Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121689
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.689, "Olivares, Ernesto Cecilio y otros contra Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Ltda. de Zárate. Nulidad de sanciones", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud , de Lázzari , Kogan , Pettigiani, Torres.
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zarate Campana, rechazó la demanda interpuesta, con costas del modo que especificó (v. fs. 338/346 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 348/353 vta. presentación electrónica y ratificado a fs. 356/366 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Los señores Ernesto Cecilio Olivares, Enrique Horacio Raffart, Sergio Luis Riaño, Gustavo Alberto Rodríguez, Olegario Celestino Rodríguez, Hugo Ángel Rojas, Gustavo Marcelo Romero y Hugo César Villalba iniciaron demanda contra la Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Limitada de Zárate procurando la declaración de nulidad de las sanciones disciplinarias que les impusiera la accionada, por considerarlas una manifestación de conducta discriminatoria, arbitraria, desleal y antisindical (v. fs. 90/104).
Individualizando distintos expedientes, alegaron que un grupo de trabajadores de la demandada que fueron compulsivamente afiliados al Sindicato de Luz y Fuerza de la Zona del Paraná, descontentos con la "nula" respuesta a diversos reclamos y el escaso interés demostrado por la patronal y el sindicato en tratar las justas reivindicaciones, y especialmente motivados por el fallecimiento en ocasión del trabajo del señor Rodrigo Magallanes, hecho que puso de manifiesto las precarias condiciones de trabajo y el grave incumplimiento por parte de la empleadora a normas laborales y convencionales, decidieron representados por dos de sus compañeros de trabajo, señores Altamirano y Funes, desafiliarse de la aludida entidad sindical y afiliarse al Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, notificando de esa circunstancia a la empleadora el día 11 de abril de 2012. Señalaron que ello generó el descontento de las autoridades de la principal, quienes presionaron y amenazaron con el despido de los "flamantes afiliados", amenaza que concretaron el día 16 de abril de 2012 al disponer la cesantía de los señores Altamirano y Funes; explicaron que entonces, denunciaron ese hecho ante la Delegación de Zárate del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, a la vez que decidieron -los actores- iniciar medidas de acción directa consistentes en el quite de colaboración en sus lugares de trabajo por turno y por sector, primero por tres horas y desde el día 23 de abril de 2012 en razón de cuatro horas, comunicando esa decisión a la demandada. Destacaron que luego de haber sido intimados por la empleadora a aclarar la situación laboral, lo que fue rechazado, la accionada notificó los días 21 y 22 de mayo de 2012 la aplicación de una sanción de suspensión de tres días por falta de contracción al trabajo y violación a la buena fe, siendo esa medida impugnada por los demandantes (v. fs. 91/93).
Finalmente, luego de describir otras comunicaciones, expusieron los motivos por los cuales cuestionan en autos las suspensiones aplicadas, fundamentalmente basados en la arbitrariedad e ilegalidad que le atribuyen a la decisión adoptada por la empleadora, a la que además califican de antisindical y discriminatoria (v. fs. 93/100 vta.).
I.2. Al responder a la acción deducida, la parte demandada admitió el intercambio telegráfico y el hecho de haber aplicado las sanciones, en cambio, controvirtió al respecto la calificación que le asignaron los actores y rechazó los demás extremos invocados por estos. En lo fundamental, negó que las aludidas sanciones tuvieran un motivo discriminatorio y alegó cumplidos los recaudos previstos en el art. 218 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 163/174).
I.3. En el pronunciamiento recurrido, tras evaluar lo manifestado por las partes en sus escritos constitutivos, refiriéndose a litigios mencionados en la demanda, el órgano de grado destacó que la causa caratulada "Procopuk, Marta Alejandra y otra c/ Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos de Zárate s/ daños y perjuicios" expediente n° 27.418 (en la cual -dijo- "se reclamaba el fallecimiento" del señor Magallanes ocurrido el día 6 de febrero de 2012) finalizó por sentencia homologatoria de fecha 23 de junio de 2017 y que los autos "Altamirano, Christian Javier y otro c/ Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Ltda. de Zárate s/ amparo sindical" expediente n° 28.703, se encontraban en trámite por ante ese tribunal (v. vered., fs. 338 vta. y 339).
Señaló que, conforme las actuaciones administrativas glosadas (v. copia certificada de fs. 274/319), quedó acreditado que el día 18 de abril de 2012 se inició un reclamo administrativo por parte del Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Zárate, expediente n° 21549-3008/12, denunciando el accionar arbitrario, abusivo y falto de sustento legal y ético respecto de los trabajadores de la entidad mencionada, señores Altamirano Christian Javier y Funes Roberto Carlos, quienes fueron despedidos por la accionada, y que por tales hechos, resuelven en asamblea de fecha 17 de abril de 2012 implementar medidas de acción directa, a partir del día 18 de abril de 2012, que consistieron en realizar "paro de actividades" en los lugares de trabajo por espacio de tres horas, por turno y por sector, hasta tanto se reincorporase a los trabajadores despedidos. Asimismo, que el día 23 de abril de 2012 resolvieron incrementar las aludidas medidas y disponer un paro de actividades en los lugares de trabajo de cuatro horas por turno y por sector, a partir de ese mismo día. Resaltó que las mencionadas medidas de fuerza se extendieron hasta el 10 de octubre de 2012 inclusive, pues desde el 11 de octubre de 2014 los dependientes afiliados al evocado sindicato retomaron sus actividades habituales, continuando con las gestiones necesarias para arribar a acuerdos conciliatorios que favorecieran la superación del conflicto y mantuvieran la paz social en el ámbito laboral (v. fs. 318/319 y vered., fs. 339 y vta.).
Entendió que de las constancias del referido expediente resultaba que el único asunto sometido a conocimiento de la autoridad administrativa había sido el despido de los trabajadores Altamirano y Funes; pues en ninguna presentación o audiencia celebrada con la demandada, ya sea en la Delegación Zárate o en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires se trataron o siquiera mencionaron condiciones precarias de labor o incumplimientos por parte de la cooperativa empleadora a normas laborales y convencionales, así como tampoco se refirieron al fallecimiento del señor Rodrigo Magallanes (v. vered., fs. 339 vta. y 340).
Concluyó que el conflicto gremial suscitado tuvo como eje central y única cuestión debatida la extinción de los vínculos laborales de los referidos señores Altamirano y Funes por parte de la demandada. Luego, juzgó que las argumentaciones formuladas en la demanda para fundamentar las medidas de acción directa implementadas y adoptadas a lo largo de meses -vinculadas a las precarias condiciones de labor, el grave incumplimiento de normas laborales y convencionales por la cooperativa y el fallecimiento del señor Magallanes- no poseían basamento alguno, verificándose una total orfandad probatoria en tal sentido (art. 375, CPCC), toda vez que, reiteró, la única y exclusiva causal de las aludidas medidas de fuerza fue la desvinculación de los señalados trabajadores (v. vered., fs. 340).
Luego, ya evaluando el intercambio telegráfico habido entre las partes, señaló que la demandada comunicó a los actores su decisión sancionatoria indicando causa y extensión de la sanción de suspensión, sin que estos hubieran probado haber impugnado oportunamente la medida disciplinaria aplicada (v. informativa, fs. 273 y vered., fs. 340 y vta.).
Concretamente en la sentencia, expresó que la cuestión a decidir radicaba en si las suspensiones disciplinarias impuestas a los accionantes fueron o no ajustadas a derecho (v. sent., fs. 344).
Puntualizó que se acreditó en autos que el inicio de las medidas de acción directa implementadas por los actores tuvo como única y exclusiva causa el despido de los señores Altamirano y Funes dispuesto por la Cooperativa accionada, intentando con la acción sindical su reincorporación, situación que se extendió hasta el día 10 de octubre de 2012, inclusive (v. sent., fs. cit.).
Sostuvo que los accionantes no acercaron ninguna prueba a fin de demostrar otras motivaciones que originaran la medida en cuestión por parte de la entidad sindical, no obstante pretender esbozarlas en su escrito inicial. Al respecto, observó que el deceso del señor Magallanes, acaecido el día 6 de febrero de 2012 y referido en la demanda como una de las razones del "paro de actividades", no había sido objeto de reclamo alguno en tiempo y forma, máxime si, como lo sostuvieron, el infortunio que sufriera aquel, se habría debido a condiciones precarias de labor. Dijo que el desgraciado suceso solo lo trajeron a colación a fin de darle mayor envergadura y sustento a las medidas de acción directa implementadas; pero que ninguna consideración o discusión formularon sobre el luctuoso hecho en el expediente administrativo (v. fs. 374/319 y sent., fs. 344 y vta.).
Refirió que quedó demostrado que los trabajadores despedidos tenían y utilizaron oportunamente los remedios legales procesales y de fondo en defensa de sus derechos particulares, de ello da cuenta la tramitación del expediente 28.703/13 "Altamirano, Christian Javier y otro c/ Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Ltda. de Zárate s/ amparo sindical" (v. sent., fs. 444 vta.).
Expuso además, que el mismo día en que iniciaron las actuaciones administrativas n° 21549-3008/12 (18 de abril de 2012), los demandantes comenzaron las medidas de acción directa dispuestas por la entidad sindical, obviando completamente el trámite previo de la instancia obligatoria de conciliación prevista en el art. 20 de la ley 10.149, lo que evidenciaba la carencia de voluntad de los demandantes de arribar a una solución del conflicto suscitado, en un ámbito ajeno a la empresa y legalmente instituido (v. sent., fs. 344 vta. y 345).
Por otro lado, señaló que la modalidad de acción directa adoptada, esto es: la paralización alternada durante meses en distintos sectores del establecimiento de la empleadora, produce una sensible disminución del servicio de energía y desorganización en su prestación (con cita del art. 24 de la ley 25.877 y decreto 272/06), pues no puede negarse la conexión e interdependencia que existe entre la totalidad de las tareas de los trabajadores de diferentes categorías y sectores en una empresa. Y, al respecto, destacó que las divisiones sujetas al paro de actividades tenían una importancia fundamental a los fines del servicio de provisión de energía eléctrica, adunando a ello la carga horaria de la acción directa efectuada, la que insumiera hasta el 50% de las horas de labor (v. sent., fs. 345).
En ese marco, y en razón de compartir sus consideraciones, pasó a transcribir cierto segmento de la sentencia dictada por el tribunal en la causa "Iparraguirre, Néstor Horacio y ots. c/ Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Ltda. de Zárate s/ nulidad de sanciones" (expte. n° 29.230), en cuanto sostuvo que "las medidas implementadas por los accionantes y en el marco aludido, indudablemente por su amplitud horaria, afectación sectorial y turnos y extensión por tiempo indeterminado, aparecen como respuesta exorbitante, confrontadas con el hecho generador, que provocaron una disminución deliberada y concertada del rendimiento como ejecución deficiente de la prestación debida de trabajo y por consiguiente, en franca violación del deber de diligencia que tiene sobre sí el trabajador (art 84 LCT)" y continuó expresando que "Se verifica, por otra parte, que la postura beligerante adoptada por los demandantes, denota una clara vulneración de los comportamientos que exige nuestra legislación (arts. 62 y 63 LCT) y que cabe extender a la actividad que despliegan las organizaciones sindicales, lo cual en absoluto importa la conculcación del derecho de huelga (art 14 bis CN), sino el resguardo de principios esenciales, base de todos los demás derechos, evitando, que, tras la máscara del ejercicio de un derecho, se provoque una situación abusiva, tendiente a desorganizar el funcionamiento normal de la empresa, sin llegar a una interrupción total de actividades" (sent., fs. 345 vta.).
Con todo, juzgó que conforme los arts. 67 y 218 de la Ley de Contrato de Trabajo la sanción impuesta por la accionada resultó ajustada a derecho, guardando los recaudos correspondientes y rechazó la demanda (v. fs. cit.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, los actores denuncian que en el pronunciamiento se ha incurrido en absurdo en la valoración de la prueba y en la violación de doctrina legal, ello, sin perjuicio de individualizar ciertas normas legales que aducen vulneradas (v. fs. 348/353 vta. presentación electrónica y ratificado a fs. 356/366 vta.).
Tras referir al concepto y reglamentación del derecho de huelga reconocido constitucionalmente a los trabajadores y a las entidades sindicales, aducen que en el caso "no se llevó adelante una huelga en sentido lato" sino que -como la propia demandada reconoce- se dispuso una medida de fuerza consistente en el quite de colaboración de tres horas por turno (incrementándose luego a cuatro horas), siempre manteniéndose el personal en sus lugares de trabajo.
Con apoyo en las actuaciones tramitadas en sede administrativa (expte. 21549-3008/12), ponen de manifiesto que -contrariamente a lo sostenido en el fallo- la entidad sindical dio cumplimiento con lo previsto en el art. 20 de la ley 10.149. Aducen haber intentado resolver la disputa en sede administrativa sin voluntad del empleador en igual sentido, puesto que no concurrió a la primera audiencia fijada, cuestionó la representación del sindicato al que pertenecen los actores y finalmente declinó la instancia administrativa.
Insisten en que no fue su parte sino la contraria la que no tuvo intención de resolver la disputa en un ámbito ajeno a la empresa y legalmente constituido, evidenciando una postura beligerante. Señalan que los actores cumplieron con lo normado por el art. 24 de la ley 25.877 y el decreto 272/06, en tanto informaron a la empresa y al Ministerio de Trabajo acerca del inicio de las medidas de acción directa, garantizando los servicios mínimos y consignando las modalidades de su ejecución y el personal asignado a la prestación de los servicios en cuestión. Agregan que no existió, antes o después de la suspensión de los accionantes, una calificación administrativa o judicial declarando la ilegalidad de las medidas de acción directa que llevaron adelante.
Por último, denuncian transgredido el art. 218 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto sostienen que en la carta documento cursada por la empleadora se comunicó que la suspensión corría desde el día 22 de mayo de 2012 al 23 de mayo de 2012, debiendo reintegrarse a su puesto el día 24 de mayo de 2012, lo que implica que solo fueron dos días de suspensión y no tres, lo que fuera constatado por la pericia contable.
III. El recurso no prospera, atento a su insuficiente fundamentación e insustancialidad (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5.827, según leyes 12.961 y 13.812).
III.1. El distinto enfoque del recurso deja sin réplica válida al razonamiento seguido por el tribunal de grado, según el cual, ponderando la postura asumida por los litigantes en sus escritos constitutivos y la actitud adoptada en el marco de la relación laboral, juzgó que las medidas dispuestas por los dependientes, por su amplitud horaria, afectación de turnos y sectores y extensión por tiempo indeterminado, lucieron como una respuesta exorbitante frente al hecho generador, en tanto provocaron una disminución deliberada y concertada del rendimiento como ejecución deficiente de la prestación debida de trabajo, en franca violación al deber de diligencia que tiene sobre si el trabajador (art. 84, LCT) y al comportamiento exigido en el marco de los arts. 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 344/355 vta.).
Los argumentos de los interesados transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido por el juzgador y no constituyen una réplica eficaz. Resulta de aplicación entonces la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015; L. 117.869, "Videla de Maldonado", sent. de 24-II-2016 y L. 118.137, "Kuhn", sent. de 12-VII-2017).
Además, reiteradamente se ha señalado que no constituye absurdo cualquier error o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 107.351, "Baute", sent. de 23-XII-2013; L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014 y L. 119.489, "Navarro", sent. de 21-VI-2017); tales extremos de suyo que no han sido acreditados.
III.2. Por otro lado, corresponde recordar que el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (antes citado) establece que si la Suprema Corte de Justicia, entre otros supuestos, considerare que la cuestión que se somete a su conocimiento a través de los recursos extraordinarios es insustancial o carece de trascendencia, puede rechazarlos con la sola invocación de esa norma y la referencia a esa circunstancia.
En la especie, el objeto de la controversia de autos, tocante a la impugnación de las sanciones disciplinarias impuestas por la empleadora, encuadra en el supuesto referido pues resulta claramente insustancial o carente de trascendencia. Por ello, con arreglo al art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias corresponde desechar también por esta razón el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas C. 107.383, "Barigozzi", sent. de 22-VIII-2012; C. 107.335, "D'Alessio", resol. de 19-XII-2012 y C. 121.331, "Gouveia Mendes", sent. de 17-X-2018).
Finalmente, dable es aclarar que los recurrentes no han formulado ningún planteo en los términos prescriptos en el último párrafo del citado art. 31 bis de la ley 5.827 y sus modificatorias con virtualidad para obtener un abordaje distinto al que aquí se efectúa.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso no prospera.
II.1. Es sabido que tanto la evaluación del material probatorio como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso se invocan, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo, no susceptible de revisión por ante la Suprema Corte, salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 116.502, "Lescano", sent. de 23-IV-2014; L. 119.127, "García Maglione", sent. de 28-VI-2017 y L. 119.706, "Azcona"
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.