Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120956
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.956, "Marcillaud, Nidia Mariel contra Galeno ART S.A. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la aseguradora de riesgos del trabajo demandada en su condición de vencida (v. fs. 133/143 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 160/166).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de origen -en lo que aquí interesa por constituir materia de agravio- hizo lugar a la demanda promovida por Nidia Mariel Marcillaud contra Galeno ART S.A. y condenó a ésta a abonar la suma de dinero que indicó en concepto de la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la ley 26.773 y la resolución 387/16 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social- así como el adicional establecido en el art. 3 de la citada ley 26.773 (v. fs. 133/143 vta.).
Para así resolver, tuvo por acreditado que la actora padece una incapacidad del 10,8% de tipo parcial y permanente del índice de la total obrera a raíz de un accidente in itinere ocurrido el día 8 de enero de 2015 cuando se dirigía a su domicilio a bordo de su motocicleta luego de finalizar el turno matutino de trabajo (v. vered, única cuestión, fs. 133/134).
Puntualizó que a la fecha del infortunio se encontraba vigente la reforma instituida por la ley 26.773. Adunó que, en tanto a la fecha del pronunciamiento, la demandada aún no había abonado nada en concepto de prestaciones dinerarias previstas en la ley especial, las mismas debían cuantificarse conforme la legislación vigente en la materia, es decir, las leyes 24.557 y 26.773, el decreto 472/14 y el art. 2 de la resolución 387/16 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (v. sent., fs. 138/139).
Con el mismo criterio de aplicación inmediata de la norma, entendió que era de aplicación la fórmula legal del art. 3 de la ley 26.773, en tanto la mentada ley no prevé exclusión y/o exención de responsabilidad en la especie ante el tipo de siniestro laboral sufrido por la trabajadora (v. sent., últ. fs. cit.).
En este contexto, puesto a determinar el importe indemnizatorio previsto en el mentado art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 que le correspondería al trabajador con arreglo al sistema asistencial especial, lo cuantificó inicialmente en la suma de $51.499,78. Empero, tras declarar aplicable al caso las pautas indemnizatorias fijadas en el decreto 472/14 y la resolución 387/16 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, fijó el quantum de la referida prestación sistémica en la cifra de $117.822,06 ($1.090.945 x 10,8%). A dicho valor, adicionó -además- el 20% establecido en el art. 3 de la ley 26.773 (es decir, $23.561,41), arribando a un total de $141.386,47 (v. sent., fs. 139 y vta.).
A continuación, a la suma resultante dispuso agregarle el índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) vigente entre la fecha del accidente (enero 2015) y el último publicado (noviembre 2016), arribando a un coeficiente de 1,70 por el que multiplicó el monto antes señalado, obteniendo un total de $240.356,99 por el que declaró procedente la demanda (v. sent., fs. cit.).
Sobre dicho importe adicionó intereses desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago, conforme la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (digital) en concordancia con lo resuelto por esta Corte en la causa L. 118.615, "Zócaro", resolución de 11-III-2015 (v. sent., fs. 139 vta. y 140).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia violación de los arts. 9 y 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 8 incs. "a", "b" y "c" y 22 de la ley 9.688 (t.o. ley 23.643); 44 inc. "c", 47, 65 y concordantes del decreto ley 7.718/71; 330, 354, 375 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; resolución 7/89 del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil y de la doctrina que individualiza (v. fs. 160/166).
II.1. En primer lugar, objeta la condena a abonar la indemnización adicional de pago único establecida en el art. 3 de la ley 26.773. Afirma que los accidentes in itinere se encuentran fuera del supuesto amparado por el mencionado artículo, denunciando -entre otros- violación de la doctrina emergente del precedente "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. rec., fs. 162 vta./164 vta.).
II.2. Asimismo, aduce que el a quo aplicó erróneamente el índice RIPTE. En ese camino, señala que el mentado índice actualiza únicamente los topes, pisos y sumas únicas, pero -de ningún modo- puede utilizarse para actualizar el resultado de la aplicación de fórmulas que ya contienen mínimos actualizados pues, en tal caso, se estaría aplicando dos veces el referido índice, duplicando la indemnización sin razón alguna (v. rec., fs. 164 vta. y 165).
II.3. Seguidamente, critica la aplicación de intereses desde la fecha del siniestro a un monto ya actualizado, lo que -a su criterio- importa una doble actualización de valores (v. rec., fs. 165).
II.4. Por último, cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la resolución 387/16 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, apuntando que, a tenor de la fecha del accidente in itinere de autos, corresponde aplicar la resolución 22/14 (v. rec., fs. 165 y vta.).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De inicio, se impone destacar que el veredicto de fs. 133/134 carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653. Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó el mentado veredicto (v. fs. 134) ni la sentencia (v. fs. 143 vta.), limitándose a suscribir la constancia de registro del resolutorio (v. últ. fs. cit.).
Si bien los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solas a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2.a. Luego, debe señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -tal como acertadamente lo señalara el a quo al conceder el recurso extraordinario bajo tratamiento, ver el quinto párrafo de los considerandos a fs. 167- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VII-2010), por lo cual la admisibilidad del medio de impugnación deducido, en principio, sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.2.b. Siendo ello así, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015).
III.2.c. Luego, entiendo que la decisión sobre la indemnización adicional de pago único, prevista en el art. 3 de la ley 26.773, el empleo del índice RIPTE allí previsto y la aplicación de la resolución 387/16 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, no pueden ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta, a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontrara vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
De modo tal que aquellas cuestiones deben ser resueltas por aplicación de la doctrina legal actualmente vigente.
III.3. En tal sentido, debe prosperar la impugnación vinculada con la condena al pago de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la mencionada ley 26.773.
Para brindar respuesta al tópico, por razones de brevedad, considero suficiente remitir -en lo aplicable- a las consideraciones expuestas por este Tribunal en la causa L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018), donde se resolvió que el accidente in itinere no se encuentra alcanzado por el citado precepto.
En tales condiciones, debe casarse lo decidido por el a quo en cuanto condenó a Galeno ART S.A. a pagar la indemnización adicional prevista en el citado precepto, pues no se verifican en la especie los presupuestos a los que condiciona su aplicación.
III.4.a. También debe prosperar la impugnación vinculada con el modo en que el tribunal dispuso la aplicación del índice RIPTE.
En la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), esta Corte determinó que los conceptos sobre los que opera la aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773, a partir de una razonable lectura de los preceptos en juego, son los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2, las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4, y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apdo. 6, ley 26.773; resols. 34/13 y 3/14 de la Secretaría de Seguridad Social -y las que siguieron su línea-; dec. 472/14).
En este marco, le asiste razón a la impugnante -cuyo desarrollo argumental está en línea con lo decidido por este Tribunal en el citado precedente- en tanto el tribunal aplicó erróneamente el mentado índice sobre un "piso" que ya se encontraba ajustado.
III.4.b. Sentado ello, y alterando el orden de tratamiento de los restantes agravios, también debe prosperar la crítica focalizada en la aplicación retroactiva de la resolución 387/16 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Al respecto, corresponde aplicar el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme el señalado índice, publicado semestralmente por la Secretaría de Seguridad Social, en el contexto definido por la doctrina legal emergente del precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 (reiterada en las causas L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016 y L. 117.417, "Maidana", sent. de 31-X-2016; e.o.), en cuanto refiere a la aplicación temporal de la ley 26.773 (y, por ende, a la normativa dictada en su marco de actuación) para aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la fecha de la respectiva entrada en vigencia.
En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia del infortunio laboral (el 8 de enero de 2015), el mismo no cae bajo la órbita de aplicación de la citada resolución 387/16, sino de la resolución 22/14 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
En consecuencia, cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa normativa, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena.
III.5. Por otro lado, entiendo que debe prosperar la crítica que gira en torno a la tasa de interés que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena.
III.5.a. El a quo dispuso que dichos accesorios debían liquidarse, desde la fecha del evento dañoso, conforme la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días, mediante el sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 139 vta. y 140).
III.5.b. Al respecto, importando la aplicación de la ley 26.773 una actualización de los montos de condena, he de resolver el agravio conforme lo dicho en la causa L. 119.953, "Gaveglio" (sent. de 11-III-2020; e.o.).
III.5.b.i. En el caso bajo análisis se ha aplicado la tasa pasiva "digital" para calcular los intereses a devengar por un monto de condena cuya cuantía ha sido calculada por aplicación de las disposiciones de la ley 26.773, por lo que entiendo ese aspecto del fallo debe modificarse. Para justificar tal propuesta debo hacer un poco de historia.
III.5.b.ii. Hace más de cuarenta años, distintos tribunales de nuestro país empezaron a hacer lugar a los reclamos por el reajuste de créditos por sumas de dinero por aplicación de diferentes índices y siempre que hubiera mora del deudor (CSJN, causas "Fernández (s/Suc) c/Prov. Bs. As. s/cobro de alquileres", "Camusso de Marino c/Perkins S.A.", y "Valdez, J.R. s/Gobierno Nacional", sents. de 23-IX-1976; SCBA, causa Ac. 23.038, "Más", sent. de 21-VI-1977; la Cámara Nacional Civil, en acuerdo plenario dictado el 9-IX-1977 en la causa "La Amistad S.R.L. c/Iriarte, Roberto", por citar las más conspicuas). Se aclaró, sin embargo, que una vez reajustado el capital en virtud de la depreciación del signo monetario, la tasa a la que debían calcularse los intereses que tales deudas producirían debía ser una tasa pura, que oscilaba entre el 6% y el 8% anual.
Tal tendencia se mantuvo a partir del año 1984, reiterando tanto la Corte federal (causa "E.N.Tel. c/Prov. de Neuquén", sent. de 13-XII-1984) como este Tribunal (causa B. 49.062, "Nardini", sent. de 30-X-1984), la procedencia del reajuste en caso de mora del deudor, y la fijación de un interés puro que se generalizó en el 6% anual.
La ley 23.928 (la llamada Ley de Convertibilidad), en su art. 8, prohibió toda forma de reajuste, indexación o repotenciación de deudas, hubiera o no mora del deudor, a partir del 1 de abril de 1991. Ello no impidió que sentencias posteriores a esa época, donde se resolvían casos antiguos, reconocieran la actualización monetaria hasta tal fecha, y adicionaran un interés calculado a la tasa del 6% anual (pueden verse mis votos en las causas Ac. 85.796, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 11-VIII-2004 y C. 99.066, "Blanco de Vicente", sent. de 11-V-2011, en los que tuve la compañía de mis distinguidos colegas).
III.5.b.iii. Esta reseña no ha tenido otro fin que demostrar que los precedentes más reconocidos (algunos de los cuales aún conforman la doctrina legal de este cuerpo) establecen que, en caso de autorizarse la actualización de una deuda por aplicación de cualquiera sea el índice corrector, los intereses a devengarse no pueden ser ya calculados a las tasas bancarias oficiales, sino que deben serlo a una tasa pura. Esta tasa pura es la que resarce exclusivamente la indisponibilidad del capital y no contiene ningún otro componente o prima compensatoria por variables tales como la inflación, el riesgo crediticio, los gastos operativos, etcétera.
Pues bien: si hemos de reconocer la posibilidad de aplicar a casos como el de autos las previsiones de la ley 26.733 en tanto ésta autoriza a "ajustar" (término usado en el art. 8 de la misma) o "actualizar" (en los distintos apartados de su art. 17) las sumas adeudadas, no podemos apartarnos de la línea jurisprudencial anotada, y ello no sólo por la regla de sujeción al precedente, sino por la ínsita equidad que ella entraña. Esto porque (y aquí me anticipo a cualquier crítica en tal sentido), "actualizar", para la Real Academia Española, quiere decir (segunda acepción) "poner al día datos, normas, precios, rentas, salarios, etc.", siendo sinónimo contextuado de "ajustar" o "reajustar", mientras que "indexar" se usa para significar la registración ordenada de datos o informes con la finalidad de elaborar un índice (y tiene su origen en el oprobioso Index Librorum Prohibitorum et Derogatorum de la inquisición española). De allí que, debiendo utilizarse la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables) para ajustar el monto de la indemnización, proponga que la tasa para el cálculo de los intereses devengados por el capital sea del 6% anual.
III.5.c. La solución que propongo, impone -además- expedirse respecto del momento a partir del cual deberán computarse los acrecidos que, como se indicó, en la instancia ordinaria fueron aplicados a partir de la sentencia.
En efecto, desde que es la fecha de exigibilidad del crédito la que determina el punto de partida para el cómputo de los intereses (causas L. 41.818, "Righetti de Ramijak", sent. de 25-IV-1989; L. 45.848, "Umeres", sent. de 14-V-1991 y L. 86.292, "Paradissi", sent. de 16-V-2007), y siendo esta última circunstancia contemporánea a la de ocurrencia del infortunio, encuentro que, en la especie, yerra el tribunal al fijarla a partir del dictado de la sentencia.
Por lo tanto, debe fijarse el momento en que comienzan a calcularse los intereses aplicables a partir de la fecha en que acaeció el accidente de trabajo -8 de enero de 2015-, debiendo remitirse la causa a la instancia de origen para que, desde esa data, practique la nueva liquidación de dichos accesorios.
III.6. Finalmente, y en atención a los señalamientos formulados en el punto III.1. del presente, me veo compelido a exhortar nuevamente a los señores jueces sobre las irregularidades -algunas graves- que se advierten en el dictado de las sentencias que esta Corte ha debido revisar. El proceso no es un conjunto de solemnidades y rituales sin sentido, ni puede ser exigido el cumplimiento puramente formal de cada una de las reglas que lo regulan. Pero tampoco es terreno anómico donde las cosas puedan hacerse de cualquier manera. Así, la falta de fecha y lugar en el veredicto, la omisión del Actuario de rubricar el veredicto y la sentencia, y lo señalado ut supra , se constituyen en evidencias de la displicencia y liviandad con que los intereses en juego han sido tratados.
III.7. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada con el alcance expuesto en los puntos III.2., III.3. y III.4. de la presente.
La causa deberá remitirse al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Costas de esta instancia por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Discrepo con la solución propiciada por mi colega doctor de Lázzari, pues, en mi opinión, el recurso es improcedente.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.