Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121578
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.578, "Bertocchi, Ivon Elizabet c/ Textil Itas S.A. Despido y enfermedad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Genoud, Pettigiani, de Lázzari.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 656/663 vta.).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 682/700 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 777/778 vta.), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por Ivon Elizabet Bertocchi y, en consecuencia, condenó a Textil Itas S.A. al pago de la suma que indicó en concepto de diferencias por diversos rubros de naturaleza salarial e indemnizatoria, y el agravamiento previsto en el art. 2 de la ley 25.323.
Por otro lado, en lo que resulta relevante, desestimó el planteo de nulidad introducido por la parte actora (v. fs. 671/672) contra el auto de fecha 13 de junio de 2017, por el que el juzgador rechazó el pedido de suspensión de la audiencia de vista de la causa que -luego- fuera llevada a cabo sin su presencia.
Para así decidir, consideró que el accionante había sido notificado de la audiencia correctamente y con la necesaria antelación (v. fs. 675/676).
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la transgresión de los arts. 161 inc. 3, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Se agravia por entender que el tribunal de grado dictó sin haber abordado correctamente en el proveído de fs. 675/676 los argumentos introducidos por su parte en oportunidad de formular el planteo de nulidad -y revocatoria- del auto de fs. 655 (acta de la audiencia vista de la causa) que obra glosado a fs. 671/672.
Agrega que al momento de dictarse el veredicto y la sentencia (v. fs. 656/663 vta.), la resolución adoptada en la vista de la causa no se encontraba firme, por lo que -asegura- se vulneró su derecho de defensa.
Considera, en los sustancial, que la nulidad surge nítida en tanto el juzgador no proveyó las defensas de la actora en los plazos procesales pertinentes; como tampoco el escrito por el que se denunció el motivo de la incomparecencia a la audiencia de vista de la causa, dejándola en total estado de indefensión al no revocar lo decidido respecto de la suspensión oportunamente peticionada (v. fs. 685/687 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Como lo indica el señor Procurador General en su dictamen (v. fs. 777/778 vta.), si bien el referido remedio se interpone -en principio- contra la sentencia definitiva de fs. 656/663 vta., la recurrente introduce en su intento revisor el planteo de una cuestión incidental que se origina en un pedido de nulidad procesal. Veamos.
A fs. 671/672 -y tras ser desestimado un pedido de suspensión de la audiencia (v. fs. 654)-, la parte actora deduce recurso de revocatoria contra lo decidido en la audiencia de vista de la causa (de cuya celebración da cuenta el acta de fs. 655), solicitando la nulidad de dicho acto procesal; planteo que fue rechazado a fs. 675/676.
III.1.b. En su recurso extraordinario de nulidad, sostiene la recurrente que el sentenciante no dio adecuado tratamiento a los argumentos esgrimidos en aquella oportunidad. Para más, alega que al momento de emitir veredicto y sentencia, la resolución adoptada no se encontraba firme, con lo que vulneraba su derecho de defensa.
III.1.c.i. Como puede advertirse sin dificultad de la apretada síntesis que precede, los motivos fundantes de la impugnación se dirigen, en rigor, a cuestionar una decisión vinculada a la omisión de tratamiento de una cuestión incidental previa al dictado de la sentencia, como lo es la falta de suspensión de la audiencia de vista de la causa.
Siendo ello así, no puede soslayarse que esta Corte reiteradamente ha declarado que resultan ajenas al ámbito del recurso extraordinario de nulidad las alegaciones referidas a cuestiones procesales anteriores al dictado de la sentencia objetada, como también lo son los agravios esgrimidos al amparo de la violación del debido proceso legal, constituyendo ello materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 94.901, "Recondo", sent. de 7-V-2008; L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014; L. 117.734, "Latorre", sent. de 1-VII-2015; e.o.).
III.1.c.ii. Por lo demás, no se aprecia en la crítica errores imputables a la sentencia de mérito que configuren algunos de los motivos que habilitan la revisión en esta instancia extraordinaria, en tanto la vía utilizada sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 112.922, "Toro", sent. de 23-XII-2014; L. 116.542, "Duarte", sent. de 15-VII-2015; L. 118.728, "Camino", sent. de 14-XII-2016 y L. 119.719, "Lértora", sent. de 6-IX-2017), lo que sella definitivamente la suerte adversa del recurso.
III.2. Hacia el final, no puede dejar de señalarse que el pronunciamiento se encuentra respaldado en expresas disposiciones legales (conf. art. 171, Const. prov.), sin que corresponda examinar por la vía del recurso extraordinario de nulidad si su fundamentación normativa es -o no- acertada (causa L. 98.144, "Cejas", sent. de 2-III-2011).
IV. Por lo expuesto, debe rechazarse el recurso extraordinario de nulidad deducido; con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero a la solución propuesta por la doctora Kogan. Del farragoso escrito en que se interpone la nulidad solo puede extraerse con claridad suficiente que se alega la omisión de tratamiento de una cuestión esencial en una incidencia anterior al veredicto y sentencia pronunciados. La doctrina de esta Suprema Corte, tal como lo enuncia la distinguida colega ponente, indica que las alegaciones referidas a la violación del debido proceso tienen carril apropiado a través del recurso de inaplicabilidad de ley siendo inhábil la que el recurrente propone (causas L. 86.844, "Cirulli", sent. de 10-IX-2008; L. 90.033, "Villarroel", sent. de 3-VI-2009; L. 120.906, "Sindicato de Luz y Fuerza", sent. de 24-VIII-2020; e.o.).
En esos términos, mi voto es por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente -como se anticipó al abordar la primera cuestión- hizo lugar a la demanda promovida por Ivon Elizabet Bertocchi contra Textil Itas S.A., condenando a esta última al pago de la suma de $4.636,35, en concepto de diferencias por las indemnizaciones derivadas del despido (arts. 232, 233 y 245, LCT) y de rubros de naturaleza salarial (SAC y vacaciones proporcionales), como así también del incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323. Rechazó en cambio, las pretensiones por las que procuraba el cobro de las multas de la ley 24.013 y del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, y la sanción conminatoria mensual consagrada en el art. 132 bis del mismo ordenamiento.
Para así resolver, tras valorar el material probatorio aportado a la causa, el juzgador declaró acreditado que la actora prestó servicios bajo la dependencia de la demandada desde el mes de febrero de 2003 hasta el 17 de octubre de 2005, momento en que se consumó el despido directo por razones de reestructuración de la empresa (v. vered., primera y segunda cuestión, fs. 656 y vta.). Asimismo, juzgó que la trabajadora percibió en forma deficiente la indemnización que por ley correspondía al momento del despido (v. vered., tercera cuestión, fs. 657; sent., fs. 660 y vta.).
En lo que concierne al reclamo de las multas de la ley 24.013, tuvo por cierto que las intimaciones se produjeron con posterioridad a la ruptura del contrato, al tiempo que no se probó que la relación laboral no se encontrara registrada o que la fecha de ingreso fuese posterior a la real o que la remuneración fuera menor a la percibida (v. vered., cuarta cuestión, fs. 657; sent., fs. 660/661).
Luego, consideró que la empleadora cumplió con la entrega del certificado previsto en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. vered., quinta cuestión, fs. 657 y vta.; sent., fs. 661) y que no se verificaron los recaudos de procedencia de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. vered., sexta cuestión, fs. 657 vta.; sent., fs. 661).
Por otro lado, y en lo que respecta a la acción tendiente al cobro de una reparación por la incapacidad que alegó contraer a causa de su trabajo, si bien juzgó acreditado que la trabajadora padece ciertas afecciones (síndrome de túnel carpiano bilateral, ojo seco y limitación de la movilidad columnaria lumbar) concluyó que no guardaban relación de causalidad con las tareas prestadas bajo la dependencia de la accionada (v. vered., séptima cuestión, fs. 657 vta. y 658; sent., fs. 661).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación de los arts. 9, 11, 12, 15, 49 y 243 de la Ley de Contrato de Trabajo; 39 de la ley 11.653; 16 de la ley 25.561 y de la doctrina legal que identifica.
II.1. Denuncia que el sentenciante omitió abordar cuestiones esenciales que -a su criterio- resultan conducentes para la correcta solución del litigio.
En tal sentido, aduce -de un lado- que el juzgador no abordó el planteo de nulidad del despido introducido en el intercambio postal. Expresa que la accionada transgredió la normativa aplicable al no transitar el procedimiento preventivo de crisis, no logrando acreditar la causal de reestructuración invocada en las piezas postales -desconocida por la actora-, lo que entiende define el carácter discriminatorio del distracto.
Del otro, manifiesta que sin perjuicio de que la demandada en su responde no desconoció ni negó que el despido haya obedecido al matrimonio de la actora; asegura que el tribunal no abordó dicho planteo ni ponderó la prueba adjuntada a su respecto (v. fs. 689/690 vta.).
II.2. También reprocha que se haya tenido por acreditado exclusivamente con la pericia contable que Bertocchi percibió -aunque en forma deficiente- la indemnización que por ley le correspondía al momento del despido.
Aduce que el dictamen caligráfico resultaba decisivo para acreditar la percepción de la indemnización y, al no haberse producido en la causa, el demandado no pudo demostrar su cumplimiento.
Afirma que el tribunal de origen debió aplicar al caso la inversión de la carga probatoria prevista por el art. 39 segundo párrafo de la ley 11.653 (v. fs. 690 vta./694).
II.3. Objeta que se rechazara la pretensión de cobro de la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que ante la inexistencia de pericia caligráfica el desconocimiento de su recepción define -a su entender- la procedencia del rubro (v. fs. 694).
II.4. Controvierte también la desestimación de la sanción conminatoria mensual establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
En ese orden, alega que el pronunciamiento transgrede la normativa y doctrina legal aplicable, en tanto considera que si bien se efectuaron las retenciones correspondientes, no se concretó su ingreso a los organismos pertinentes.
Agrega -nuevamente- que la prueba de dicho extremo se encontraba a cargo de la accionada a través de la pericia caligráfica (v. fs. 694 vta.).
II.5. Refiere que el juzgador no dio tratamiento al daño moral oportunamente peticionado.
Asegura que el empleador, al no haber probado la tramitación de un procedimiento preventivo de crisis, tampoco demostró la causal de restructuración invocada para definir el distracto, por lo que este último -a su criterio- puede reputarse discriminatorio.
Siendo ello así, advierte que el juzgador violó con su decisión lo dispuesto en el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 695/696).
II.6. Agrega que el sentenciante prescindió de expedirse sobre la indemnización agravada prevista en el art. 16 de la ley 25.561, que al momento del despido se encontraba vigente (v. fs. 696 y vta.).
II.7. Por otra parte, se agravia del rechazo de la pretensión de cobrar -tanto de la patronal como de la aseguradora- una reparación derivada de las afecciones (ciñéndose al síndrome del túnel carpiano) que alegó padecer a consecuencia del trabajo.
Argumento, en lo esencial, que el juzgador sustentó su decisión en la falta de acreditación del nexo de causalidad entre las dolencias y las tareas prestadas sobre la base de una equivocada apreciación de las pruebas colectadas (particularmente de las pericias médica y técnica y de las declaraciones testimoniales), careciendo el fallo de fundamentos normativos y científicos (v. fs. 696 vta./700).
III. El recurso no prospera.
III.1. Corresponde efectuar, en primer lugar, una consideración respecto de la concurrencia de los requisitos de admisibilidad. Al respecto, es menester destacar que en atención a que los cuestionamientos traídos por la agraviada versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), se constata que una de ellas -la aplicación de la sanción conminatoria mensual establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo- resulta de valor indeterminado (causas L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014; L. 117.450, "Echegaray", sent., de 8-IV-2015; L. 117.748, "Castelluccio", sent. de 6-V-2015; e.o.).
En cambio, las restantes no superan el umbral para la admisibilidad del recurso vigente a la fecha de su interposición (conf. art. 278, CPCC -texto según ley 14.141, B.O. de 15-VII-2010- y Acordada 3867/17 de esta Suprema Corte).
Como he hecho referencia, entre otras, en las causas L. 97.982, "Santisteban", sent. de 30-III-2011; L. 108.498, "Carabajal", sent. de 22-V-2013 y L. 111.996, "Centurión", sent. de 4-XII-2013, a fin de examinar la concurrencia de tal requerimiento, entendí necesario el análisis de la normativa vigente y así determinar si resultan pasibles de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de recurso en una acumulación objetiva de pretensiones, como la de autos.
La decisión que propuse en dichos precedentes ha sido minoritaria y, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y -especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatoria (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), analizaré las impugnaciones referidas en el punto anterior -ante la ya indicada insuficiencia de la cuantía-, en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de esta Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015).
III.2. Bajo esas directrices, y sin que corresponda ingresar a consideraciones de otra naturaleza, los agravios por cuyo conducto se denuncia que el tribunal de grado soslayó abordar distintas cuestiones que considera esenciales (a saber: los planteos vinculados al carácter discriminatorio que le atribuye al despido -fs. 689/690 vta.-, al daño moral reclamado -fs. 695/696- y al agravamiento indemnizatorio previsto en el art. 26 de la ley 25.561 -v. fs. 696 y vta.-), no configuran la excepción de la hipótesis habilitante prevista en la ley adjetiva local, ya que se constata que el despliegue argumental de la interesada carece de la necesaria denuncia de violación de doctrina legal de esta Corte (causas L. 117.038, "Zapata", sent. de 20-VIII-2014; L. 100.654, "Reising", sent. de 15-VII-2015; L. 118.398, "Amor", sent. de 24-V-2016; e.o.).
III.3. Idéntico déficit técnico define la inadmisibilidad de los agravios por lo que se objeta la conclusión en torno a la precepción -aunque incompleta- de las indemnizaciones derivadas del despido (v. fs. 690/694 vta.) y el rechazo de la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 694 y vta.).
III.4. Tampoco prospera la crítica orientada a desactivar lo decidido en torno a la enfermedad profesional que la actora denunció padecer y su relación con el trabajo, atento que no sólo remite -en rigor- al análisis de típicas cuestiones de hecho y prueba, marginadas, como tales, de la revisión de esta instancia por conducto de la excepción examinada; sino que, además las citas de doctrina legal transcriptas para sustentar este tramo de la impugnación (v. fs. 698) aluden a presupuestos fácticos distintos a los ventilados en las presentes actuaciones (causas L. 116.824, "G., R. E.", sent. de 23-X-2013; L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013 y L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014).
Menos aún resultan aptos para apontocar el reproche, la mención de fallos de otros tribunales de justicia, o la opinión de autores que, sabido es, no constituyen la doctrina legal a la que hace referencia el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 104.305, "Instituto Nuestra Señora del Huerto", sent. de 20-III-2013 y L. 114.396, "Navarro", sent. de 25-IX-2013).
III.5. En cambio, y por los argumentos que apunté en el punto III.1. del presente voto, en relación al agravio referido a la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345) es dable habilitar la instancia extraordinaria sin las restricciones a la admisibilidad (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653), toda vez que el valor de lo cuestionado -representado por el importe que resulta de la aplicación de la referida multa- es de monto indeterminado.
En lo relevante, sabido es que determinar -con arreglo a la prueba producida en la causa- si se verifican los requisitos a los que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo subordina la aplicación de la sanción conminatoria mensual allí prevista constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo, y sus conclusiones no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012 y L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013).
Con arreglo a lo expuesto se observa nítidamente que la impugnante -en su lacónica exposición- no ha denunciado en la parcela (v. fs. 694 vta. y 695) la concurrencia del refer
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