Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119766
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.766, "Pantano, María Alejandra contra Banco Hipotecario S.A. y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, de Lázzari, Kogan, Genoud, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda promovida, con costas a las accionadas (v. fs. 401/442 vta.).
Se dedujeron, por estas últimas, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 465/475 vta. y fs. 478/492 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el Banco Hipotecario S.A. a fs. 478/492 vta.?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el incoado por la codemandada Cotecsud S.A.S.E. a fs. 465/475 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado admitió la demanda promovida por la señora María Alejandra Pantano y condenó solidariamente al Banco Hipotecario S.A. y a Cotecsud S.A.S.E. al pago de la suma que estableció en concepto de haberes adeudados, diferencias salariales, sueldo anual complementario, vacaciones no gozadas, indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, 2 de la ley 25.323, 45 de la ley 25.345 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, más un resarcimiento por daños y perjuicios y daño moral. Dispuso además -por mayoría- que a dicho monto se adicionaran intereses desde que cada crédito se devengó y hasta la fecha de notificación de la demanda (9 de diciembre de 2010) a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días (opción plazo fijo tradicional, CAT), los que luego debían ser acumulados al capital de condena y, una vez efectuado dicho cálculo, aplicarse el mismo tipo de interés moratorio hasta que quede firme la sentencia (v. fs. 420/442 vta.).
Para así decidir, tras ponderar lo manifestado por las partes en sus escritos constitutivos, la prueba producida en la causa (testimonial, confesional, informativa, documental y pericial médica y contable), teniendo en cuenta la falta de exhibición de los registros laborales del empleador (v. fs. 326/332, 348 y acta de fs. 395) y el juramento prestado conforme el art. 39 de la ley 11.653 (v. fs. 71 vta. pto. "d"), tuvo por acreditado que la actora laboró desde el día 26 de marzo de 2007 para la entidad bancaria accionada, cumpliendo funciones de "ejecutiva de ventas", por interposición de Cotecsud S.A.S.E. (v. vered., fs. 401/410).
Juzgó que las demandadas actuaron irregularmente y en contra de la ley laboral, toda vez que incurrieron en fraude (art. 14, LCT) al momento de la contratación como en la ejecución y finalización del contrato y, en este contexto, declaró que la accionante debía ser considerada empleada directa de quien utilizó su prestación, Banco Hipotecario S.A. (v. vered., fs. 410/413 y sent., fs. 421 vta./423 y 437/438).
Sostuvo que el accionar de las codemandadas resultó complementario entre sí para actuar en fraude a la ley laboral, al no haber acreditado el banco accionado, en momento ni oportunidad alguna, que hubiera tenido "picos anormales o extraordinarios de tareas" que pudieran justificar -en los límites previstos por la ley 24.013 (arts. 72 a 80) y el decreto 1.694/09, y conforme el art. 99 de la Ley de Contrato de Trabajo-, la existencia de una contratación por intermediación de una empresa de servicios eventuales (v. sent., fs. 437).
En consecuencia, en vista a que las demandadas no lograron acreditar el carácter de la eventualidad pretendida, como era su carga (arts. 92 a 99, LCT) y que quedó constatado que las tareas desempeñadas por la actora dentro del establecimiento del Banco Hipotecario no eran extraordinarias, comprobándose que la empresa de servicios eventuales actuó como agencia colocadora de mano de obra (prohibida por ley) y evidenciando una conducta fraudulenta, debía considerarse a ambas demandadas responsables solidarias en los términos del art. 29 primer párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, sin que resultara de aplicación al caso la excepción prevista en el tercer párrafo de la citada norma (v. sent., fs. 437 vta. y 438).
II. La codemandada Banco Hipotecario S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8, 9 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 28, 34, 39, 41 y 44 inc. "d" de la ley 11.653; 332, 354, 375 y 415 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita (v. fs. 478/492 vta.).
Plantea los siguientes agravios:
II.1. Cuestiona la condena impuesta conforme lo previsto en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Aduce que su parte en modo alguno incurrió en una conducta temeraria y/o maliciosa, sino que -por el contrario- se limitó a formular su defensa sobre la base de los registros que tenía en su poder. En este sentido, postula que negó la relación laboral con la accionante porque consideraba a la empresa usuaria como su empleadora. Refiere que fue sancionada por no haber podido acreditar dicha circunstancia, en tanto se la hizo responsable por las obligaciones de la empresa de servicios eventuales, sin que deba ser castigada dos veces por un mismo hecho.
Alega que no puede confundirse la conducta temeraria o maliciosa con el ejercicio de un derecho u obligación o de su defensa. Con apoyo en distintos precedentes que cita, afirma que la decisión de imponer la sanción a su parte es errónea por distintos motivos, a saber: a) en la presente existían cuestiones litigiosas y controvertidas; b) el resultado del pleito podría haber sido muy variado; c) ni siquiera la actora estaba convencida de que la relación laboral fuera con el banco y, por eso, se consideró despedida respecto de Cotecsud S.A.S.E., lo cual -agrega- resulta contradictorio si solo la consideraba un deudor solidario; d) el vínculo no era clandestino, sino que estaba registrado por la coaccionada; e) porque se ha necesitado de profusa producción de prueba para acreditar los hechos de la litis; f) porque ante iguales supuestos el mismo tribunal ha resuelto en forma diferente; g) no se ha abusado de la inexperiencia de la actora, sino que ella es quien se colocó en situación de despido y h) no se han opuesto defensas incompatibles, contradictorias o meramente dilatorias.
Insiste en que el hecho de que no hubiera podido acreditar los hechos en que fundó su defensa no implica de su parte una conducta temeraria o maliciosa, la que debe analizarse con criterio restrictivo para no vulnerar su derecho de defensa en juicio. Agrega a ello que la aludida sanción no puede aplicarse conjuntamente con la prevista en el art. 2 de la ley 25.323 porque en ese caso se viola el principio de non bis in idem .
II.2. Impugna que se le impusiera el pago de intereses moratorios aplicando capitalización de intereses o anatocismo.
Aduce que la conjunción de la aplicación de anatocismo más la adición de la sanción de dos veces y media la tasa de interés dispuesta en la sentencia, llevan a un resultado cuyas consecuencias económicas no han sido merituadas, toda vez que se acumulan intereses confiscatorios que en promedio implican un 5,2% mensual desde el origen del crédito.
Refiere que lo resuelto vulnera la doctrina de este Tribunal en las causas "Abraham" y "Zocaro", en cuanto en dichos precedentes se descarta el cálculo de intereses con aplicación del mecanismo de capitalización. Agrega que la tasa de interés debe ser acorde a la realidad económica, a partir de pautas de legítimo resarcimiento y sin exceder cualquier expectativa razonable de conservación patrimonial, lo cual -aduce- no sucede en el caso de autos al aplicar una tasa pasiva digital con método de capitalización.
Con apoyo en doctrina de autores y en lo resuelto por esta Corte en los autos "Dimattía", señala que la decisión resulta irrazonable, arbitraria y transgrede la doctrina legal de esta Corte.
Luego, y sin perjuicio de lo antes expuesto, refiere que la aplicación al caso del art. 770 del Código Civil y Comercial es violatoria del principio de irretroactividad de la ley, en tanto se sustenta en un precepto cuya sanción es posterior al momento tenido en cuenta por el a quo . Aduce así transgredidos los arts. 3 del Código Civil y 7 del Código Civil y Comercial.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. Es sabido que calificar la conducta del empleador en orden a lo dispuesto por el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo constituye una facultad privativa de los jueces de grado, exenta -en principio- de revisión en casación, salvo que se alegue y demuestre la existencia de absurdo (causas L. 96.702, "Martínez", sent. de 23-III-2010; L. 105.726, "Mc Garrell", sent. de 8-VIII-2012; L. 111.621, "Delia", sent. de 30-IX-2014; L. 117.671, "Di Santo", sent. de 15-VII-2015 y L. 119.858, "Madera", sent. de 22-VIII-2018).
III.1.b. En el caso, el juzgador de grado ponderó que la conducta asumida por las demandadas, en cuanto con conciencia de su propia sinrazón cuestionaron la existencia de la relación laboral en la forma que luego resultó acreditada en autos e hicieron o pretendieron hacer valer actos en fraude de la trabajadora (interposición de persona) abusando de su necesidad e inexperiencia, encuadraba en lo dispuesto en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por ello, las condenó al pago de un interés de dos veces y media del que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones corrientes de descuentos de documentos comerciales (v. sent., fs. 423 y vta.).
III.1.c. Los argumentos que trae la interesada dirigidos -en esencia- a postular que se limitó a ejercer su derecho de defensa, aunque no hubiera podido acreditar su postura, no alcanzan para descalificar la decisión antes descripta.
Ello así pues, al intentar edificar su crítica al fallo, la recurrente expone una serie de premisas y apreciaciones subjetivas, tratando de sustituir con su propio criterio al juzgador de grado, pero sin lograr demostrar que éste hubiera arribado a extremos incompatibles con las constancias objetivas de la causa (art. 279, CPCC).
Resulta, entonces, de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 107.520, "Russo", sent. de 21-VI-2012; L. 116.806, "S., J. P.", sent. de 12-XI-2014; L. 118.084, "A., M. A.", sent. de 7-X-2015; L. 118.137, "Kuhn", sent. de 12-VII-2017 y L. 121.337, "Sosa", sent. de 25-IX-2019).
Cabe aquí una vez más recordar que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para juzgar configurado el vicio de absurdo, porque es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, que ponga de manifiesto la irracionalidad de las conclusiones establecidas por el tribunal de grado, y que debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (causas L. 94.507, "Rodríguez Betelu", sent. de 15-IV-2009; L. 112.200, "R., V. E.", sent. de 5-VI-2013; L. 117.783, "Vázquez", sent. de 26-III-2015 y L. 118.299, "L. J., A.", sent. de 31-V-2017; e.o.), cometido que -reitero- la recurrente no logra en la especie.
III.1.d. Tampoco resulta hábil la invocación de la recurrente en orden a que al aplicarse el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo y el art. 2 de la ley 25.323, se ha conculcado el principio de non bis in idem .
En este sentido, alega que toda vez que el art. 9 de la ley 25.013 dispone una sanción para el caso de configurarse la misma conducta reprochada por la ley 25.323, no resulta procedente aplicar ambas normas.
Sin embargo, no se evidencia la configuración de la hipótesis que plantea pues, además de no haber aplicado el tribunal el citado art. 9 de la ley 25.013, soslaya la interesada efectuar un despliegue crítico vinculado con el fundamento que -en otra parcela de la sentencia- empleó el tribunal al acoger el agravamiento previsto en el art. 2 de la ley 25.323 (v. sent., fs. 425 vta.) omitiendo, así, acreditar la infracción que le endilga al tribunal en su relación con la temeridad y malicia declarada.
III.2. En cambio, debe prosperar el agravio que gira en torno al modo en que fueran calculados los intereses.
III.2.a. El tribunal de origen -por mayoría- determinó que en el caso debía utilizarse la tasa pasiva digital (opción plazo fijo tradicional, CAT) del Banco de la Provincia de Buenos Aires y dispuso que por aplicación de lo dispuesto en el art. 770 incs. "b" y "c" del Código Civil y Comercial los intereses debían calcularse del siguiente modo: a) desde que cada crédito se devengó y hasta la fecha de notificación de la demanda (9 de diciembre de 2010), debían acumularse al capital de condena y luego b) al importe resultante se aplicaría el mismo tipo de interés hasta que la sentencia quede firme (v. fs. 427/437).
III.2.b. La interesada alega que dicha decisión resulta irrazonable, arbitraria y violatoria del principio de irretroactividad y de la doctrina legal de este Tribunal que identifica (v. fs. 487 vta./491).
III.2.c. Al respecto, como lo dije recientemente en la causa C. 120.103, "D., E. M." (sent. de 29-VIII-2017), he de observar que la entrada en vigor del Código Civil y Comercial de la Nación ha posibilitado su aplicación tanto a las relaciones y situaciones jurídicas futuras, como a las existentes a la fecha de su entrada en vigencia, tomándolas en el estado en que se encontraban -rigiendo los tramos de su desarrollo no cumplidos-, así como también a las consecuencias no consumadas de relaciones y situaciones jurídicas constituidas bajo el amparo de la antigua ley (conf. art. 7 y concs., Cód. Civ. y Com.).
En materia de intereses, ello importa el empleo de las nuevas tasas para calcular los accesorios del capital, devengados en períodos posteriores a su entrada en vigencia, en tanto no se encuentren cancelados (en sentido análogo, Kemelmajer de Carlucci, Aída; La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes , Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, pág. 28; también, Moisset de Espanés, Luis; Irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3, Código Civil , Ed. Universidad Nacional de Córdoba, 1976, pág. 19). Se trata de consecuencias no agotadas de tales relaciones jurídicas habidas entre acreedor y deudor, respecto de las cuales la aplicación de la nueva norma resulta inmediata.
Así, ante la persistencia de la mora a la fecha de la entrada en vigencia de la nueva ley, la distinta regulación que ésta contiene -captando las consecuencias de la situación pendiente- resulta aplicable respecto del tramo ulterior de ésta (mi voto en la causa L. 102.210, "Campana", sent. de 13-XI-2013; e.o.).
Ya con motivo de pronunciarse respecto de la vigencia de la ley 23.928, este Máximo Tribunal provincial declaró oportunamente la aplicación de tal cuerpo legal aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (causa Ac. 37.456, "I.B.M. Arg. S.A.", sent. de 22-X-1991; e.o.) y, en el mismo sentido, a los hechos in fieri o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción (con cita del art. 3, Cód. Civ.; causas Ac. 39.909, "T., J. B.", sent. de 27-VIII-1991; Ac. 45.304, "A., J. J.", sent. de 10-III-1992; Ac. 49.095, "Cánepa", sent. de 12-IV-1994 y Ac. 63.091, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 2-VIII-2000; e.o.), aclarando que lo que no podía juzgarse de acuerdo con la nueva ley eran las consecuencias ya consumadas de los hechos pasados, que quedaban sujetas a la ley anterior, pues jugaba la noción de consumo jurídico (causas Ac. 60.659, "Delhec S.R.L.", sent. de 10-III-1998; Ac. 63.120, "Garrido", sent. de 31-III-1998; Ac. 69.238, "Ohannes S.A.C.I.F.I.A.", sent. de 15-XII-1999; Ac. 75.611, "Del Valle", sent. de 28-XI-2001; Ac. 76.800, "Caseras", sent. de 19-II-2002 y C. 87.841, "Mercerat", sent. de 12-XII-2007; e.o.).
Asimismo, más cercano en el tiempo, ante la sanción de la ley provincial 14.399 (que modificó el art. 48, ley 11.653 durante la vigencia del Cód. Civ. derogado), esta Suprema Corte sostuvo idéntico criterio jurisprudencial. Manifestó que el nuevo plexo legal (en materia de intereses legales) era de aplicación inmediata a partir de la fecha de su entrada en vigencia respecto de aquellos créditos cuyo reconocimiento resultaba aun materia de controversia (con cita de las causas L. 35.909, L. 35.251 y L. 35.908, sents. de 4-XI-1986; e.o.). Ello así pues la aplicación inmediata de la ley a las relaciones y situaciones anteriores a su creación no significaba su aplicación retroactiva, en tanto solo alcanzaba a los efectos que -por producirse después de la entrada en vigencia del nuevo texto- no se encontraban al amparo de la garantía de la propiedad, ni al resguardo de un cambio de legislación, que es lo que ocurría ante la subsistencia de la mora en el pago de los créditos (causas L. 110.487, "Ojer", sent. de 13-XI-2013 y C. 101.610, "Banco Provincia de Buenos Aires", sent. de 30-IX-2009; e.o.). De esta forma, frente a la persistencia de la mora a la fecha de entrada en vigor de nuevas disposiciones que regulaban en torno a los intereses, resultaban éstas aplicables a los períodos posteriores a su entrada en vigor, por captar las consecuencias no agotadas de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (en sentido análogo, causa L. 108.023, "Segui", sent. de 10-XII-2014 y sus citas).
En consecuencia, por un lado, el advenimiento de la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación torna aplicable al caso lo normado por el art. 768 inc. "c" a partir del día 1 de agosto de 2015 (conf. leyes 26.994 y 27.077). En efecto, con relación a los intereses devengados a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial y hasta el efectivo pago, al ser una consecuencia no agotada de la relación jurídica que diera origen a esta demanda, la tasa para liquidarlos será la que resulte aplicable por imperio del art. 768 inc. "c" del citado ordenamiento (conf. art. 760, Cód. Civ. y Com.).
Pero, por otro lado, respecto de los períodos anteriores a la entrada en vigencia de la nueva norma, atento el devengamiento diario del interés, no es posible pregonar su aplicación retroactiva a tales consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas en curso, las que deben reputarse consumadas (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.); resultando consecuentemente aplicable la doctrina legal que sobre la materia posee establecida esta Suprema Corte al amparo del viejo art. 622 del Código Civil. Ello así, atento la natural dependencia de la doctrina legal respecto de la norma en virtud de la cual fue creada (causa Ac. 46.096, sent. de 17-III-1992; e.o.).
III.2.d. Luego, sin perjuicio de lo expuesto y dejando a salvo mi opinión, he de manifestar que sobre dicho tópico esta Suprema Corte resolvió (a partir de las causas B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016; C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe", sents. de 15-VI-2016) que la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial, imp
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