Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121061
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.061, "Domínguez, Lorena Silvana contra Provincia ART S.A. Apelación de resolución administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria , de Lázzari , Kogan, Pettigiani , Torres, Borinsky.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín rechazó la revocatoria y pedido de suspensión de términos procesales articulados por el Fisco provincial (v. fs. 163/164).
Se dedujo, por este último, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 167/172).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La señora Lorena Silvana Domínguez, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, dedujo apelación contra la decisión de la Comisión Médica n° 14 de Junín en cuanto estableció que la trabajadora padece una enfermedad inculpable.
Elevadas las actuaciones al Juzgado Federal de Junín, su titular declaró la inconstitucionalidad del art. 46 apartado 1 de la ley 24.557 y la incompetencia del órgano, ordenando la remisión de la causa al tribunal de trabajo de la misma ciudad (v. fs. 98 vta.).
Cumplida la indicada radicación, el tribunal de origen confirió traslado de la expresión de agravios a Provincia ART S.A., quien se presentó a fs. 141/145 mediante apoderado, oponiendo excepción de falta de legitimación pasiva y denunciando la inexistencia de contrato y la calidad de autoasegurada de la Provincia de Buenos Aires.
En atención a las manifestaciones vertidas por la emplazada y en virtud de lo estatuido en los arts. 3 de la ley 24.557 y 30 del decreto 717/96, lo establecido en el decreto 3.858/07 y la resolución conjunta de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación (SRTN) 33.034/08 y 573/08, dispuso la citación de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, para que comparezca a estar a derecho en estos actuados en su carácter de empleador autoasegurado, en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de dar por decaído el derecho dejado de usar (conf. art. 30, dec. 717/96; v. fs. 151).
A fs. 154/156 se presentó la Fiscalía de Estado a través de su apoderado, planteando revocatoria contra dicha decisión.
Solicitó la aplicación al caso de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado, a cuyo fin peticionó la suspensión de los plazos procesales mientras se resolviera esa impugnación, y el traslado de la demanda por el término de treinta días, según lo normado por el art. 31 del decreto ley 7.543/69 (texto según ley 12.748).
El tribunal interviniente rechazó la impugnación deducida.
Consideró que la enumeración taxativa del aludido precepto -de excepción- no abarca la hipótesis de traslado del recurso de apelación, como el presente; de allí que corresponda otorgar un plazo de cinco días para evacuar la expresión de agravios.
Con ello, descartó que mediara en este supuesto una obligación legal de extender en favor del Fisco el plazo motivo de análisis.
II. Frente a lo así resuelto, el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado -decreto ley 7.543/69-; los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 15 y 155 de la Constitución provincial (v. fs. 167/172). Censura el decisorio impugnado por los siguientes motivos:
En primer lugar, sostiene que el a quo no aplica la norma específica para los casos -como el presente- en que el Estado provincial es parte, esto es, el decreto ley 7.543/69, en cuanto prevé que todo trámite en el que se disponga su intervención, debe correrse traslado de la demanda por treinta días (art. 31, dec. ley cit.).
Luego, aduce que bajo un único fundamento fueron rechazados los planteos de revocatoria y suspensión de términos procesales.
Expresa que, al desestimar el primero de ellos, el tribunal, lesionando los derechos de defensa en juicio y debido proceso, desoyó el particular plazo otorgado por la legislación específica al representante del Estado provincial, siendo que se trata de un demandado con caracteres propios, claramente diferenciable de otros legitimados pasivos.
Afirma que en autos se ventila un planteo propio de un juicio de conocimiento pleno, con amplitud probatoria extrema, y así, que su carácter de recurso de apelación ha quedado distorsionado y por tanto no resulta justificado mantener el brevísimo plazo de traslado. Denuncia que el pronunciamiento carece de fundamento legal y decreta la inhabilidad del sistema de Comisiones Médicas (arts. 21, 22 y 46, ley 24.557), al tiempo que estatuye un nuevo recurso de apelación de genética pretoriana.
A su vez, asevera que el tribunal no expuso los motivos del rechazo de la nulidad y de la suspensión de plazos procesales planteados.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tal como expuse al emitir mi sufragio en la causa L. 120.301, "Bruno" (sentenciada en la misma fecha), análoga a la presente, cabe desestimar los cuestionamientos traídos contra el rechazo dispuesto por el tribunal de grado de la revocatoria planteada con motivo del traslado ordenado en autos.
El agravio referido al plazo otorgado para evacuar la expresión de agravios debe ser rechazado en razón de su manifiesta insuficiencia.
Advierto en primer lugar que el interesado ha omitido denunciar la transgresión de las disposiciones legales invocadas por el tribunal actuante para dar sustento al pronunciamiento en crisis y que se vinculan con los agravios que expone. Exigencia esta de insoslayable cumplimiento de conformidad con las prescripciones establecidas por la norma que regula el recurso extraordinario intentado (art. 279, CPCC; causas L. 99.317, "Lezcano", sent. de 9-XII-2009; L. 102.343, "Laguzzi", sent. de 8-IX-2010; L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016; e.o.). Tal déficit no puede ser suplido oficiosamente en esta instancia extraordinaria por vía de inferencias o interpretación (art. 279, CPCC).
Tampoco desvirtúa las conclusiones del sentenciante que constituyeron factores esenciales de la decisión adoptada.
El propio relato de los antecedentes deja en evidencia que el agraviado discurre sobre la aplicabilidad al caso de las disposiciones del art. 31 del decreto ley 7.543/69 (texto según dec. 969/87), dejando sin réplica las concretas motivaciones que definieron el contenido del decisorio, a las que alude solo en forma tangencial.
Conforme ha declarado esta Corte, para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulen deben referirse, directa y concretamente a los conceptos que estructuran el pronunciamiento. Esa función no es cumplida con la mera invocación o pretendida subsunción de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, si en esa operación se sustrae, precisamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el fallo impugnado contiene (causas L. 110.832, "Campos", sent. de 29-V-2013; L. 116.173, "Glinchuk", sent. de 25-VI-2014; L. 114.587, "Giménez", sent. de 15-VII-2015; L. 118.224, "Carabajal", sent. de 13-IV-2016; e.o.).
III.2. El cuestionamiento al planteo de nulidad de la notificación resulta inatendible, en tanto no fue propuesto con el recurso de revocatoria de fs. 154/157, motivo por el que tampoco fue analizado por el tribunal a quo en el decisorio atacado de fs. 163/164.
III.3. Luego, dado que el pedido de suspensión de términos efectuado por la demandada (v. fs. 155, punto III del escrito) fue introducido como una cuestión previa para viabilizar el tratamiento de la revocatoria interpuesta en la misma presentación (es decir, a fin de que se aplique a este particular supuesto el plazo previsto en el art. 31 del dec. ley 7.543/69), deviene innecesario el análisis independiente del evocado requerimiento, en la medida en que este encuentra respuesta en la decisión que constituye el principal agravio del recurrente (al que accede por subsidiariedad), y que fue desestimado en forma precedente.
III.4. Finalmente, dadas las deficiencias del pronunciamiento que llega a revisión (v.gr. falta de intervención del actuario en incumbencias que le son propias), estimo prudente, una vez más, hacer notar a los jueces integrantes del órgano de grado que deben velar por el cabal cumplimiento de las normas procesales a fin de propender a una eficaz administración de justicia (art. 15, Const. prov.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Coincido con mi distinguido colega doctor Genoud en que corresponde desestimar los cuestionamientos traídos contra el rechazo dispuesto por el a quo de la revocatoria planteada con motivo del plazo que contiene el traslado ordenado en autos. Concordantes con las que aquí despliega el ponente, arribo a la anunciada solución a tenor de las consideraciones que brindé al emitir mi sufragio en la causa L. 121.029, "Romero" (sentenciada en la misma fecha), análoga a la presente en el mencionado aspecto y a la que en el punto remito por razones de brevedad.
I.2. También comparto lo expuesto por el mentado colega en lo tocante al "planteo de nulidad" al que alude el quejoso.
I.3. En orden a la desestimación del pedido de suspensión de plazos procesales, en línea -en lo pertinente- con la opinión que brindé en la citada causa L. 121.029, debe señalarse que le asiste razón al quejoso al denunciar la ausencia de motivación, enmarcada en la violación al ejercicio del derecho de defensa en juicio y garantía del debido proceso con fundamento -entre otras normas- en el art. 15 de la Constitución provincial.
Puede advertirse que el tribunal de trabajo al rechazar la revocatoria (expresamente aclaró que se trataba del escrito obrante a "fs. 154 y siguientes"), explayándose únicamente sobre la cuestionada extensión del plazo correspondiente al traslado conferido, ningún argumento brindó en dicha oportunidad para fundar la denegación -pues lo decidido finalmente hubo de abarcarla- de aquella otra solicitud, aun cuando esta, sin perjuicio de la desestimación del liminar cuestionamiento, podría resultar gravitante a la luz de las garantías que el recurrente esgrime vulneradas.
En tanto fruto de la mera voluntad de los juzgadores, tan grave falencia tiñe de arbitrariedad al pronunciamiento y obstaculiza el debido ejercicio de la competencia revisora de esta Suprema Corte, ameritando su revocación parcial (causas L. 66.489, "Pedrozo", sent. de 22-IX-1998 y L. 109.287, "De Campos", sent. de 22-X-2014).
Los autos deben regresar a la instancia de grado para que el tribunal, nuevamente integrado, brindando la debida fundamentación se expida sobre tal aspecto.
II. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído. Los autos deben volver al tribunal de grado para que se proceda conforme se resuelve en el punto I.3. in fine de la presente. Costas por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en los puntos III.1. y III.2. de su voto y a su propuesta decisoria.
I.2. En relación al pedido de suspensión de términos procesales, debo decir que habida cuenta que el tribunal de grado lisa y llanamente omitió tratar tal cuestión en la resolución impugnada (omisión que se verifica no solo en sus considerandos sino también en su parte dispositiva), la vía para revertir la situación generada en autos debió ser el recurso extraordinario de nulidad y no el de inaplicabilidad de ley (arts. 168, Const. prov. y 296, CPCC), por lo que su rechazo se impone.
I.3. Por último, observo que tanto el pronunciamiento impugnado como la resolución por la que se concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, carecen de firma de actuario y de constancia de registro pese a que así fue ordenado en las mismas (v. fs. 164 y 175 vta.).
Aunque el defecto apuntado constituye una falencia de forma que no conduce por sí sola a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 31-VI-2009), debo decir que no pasa inadvertido en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse, y así se lo hace saber.
II. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley introducido, con costas (art. 289 CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero a la propuesta decisoria formulada por el doctor Soria.
II. Solo he de agregar que comparto las observaciones formuladas por el doctor Genoud en el punto III.4. de su propuesta y, teniendo en cuenta las reiteradas irregularidades que esta Corte viene advirtiendo en diferentes causas del Tribunal de Trabajo de Junín (a saber: L. 120.274, "Calderón", resol. de 8-III-2017; L. 120.955, "Biset", resol. de 31-V-2017; L. 121.043, "Figueroa", resol. de 27-XII-2017; L. 119.312, "Ponce"; L. 119.635, "Milla" y L. 119.305, "Díaz", sents. de 11-IV-2018, por citar solo algunas), considero necesario e impostergable exhortar a los señores magistrados a cargo del tribunal de trabajo actuante para que, en ejercicio de facultades que le son propias, refuercen los controles que deben llevarse a cabo sobre la actuación de los funcionarios a su cargo y recomendarles el dedicado apego a la letra y espíritu de las disposiciones fundamentales para su eficaz desempeño.
III. En consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance indicado por el doctor Soria en el punto II de su opinión.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa.
El señor Juez doctor Borinsky , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/10/2020 14:39:09 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 15:04:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 16:36:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/10/2020 10:20:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/10/2020 13:13:10 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2020 09:35:26 - BORINSKY Ricardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2020 09:15:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2020 10:13:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia