Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121029
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.029, "Romero, Osmar Antonio contra Autoaseguradora Gob. de la Provincia de Buenos Aires (Fiscalía de Estado). Apelación de resolución administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, de Lázzari, Kogan, Pettigiani, Torres, Borinky .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín rechazó la revocatoria y el planteo de nulidad deducidos por la Fiscalía de Estado respecto del traslado conferido a fs. 94 de la expresión de agravios efectuada en el marco de la apelación interpuesta contra la resolución de la Comisión Médica n° 14 de esa ciudad que diera origen a estas actuaciones (v. fs. 90/93; fs. 102/104 vta. y fs. 105 y vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 112/117).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor Osmar Antonio Romero, dependiente -según denunció- de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, dedujo "recurso de apelación" contra la resolución de la Comisión Médica n° 14 de Junín que estableció que el actor no padecía secuelas incapacitantes derivadas del accidente in itinere que sufriera el día 5 de junio de 2016 (v. fs. 60).
Elevadas las actuaciones al Juzgado Federal de Junín, su titular declaró la inconstitucionalidad del art. 46 apartado 1 de la ley 24.557 y la incompetencia del órgano, ordenando la remisión de la causa al tribunal de trabajo de la misma ciudad (v. fs. 79 y vta.).
Radicadas las actuaciones en el Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, éste confirió traslado de la expresión de agravios a la Provincia de Buenos Aires en su condición de autoasegurada por el plazo de seis días, lo hizo, con fundamento en el decreto 717/96 y en la resolución 45/97 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (v. fs. 94).
A fs. 102/104 vta. se presentó en el expediente la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires y dedujo revocatoria contra la mencionada decisión en la inteligencia de que en autos resultaba aplicable la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado, sostuvo, que el mencionado traslado debía conferirse por el plazo de treinta días según lo normado por el art. 31 del decreto ley 7.543/69 (texto según ley 12.748). En dicha oportunidad, planteó además la nulidad de la notificación cursada por no haberse acompañado copia de la cuestionada resolución dictada en sede administrativa. Finalmente, peticionó la suspensión de los términos procesales hasta tanto se resolvieran las cuestiones abordadas en la pieza procesal.
El tribunal interviniente rechazó la presentación en todas sus partes. Juzgó que la enumeración taxativa del aludido precepto del decreto ley 7.543/69 -de excepción dijo- no abarca la hipótesis de traslado del recurso de apelación. Además, afirmó que el art. 30 del decreto 717/96 estatuye que la Comisión Médica -en la especie, precisó, el tribunal de trabajo- notificará a las partes la recepción del expediente y que el recurrente deberá efectuar su presentación en el plazo de cinco días, de lo que se dará vista al interesado para que la conteste en igual lapso; añadió que este decreto no tuvo la intención de ampliar el plazo de contestación del traslado de la expresión de agravios. Desechó así, que existiera obligatoriedad de extender en favor del Fisco el plazo motivo de análisis (v. fs. 105 y vta.).
II. Contra lo resuelto, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado -decreto ley 7.543/69-; los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 15 y 155 de la Constitución provincial (v. fs. 112/117).
Expresa que al desestimar el planteo de revocatoria interpuesto, el tribunal, lesionando los derechos de defensa en juicio y debido proceso, desoyó el particular plazo otorgado por la legislación específica al representante del Estado provincial, siendo que se trata de un demandado con caracteres propios, claramente diferenciable de otros legitimados pasivos
Afirma que en autos se ventila un planteo propio de un juicio de conocimiento pleno, con amplitud probatoria extrema, y así, que su carácter de recurso de apelación ha quedado distorsionado y por tanto no resulta justificado mantener el brevísimo plazo de traslado.
Denuncia que el pronunciamiento carece de fundamento legal y decreta la inhabilidad del sistema de Comisiones Médicas (arts. 21, 22 y 46, ley 24.557), al tiempo que estatuye un nuevo recurso de apelación de genética pretoriana.
A su vez, asevera que el tribunal no expuso los motivos del rechazo de la nulidad de la notificación y de la suspensión de plazos procesales planteada.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Cabe desestimar los cuestionamientos traídos contra el rechazo dispuesto por el tribunal de grado de la revocatoria planteada con motivo del traslado ordenado en autos.
En el punto, el medio de impugnación en examen carece de la indispensable denuncia de infracción de las normas actuadas en el pronunciamiento de grado, déficit que este Tribunal no puede suplir de oficio por inferencias o interpretación (art. 279, CPCC; causas L. 99.317, "Lezcano", sent. de 9-XII-2009; L. 102.343, "Laguzzi", sent. de 8-IX-2010 y L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016).
En dicho contexto, cabe precisar que soslaya el interesado aportar argumentos aptos para evidenciar la eventual inaplicabilidad de las normas empleadas por el tribunal de trabajo, las que -claro está- tampoco fueron tachadas de inconstitucionales. Es que, postulando que en el caso debe conferirse el traslado del escrito de inicio conforme las prescripciones que contiene el art. 31 del decreto ley 7.543/69 (texto según dec. 969/87), deja sin adecuada réplica aquella motivación sobre la que se estructura el pronunciamiento en cuanto a tenor de la naturaleza de la pretensión hubieron de juzgarse aplicables -sin perjuicio de la declarada inconstitucionalidad de los preceptos del régimen de infortunios laborales emparentados con la competencia del órgano- las concretas disposiciones que contiene el procedimiento especial de impugnación de las resoluciones emitidas por las Comisiones Médicas.
Dable es recordar que reiteradamente esta Corte ha señalado que para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulen deben referirse, directa y concretamente a los conceptos que estructuran el pronunciamiento. Esa función no es cumplida con la mera invocación o pretendida subsunción de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, si en esa operación se sustrae, precisamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el fallo impugnado contiene (causas L. 116.173, "Glinchuk", sent. de 25-VI-2014; L. 114.587, "Giménez", sent. de 15-VII-2015; L. 118.224, "Carabajal", sent. de 13-IV-2016; e.o.).
III.2. En orden a la desestimación del planteo de nulidad de la notificación y pedido de suspensión de plazos procesales, debe señalarse que le asiste razón al quejoso al denunciar la ausencia de motivación enmarcada en la violación al ejercicio del derecho de defensa en juicio y garantía del debido proceso con fundamento -entre otras normas- en el art. 15 de la Constitución provincial.
Puede advertirse que en el mismo pronunciamiento en el cual el tribunal del trabajo rechazó la revocatoria, hizo lo propio con los mencionados planteos; sin embargo, explayándose únicamente sobre la cuestionada extensión del plazo correspondiente al traslado conferido, ningún argumento brindó en dicha oportunidad para fundar la denegación de los restantes planteos incorporados por la demandada en el escrito obrante a fs. 102/104 vta.
En tanto fruto de la mera voluntad de los juzgadores, tan grave falencia tiñe de arbitrariedad al pronunciamiento y obstaculiza el debido ejercicio de la competencia revisora de esta Suprema Corte, ameritando su revocación parcial (causas L. 66.489, "Pedrozo", sent. de 22-IX-1998 y L. 109.287, "De Campos", sent. de 22-X-2014).
Los autos deben regresar a la instancia de grado para que el tribunal, nuevamente integrado, brindando la debida fundamentación, se expida sobre tales aspectos.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído. Los autos deben regresar a la instancia de grado para que se proceda conforme se resuelve en el apartado III.2. in fine de la presente. Costas por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso no prospera.
Los planteos que aquí corresponde analizar guardan identidad con los ventilados en la causa L. 120.301, "Bruno" (sentenciada en la misma fecha), por lo que habré de acudir, en lo pertinente, a lo señalado en ocasión de emitir mi sufragio en esa oportunidad.
I.1. El agravio referido al plazo otorgado para evacuar la expresión de agravios debe ser rechazado en razón de su manifiesta insuficiencia.
Advierto en primer lugar que el interesado ha omitido denunciar la transgresión de las disposiciones legales invocadas por el tribunal actuante para dar sustento al pronunciamiento en crisis y que se vinculan con los agravios que expone. Exigencia ésta de insoslayable cumplimiento de conformidad con las prescripciones establecidas por la norma que regula el recurso extraordinario intentado (art. 279, CPCC; causas L. 99.317, "Lezcano", sent. de 9-XII-2009; L. 102.343, "Laguzzi", sent. de 8-IX-2010; L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016; e.o.). Tal déficit no puede ser suplido oficiosamente en esta instancia extraordinaria por vía de inferencias o interpretación (art. 279, CPCC).
Tampoco desvirtúa las conclusiones del sentenciante que constituyeron factores esenciales de la decisión adoptada.
El propio relato de los antecedentes deja en evidencia que el agraviado discurre sobre la aplicabilidad al caso de las disposiciones del art. 31 del decreto ley 7.543/69 (texto según dec. 969/87), dejando sin réplica las concretas motivaciones que definieron el contenido del decisorio, a las que alude sólo en forma tangencial.
Así se desentiende del razonamiento que condujo al a quo a establecer que la pretensión impugnativa deducida, por su naturaleza, debía ser encausada bajo los lindes del decreto 717/96 y de la resolución 45/97 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, correspondiendo su sustanciación en los plazos y las condiciones establecidas por esa normativa específica (v. fs. 94).
Lo dicho revela que el recurso no satisface los recaudos de una adecuada fundamentación en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto se afirma, únicamente, en la pretendida subsunción de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, soslayando controvertir las motivaciones esenciales del pronunciamiento que le causa agravio.
I.2. Luego, dado que el pedido de suspensión de términos efectuado por la demandada (v. fs. 103) fue introducido como una cuestión previa para viabilizar el tratamiento de la revocatoria interpuesta en la misma presentación (es decir, a fin de que se aplique a este particular supuesto el plazo previsto en el art. 31 del dec. ley 7.543/69) hallándose explícitamente desestimados ambos pedidos (v. fs. 105/106), resulta tan superfluo como innecesario el análisis independiente del evocado requerimiento, en la medida en que éste encuentra respuesta en la decisión que constituye el principal agravio del recurrente (al que accede por subsidiariedad), y que fue desestimado en forma precedente.
I.3. El cuestionamiento al rechazo del planteo de nulidad de la notificación en razón de no haberse adjuntado copias es inadmisible.
Sin perjuicio de observar que la constancia de diligenciamiento de la cédula a que alude el interesado da cuenta de la entrega de copias al destinatario (v. fs. 108/109), lo argumentado, en rigor, carece de entidad de agravio atendible por esta Corte, en la medida en que no se observan -ni fueron esgrimidos- motivos excepcionales que justifiquen la revisión en esta instancia extraordinaria de lo resuelto sobre el particular (causas Ac. 106.704, "Menoyo", resol. de 1-IV-2009; Ac. 99.401, "Gómez", resol. de 3-VI-2009 y Ac. 104.920, "Russo", resol. de 15-VII-2009).
I.4. Finalmente, dadas las deficiencias del pronunciamiento que llega a revisión (v.gr. falta de intervención del Actuario en incumbencias que le son propias), estimo prudente, una vez más, hacer notar a los jueces integrantes del órgano de grado que deben velar por el cabal cumplimiento de las normas procesales a fin de propender a una eficaz administración de justicia (art. 15, Const. prov.).
II. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en el punto III.1. de su voto.
II. Debe asimismo desestimarse la crítica vinculada al rechazo del planteo de nulidad de la notificación y pedido de suspensión de plazos procesales pues, en mi opinión, la insuficiencia del planteo -también en este caso- impone su desestimación.
Ninguna norma y/o doctrina legal vinculada a los agravios expuestos se denuncia como infringida en el recurso bajo examen, desatendiendo -también aquí- la exigencia de insoslayable cumplimiento según las prescripciones establecidas por la norma que regula el recurso extraordinario intentado (art. 279, CPCC), deficiencia que tampoco puede considerarse salvada por la invocada violación de principios y normas constitucionales pues, como tantas veces lo ha expresado esta Corte, ello no sería más que la eventual consecuencia de la transgresión de preceptos legales cuya alegación omitió formular el recurrente (causas L. 49.588, "Villanueva", sent. de 8-IX-1992; L. 80.473, "Moreno", sent. de 12-XI-2003; L. 86.442, "Gaillardín", sent. de 31-VIII-2007; L. 100.556, "Dominguez", sent. de 27-IV-2011; L. 102.294, "Peroni", sent. de 17-X-2012; L. 120.914, "Avolio", sent. de 14-IX-2018; e.o.). Ello se agrava ante la inatinencia de los argumentos intentados, que hace que los escasos fundamentos de la sentencia queden incólumes.
En todo caso, es de advertir que si, como el recurrente pretende, el tribunal no expuso motivos fundados para rechazar la nulidad articulada (omitiendo así tratar una cuestión sin duda esencial), la vía idónea para lograr la revocación del pronunciamiento no era la del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sino la prevista por los arts. 296 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial.
III. Por último, se impone destacar que tanto el pronunciamiento impugnado como la resolución por la que se concedió el recurso extraordinario interpuesto carecen de firma de actuario y de constancia de registro pese a que así fue ordenado en las mismas resoluciones (v. fs. 105 vta. y 118 vta.).
Aunque el defecto apuntado constituye una falencia de forma que no conduce por sí sola a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasa inadvertido en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse, y así se lo hace saber.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289 CPCC).
Voto, pues, por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero a la propuesta decisoria formulada por el doctor Soria.
II. Solo he de agregar que, comparto las observaciones formuladas por el doctor de Lázzari en el punto III de su voto y, teniendo en cuenta las reiteradas irregularidades que esta Corte viene advirtiendo en diferentes causas del Tribunal de Trabajo de Junín (a saber: L. 120.274, "Calderón", resol. de 8-III-2017; L. 120.955, "Biset", resol. de 31-V-2017; L. 121.043, "Figueroa", resol. de 27-XII-2017; L. 119.312, "Ponce"; L. 119.635, "Milla" y L. 119.305, "Díaz", sents. de 11-IV-2018; por citar sólo algunas), considero necesario e impostergable exhortar a los señores magistrados a cargo del tribunal de trabajo actuante para que, en ejercicio de facultades que le son propias, refuercen los controles que deben llevarse a cabo sobre la actuación de los funcionarios a su cargo y recomendarles el dedicado apego a la letra y espíritu de las disposiciones fundamentales para su eficaz desempeño.
III. En consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance indicado por el doctor Soria en el punto IV de su opinión.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa .
El señor Juez doctor Borinsky , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/10/2020 14:39:05 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 15:04:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 16:36:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/10/2020 10:20:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/10/2020 13:13:16 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2020 09:39:45 - BORINSKY Ricardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2020 09:16:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2020 10:13:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia