Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120853
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.853, "Bowers, Ernesto Osvaldo contra Provincia ART S.A. AAGPB. Diferencia indemnización", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Torres, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 78/84 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 92/103 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Ernesto Osvaldo Bowers y condenó a Provincia ART S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de diferencias en la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 3/14- y la prevista en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) dispuesto en esta última.
Para así decidir, tras declarar la cuestión debatida como de puro derecho (v. fs. 69 y vta.), señaló que en autos no se encontraba controvertido que el día 29 de diciembre de 2012 el actor sufrió un accidente in itinere que le provocó una incapacidad laboral del 10,4% del índice de la total obrera (v. fs. 78 y 79 vta.). Tampoco, que la firma aseguradora le abonó la suma de $38.441 el día 15 de abril de 2014 (v. fs. cit.).
Sobre ese escenario, puesto a cuantificar la prestación dineraria que le correspondía percibir al accionante, el a quo declaró aplicable al caso el decreto 472/14 y la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 3/14, así como el art. 3 de la ley 26.773. En ese orden, multiplicó el importe de $521.883 por el porcentaje de incapacidad, y a dicho resultado le sumó además una indemnización adicional equivalente al 20%. A su vez, al monto alcanzado le aplicó el índice RIPTE, y le descontó el importe percibido, arribando a un total de $55.998,93 en concepto de diferencias en las prestaciones dinerarias adeudadas al señor Bowers por la incapacidad laboral que padece como consecuencia del accidente in itinere que protagonizó (v. fs. 80 vta. y 81).
Finalmente, dispuso que al capital de condena se le apliquen intereses, desde la fecha del pago parcial referido (15 de abril de 2014) y hasta su efectiva cancelación, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (BIP; v. fs. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento, Provincia ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 3, 21, 622, 656, 953, 1.071 y 1.198 del Código Civil; 14 de la ley 24.557; 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 8 y 17 apartados 6 y 8 de la ley 26.773; 16 del decreto 1.694/09; 2 de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99 y de la doctrina legal que identifica.
Señala que el tribunal de grado interpretó erróneamente los arts. 8 y 17 de la ley 26.773, así como la doctrina emergente de la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), toda vez que aplicó el índice RIPTE sobre los montos mínimos determinados por la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 3/14.
Explica que, de acuerdo a lo establecido en las citadas normas legales y en el decreto 472/14, el incremento, conforme la variación del índice referido, solo corresponde a las compensaciones adicionales de pago único incorporadas al art. 11 de la ley 24.557 y a los pisos fijados en el decreto 1.694/09.
A su vez, se opone a la aplicación de la citada resolución 3/14, alegando que el accidente de autos ocurrió el día 29 de diciembre de 2012.
Por otro lado, impugna la tasa de interés pasiva (BIP) que ordenó aplicar el juzgador al capital de condena. Denuncia que, al utilizar esa alícuota, se apartó del criterio que esta Corte estableció en el precedente C. 101.774, "Ponce" (sent. de 21-X-2009), entre otros que identifica (v. fs. 99 vta./102), y ratificó luego en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), declarando, además, la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399.
Finalmente, cuestiona la condena en costas porque -en su opinión- "...le abonó en tiempo y forma al actor las sumas correspondientes a las indemnizaciones por el accidente que ha motivado el sub lite " (fs. 126 y vta.).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De manera preliminar, se impone destacar que la sentencia de grado carece de la firma de la secretaria del tribunal de origen (v. fs. 84 vta.).
El defecto apuntado constituye una falencia de forma y no conduce por sí sola a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), pero tampoco pasa inadvertido en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Sentado ello, corresponde señalar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; Acordada 3867/17), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653. Así lo entendió también el a quo , al concederlo en la resolución de fs. 106 y vta., que arriba firme y consentida a esta instancia extraordinaria.
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
III.3.a. En ese orden, he de señalar -no obstante- que la resolución del presente recurso no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando a la época del dictado de la sentencia recurrida o incluso de la interposición del medio de impugnación todavía no se encontrara vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Bajo estos lineamientos y siguiendo el criterio adoptado por esta Suprema Corte en el precedente L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), entiendo que le asiste razón a la interesada en cuanto se agravia del modo en que el juzgador dispuso la aplicación del índice RIPTE previsto en la indicada ley.
En dicha oportunidad se señaló que el referido índice debe aplicarse a los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2; las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4; y -en determinados supuestos- los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apdo. 6, ley 26.773; resols. Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea- y dec. 472/14).
Por ello, corresponde revocar la sentencia, en tanto el tribunal aplicó erróneamente el mentado índice sobre el importe de las prestaciones previstas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
III.3.b. Luego en la causa L. 120.206, "Ponce" (sent. de 22-VI-2020), así como otras de similar tenor (v. causas L. 119.954, "Rodríguez", sent. de 8-VII-2020 y L. 120.061, "Bruno", sent. de 14-VII-2020; e.o.), esta Corte resolvió que corresponde aplicar el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme el señalado índice publicado semestralmente por la Secretaría de Seguridad Social en el contexto definido por la doctrina legal emergente del precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 (citado por la recurrente) y reiterado en las causas L. 117.417, "Maidana" (sent. de 31-X-2016) y L. 119.011, "Tarducci" (sent. de 14-XII-2016), en cuanto refiere a la aplicación temporal de la ley 26.773 -y, por ende, a la normativa dictada en su marco de actuación- para aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la fecha de la respectiva entrada en vigencia.
En virtud de ello, teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia del infortunio laboral (que surge del pronunciamiento de grado), éste no cae bajo la órbita de aplicación de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 3/14, sino de la resolución 34/13 del mismo organismo. En consecuencia, cabe también modificar lo resuelto al respecto en la sentencia de grado.
III.4. En cambio, debe desestimarse la objeción planteada en torno a la tasa de interés pasiva digital que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena.
Al respecto, en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), esta Suprema Corte -por mayoría que conformé- en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha, entre muchas otras posteriores), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nac.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Por lo demás, no se suscita en la especie el presupuesto que torna aplicable la doctrina sentada en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-III-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), en orden a la necesidad de aplicar una tasa de interés puro en aquellas hipótesis donde la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, toda vez que -en el caso- la fijación del quantum indemnizatorio no habrá de traducir la estimación de sus valores actuales, ni importará la utilización de mecanismos indexatorios, o de índices o de coeficientes de actualización de montos históricos.
III.5. Igual suerte adversa ha de correr la crítica vinculada con la imposición de las costas del proceso toda vez que, al no estar acompañada de la necesaria denuncia de violación de la doctrina legal de esta Corte, no es dable verificar la concurrencia del supuesto de excepción aludido (art. 55 primer párr. in fine , ley 11.653; causas L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013 y L. 118.292, "Nieva", resol. de 20-XI-2014).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en los puntos III.3.a. y III.3.b.
Costas de esta instancia por su orden (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso debe prosperar parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expresado por el doctor Soria en el apartado III.1. de su voto.
I.2. Como señala el colega, el valor de lo cuestionado en esta instancia no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En tales condiciones, la revisión del pronunciamiento debe efectuarse en el marco que provee el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Bajo tales lineamientos considero que la impugnación al modo en que el tribunal aplicó el índice RIPTE satisface los recaudos de una adecuada fundamentación y, en ese marco, cobran virtualidad las directrices que sobre la temática examinada ha fijado este Tribunal a partir del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016 y, en particular, el pto. III.2.d.[v]), con derivación en la causa L. 118.532, "Godon", sentencia de 5-IV-2017, cuyos fundamentos doy por reproducidos merced a motivos de brevedad.
En tales términos, comparto la propuesta efectuada por el doctor Soria en los puntos III.3.a. y III.3.b. de su exposición de rescindir la mensura de la prestación sistémica, en tanto el juzgador de origen se sustrajo de la recta interpretación de las normas aplicables al caso.
I.3. La crítica que versa sobre el cálculo de los intereses moratorios no puede tener cabida, en tanto la decisión de origen se condice con lo resuelto por esta Corte en el precedente L. 118.587, "Trofe", sentencia de 15-VI-2016, que doy por reproducido como fundamento de mi voto.
Al igual que lo sostuve en las causas L. 120.708, "García" (sent. de 19-II-2020); L. 120.709, "Colaneri" (sent. de 11-III-2020) y L. 120.061, "Bruno" (sent. de 14-VII-2020), entre otras, entiendo que en la especie no aparece configurado un supuesto excepcional que amerite un posible apartamiento de la doctrina legal allí establecida.
I.4. Finalmente, dadas las deficiencias del pronunciamiento que llega a revisión, estimo pertinente, una vez más, exhortar a los jueces integrantes del órgano de grado para que ajusten sus decisiones a las previsiones legales y constitucionales vigentes (art. 15, Const. prov.).
II. Con el alcance indicado, corresponde admitir parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Costas de esta instancia por su orden (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en el punto III.1. de su voto.
I.2. Luego, concuerdo con su opinión en cuanto propone revocar el modo en que el sentenciante dispuso aplicar al caso el índice RIPTE, y remito a tal fin a la postura que asumí en las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), y, por aplicación de la doctrina sobreviniente a la interposición del recurso, L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017).
I.3. En lo que concierne al embate por el que se objeta la tasa de interés aplicada en el fallo de grado sobre las prestaciones reajustadas, suscribo la propuesta formulada por el mencionado colega en los dos primeros párrafos del punto III.4.
En efecto, advierto -en el estrecho marco en el que la impugnación fue concedida- que el fallo de grado se adecuó a la doctrina legal vigente respecto de la temática (causa L. 118.587, Trofe, sent. de 15-VI-2016), a la que remito por razones de celeridad.
I.4. En otro orden, acompaño también el voto inaugural en su punto III.5.
I.5. Finalmente, y en razón de las irregularidades puestas de manifiesto por el ponente, coincido con mi colega doctor Genoud (v. pto. I.4. de su opinión) en que corresponde exhortar a los señores magistrados a cargo del tribunal de trabajo interviniente.
II. Por lo indicado, propongo hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de ley traído y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento con el alcance expuesto en el apartado final del voto del doctor Soria.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en los apartados III.1. y III.2. de su voto.
I.2. También, acompaño la propuesta decisoria que realiza en los apartados III.3.a. y III.3.b., con sustento en la doctrina que emana de las causas L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017) y L. 120.206, "Ponce" (sent. de 22-VI-2020).
I.3. Asimismo, concuerdo con la solución que postula el colega con relación a la tasa de interés moratorio, por ser concordante con la plasmada en los precedentes L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016) y L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016).
I.4. Por otra parte, suscribo lo señalado por el ponente en el apartado III.5.
I.5. Finalmente, comparto la solución propuesta por la doctora Kogan en el apartado I.5.
II. En consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído conforme se resuelve en el apartado final del sufragio emitido en primer término.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
I.2. Luego, con la salvedad formulada por el colega con relación a la aplicación de la doctrina sobreviniente al momento de la decisión, acompaño la solución que propone en los apartados III.3.a. y III.3.b. y remito a tal fin a la postura que asumí en las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017).
I.3. En lo referido a la crítica dirigida contra la tasa aplicada para los intereses moratorios también concuerdo con mi distinguido colega que debe ser desestimada, para lo cual remito -por razones de brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente" (sents. de 31-X-2016; e.o.), pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016; e.o.), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nac. y 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
I.4. Por último, suscribo lo manifestado en el apartado III.5. del sufragio inaugural, así como la exhortación que postulan los colegas que me preceden en el orden de votación.
II. En virtud de todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia conforme lo expresado.
Costas por su orden (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquida
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