Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123043
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.043, "Beltrán, Susana contra Sociedad Española de Socorros Mutuos. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Torres , Pettigiani, de Lázzari.
La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca revocó la sentencia de primera instancia y, por ende, rechazó la demanda. Impuso las costas a la actora (v. fs. 1.401 y vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 24 de octubre de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. La señora Nelly Edelmira Chalde de Beltrán promovió demanda de daños y perjuicios contra la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Tres Arroyos-Clínica Privada Hispano Argentina y contra el cirujano Jorge Carlos O'Lery por la lesión derivada de la intervención quirúrgica que le realizó el médico demandado el día 19 de julio de 2006 en ese centro de salud, donde se le hizo un reemplazo de cadera derecha para corregir la fractura producida por una caída ocurrida en la vía pública el día 13 de julio de 2006.
Adujo que en esa práctica quirúrgica se le lesionó el nervio ciático, produciéndosele una desviación del pie. Esto le provocó mucha dificultad para caminar y derivó en la colocación de una férula especial para controlar el movimiento del miembro inferior y en que tuviera que modificar su residencia habitual por otra en un centro de rehabilitación, en razón de que requería de diaria asistencia. Reclamó una indemnización comprensiva de la incapacidad parcial y permanente, la pérdida de la chance, daño material, gastos terapéuticos futuros, gastos colaterales, daño moral (v. fs. 98/123).
Corrido el traslado de ley, se presentaron a contestar demanda el médico (v. fs. 177/199 vta.) y la clínica (v. fs. 203/222 vta. y 228), oponiéndose a su progreso y denunciando ambos sus aseguradoras, Seguros Médicos S.A. y El Progreso Seguros S.A. respectivamente, para que se las citara en garantía, lo que así se produjo (v. fs. 272/278 vta. y 327/346).
Se realizó la pericia médica peticionada por la actora como prueba anticipada (v. fs. 353/358 vta.) y, al correrse el traslado a las partes, la clínica formuló un pedido de explicaciones (v. fs. 371), el que fue respondido por el experto (v. fs. 418/419) aunque observado (v. fs. 425/426). La actora impugnó el dictamen (v. fs. 372/380).
Posteriormente se abrió el juicio a prueba y se presentó la hija de la actora, la señora Susana Leonor Beltrán, denunciando el fallecimiento de su madre y su calidad de heredera legítima de esta última, solicitando ser tenida por parte (v. fs. 1.117/1.119).
A su turno, se dictó sentencia haciendo lugar a la demanda, condenando a los demandados al pago de la indemnización determinada y haciéndola extensiva a las aseguradoras en la medida de la cobertura pactada (v. fs. 1.265/1.298 vta.).
Este pronunciamiento fue apelado por la clínica y su aseguradora (v. fs. 1.301), por la actora (v. fs. 1.302), por Seguros Médicos S.A. (v. fs. 1.310) y por el médico demandado (v. fs. 1.311). Expresaron sus agravios, el facultativo a fs. 1.321/1.340 vta., su aseguradora a fs. 1.341 y vta., la clínica y su citada en garantía a fs. 1.344/1.352 y la actora a fs. 1.353/1.357 vta. Seguidamente contestaron los memoriales la clínica y su aseguradora (v. escrito electrónico de fecha 4 de junio de 2018), el médico y su aseguradora (v. escritos electrónicos de fecha 5 de junio de 2018) y la actora (v. escrito electrónico de fecha 11 de junio de 2018).
I.2. Elevados los autos a la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca, esta revocó la sentencia desestimando, por tanto, la demanda.
Para decidir de esa manera, luego de dejar sentado que era de aplicación el Código Civil, abordó los agravios de los demandados y sus aseguradoras por considerar que de sus resultados dependerían las demás cuestiones planteadas (v. fs. 1.392 y vta.).
Comenzó su tarea teniendo en cuenta la doctrina de esta Corte acerca de la responsabilidad de los profesionales, plasmada en las causas Ac. 62.097; Ac. 65.802 y Ac. 71.581 y las opiniones de académicos, entre ellas la de la doctora Elena Highton, relacionada con la responsabilidad de los médicos, para afirmar que en el presente caso la obligación del médico debía ser considerada como de "medios" y no de "resultado", sin dejar de recordar las discrepancias que por esa clasificación existían en torno a algunas especialidades, entre las cuales se incluía a la de traumatología (v. fs. 1.392 vta./1.393 vta.).
Continuó en sus consideraciones, siguiendo el mismo lineamiento doctrinario, sosteniendo que debía acudirse al criterio de la carga dinámica de la prueba que imponía a los galenos el deber de cooperación cuando se encontraban enjuiciados, lo cual no eximía a la actora de la prueba de sus pretensiones. A ello sumó que debía tenerse en cuenta la relación de causalidad, la que no debía presumirse pues no se trataba de un criterio de probabilidad (v. fs. 1.393 vta./1.394 vta.).
De allí pasó a analizar el dictamen pericial de fs. 352/358 y el electromiograma de fs. 933/935, y encontró que la complicación que había sufrido la actora era una parálisis operatoria del ciático poplíteo externo, que no obedecía al corte del nervio como sostenía la actora en su demanda -pues no era una lesión anatómica sino microscópica o funcional que tenía relación directa con el acto quirúrgico- y que era insostenible considerarla como una condición previa (v. fs. 1.394 vta. y 1.395).
Señaló que el experto había coincidido con el tratamiento adoptado por el médico, quien había actuado dentro de las condiciones normales del ejercicio de la medicina, y que no había en la literatura elementos suficientes para asegurar que ese desenlace se hubiera podido evitar, ya que el resultado final de la complicación de la actora era producto de la gravedad de la afección y de la magnitud de la terapéutica y que era inmediata y propia del reemplazo de cadera, denominándola complicación iatrogénica (v. fs. 1.395).
Respecto de esto último apreció la explicación del perito de que una complicación era un daño o dificultad imprevista originada en la concurrencia de factores múltiples o desconocidos, y que el término iatrogenia correspondía al daño ocasionado o resultante de la actividad del médico, lo que incluía las complicaciones a las que se había referido (v. fs. cit.).
Concluyó entonces que esas explicaciones eran esclarecedoras, pues de una complicación iatrogénica no podía derivar la responsabilidad cuando se había tratado de un daño imprevisto ocurrido en el marco de la actividad del médico, pero originado en la concurrencia de factores múltiples o desconocidos, ya que el experto había informado que la incidencia de la lesión nerviosa estaba entre un 0,7% y un 7,5% y porque era imposible erradicar tales complicaciones (v. fs. 1.395 vta.).
Agregó el sentenciante que las partes efectuaron impugnaciones y explicaciones al dictamen, pero que la actora que conocía de antemano el resultado de la pericia no reforzó su prueba en la oportunidad procesal oportuna (ofrecimiento de prueba) debido a que se había dado trámite ordinario a la demanda, limitándose a señalar la existencia del informe pericial producido anticipadamente, resultando paradojal su postura ante el rechazo de la producción de la prueba de informes a la Academia Nacional de Medicina por medio de la cual hubiera podido ampliar o modificar los puntos de pericia originalmente propuestos (v. fs. 1.395 vta. y 1.396).
Reafirmó la Cámara el criterio de que la lesión no era previa a la intervención, como sostenían los demandados, pues así lo había informado el perito, y destacó que la actora era una persona incluida en grupo de riesgo, ya que se trataba de una mujer de edad avanzada que a la fecha de la intervención quirúrgica tenía 86 años y que además presentaba problemas cardíacos y estaba anticoagulada, circunstancia que, además, había demorado la cirugía (v. fs. 1.396 y vta.).
Destacó la validez del dictamen médico como la prueba por excelencia en los casos de mala praxis, citando autores de doctrina, fallo de la Cámara Nacional Civil y la causa de esta Corte L. 95.512 (sent. de 21-XII-2011), señalando que la actora ponderó el informe del perito cuando le fue favorable y lo denostó cuando no, agregando, respecto del médico demandado y de la clínica, que ambos habían reconocido la posibilidad de que se produjeran complicaciones que no resultaran observables durante la operación, motivo por lo cual no se incorporaron al parte de cirugía, pero que a las veinticuatro horas de aquel acto quirúrgico había aparecido la paresia del nervio ciático poplíteo externo coincidiendo con lo dictaminado por el experto (v. fs. 1.396 vta./1.398).
Consideró que el magistrado de grado anterior se había apartado del dictamen, arribando a la solución con fundamento probabilístico mas no con argumentos apoyados en las pruebas producidas, llegando a considerar la intervención como una obligación de resultado e ignorando la incidencia de complicaciones sobre el total de las artroplastias (v. fs. 1.398).
A ello sumó que la carga de la prueba sobre los demandados no significaba que la accionante se desentendiera de lo que surgía de la prueba pericial producida anticipadamente ni que sus parciales discrepancias le pudieran restar validez al dictamen, ya que no existían otras pruebas de peso que le permitiera apartarse de las conclusiones del perito médico (v. fs. 1.398 y vta.).
Desestimó, además, el cuestionamiento de la actora sobre la falta de consentimiento informado para la intervención quirúrgica, en razón de haberlo introducido por primera vez en el alegato (v. fs. 1.398 vta. y 1.399).
Rechazó también el agravio acerca de la falta de un asistente con la especialidad en traumatología durante el acto quirúrgico, al tener en cuenta que la actora había elegido permanecer internada en la Clínica codemandada, sita en la localidad de Tres Arroyos, a pesar de que el médico tratante le había indicado la conveniencia de trasladarse a la ciudad de Mar del Plata porque allí se contaba con un mayor número de profesionales e institutos, los cuales se hallaban en mejores condiciones para atender situaciones de emergencia que pudieran presentarse durante la operación y el tratamiento. Concluyó que no advertía que la elección del asistente que no era especialista en traumatología hubiera incidido en el resultado de la intervención y destacó que el médico demandado era quien tenía la dirección de la cirugía y el asistente tenía título habilitante para realizar la tarea, la que además hacía con habitualidad (v. fs. 1.399 vta. y 1.400).
II. Se agravia la actora denunciando la violación o aplicación errónea de los arts. 163 incs. 5 y 6, 164, 375, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 512, 902, 903, 909, 912, 1.068, 1.074, 1.109 y concordantes del Código Civil; 14, 16, 17, 18, 19, 31, 33, 42, 75, 76 y 99 de la Constitución nacional; 9, 10, 11, 15, 25, 31, 36 inc. 8, 39, 43, 44, 57, 156 y 159 de su par provincial y de la doctrina legal. Alega, asimismo, absurdo.
Comienza la recurrente (hija de la fallecida actora) su embate agraviándose de lo que entiende es la absurda decisión de la Cámara respecto de la carga probatoria que tenía la actora en este caso de mala praxis. Apoya su argumentación citando un fallo de la Corte nacional y las causas Ac. 46.039, "Acosta" (sent. de 4-VIII-1992); C. 107.510, "Zamora" (sent. de 11-IX-2013) y C. 101.224, "Dillon" (sent. de 26-VIII-2009), todos referidos a la carga dinámica de la prueba.
Sostiene que la sentencia desenfoca el marco de la litis, violando el principio de congruencia e invirtiendo la carga probatoria; desatiende las reglas de las cargas probatorias dinámicas; omite y desinterpreta subjetivamente la prueba producida; violenta las reglas del razonamiento lógico e ignora elementos de la prueba producida que es decisiva y esencial y las constancias manifiestas de la causa, resultando dogmática y materializando el vicio de absurdo probatorio y una arbitrariedad grave e intolerable a las leyes de la lógica y de la justicia del caso. Agrega que la Cámara también ha dejado de lado el valor de los indicios y presunciones judiciales que cobran fundamental importancia en la materia (v. escrito electrónico, págs. 5/9).
Destaca que el sentenciante, de modo dogmático, arbitrario y absurdo y sin dar mayores explicaciones, sostuvo que no había encontrado elementos para apartarse de las conclusiones de la pericia médica en su integralidad, a diferencia del parcializado análisis que había hecho el juez de primera instancia (v. pág. 10).
Pone de relieve que resulta absurdo sostener, como lo hizo la Cámara, que se produzca una lesión nerviosa como regla normal y habitual en la artroplastia total de cadera, ya que del informe pericial surge que la incidencia de esa patología es entre el 0,7% y el 7,5%, según las estadísticas que había citado el experto, y que podría llegar al 1,5% (v. págs. 11/12).
Señala que existe doctrina de autor que sostiene que, en casos como el presente, la actividad del cirujano se parece bastante a una obligación de resultado, para afirmar que por una cuestión lógica la lesión se había producido durante la cirugía, pues se encuentra probado que ingresó al quirófano sin parálisis alguna en su miembro inferior derecho, constatando el médico cirujano, posteriormente al acto quirúrgico, un cuadro de paresia del ciático poplíteo externo (pág. 12).
Entiende que debe diferenciarse el riesgo quirúrgico inevitable o complicación posoperatoria -definido jurídicamente como caso fortuito no transferible a la actividad del cirujano en tanto imposibles de prevenir y controlar- de aquellos supuestos o causas potencialmente generadoras de lesiones que profesionalmente conocidas pueden ser previstas o evitables. Denuesta la conclusión del perito médico pues -dice- llevaría a sostener que toda operación de cadera tendrá como resultado fatal la afectación del nervio ciático. Señala la falta de lógica en esa conclusión pues lo normal y habitual es la rehabilitación luego de la cirugía (v. pág. 13).
Afirma que de haber ocurrido la hipótesis que planteó el perito médico debió ser anotada en la historia clínica del paciente, pero no se hizo porque para el médico cirujano la lesión era anterior a la operación. Agrega que la opinión del experto producida años después pierde certeza científica y es un intento defensivo tardío de la actividad médica, lo que se refleja en el introito del informe en el que califica de desagradable tener que expedirse sobre sus colegas (v. págs. 13/14).
Plantea el ilógico razonamiento de la Cámara que concluyó en que se estaba frente a una complicación imprevista e independiente del acto médico, refiriéndose al caso fortuito, por no haberse probado la causa directa del daño. Apoya su postura en la causa C. 101.224 (v. págs. 14/15).
Refiere que en la bibliografía médica citada por el galeno demandado se indica que ante el desconocimiento del origen de la lesión se presume que se debe al estiramiento o retracción de los separadores, con lo que, entiende, debe descartarse la opinión del perito de que falta el elemento subjetivo (v. pág. 15).
Sostiene que en la sentencia en crisis ha tenido lugar una verdadera mutación de las cuestiones que debían abordarse, se soslayó el núcleo de la causa y se debatió acerca de lo que la actora no había sostenido, omitiéndose considerar el esquema defensivo articulado por los demandados, todo lo que constituye el absurdo (v. pág. cit.).
Alega que a su parte sólo le correspondía demostrar que en la cirugía se produjo la parálisis del nervio ciático poplíteo externo, que el médico se encuentra en una posición más relevante para probar la causa de la lesión y que si existían factores de riesgo debió extremar los recaudos quirúrgicos, explicando en la historia clínica cualquier complicación previsible pero inevitable. Señala que la lesión del nervio ciático fue producto y consecuencia del acto médico y es un indicio de extrema importancia (v. pág. 16).
Pone énfasis en que el razonamiento de la Cámara es ilógico al seguir la opinión del perito médico en cuanto a la falta de culpa del cirujano por la ausencia de prueba directa. Afirma que desde una perspectiva probabilística el daño derivó de una incorrecta técnica médica empleada en la artroplastia realizada por el cirujano, lo que lo hace imputable, subjetivamente, por negligencia o impericia y por aplicación del principio de causalidad adecuada, receptada en nuestro ordenamiento civil, con el que debe ser apreciada la regularidad con la que acostumbran suceder las cosas. Cita doctrina de autor en apoyo de su postura (v. pág. 17).
Apunta que es absurda la sentencia basada en opiniones y pareceres del perito, carentes de rigor científico, y resalta que el cirujano debió probar su ajenidad al evento dañoso y nada de eso hizo, señalando que existe otro indicio relevante de la responsabilidad del cirujano y es la intervención de un especialista en ginecología como su ayudante en la colocación de la prótesis de cadera, destacando el concepto negativo que el perito manifestó en su informe respecto de la ayudantía y los dichos del testigo Rey, médico anestesiólogo, interviniente en la cirugía, de que cualquier médico estaba capacitado para asistir, pero que era mejor un especialista. Resalta la recurrente que de la Memoria y Balances Contables del nosocomio que obran a fs. 51 vta. surge la existencia de especialistas en traumatología y ortopedia. Concluye en que la responsabilidad por la elección del ayudante recae sobre el cirujano (v. págs. 18/19).
Indica que existe otro indicio en contra de los demandados que surge de la historia clínica, pues allí el cirujano asentó, el día 20 de julio de 2006, que la señora Chalde sufría de una paresia cuando el perito médico informó que siempre fue una parálisis (v. pág. 19).
Asevera, también, que la Cámara violó el principio de congruencia al dictar su fallo ultra petita, pues el médico demandado sostuvo que la lesión fue anterior al acto quirúrgico, pero afirmó que la lesión había sido posterior a ese acto y podía deberse a varias causas ajenas e independientes a la intervención del cirujano. Entiende que al rechazar la acción en base a que la lesión de la señora Chalde resultaba ser una complicación iatrogénica excedió flagrantemente los términos de la litis, provocando la violación de sus derechos constitucionales de defensa, debido proceso y propiedad. Cita doctrina legal para sustentar su argumentación (v. págs. 20/21).
Destaca que en la causa C. 101.224, esta Corte en causa similar casó la sentencia por encontrar absurdo el razonamiento relativo a la carga de la prueba de la culpa médica; transcribe varios párrafos del fallo (v. págs. 22/24).
Por último, solicita que, de modificarse la doctrina legal con relación a la tasa de interés, refiriéndose a la establecida en las causas Ac. 43.448, "Cuadern"; Ac. 43.858, "Zgonc" y C. 119.176, "Cabrera", se la aplique incrementando la tasa pasiva empleada actualmente.
III. El recurso prospera, pero con el siguiente alcance.
III.1. En principio es necesario tener en cuenta que la cuestión sustancial sometida a juzgamiento debe ser resuelta de acuerdo con lo normado por la legislación vigente al momento de verificarse los actos y hechos eventualmente configurativos d
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.