportan personas deben reunir las máximas condiciones de seguridad, debiendo indicarse en forma destacada y fácilmente legible la cantidad de personas que puede transportar y la carga máxima admisible. Afirmó el tribunal, que la demandada Rol Ingeniería S.A. no demostró haber cumplido estas obligaciones y dijo más: surgían claramente incumplidas del dictamen pericial mencionado (v. fs. 272 y vta.).
Por otro lado, puntualizó que, si bien al contestar la demanda la sociedad mencionada denunció que el accidente había acontecido por la exclusiva culpa del trabajador, quien -dijo- en forma "negligente e imprudente" y actuando "en contra de las instrucciones impartidas" pretendió descender con una carretilla utilizando un montacargas que se encontraba destinado únicamente al transporte de materiales y no de personas, no produjo prueba alguna para demostrar tales afirmaciones (v. fs. cit.).
Sobre esa base, juzgó acreditado que el empleador no observó las medidas preventivas de seguridad para evitar el daño en la salud que sufre el trabajador, comportamiento que entendió causalmente vinculado con el infortunio sufrido por aquel, pues -expresó, entre otras consideraciones- era evidente que si la patronal hubiere cumplido con el deber de seguridad (v.gr. colocando las protecciones e indicadores necesarios para evitar caídas en el hueco del montacargas), aquel no se habría accidentado (v. fs. cit.).
Por otro lado, nuevamente ponderando el informe del experto ingeniero, sostuvo que Federación Patronal Seguros S.A. no observó sus deberes de prevención, control y vigilancia, infracción que juzgó causalmente vinculada con el daño que padece el trabajador. Relató que, si bien visitó la obra, nada hizo con anterioridad al siniestro para que, efectivamente, la patronal cumpliera con la concreta obligación de mantener el montacargas en óptimas condiciones de seguridad. Además, agregó que no se probó que hubiera denunciado los incumplimientos ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ni que capacitara al actor en materia de seguridad e higiene, lo que corrobora que inobservó los deberes que le imponen los arts. 4 y 31 de la ley 24.557 y su reglamentación (v. fs. 273/274).
Bajo el escenario descripto, ya en la sentencia, inicialmente juzgó configurada la responsabilidad contractual objetiva de la empleadora con fundamental apoyo en los arts. 75 y 76 de la Ley de Contrato de Trabajo. En lo primordial, destacó que aquella destinó al dependiente a trabajar en una actividad objetivamente riesgosa, que lo exponía permanentemente al peligro de caer por el hueco del montacargas, violando la obligación de seguridad y provocándole un daño en su integridad física que debía ser resarcido de manera plena e integral (v. fs. 282/284 vta.).
También halló verificados los presupuestos de atribución de responsabilidad civil extracontractual subjetiva del principal en los términos del art. 1.109 del Código de Vélez Sarsfield. Expuso que el incumplimiento en adoptar las medidas preventivas de seguridad se encuentra causalmente conectado con el estado de salud del accionante y que, además, la empleadora no intentó siquiera acreditar la supuesta negligencia o imprudencia del trabajador (v. fs. 284 vta./285 vta.).
Respecto de la aseguradora de riesgos del trabajo, adujo el sentenciante que debía ser responsabilizada civilmente pues -tal como lo ilustra el veredicto- había incurrido en el incumplimiento de las obligaciones que la ley pone a su cargo conforme los arts. 4 y 31 de la ley 24.557; 283 y 288 del decreto 911/96; debiendo en consecuencia responder solidariamente con el empleador por la reparación integral que a este último le corresponde percibir (v. fs. 285 vta./288 vta.).
Al cuantificar el resarcimiento debido, sostuvo que conforme la doctrina legal, aquel debía respetar el principio de la reparación plena e integral, comprensiva del daño emergente, el lucro cesante y los perjuicios extra patrimoniales, debiendo ponderarse no solo la disminución de capacidad de ganancia del damnificado, sino también, la posibilidad de su inserción futura dentro del mercado laboral y las circunstancias especiales del caso (v. fs. 289).
Aclaró que en la demanda el actor había reclamado los siguientes rubros: daño por incapacidad sobreviniente; gastos de asistencia médico farmacéutica; daño psicológico y daño moral. Dicho ello, precisó que en el contexto de la acción de derecho común la utilización de fórmulas de matemática financiera no resulta de modo alguno obligatoria ni cabía sujetarse a la exclusiva aplicación de alguna de ellas, siendo tal criterio el receptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar en la causa "Arostegui" (sent. de 8-IV-2008), seguido por el de esta Suprema Corte.
En ese marco, en lo que respecta al daño material, evaluó la pérdida de capacidad de ganancias (precisó: que el actor denominó "daño patrimonial por incapacidad sobreviniente") computando los salarios mensuales que le restaban percibir al trabajador desde la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad hasta arribar a la edad de setenta y cinco años y aplicando sobre ese importe el porcentual de capacidad laborativa frustrada. Además, sostuvo que correspondía resarcir la integridad psicofísica en sí misma considerada (dijo: lo que el promotor del pleito reclamó al pretender que se indemnizara la lesión en sí misma) y determinó su importe -nuevamente acudiendo a la jurisprudencia del referido caso "Arostegui", entre varios- ponderando el grado de incapacidad padecido, los órganos afectados, las secuelas sufridas y la corta edad que tenía el actor al momento del infortunio (v. fs. 291 vta.).
Después de desestimar lo reclamado en concepto de "gastos de asistencia médico farmacéutica" y "daño psicológico y gastos psicológicos" por los motivos que explicó, hizo lugar al reclamo por daño moral, atendiendo -entre otros aspectos- los padecimientos espirituales que de ordinario sufre quien ve dañada de manera definitiva su integridad psicofísica (v. fs. 292 y vta.).
Tras comparar el importe de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 con la suma presupuestada en concepto de reparación integral, declaró la inconstitucionalidad del anterior art. 39 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo; distribuyó el importe de condena grado y fijó intereses desde la fecha de exigibilidad del crédito y hasta su efectivo pago, con arreglo a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 292 vta./296).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la codemandada Rol Ingeniería S.A. denuncia absurdo y que el fallo de grado viola los arts. 18 de la Constitución nacional; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 8 inc. 3 de la ley 24.557 y se aparta de la doctrina legal elaborada en torno a los arts. 1.109 del Código Civil; 75 y 76 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 342/364).
II.1. Sostiene que lo juzgado por el tribunal de grado al señalar que Rol Ingeniería S.A. incumplió con la intimación que la Dirección General de Protección del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires efectuó mediante acta de constatación n° 11.117/08 para que colocara en la obra en la que se desempeñaba el actor puertas de dos metros de altura en el hueco del montacargas, es producto de un razonamiento absurdo porque tales observaciones fueron cumplidas con anterioridad a que ocurriera el accidente, tal como lo demuestra el acta n° 12.413/08 de fecha 26 de agosto de 2008 emanada del mismo organismo obrante a fs. 264.
Agrega, que no valoró el a quo que en la pericia elaborada por el ingeniero laboral se informó "...que de las constancias de visita realizada por la ART en fecha 5/1/2009 surge que se realizó verificación de cumplimiento con la legislación vigente y no se efectuaron recomendaciones respecto del montacargas", es decir, casi un mes antes del infortunio.
II.2. Con denuncia de absurdo y violación del principio de congruencia, objeta que se haya tenido por configurada la responsabilidad civil de la empleadora omitiéndose tratar cómo se produjo el accidente o su mecánica, negada por ambas accionadas.
II.3. Sostiene que el tribunal se apartó de la doctrina legal elaborada en torno al art. 1.109 del Código Civil.
Expone que de conformidad con lo resuelto en las causas que cita, el supuesto incumplimiento en el que pudo haber incurrido el empleador no basta para imponer una condena con fundamento en aquella norma, pues se requiere que el infortunio haya acontecido por dicha omisión, lo que -recalca- no se verifica en el caso toda vez que el tribunal vinculó dogmáticamente el perjuicio ocasionado con el siniestro, pero sin determinar cómo sucedió este evento.
II.4. También le endilga al sentenciante haber inobservado la doctrina legal vinculada con el art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Menciona que, a diferencia de lo juzgado en la sentencia, "la demanda se afirmó exclusivamente en la responsabilidad extracontractual" atribuida al empleador.
Además, expresa que la decisión en crisis pretende dejar establecida en cabeza del empleador una obligación de resultado, exigiendo que el dependiente egrese indemne en su integridad psicofísica.
Con todo, nuevamente asevera que, contrariando a la doctrina de esta Corte, el tribunal condenó a Rol Ingeniería S.A. sin importarle que no se haya probado la mecánica del accidente, ni el incumplimiento del deber de seguridad, bastando solamente con que la indemnidad del trabajador haya sido vulnerada mientras prestaba servicios para su empleadora.
II.5. Por último, controvierte el porcentaje de incapacidad considerado por el tribunal de origen.
Relata que el juzgador hizo mérito de la conclusión plasmada en la pericia médica que determinó que el actor es portador de una minusvalía del 27,02% del índice de la total obrera, arribando a dicho guarismo luego de sumar los "factores de ponderación" que resultan propios y específicos de la reparación sistémica prevista por la ley 24.557 y no así de la legislación común en base a la cual fue condenado el empleador.
En tales condiciones, considera que la decisión resulta dogmática y absurda a la vez que no aplicó el art. 8 apartado 3 de la ley 24.557, pues extrapoló un porcentaje de incapacidad a un sistema de reparación ajeno a aquel en el que se encuentra inserto.
III. El recurso no prospera.
III.1. Correspondiendo lógicamente efectuar su análisis en primer término, cabe adelantar que resulta inhábil el agravio en el cual se afirma que el tribunal omitió analizar el modo en el que se habría producido el accidente de trabajo.
El contenido de la crítica indica su ajenidad al medio de impugnación deducido, pues es sabido que no constituye la vía idónea para canalizar las denuncias vinculadas con la preterición de cuestiones litigiosas (causas L. 87.548, "Alfonso", sent. de 11-V-2011; L. 111.345, "D., S.", sent. de 19-IX-2012 y L. 117.708, "Espíndola", sent. de 3-VI-2015).
Para más, en una mejor hipótesis para el quejoso, lo expuesto por él no se ajusta a lo que surge del veredicto: allí se expresó que en el escrito de inicio se denunció que el día 3 de febrero del 2009 a las 11:00 hs., mientras se encontraba trabajando bajo dependencia de Rol Ingeniería S.A. el actor "sufrió un accidente de trabajo, ya que, al intentar descender por un montacargas, cayó al vacío desde una altura de más de dos metros, sufriendo serias lesiones en la columna y en las rodillas". Agregó el tribunal que la existencia del siniestro no había sido negada por las demandadas, pero que la empleadora, sin embargo, había afirmado que dicho infortunio aconteció cuando el trabajador "pretendió descender con una carretilla utilizando el montacargas", extremo que no logró acreditar (v. fs. 271/272 vta.).
III.2. El reproche referido al incumplimiento atribuido al principal respecto de la intimación efectuada por la Dirección General de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, carece de aptitud para modificar lo resuelto en el pronunciamiento.
III.2.a. De conformidad con la doctrina de este Tribunal, establecer la relación de causalidad entre el incumplimiento atribuido al empleador y el daño provocado, cuanto determinar la existencia o no de su culpa ante la hipótesis de infracción a las normas de seguridad e higiene, son cuestiones que -en tanto dependen de la valoración de circunstancias de hecho, reservada a los jueces de grado- resultan en principio ajenas a la revisión en la instancia extraordinaria, salvo la configuración de absurdo (causas L. 73.656, "Almirón", sent. de 19-XII-2001 y L. 105.288, "Barbuto", sent. de 6-VI-2012).
III.2.b. Si bien puede darse la razón al recurrente en cuanto se verifica que luego de las observaciones realizadas por dicha autoridad (v. fs. 263), en el acta n° 12.413 del día 26 de agosto del 2008 el inspector de la Dirección General de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constató que en la obra en la que se desempeñó el accionante se habían colocado "puertas a montacargas" (v. fs. 264), dejando a un lado que no surge detalle alguno de las características de esas puertas (en esencia -y por lo indicado en la primera inspección-, de su altura), la solución que en el punto contiene el pronunciamiento se abastece de otros argumentos que el quejoso no se encarga de rebatir eficazmente.
Es que para juzgar configurada la responsabilidad civil de la patronal por haber incumplido con las medidas preventivas de seguridad -inobservancia que entendió casualmente vinculada con el siniestro protagonizado por el dependiente-, el a quo puso de relieve asimismo que en el dictamen presentado por la experta en ingeniería laboral se dijo que entre las medidas que aquel debió adoptar con arreglo al decreto 911/96, se encontraba la de proteger el hueco del montacargas por medio "de mallas, rejas o tabiques, de modo que se imposibilite el acceso y caída de personas y objetos, debiendo preverse una cubierta fijada en forma segura a los laterales del conducto del nivel más alto al que acceda el montacargas", lo que refleja la instrumentación de una fuerte medida de seguridad distinguible de aquella otra antes referida. A su vez -siempre ponderando la referida pericia- afirmó el tribunal "que los montacargas que transportan personas deben reunir las máximas condiciones de seguridad [...] debiendo indicarse en forma destacada y fácilmente legible la cantidad de personas que se puede transportar y la carga máxima admisible" obligaciones todas ellas que la demandada no demostró haber cumplido, ello -como se dijo en el punto anterior- destacando a su vez que el accionar culposo endilgado a la víctima no había sido acreditado (así surge del veredicto, concretamente de fs. 272 y vta. y de la consecuente definición obrante en la sentencia, a fs. 285).
La apuntada deficiencia técnica sella sin más la suerte adversa de la impugnación. Esta Corte ha sostenido que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que no se formula una crítica pormenorizada a las motivaciones esenciales que contiene la sentencia, exhibiendo en cambio un reproche parcial de aquellas (causas L. 117.725, "Giribaldi", sent. de 10-VIII-2016; L. 118.299, "L., J. A.", sent. de 31-V-2017 y L. 119.677, "Sosa", sent. de 18-IV-2018).
III.2.c. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe efectuar una breve reflexión tocante a un adicional argumento del recurrente.
Al responder concretamente al punto pericial "i)" que indagaba acerca de si el mentado montacargas se encontraba "al día 03/02/08 en perfectas condiciones de uso y conservación", la experta técnica precisó que surgía de la constancia de visita a la obra por la aseguradora de riesgos del trabajo del día 5 de enero del 2009, que se "realizó verificación de cumplimiento con la legislación vigente y no
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