Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121084
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 576/588, con costas (art. 289, CPCC).
Asimismo, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 592/606 vta., con el alcance indicado en el apartado III del voto emitido en primer término respecto de la segunda cuestión. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo que aquí se resuelve.
Las costas de esta sede extraordinaria y las de la instancia ordinaria respecto de lo que aquí se decide son a cargo de la vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.084, "Bosso, Lorena Susana contra Provincia Seguros ART S.A. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, de Lázzari, Pettigiani, Torres .
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Campana, perteneciente al Departamento Judicial Zárate-Campana, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a las demandadas vencidas (v. fs. 552/570 bis).
Se interpusieron, por la Fiscalía de Estado y Provincia ART S.A., sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 576/588 y 592/606 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en relación con el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 576/588?
En su caso:
2ª) ¿Es fundado el de fs. 592/606 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por la señora Lorena Susana Bosso y condenó a la Provincia de Buenos Aires y a Provincia ART S.A. al pago de la prestación dineraria establecida en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557 y de la compensación adicional prevista en el art. 11 apartado 4 inc. "c" de la misma ley.
Para así decidir, en el veredicto, con apoyo en las constancias de los expedientes agregados a la causa, el a quo tuvo por acreditado que el día 11 de junio de 2010 el señor Jorge Javier Bahut (esposo de la actora y agente del servicio penitenciario) falleció en un accidente in itinere, al colisionar en moto con un camión, cuando se dirigía desde su domicilio a prestar servicios en la Fiscalía de Campana (v. fs. 553/554). Asimismo, tras valorar las piezas postales y la prueba documental acompañada por las partes, verificó que, ante los requerimientos de la accionante en su condición de derechohabiente, ni la provincia ni la aseguradora de riesgos del trabajo brindaron respuesta o prestaciones sin justificación para ello (v. fs. 556 vta.).
En la sentencia, con sustento en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Milone" y "Suárez Guimbard", declaró la inconstitucionalidad de la forma de pago establecida en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557 (v. fs. 563 vta. y 564).
Luego, puesto a cuantificar la prestación dineraria que le correspondía percibir a la reclamante -de acuerdo a las pautas indicadas en la norma del citado art. 15 apartado 2, modificado por el decreto 1.694/09- fijó el monto de $300.506,31, y le añadió además el importe de $120.000 en concepto de compensación dineraria adicional de pago único establecida en el art. 11 apartado 4 inc. "c" de la misma ley (v. fs. 564 vta.).
A su vez, ordenó que el capital de condena, desde la fecha del siniestro y hasta su efectivo pago, devengue intereses a la tasa pasiva digital que aplique el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días (v. fs. 567/568 vta.).
Finalmente, teniendo en cuenta que se trataba de una relación de empleo público, desestimó la sanción peticionada con fundamento en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero juzgó que la conducta asumida por las accionadas debía calificarse como temeraria y maliciosa en los términos del art. 45 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 565 vta. y 566).
En ese sentido, declaró que en el caso "...se evidenciaron propósitos obstruccionistas o dilatorios en un reclamo por accidente de trabajo, que causó la muerte del cónyuge de la actora" (fs. cit.). Destacó que, inicialmente, "...no se atendió a ninguna de las necesidades de la reclamante, a pesar de haber reconocido el hecho y que este se encontraba cubierto y amparado por el sistema especial..." (fs. cit.). También que, "...la demandada, no obstante la documental que ella misma aportó al proceso, de la que surge la condición de agente del servicio penitenciario del esposo de la actora, y el accidente fatal del que fue víctima el señor Bahut, en su responde desconoció estas circunstancias, manifestando que no le constaban la mismas..." (fs. 566 vta.).
Sobre esas conclusiones, consideró que el Estado empleador y la aseguradora adoptaron una actitud totalmente omisiva antes de la promoción de la demanda y luego en el pleito, que configura una conducta temeraria y maliciosa conforme la norma indicada (v. fs. 567). En consecuencia, les impuso una multa del "...10% del valor del juicio con sus intereses" (fs. cit.).
II. Contra este último aspecto de la sentencia, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 11, 15, 31 y 155 de la Constitución provincial; 34 inc. 4, 45, 353, 409, 410, 411 y 412 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que identifica.
Se opone a la aplicación de la multa prevista en el art. 45 del Código Procesal Civil y Comercial por conducta temeraria y maliciosa. Explica que, al momento de contestar la demanda, defendió activamente el derecho de su poderdante respetando las reglas de la norma procesal que habilita a formular la negativa de los hechos narrados por la actora (v. fs. 583).
Señala que, de acuerdo a lo establecido en los arts. 18 de la Constitución nacional y 354 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo y, por lo tanto, dicha negativa no es motivo para calificar su conducta como maliciosa (v. fs. cit. y vta.).
Afirma que el tribunal incurrió en absurdo porque, por un lado, le reprocha la actitud asumida en el pleito y, por otro, reconoce que incorporó un expediente administrativo que acreditó el siniestro (v. fs. 584). Aclara que, si bien no otorgó las prestaciones reclamadas, ahora consintió la sentencia en ese aspecto y dispuso el pago inmediato de la suma allí reconocida.
Asimismo, indica que el tribunal efectuó una "...absurda valoración de la absolución de posiciones" rendida en la audiencia de vista de la causa, y que la respuesta dada es "...atinada, exacta y precisa (jamás maliciosa)" (fs. 586 y vta.).
Aduce que la sanción cuestionada "...cercena la facultad discrecional del fiscal de estado para llevar a cabo el cometido que le asigna la Constitución provincial" (fs. 587).
III. El recurso no prospera.
En el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el monto de la sanción impuesta a la impugnante por temeridad y malicia- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; Ac. 3.803/16), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014 y L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; e.o.).
Desde esa perspectiva la impugnación que ensaya la recurrente es inadmisible porque pretende traer a consideración de este Tribunal un agravio relativo a la aplicación de una norma de carácter adjetivo -como lo es el art. 45 del Código Procesal Civil y Comercial- que, como tal, se encuentra detraído de revisión en este acotado marco cognitivo (causas L. 94.391, "Cintas", sent. de 7-III-2012; L. 111.950, "Ramundo", sent. de 24-X-2012; L. 117.524, "Fernández", sent. de 27-V-2015 y L. 120.258, "Caiguara", sent. de 17-X-2018).
IV. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído a fs. 576/588, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Acompaño la decisión propuesta por mi distinguido colega doctor Soria, aunque por otros fundamentos.
Como lo he explicado al emitir mi voto en numerosos precedentes, en mi opinión no corresponde distinguir entre las normas de carácter sustancial y adjetivo a los fines de la apertura de la instancia extraordinaria por la vía del excepcional carril del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, razón por la cual el agravio vinculado a la aplicación de la sanción prevista en el art. 45 del Código Procesal Civil y Comercial no puede -según entiendo- ser desestimado por dicho fundamento (conf. mis votos en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007; L. 87.212, "Antonucci", sent. de 16-IV-2008; L. 82.926, "Nieva", sent. de 11-VII-2011 y L. 98.699, "Juárez", sent. de 21-XII-2011; e.o.).
Sin perjuicio de ello, advierto que la crítica -y la doctrina legal citada por la propia recurrente- remite en definitiva al análisis de una cuestión de índole fáctica y probatoria -como lo es la calificación de la conducta del empleador demandado- excluida del ámbito de la casación por este acotado marco de examen (causa L. 120.083, "Sanquigni", sent. de 14-II-2018).
II. Por ello, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 576/588, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero a la propuesta del doctor Soria y, por sus fundamentos, doy mi voto en el mismo sentido.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 592/606 vta., Provincia ART S.A. denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 17 y 18 de la Constitución nacional; 23, 26 apartados 3 y 6 de la ley 24.557; 118 de la ley 17.418; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; del decreto 3.858/07 y de la doctrina legal que identifica.
Cuestiona la decisión del tribunal de grado en cuanto desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por su parte y la condenó -junto con la Provincia de Buenos Aires- al pago de la prestación prevista en el art. 15 apartado 2 de ley 24.557 y de la compensación adicional establecida en el art. 11 apartado 4 inc. "c" de la misma.
Señala que el a quo efectuó una errónea interpretación y aplicación de las disposiciones del decreto 3.858/07, que estableció el régimen de autoseguro y la rescisión del contrato de afiliación a partir del día 1 de enero de 2007. Afirma que, al no encontrarse vigente dicho vínculo contractual a la fecha del accidente (11 de junio de 2010), no debe responder en los términos de la ley indicada.
Expresa que la designación de la aseguradora de riesgos del trabajo como administradora del autoseguro del Estado provincial en modo alguno puede modificar su responsabilidad, ya que su actuación se efectúa en representación y con fondos de éste, que se reserva el derecho de control, abonando honorarios por dicha labor.
Concluye que el juzgador incurrió en absurdo y transgredió el principio de congruencia porque, aun reconociendo la existencia de las circunstancias y normas referidas, la condenó sin respaldo legal alguno.
Por último, añade que por ser inexistente la obligación que se le pretende endilgar también carece de causa la multa que le impuso el a quo por conducta maliciosa y temeraria, tramo del decisorio que solicita sea revocado.
II. El recurso prospera.
II.1. En la sentencia, el órgano judicial de grado señaló que -conforme lo manifestado por las codemandadas- a la fecha del siniestro estaba vigente el Convenio de Rescisión del Contrato de Afiliación 46.864 y de Administración del Autoseguro (ratificado por decreto 3.858/07), por medio del cual, la aseguradora recurrente y la Provincia de Buenos Aires convinieron la rescisión en forma retroactiva al día 1 de enero de 2007 del contrato de afiliación antes mencionado, reasumiendo el Estado provincial desde esa fecha la responsabilidad por la cobertura de sus dependientes, por las contingencias contempladas en la ley de riesgos del trabajo (v. fs. 569).
Seguidamente, declaró que "...la demandada Provincia de Bs. As. en su carácter de autoasegurada deberá responder por las consecuencias derivadas del accidente de trabajo sufrido por el señor Bahut, y que causara su muerte; asimismo Provincia A.R.T. S.A. en su carácter de administradora del autoseguro y gerenciadora de las prestaciones, deberá otorgar las mismas..." (fs. 569 vta.).
En ese orden, en la parte dispositiva, el a quo hizo lugar a la demanda promovida y condenó "...al Estado provincial y a Provincia ART SA a pagar a la actora dentro del plazo de diez días de notificada la presente mediante depósito judicial la suma de $ 420.506,31 en concepto de prestación indemnizatoria dineraria por muerte y compensación dineraria adicional de pago único (arts. 11.4.c), 15.2, 18 ley 24.557, modif. por decreto 1.694/09 y art. 17.1 ley 26.773)" (fs. cit.).
II.2. Le asiste razón a la recurrente cuando señala que el tribunal de grado efectuó una errónea interpretación y aplicación de las disposiciones del decreto 3.858/07.
En el caso, cobra decisiva relevancia el citado "...Convenio de Rescisión del Contrato de Afiliación nº 46.864 y de Administración de Autoseguro entre la Provincia de Buenos Aires y Provincia A.R.T. S.A." (aprobado por el decreto mencionado, anexado al mismo -conf. art. 1-, e invocado por la agraviada), que, rescindió el referido contrato en forma retroactiva a partir del día 1 de enero de 2007 y en la cláusula segunda dispone que la provincia reasume a partir de esa fecha, "...la responsabilidad por la cobertura en forma íntegra, total y oportuna, respecto del personal de la Administración Pública Provincial dependiente del Poder Ejecutivo, entidades descentralizadas y Organismos de la Constitución, por las contingencias contempladas en la citada Ley y conforme al régimen de autoseguro previsto por su Artículo 3º, Inciso 4)".
Asimismo, conforme a la cláusula tercera, asume a partir de la misma fecha "...la atención de los siniestros -infortunios laborales ocurridos durante la vigencia del contrato que se extingue por la Cláusula PRIMERA-, incluidas las sentencias judiciales condenatorias [...] que pudieren recaer y que tengan relación con los referidos siniestros...".
Teniendo en cuanta esas directrices y la fecha del fallecimiento del señor Bahut (11 de junio de 2010), es dable constatar que el caso bajo examen se encuentra comprendido dentro de las previsiones de la mencionada normativa provincial. En tales condiciones, mal pudo el tribunal considerar dicha circunstancia y, sin embargo, condenar a Provincia ART S.A. a pagar a la actora la prestación dineraria establecida en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557, y la compensación adicional prevista en el art. 11 apartado 4 inc. "c" de la misma ley.
En efecto, el único deudor a quien la accionante podrá reclamar la cancelación del crédito reconocido en la sentencia es el Estado provincial, revelándose nítido que en nada modifica su situación el hecho de que en la cláusula cuarta del mentado convenio, éste le haya encomendado a la aseguradora mencionada "...la administración de la cartera de siniestros y contingencias (entendiendo por tales los ocurridos a partir de las 0.00 horas del día 1° de enero de 2007) por cuenta y orden de la Provincia...".
III. Por lo expuesto, propongo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído a fs. 592/606 vta. y revocar la sentencia impugnada en cuanto condenó a Provincia ART S.A. al pago de las sumas allí indicadas, a cuyo respecto la demanda debe rechazarse.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Costas de esta sede extraordinaria y las de la instancia ordinaria respecto de lo que aquí se decide son a cargo de la vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la segunda cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Por las mismas razones que las desarrolladas por el doctor Soria, expreso mi voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la afirmativa .
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 576/588, con costas (art. 289, CPCC).
Asimismo, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 592/606 vta., con el alcance indicado en el apartado III del voto emitido en primer término respecto de la segunda cuestión. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo que aquí se resuelve.
Las costas de esta sede extraordinaria y las de la instancia ordinaria respecto de lo que aquí se decide son a cargo de la vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2020 11:39:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/10/2020 16:51:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2020 19:15:36 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2020 10:30:13 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2020 14:00:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2020 14:16:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia