Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121634
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.634, "Armada, Ignacio contra Anta Quilmes S.R.L. y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, Kogan, de Lázzari.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Quilmes hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 523/543 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 550/568 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓN
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen admitió parcialmente la demanda promovida por el señor Ignacio Armada y condenó a Anta Quilmes S.R.L. al pago de la suma que estableció en concepto de diferencias salariales, vacaciones, sueldo anual complementario, indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. En cambio, rechazó el reclamo por el cobro de la sanción conminatoria contenida en el art. 132 bis de la citada Ley de Contrato de Trabajo, como así también la acción entablada contra la empresa Milton S.A. (v. fs. 523/543 vta.).
Para así decidir, tuvo por acreditado que desde el día 1 de marzo de 2013 el actor trabajó para Anta Quilmes S.R.L. cumpliendo tareas de jefe de cocina en el establecimiento cervecero gastronómico que ésta explota. También que dicho vínculo se extinguió el día 2 de septiembre de 2013 por decisión de la empleadora (v. vered., fs. 523/524 vta. y 528 vta./529 vta.).
Juzgó demostrado que entre la referida firma y la codemandada Milton S.A. existía un contrato de franquicia por un término inicial de cinco años, a partir del día 4 de enero de 2012, con las notas características que surgían del mismo (entre ellas, cláusula de reserva del derecho de prórroga o renovación del franquiciante, provisión de capacitación, asistencia, productos y regalías, normas de calidad y funcionamiento; v. vered., fs. 530 vta./531 vta.).
Ya en sentencia, habida cuenta de que en el caso la extinción de la relación laboral resultó injustificada y en vista a las restantes circunstancias acreditadas en la causa, el tribunal de origen declaró el progreso de los rubros salariales e indemnizatorios indicados en el primer párrafo (v. sent., fs. 533 vta./536 vta.).
En cambio, desestimó el reclamo por el cobro de la sanción prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, por considerar que aun cuando la empleadora Anta Quilmes S.R.L. retuvo aportes sin haberlos ingresado al sistema de la seguridad social, se había acogido a un plan de facilidades para regularizar su situación con los organismos pertinentes (v. sent., fs. 536 vta. y 537).
Con apoyo en la prueba informativa (conf. respuesta de OSUTHGRA obrante a fs. 294/295 luego de refoliatura) y pericial contable (v. fs. 317/328 vta.), el a quo tuvo por corroborado que la aludida codemandada concretó, respecto del trabajador, los aportes y contribuciones en concepto de obra social. También que la empresa cumplió con la presentación de los importes de carácter previsional ante el Ente Recaudador (Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP-), conforme las retenciones efectuadas a sus empleados registrados por las remuneraciones que liquidara a cada uno de ellos y de las contribuciones patronales por el Régimen de la Seguridad Social, Obra Social y Ley de Riesgos del Trabajo, en forma global, por la totalidad de sus dependientes "...incluido el Sr. Armada Ignacio" por el lapso registrado y en el que se le liquidaron los salarios. Agregó que en el Anexo II adjuntado a la experticia contable se especificaban los mismos, siendo coincidentes con los datos de la Declaración Jurada F 931 y los recibos de sueldo compulsados y expuestos en la causa (v. vered., fs. 530).
A tenor de lo informado por el perito contador, concluyó que los saldos impagos a los organismos de la seguridad social detallados en el Anexo II habían sido íntegramente cancelados a través del plan de facilidades de pago RG 3516 (Mis Facilidades AFIP F/1003), número G 666347 presentado con fecha 20 de agosto de 2013, mediante seis cuotas que fueron abonadas con sus intereses (v. vered., fs. 530 y vta.).
En otro orden, descartó que existiere responsabilidad de la codemandada Milton S.A. en los términos del art. 26 de la Ley de Contrato de Trabajo, habida cuenta de que no resultó probado un vínculo dependiente entre el demandante y la aludida empresa (v. sent., fs. 539/540).
También desestimó que pudiera adjudicarse a la evocada coaccionada la solidaridad laboral que surge del art. 30 de dicha ley por el despido del trabajador de la empresa franquiciada. Expresó que, en principio, la franquicia no implica una cesión al franquiciado de un establecimiento o explotación habilitado a nombre del franquiciante, desde que -señaló- lo que en realidad se cedía -en el caso de autos- era el uso de la marca, de un nombre representativo de un producto, o ciertas técnicas o métodos estandarizados de comercialización de ese producto, pero no del establecimiento (v. sent., fs. 540).
Manifestó que tampoco en el caso se habían contratado o subcontratado la realización de trabajos o servicios que hicieran a la actividad principal o accesoria del franquiciante y con los cuales se persiguiera el logro de los fines empresariales, por cuanto la actividad del franquiciado se desarrollaba en otro establecimiento, con autonomía (v. sent., fs. 540 y vta.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31 y 75 incs. 19, 22 y 23 de la Constitución nacional; 10, 11, 12, 15, 36 y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 11, 17, 30, 81 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo; 19, 44 incs. "e" y "d", 47 y 48 de la ley 11.653; 34 inc. 4, 68, 163, 164, 354, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; de los Pactos y Tratados internacionales que menciona y de la doctrina legal que cita (v. fs. 550/568 vta.).
Cuestiona que se rechazara la sanción reclamada con sustento en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Ello, porque -sostiene- surge acreditado que la empleadora efectuó retenciones que no depositó en forma oportuna, ya que fueron canceladas mediante un plan de facilidades de pago.
Sobre el particular, reprocha al a quo haber valorado absurdamente la pericia contable ya que los importes en cuestión fueron ingresados tardíamente por la demandada, incluso con posterioridad a que su parte la intimara a hacerlo.
Alega apartamiento del texto del citado art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal de este Tribunal, pues -aduce- que el acogimiento por parte del empleador a un plan de facilidades de pago no subsana el incumplimiento en que incurrió al no ingresar las retenciones en tiempo y forma. Señala que el tribunal de grado ha incluido una eximente de la sanción que la norma no contempla, vulnerando así su finalidad.
Ratifica que al accionante se le realizaron retenciones que no habían sido ingresadas al momento de producirse su despido (2 de septiembre de 2013). Destaca haber intimado a su depósito el día 19 de octubre de 2013 y que la accionada respondió falsamente (21 de octubre de 2013) afirmando haber dado cumplimiento a lo pretendido. Insiste en que su parte tomó conocimiento sobre la integración de las retenciones cuando le fue notificada la pericia contable, esto es, el día 2 de diciembre de 2015.
En consecuencia, postula la procedencia de la condena al demandado en los términos del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, computando los períodos abarcados desde el vencimiento de la intimación para ingresar las retenciones (19 de noviembre de 2013) hasta el día 2 de diciembre de 2015.
Por otro lado, cuestiona que no se declarase solidariamente responsable de los créditos a Milton S.A. Aduce que el contrato de franquicia agregado a la causa da cuenta de que la referida coaccionada no solo se limitó a proporcionar un nombre o una marca a su empleadora, sino que le otorgó una licencia para operar un modelo de negocio bajo su inmediato y exhaustivo control.
Manifiesta que la empresa franquiciante asumió las funciones propias del empleador al reservarse la capacitación del personal, y la determinación sobre quienes la completaban satisfactoriamente e incluso de quien permanecía en el puesto, todo lo cual evidencia su injerencia en el manejo del personal de la franquiciada.
Desarrolla los argumentos por los que considera que en el caso de autos se verifican las hipótesis de extensión de la responsabilidad previstas en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto -postula- que se configura una cesión parcial del establecimiento original y, asimismo, la contratación de trabajos y servicios correspondientes a la actividad normal, específica y propia de la franquiciante.
Impugna, luego, que el a quo no diera respuesta a uno de los fundamentos propuestos por su parte para atribuirle responsabilidad a la referida coaccionada, cual es el previsto en el primer párrafo del art. 1.113 del Código Civil.
Por lo antes expuesto, peticiona que se revoque la sentencia y se condene a Anta Quilmes S.R.L. al pago de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, y solidariamente a la codemandada Milton S.A.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cabe inicialmente destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial; razón por la cual la admisibilidad del recurso deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En efecto, conforme surge de las constancias obrantes en la causa (v. fs. 578 y 589/592), el actor percibió de la empresa Anta Quilmes S.A. el importe de la condena fijada en la sentencia (capital e intereses), por lo que carece de un interés actual que legitime la pretendida extensión de responsabilidad por el pago de dicho crédito a la codemandada Milton S.A. (causas L. 101.214, "Chene", sent. de 26-X-2010; L. 110.244, "Gallo", sent. de 21-II-2013 y L. 118.773, "Fernández", sent. de 12-IV-2017).
Luego, si bien el restante agravio traído se encuentra vinculado al rechazo de la sanción conminatoria reclamada con fundamento en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, en vista a que el propio interesado limita el ámbito temporal de la pretensión a la fecha que indica en su recurso (v. fs. 560 y 568 in fine ), entiendo que en el caso concreto -dada esta particularidad y sin desconocer la doctrina emergente de las causas L. 119.769, "Corbari", sentencia de 29-VIII-2017 y L. 121.919, "Cabrera", sentencia de 12-II-2020; entre otros- se impone concluir que el importe de lo cuestionado no supera el mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
La función revisora de esta Corte debe limitarse, entonces, a verificar si lo resuelto en autos contradice su doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; L. 118.332, "Messina", sent. de 29-XI-2017 y L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019).
III.2. En ese contexto, deviene inadmisible el planteo tendiente a obtener el progreso de la sanción contenida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
En efecto, el impugnante trae a consideración de este Tribunal cuestiones de índole fáctica, excluidas como tales de la acotada vía de revisión por la que transita el recurso (causas L. 110.732, "Bustos", sent. de 1-VII-2015; L. 119.619, "Pastene", sent. de 15-VIII-2018 y L. 120.774, "Mansilla", sent. de 4-IX-2019; e.o.), tal como lo son, en el caso, aquellas vinculadas a determinar si, con arreglo a las constancias obrantes de la causa, se verifican o no los presupuestos para imponer la sanción prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
La crítica bajo examen claramente ha sido diseñada sobre la imputación de absurda valoración de los magistrados al tiempo de analizar -en uso de potestades privativas- los elementos obrantes en autos o la prueba adquirida durante el trámite del proceso (causas L. 120.113, "Leguizamón", sent. de 3-V-2018 y L. 121.850, "Ruíz", sent. de 18-XII-2019; e.o.).
Cabe además agregar que las doctrinas que el impugnante denuncia como transgredidas no guardan correspondencia con las motivaciones del a quo que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento su distinto contenido fáctico (causas L. 117.648, "Serantes", sent. de 15-VII-2015; L. 119.378, "Sarmiento", sent. de 5-VII-2017 y L. 119.565, "Berbere", sent. de 3-X-2018; e.o.).
En el señalado marco, debiendo permanecer firme la decisión relativa al rechazo de la sanción conminatoria reclamada al amparo del citado art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto -como se expuso- no resulta revisable por la vía de excepción examinada, pierde virtualidad el análisis de los planteos traídos por el recurrente a fin de obtener la eventual condena solidaria de la coaccionada Milton S.A. por el pago de dicho concepto.
Sin perjuicio de lo expuesto, resulta dable recordarle al recurrente que las denuncias fundadas en la hipótesis de omisión de tratamiento de cuestiones litigiosas (en el caso, la pretensión fundada en el art. 1.113, Cód. Civ.), resultan materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y propia del de nulidad (causas L. 110.253, "Diez", sent. de 11-VII-2012; L. 118.660, "Berdini", sent. de 29-VIII-2017 y L. 120.800, "Fleita", sent. de 13-XI-2019).
III.3. Finalmente, he de agregar que la potestad revisora de esta Corte se encuentra circunscripta al contenido del recurso traído a su conocimiento y la memoria posterior no resulta apta para corregir omisiones, agregar nuevos enfoques o argumentos a fin de subsanar las eventuales deficiencias del recurso. El memorial solo tiene por objeto mejorar la impugnación extraordinaria con la finalidad de clarificarla en cuanto a los errores o violaciones que pertinentemente se hubieran denunciado (conf. causas L. 91.570, "Lapadu", sent. de 21-V-2008; L. 104.698, "Crizaldo", sent. de 26-IX-2012 y L. 120.133, "Cuelho", sent. de 3-X-2018; e.o.).
III.4. No habiéndose configurado -entonces- la hipótesis de admisibilidad contemplada en la ley laboral procesal local, deben permanecer incólumes las conclusiones del fallo de grado.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/10/2020 08:35:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/10/2020 10:40:09 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/10/2020 14:05:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/10/2020 20:24:35 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2020 08:43:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia