Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122015
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.015, "Rossi, Darío Gustavo y otros contra Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Ltda. de Zárate. Nulidad de sanciones", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Pettigiani, Kogan, de Lázzari, Torres.
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate Campana, rechazó la demanda interpuesta, con costas del modo que especificó (v. fs. 380/388 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 390/395 vta. presentación electrónica y ratificado a fs. 396/405 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. Los señores Darío Gustavo Rossi, Luis Horacio Rossi, Ricardo Dante Rossi, Egidio Luis Scavuzzo, Jesús Mario Scavuzzo, Hugo Eduardo Trissi y Sergio Oscar Zarate iniciaron demanda contra la Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Limitada de Zárate persiguiendo la declaración de nulidad de las sanciones disciplinarias que les impusiera su empleadora (v. fs. 97/109).
Alegaron que las medidas en cuestión comportaron un accionar discriminatorio producto de diversos reclamos -en particular, las precarias condiciones de labor y el fallecimiento de un trabajador en cumplimiento de sus tareas- que, por no haber sido atendidos por el empleador ni el Sindicato de Luz y Fuerza de la Zona del Paraná, fueron llevados a conocimiento del Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate (mediante dos representantes, Altamirano y Funes, posteriormente despedidos), dando lugar a las actuaciones administrativas ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires -Delegación Zárate-, así como también la adopción de medidas de acción directa.
Con cita de diversos expedientes, explicaron que, en las circunstancias señaladas, la nueva afiliación de los representantes mencionados (informada a la empleadora el 11 de abril de 2012), generó el descontento de las autoridades, quienes ejercieron presiones y amenazas, al punto de concretar su cesantía el 16 de abril de 2012. Denunciado el hecho ante la Delegación de Zárate del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, los actores iniciaron medidas de acción directa consistentes en el quite de colaboración en sus lugares de trabajo por turno y por sector, primero por tres horas y desde el día 23 de abril de 2012 en razón de cuatro horas, comunicando esa decisión a la demandada. Destacaron que previa intimación para aclarar la situación laboral -que fue rechazada- les impusieron tres días de suspensión (21 al 23 de mayo de 2012) por falta de contracción al trabajo y violación a la buena fe, siendo esa medida impugnada por los demandantes (v. fs. 97 vta./99 vta.).
Finalmente, en aras de justificar los motivos esgrimidos en sostén de su pretensión, señalaron la arbitrariedad e ilegalidad de la decisión adoptada por el empleador, y a la par, su carácter antisindical y discriminatorio (v. fs. 100/105).
I.2. Al responder a la acción deducida, la parte demandada admitió el intercambio telegráfico y el hecho de haber aplicado las sanciones; en cambio, controvirtió la calificación asignada por los actores, rechazando los demás extremos invocados. En lo fundamental, negó que las suspensiones impugnadas tuvieran un motivo discriminatorio y alegó cumplidos los recaudos previstos en el art. 218 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 166/176 vta.).
I.3. En el pronunciamiento recurrido, tras evaluar lo manifestado por las partes en sus escritos constitutivos, el órgano de grado destacó que la causa caratulada "Procopuk, Marta Alejandra y otra c/ Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Ltda. de Zárate s/ daños y perjuicios" (expte. n° 27.418, en la cual se reclamaba el fallecimiento del señor Magallanes ocurrido el día 6 de febrero de 2012) finalizó por sentencia homologatoria de fecha 23 de junio de 2017 y que los autos "Altamirano, Christian Javier y otro c/ Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Ltda. de Zárate s/ amparo sindical" (expte. n° 28.703) se encontraban en trámite por ante ese tribunal (v. vered., fs. 380 vta. y 381).
Señaló que, conforme las actuaciones administrativas glosadas a la presente, quedaba acreditado que el 18 de abril de 2012 se inició reclamo administrativo por parte del Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Zárate, expediente n° 21549-3008/12, denunciando el accionar arbitrario, abusivo y falto de sustento legal y ético respecto de los trabajadores de la entidad mencionada, señores Christian Javier Altamirano y Roberto Carlos Funes, quienes fueron despedidos por la accionada. Y que por tales hechos se resolvió implementar medidas de acción directa, a partir del 18 de abril de 2012, consistentes en realizar paro de actividades en los lugares de trabajo, por espacio de tres horas, por turno y por sector, según cronograma adjuntado, hasta tanto se reincorporase a los trabajadores despedidos. Asimismo, que a partir del 23 de abril de 2012 dispusieron un paro de actividades en los lugares de trabajo de cuatro horas por turno y por sector. Resaltó que las mencionadas medidas de fuerza se extendieron hasta el 10 de octubre de 2012 inclusive, pues desde el 11 de octubre de 2014 los dependientes afiliados al evocado sindicato retomaron sus tareas habituales, continuando con las gestiones necesarias para arribar a acuerdos conciliatorios que favorecieran la superación del conflicto y mantuvieran la paz social en el ámbito laboral (v. vered., fs. 381 y vta.).
A partir de las constancias del referido expediente, el tribunal resolvió que el único asunto sometido a conocimiento de la autoridad administrativa había sido el despido de los trabajadores Altamirano y Funes; pues en ninguna presentación o audiencia celebrada con la demandada, ya sea en la Delegación Zárate o en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires se trataron o siquiera mencionaron condiciones precarias de labor o incumplimientos por parte de la Cooperativa empleadora a normas laborales y convencionales, así como tampoco se refirieron al fallecimiento del señor Rodrigo Magallanes (v. vered., fs. 381 vta. y 382).
Juzgó que no había sido demostrado el "método de compulsión" de afiliación de trabajadores al Sindicato de Luz y Fuerza de la Zona del Paraná, ni que se hubieran efectivizado reclamos ante dicho sindicato por precarias condiciones de trabajo e incumplimiento de normas laborales y convencionales, como tampoco que los aludidos Altamirano y Funes hubiesen sido convocados para representar a trabajadores afectados y lograran la desafiliación de doce de ellos y la afiliación al Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, ni que los flamantes afiliados hubieran sido amenazados con ser despedidos. Agregó que de los aquí actores había resultado acreditado que cinco de ellos se encontraban afiliados al Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate desde mucho antes de que se produjeran los sucesos debatidos (v. vered., fs. 382).
Concluyó que el conflicto gremial suscitado tuvo como eje central y única motivación fundante la extinción de los vínculos laborales de los referidos señores Altamirano y Funes por parte de la demandada. Luego, consideró que las argumentaciones de los actores para fundar las medidas de acción directa implementadas y adoptadas a lo largo de meses -vinculadas a las precarias condiciones de labor, el grave incumplimiento de normas laborales y convencionales por la Cooperativa y el fallecimiento del señor Magallanes- no poseían basamento alguno, verificándose una total orfandad probatoria en tal sentido (art. 375, CPCC), toda vez que, reiteró, la única y exclusiva causal de las aludidas medidas de fuerza fue la desvinculación de los señalados trabajadores, quienes, como señaló antes, se encontraban ejerciendo la defesa de los derechos que consideraban les asistían, en causa en trámite por ante ese tribunal (v. vered., fs. 382 y vta.).
Luego, ya evaluando el intercambio telegráfico habido entre las partes, señaló que la demandada comunicó a los actores su decisión sancionatoria indicando causa y extensión de la sanción de suspensión (v. vered., fs. 382 vta. y 383).
Concretamente en la sentencia, expresó que la cuestión a decidir estaba afincada en la procedencia de la acción intentada por los demandantes en procura de obtener la nulidad de la sanción impuesta, amparándose estos en que las medidas de acción directa implementadas poseen raigambre constitucional, no implican falta de contracción al trabajo y no son violatorias del principio de buena fe. Explicó que por su parte, la accionada solicitó el rechazo de la pretensión argumentando haber ejercido legítimamente sus derechos al sancionar la conducta de los actores en tanto incumplieron con la debida prestación laboral provocando serias dificultades en la provisión del servicio eléctrico, que si bien pudieron soslayarse, trasparentaron una actitud de los trabajadores reñida con la buena fe, considerando que las sanciones impuestas fueron razonables y cumplieron con los requisitos del art. 218 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 386).
Sostuvo el tribunal que, planteada de ese modo la litis, debían precisarse los alcances y extensión de los derechos que la ley confiere a las partes en el marco del contrato de trabajo y la relación laboral, el carácter relativo o absoluto que poseen tales derechos, aun cuando tengan rango constitucional, para luego definir la legitimidad del acto sancionatorio, o, por el contrario, su nulidad (v. sent., fs. cit.).
Puntualizó que se acreditó en autos que el inicio de las medidas de fuerza implementadas por los actores tuvo como única y exclusiva causa el despido de dos dependientes (Altamirano y Funes) dispuesto por la Cooperativa accionada, intentando a través de la acción sindical su reincorporación, situación que se extendió hasta el día 10 de octubre de 2012, inclusive (v. sent., fs. 386 vta.).
Sostuvo que los accionantes no acercaron ninguna prueba a fin de demostrar otras motivaciones que originaran la medida en cuestión por parte de la entidad sindical (art. 375, CPCC), no obstante pretender esbozarlas en su escrito inicial. Señaló que al momento de inicio de las medidas adoptadas por los actores a partir del 18 de abril de 2012 no existía un conflicto en ciernes dirigido al mejoramiento de las condiciones de trabajo adversas ni tampoco conflicto de intereses entre los afiliados a uno u otro de los sindicatos que coexistían dentro de la Cooperativa, marco en el que trató de introducirlo la actora sin apoyo en prueba alguna (v. sent., fs. cit.).
Destacó además que el deceso del señor Magallanes, acaecido el día 6 de febrero de 2012 y referido en la demanda como una de las razones del paro de actividades, no había sido objeto de reclamo alguno en tiempo y forma, máxime si, como lo sostienen, el infortunio que sufriera aquel y que derivó en su muerte, se debió a condiciones precarias de labor; sin embargo, a dicho suceso solo lo traían a colación a fin de darle mayor envergadura y sustento a las medidas de acción directa implementadas a lo largo de los meses; pero ninguna mención, examen, consideración o discusión formularon respecto de ese hecho en el expediente administrativo (v. sent., fs. 386 vta. y 387).
Refirió que quedó demostrado que los trabajadores despedidos tenían y utilizaron a su tiempo los remedios legales procesales y de fondo en defensa de sus derechos particulares, en cuanto iniciaron por ante el órgano de grado la tramitación del expediente 28.703/13 "Altamirano, Christian Javier y otro c/ Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Ltda. De Zárate s/ amparo sindical" (v. sent., fs. 387).
Expuso además que el mismo día en que iniciaron las actuaciones administrativas n° 21549-3008/12 (18 de abril de 2012), los demandantes comenzaron las medidas de acción directa dispuestas por la entidad sindical, obviando completamente el trámite previo de la instancia obligatoria de conciliación prevista en el art. 20 de la ley 10.149, lo que evidenciaba la carencia de voluntad de los demandantes de arribar a una solución del conflicto suscitado, en un ámbito ajeno a la empresa y legalmente instituido (v. sent., fs. cit.).
Por otro lado, señaló que la modalidad de acción directa adoptada: paralización alternada durante meses en distintos sectores del establecimiento de la empleadora, implicaba una sensible disminución del servicio de energía y desorganización en la prestación del mismo (art. 24, ley 25.877 y dec. 272/06), pues no puede negarse la conexión e interdependencia que existe entre la totalidad de las tareas de los trabajadores de diferentes categorías y sectores en una empresa, a lo que cabía adunar en el caso la existencia de un servicio esencial como es la producción y distribución de energía eléctrica (v. sent., fs. 387 y vta.).
Manifestó que las divisiones sujetas al paro de actividades, a saber: laboratorio de Mediciones, Conexiones, Redes-Seguridad en la vía pública, Jefatura Técnica de Mantenimiento, Guardias de reclamos de la ciudad de Zárate y Lima, Guardia de tableristas planta transformadora, tenían una importancia fundamental a los fines del servicio de provisión de energía eléctrica, adunando a ello la carga horaria de la acción directa efectuada, la que insumiera hasta el 50% de las horas de labor (v. sent., fs. 387 vta.).
Sostuvo entonces que todo lo antes analizado demostraba que las medidas implementadas por los accionantes y en el marco aludido, indudablemente, por su amplitud horaria, afectación sectorial y turnos y extensión por tiempo indeterminado, aparecían como respuesta exorbitante, confrontadas con el hecho generador, que provocaron una disminución deliberada y concertada del rendimiento como ejecución deficiente de la prestación debida de trabajo y por consiguiente, en franca violación del deber de diligencia que tiene sobre sí el trabajador (art. 84, LCT; v. sent., fs. 387 vta.).
Por otra parte, consideró que la postura adoptada por los demandantes denotaba una clara vulneración de los comportamientos que exige nuestra legislación (arts. 62 y 63, LCT) y que cabe extender a la actividad que despliegan las organizaciones sindicales, lo cual en absoluto importaba la conculcación del derecho de huelga (art. 14, Const. nac.), sino el resguardo de principios esenciales, base de todos los demás derechos evitando, que, tras la máscara del ejercicio de un derecho, se provoque una situación abusiva tendiente a desorganizar el funcionamiento normal de la empresa, sin llegar a una interrupción total de actividades (v. sent., fs. cit.).
Con todo, juzgó que la sanción impuesta por la accionada resultó ajustada a derecho, guardando la misma los recaudos correspondientes (arts. 67 y 218, LCT; v. sent., fs. 388) y rechazó la demanda.
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, los actores denuncian que en el pronunciamiento se ha incurrido en absurdo en la valoración de la prueba y en la violación de doctrina legal, ello, sin perjuicio de individualizar ciertas normas legales que aducen ignoradas en el caso (v. fs. 390/395 vta. presentación electrónica y ratificado a fs. 396/405 vta.).
Tras referir al concepto y reglamentación del derecho de huelga reconocido constitucionalmente a los trabajadores y a las entidades sindicales, aducen que en el caso de autos no se llevó a cabo una huelga en sentido lato, sino que -como la propia demandada reconoce- se dispuso una medida de fuerza consistente en el quite de colaboración de tres horas por turno (incrementándose luego a cuatro horas), siempre manteniéndose el personal en sus lugares de trabajo.
Con apoyo en las actuaciones tramitadas en sede administrativa (expte. 21549-3008/12), ponen de manifiesto que -contrariamente a lo sostenido en el fallo- la entidad sindical dio cumplimiento a lo previsto en el art. 20 de la ley 10.149. Aducen haber intentado resolver la disputa en sede administrativa sin voluntad del empleador en igual sentido, puesto que no concurrió a la primera audiencia fijada, cuestionó la representación del sindicato al que pertenecen los actores y finalmente declinó la instancia administrativa.
Insisten en que no fue su parte sino la contraria la que no tuvo intención de resolver la disputa en un ámbito ajeno a la empresa y legalmente constituido, evidenciando una postura beligerante. Señalan que los actores cumplieron con lo normado por el art. 24 de la ley 25.877 y el decreto 272/06, en tanto informaron a la empresa y al Ministerio de Trabajo acerca del inicio de las medidas de acción directa, garantizando los servicios mínimos y consignando las modalidades de su ejecución y el personal asignado a la prestación de los servicios en cuestión. Agregan que no existió, antes o después de la suspensión de los accionantes, una calificación administrativa o judicial declarando la ilegalidad de las medidas de acción directa que llevaron adelante.
Por último, denuncian transgredido el art. 218 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto en la carta documento cursada por la empleadora se comunicó que la suspensión corría desde el día 22 de mayo de 2012 al 23 de mayo de 2012, debiendo reintegrarse a su puesto el día 24 de mayo de 2012, lo que implica que solo fueron dos días de suspensión y no tres, lo que fuera constatado por la pericia contable.
III. El recurso no puede prosperar.
Atento a que las cuestiones debatidas en autos guardan sustancial analogía con las que se verificaron en las causas L. 121.234, "Iparraguirre" y L. 121.689, "Olivares" (sentenciadas en la misma fecha), habré de reproducir aquí -en lo que resulte pertinente- lo expuesto por este Tribunal al resolver los citados precedentes.
III.1. Es sabido que tanto la evaluación del material probatorio como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso se invocan, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo, no susceptible de revisión por ante la Suprema Corte, salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 116.502, "Lescano", sent. de 23-IV-2014; L. 119.127, "García Maglione", sent. de 28-VI-2017 y L. 119.706, "Azcona", sent. de 6-II-2019); en particular, análogas consideraciones merece la labor orientada a valorar la conducta observada por las partes en el marco del contrato de trabajo (causas. L. 112.426, "Gifford", 10-VII-2013 y L. 112.468, "Boga", sent. de 13-XI-2013).
III.2. Bajo esas directrices, la impugnación resulta ineficaz.
Apoyados esencialmente en las constancias agregadas a la causa del expediente administrativo n° 21-549-3008/12 tramitado ante la Delegación Zárate del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, los recurrentes aducen que en el caso se verifica que su parte cumplió con informar a la demandada de las medidas de fuerza que habían decidido implementar, así como también que quedó plasmada su intención de solucionar la disputa en sede administrativa.
No logran así descalificar lo resuelto por el a quo .
Aquéllos se desentienden del análisis plasmado en la sentencia, sin advertir que, luego de circunscribir el objeto del litigio, el juzgador de grado confrontó el despido de los señores Funes y Altamirano relatado por los actores -único asunto sometido a conocimiento de la autoridad administrativa- con la decisión de éstos de implementar las medidas de fuerza llevadas a cabo en su lugar de trabajo.
En efecto, el distinto enfoque del recurso deja sin réplica válida al razonamie
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.