Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121935
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.935, "Ibarra, Alba contra Goyaike S.A.C.I. y F. y otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, Genoud, de Lázzari.
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Campana, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate Campana, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 746/786).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 809/827).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Alba Ibarra contra Goyaike S.A.C.I. y F., y condenó a esta última a abonarle la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y a hacerle entrega del "certificado de trabajo con las constancias establecidas en el apartado tercero" de la norma citada (v. fs. 784 y 786 vta.).
En cambio, en lo que resulta de interés, desestimó la acción en cuanto procuraba el cobro de diferencias por las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido; por haberes del mes de agosto, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales; así como la percepción de los agravamientos previstos en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y un resarcimiento en concepto de daño moral.
Para así decidir, juzgó -en lo medular- que entre la actora y la demandada Goyaike S.A.C.I. y F. existió una relación de naturaleza laboral en el marco del régimen del trabajo agrario con fecha de inicio el 1 de diciembre de 1981, y que se extinguió el día 16 de agosto de 2012 por el despido sin causa dispuesto por la patronal. Por el contrario, tuvo por no acreditado que la reclamante laborase como asistente personal del señor Pérez Companc y que prestara servicios en beneficio de la Fundación Pérez Companc (en adelante FPC).
En cuanto a las tareas desempeñadas por la trabajadora, señaló -con sustento en las declaraciones testimoniales vertidas en la audiencia de vista de la causa- que eran relativas al servicio doméstico dentro del ámbito rural (régimen jurídico que se le aplicó a la trabajadora y que resultaba más beneficioso que el emergente del decreto 326/56) en la finca de la familia Pérez Companc, en el tambo que se encontraba en el predio de Goyaike S.A.C.I. y F. próximo a la casa de la familia y a la heladería "Munchis". Se ocupaba también, prosiguió, de llevar la ropa que había que lavar de la heladería, participaba en la organización de distintos eventos que se realizaban en el tambo, en los remates de animales, atendía a proveedores, concertaba compras para Goyaike S.A.C.I. y F., cocinaba; era -sostuvo el sentenciante- como una "ama de llaves" (v. vered., fs. 751; sent., fs. 770).
Indicó el juzgador que no resultó controvertido que el día 31 de enero de 1995 la FPC le entregó a la accionante -en el marco de su programa de ayuda a los trabajadores del grupo- una vivienda en comodato (v. vered., fs. 750 vta. y 753 vta.), aunque descartó que dicho beneficio tuviera la naturaleza de remuneración en especie como invocó la actora (que cuantificó en $2.500 mensuales). Esto último, con sustento en: i) que no fue entregada por su empleadora (Goyaike S.A.C.I. y F.) y; ii) que obedecía a una causal diversa a los servicios prestados (v. vered., fs. 753 vta. y 754). Asimismo, ponderó -en base a la prueba testimonial producida en la audiencia de vista de la causa- que desde el año 2010 la reclamante no habitaba más en dicho inmueble, con lo cual, no obstante haberlo restituido en octubre de 2012, no demostró haber sufrido perjuicio alguno derivado de su devolución (v. sent., fs. 773).
Descartó también que el señor Pérez Companc, en persona, le abonara una porción adicional de su remuneración al margen de la registración (v. vered., fs. 751 vta. y 752).
Sobre dicha base fáctica, concluyó que habiendo percibido la trabajadora la totalidad de los rubros derivados del despido sin causa (21 de agosto de 2012) y la liquidación final, correspondía -al no demostrarse el denunciado déficit registral del contrato- rechazar los conceptos objeto de reclamo (v. sent., fs. 774).
Declaró procedente, en cambio, la indemnización contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ello así, por no haberse entregado a la dependiente el certificado de trabajo previsto en la normativa citada, sino el formulario PS 6.2 de la ANSeS. Condenó también a Goyaike S.A.C.I. y F. a expedirle el documento referenciado en debida forma (v. sent., fs. 775/776 vta.).
Desestimó, asimismo, el resarcimiento por daño moral sobre la base de no haberse producido prueba alguna tendiente a acreditar el trato discriminatorio que denunció en su sostén (v. sent., fs. 776 vta./779).
Por otro lado, acogió la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por FPC y por el señor Jorge Gregorio Pérez Companc, rechazando el pedido de extensión de la responsabilidad solidaria por juzgar que en el caso no se verificaron los presupuestos de aplicación de las figuras reguladas en los arts. 29 y 31 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. vered., fs. 764/765 vta. y sent., fs. 779/780 vta.).
Ponderó, en este sentido, que si bien la firma Goyaike S.A.C.I. y F. y la FPC fueron constituidas el mismo día (6 de abril de 1959), tenían objetos disímiles conforme sus estatutos constitutivos (v. vered., fs. 764 vta.).Señaló, igualmente, aun cuando el señor Jorge Gregorio Pérez Companc era el Presidente de la Sociedad demandada y miembro del Consejo de Administración de la FPC desde 1979; no se produjo prueba tendiente a acreditar que alguna estuviera bajo el control, o administración de la otra; como así tampoco la existencia de maniobras fraudulentas, ni conducción temeraria (v. vered., fs. 765).
Declaró, también, no demostrado que la señora Ibarra hubiera sido contratada por la sociedad demandada, para ser destinada a la prestación de servicios en favor de terceros (v. vered., fs. 765).
II. Contra dicha decisión, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de la doctrina legal que cita (v. fs. 809/827).
II.1. En primer lugar, se agravia en tanto el juzgador consideró que la vivienda entregada a la accionante por la fundación codemandada no revestía el carácter de remuneración en especie (v. fs. 811).
Puntualiza la compareciente que la casa-habitación que se le otorgó a través de la Fundación le evitó un desembolso, y desde esta óptica, representó una ventaja patrimonial conferida por ser una trabajadora del grupo, beneficio que dejó de percibir inmediatamente después de disuelto el contrato de trabajo.
En este marco, la recurrente alega que dicho inmueble constituyó salario en especie en los términos de los arts. 103 y 105 de la Ley de Contrato de Trabajo, desde que se le asignó como consecuencia del contrato de trabajo, y no -como juzgó el tribunal- para satisfacer contingencias sociales y mejorar la calidad de vida de la actora y de su familia (v. rec., fs. 820).
Funda su crítica en el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A.", en el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo y en la doctrina legal que cita.
Añade que, contrariamente a lo resuelto en la instancia de grado, la reclamante residía en el inmueble suministrado, sito en calle Hipólito Irigoyen de Escobar. Invoca como fundamento, las declaraciones testimoniales vertidas en la audiencia de vista de la causa, en especial los dichos del señor Landuburu (v. fs. 812 vta.).
Asimismo, refuta la solución del sentenciante en cuanto declaró no acreditadas la existencia de fraude en perjuicio de la demandante, ni maniobras tendientes a ocultar o desnaturalizar la verdadera naturaleza de dicha prestación (v. rec., fs. 816).
II.2. Objeta, con denuncia de absurdo, el rechazo de la condena solidaria a las accionadas.
Afirma que el fallo es contradictorio, toda vez que, si bien sostuvo que entre las legitimadas pasivas existían estrechos lazos de unión, luego concluyó que no operaban como unidad empresarial (v. rec., fs. 813 vta.).
Alega que -contrariamente a lo resuelto- las codemandadas conformaban un grupo económico en los términos del art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ello queda evidenciado -a criterio de la recurrente- con la existencia de identidad de socios, de movilidad de personal (la actora cocinaba en la casa del señor Pérez Companc, organizaba eventos para la fundación o para Goyaike S.A.C.I. y F., prestaba servicios para la Heladería "Munchis") y con el hecho de que la FPC otorgaba ciertos "beneficios" a la reclamante que descontaba de su remuneración (v. rec., fs. 814).
Resalta, asimismo, que tanto la Sociedad como la Fundación demandadas tienen idéntica fecha de constitución, siendo el señor Jorge Gregorio Pérez Companc presidente de Goyaike S.A.C.I. y F. y miembro del Consejo de Administración de la Fundación (v. rec., fs. 820).
Añade que las maniobras fraudulentas estuvieron configuradas por los pagos extracontables que percibía, los que considera acreditados a través de las declaraciones testimoniales vertidas en la audiencia de vista de la causa (v. rec., fs. 823 vta.).
II.3. Objeta la conclusión de grado por la que se juzgó que el señor Pérez Companc no era el verdadero destinatario de la prestación laboral de la actora.
Entiende que de la prueba obrante en el expediente surge que la trabajadora fue contratada por Goyaike S.A.C.I. y F. -empleador formal, persona interpuesta- pese a que el destinatario de la actividad dependiente (servicio doméstico) fue el señor Jorge Gregorio Pérez Companc, resultando aplicable -por lo tanto- el art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. rec., fs. 821 vta. y 822).
Sostiene que las declaraciones testimoniales dieron cuenta que el trabajo desarrollado por Ibarra no se circunscribía a tareas de tipo doméstico, sino que -además- se desempeñaba como asistente de la persona física demandada (v. fs. 821 vta./823).
Vinculado a este agravio, cuestiona que el tribunal de mérito haya prescindido de la confesión ficta en que incurrió la persona física demandada (v. rec., fs. 822 vta.).
II.4. Cuestiona la desestimación del reclamo en concepto de daño moral.
Aduce que la conducta adoptada por los demandados al momento de la extinción contractual -despido luego de treinta años de servicios, dejándola sin ingresos, vivienda ni indemnización (esta última en tanto se la intimó a cancelar un préstamo que la empresa le había otorgado)- constituyeron una "acción sincronizada" para causarle a la trabajadora un daño adicional vinculado -pero diferente- al despido.
Tal perjuicio -prosigue- se tradujo en el 10% de incapacidad que surge del informe psicológico derivado del padecimiento de una reacción vivencial anormal neurótica grado II, y de cuyo análisis el juzgador -incurriendo en absurdo- prescindió (v. fs. 823 vta./825 vta.).
II.5. Critica, también, la cuantía de la mejor remuneración mensual normal y habitual ($5.490,67) que el sentenciante juzgó acreditada, toda vez que para su determinación no se tuvieron en cuenta los pagos en negro que percibía -cuestión que entiende acreditada con la declaración del testigo Vettori-, ni el salario en especie (vivienda).
Sobre dicha base de cálculo -asegura- debieron cuantificarse los rubros reclamados en la demanda (v. fs. 821 y vta.).
II.6. Se agravia del monto de la indemnización prevista en art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto expresa que para su cálculo no se contabilizaron los pagos extracontables referidos en el párrafo anterior.
Asimismo, peticiona la entrega de un nuevo formulario PS 6.2 de la ANSeS que refleje el monto real de sus haberes (v. rec., fs. 825 vta./826 vta.).
II.7. Por último, impugna el rechazo de las indemnizaciones contempladas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323.
Señala que los rubros indemnizatorios abonados a la actora resultaron insuficientes, por haberse calculado en base a una remuneración inferior a la realmente percibida (v. rec., fs. 826 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Por razones metodológicas, habré de alterar el orden de tratamiento de los agravios propuestos y, en consecuencia, abordaré en primer lugar la crítica por la que se objeta que el tribunal interviniente no juzgara acreditado que el señor Pérez Companc era el beneficiario directo y personal de las tareas de la actora.
III.1.a. Ha declarado esta Suprema Corte que establecer si se configuran o no los presupuestos, calidades o cualidades que caracterizan al empleador como la persona física o conjunto de ellas o jurídica -con o sin personalidad jurídica propia- que requiera de los servicios de un trabajador (art. 26, LCT) es una cuestión de hecho, cuya apreciación, en conjunto con la ponderación de los elementos probatorios colectados en la causa -fundamentalmente, en lo que se refiere a su selección, jerarquización, habilidad, mérito y eficacia-, constituye una facultad privativa de los jueces de grado, salvo absurdo, que debe ser demostrado por el recurrente (causas L. 91.501, "Alo", sent. de 28-V-2008 y L. 116.909, "Argüello", sent. de 12-III-2014).
En tal sentido, cabe recordar que el mencionado vicio invalidante hace referencia a la existencia en el fallo recurrido de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una grosera desinterpretación material de la prueba. No cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo, porque es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema (causas L. 111.184, "C., D. L.", sent. de 31-X-2016 y L. 121.087, "López", sent. de 14-VIII-2019).
III.1.b. Bajo tales premisas, el medio de impugnación deducido no es hábil para desvirtuar la esencial conclusión que adoptaron los jueces de la instancia ordinaria en orden a determinar -en definitiva- quién revistió la condición de empleador de la trabajadora.
III.1.b.i. En lo que interesa, el tribunal interviniente, tras efectuar un meticuloso análisis de la prueba colectada -en particular de las declaraciones testimoniales y de la descripción de tareas que le realizó la actora a la psicóloga- concluyó que no se logró acreditar en autos (art. 375, CPCC) la prestación de tareas personales y dependientes -como secretaria- para el señor Pérez Companc (ni para la FPC). Por el contrario, juzgó demostrada la prestación de servicios de tipo eminentemente -aunque no únicamente- doméstico (limpieza, labores de cocina, organización de la casa) en el ámbito rural, desde que recuerda que la casa de la familia Pérez Companc es una quinta, cercana al predio de la firma Goyaike S.A.C.I. y F., con el tambo, la plantación de soja, animales, etcétera.
De ese modo, concluyó que las tareas descriptas en la demanda son las concernientes al servicio doméstico (aunque se encontraba registrada bajo el régimen de trabajo agrario) o, en su caso, maestranza al servicio de persona jurídica, con actividad comercial y no personal a favor de Pérez Companc que era el presidente de la S.A. (v. vered., fs. 748/751 vta.).
Esto último pues, como se adelantó, también se tuvo por demostrado que Ibarra participaba en la organización de distintos eventos que se realizaban en el tambo, en los remates de animales, atendía a proveedores y concertaba compras para Goyaike S.A.C.I. y F.
III.1.b.ii. Se desprende de la lectura del agravio -sintetizado en el punto II.3. de este voto- que lo que la impugnante pretende es el replanteo de típicas cuestiones de índole fáctica y circunstancial, limitándose a exponer su propia versión acerca del modo en que la controversia debió ser resuelta, efectuando un nuevo análisis de los elementos probatorios según su propio y personal criterio valorativo; técnica esta que reiteradamente se ha declarado impropia para demostrar el excepcional vicio invalidante (causas L. 102.488, "Barrios de Duette", sent. de 23-XI-2011 y L. 120.349, "Rosales", sent. de 27-III-2019).
Tampoco logra conmover este aspecto del fallo, el argumento por conducto del cual cuestiona la valoración efectuada en la instancia de las posiciones absueltas en rebeldía por el señor Pérez Companc. Al respecto ha dicho esta Corte -como lo puso de manifiesto el sentenciante a fs. 752 y vta.- que los tribunales de trabajo están facultados para tener por ciertos los hechos señalados en las posiciones absueltas en rebeldía, pero en modo alguno obligados a acceder por la sola confesión ficta -automática o mecánicamente- a las pretensiones deducidas. Ello, toda vez que deben apreciarse en su correlación con el resto de las pruebas para decidir la eficacia que se le adjudica como elemento de convicción, pues de lo contrario se haría prevalecer la ficción sobre la realidad y la decisión podrá alejarse de la verdad material, siendo potestad privativa de los jueces de grado ponderar sus efectos con amplio margen de discrecionalidad (causas L. 106.613, "Romero", sent. de 5-III-2014 y L. 117.356, "Garriga", sent. de 23-V-2017).
III.1.c. Por las consideraciones precedentemente vertidas, y sin que ello implique abrir juicio respecto del acierto de la decisión de fondo, la crítica bajo examen debe ser desestimada -desde que las apreciaciones opinables o discutibles no alcanzan para demostrar la presencia del vicio de absurdo en la conclusión de grado-; circunstancia que, a la vez, habrá de impactar en la denunciada configuración del supuesto previsto en el art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III.2. Tampoco son de recibo los agravios a través de los cuales refuta lo resuelto por el sentenciante en cuanto juzgó no acreditado el pago de haberes fuera de registro -tanto en dinero como en especie (vivienda)- y, en consecuencia, la determinación del salario base a la que arribó el juzgador para cuantificar las indemnizaciones objeto de reclamo.
III.2.a. Afirma la recurrente que con la prueba testimonial quedó demostrado que la señora Ibarra percibía parte de sus haberes al margen de la registración y que gozaba de un nivel de vida privilegiado incompatible con su salario formalizado (v. rec., fs. 821).
En lo relevante, declaró el juzgador que no pudo recabarse constancia alguna en la causa de que la actora percibiera parte de su remuneración en negro (más concretamente, que el señor Pérez Companc le entregara dinero mensualmente en mano).
En oportunidad de ponderar las declaraciones testimoniales, destacó el tribunal interviniente que no le resultó verosímil -por vago e impreciso- lo indicado por el señor Vettori (vigilador) en cuanto sostuvo que en alguna ocasión la señora Pérez Companc le dejó un sobre con dinero para Ibarra. Ello, máxime -continuó- cuando no "se entiende" por qué motivo la señora Pérez Companc le dejaría un sobre a la actora cuando trabajaba en la casa y podía dárselo en mano.
Agregó que el resto de los deponentes nada agregaron al respecto (v. vered., fs. 753).
Es doctrina de esta Corte que la valoración de la prueba testimonial constituye una facultad privativa de los jueces de los tribunales de trabajo, quienes gozan de amplias atribuciones en virtud del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, así como a la confiabilidad que alguna o algunas de ellas le merezcan con relación a otras, resultando tales apreciaciones no susceptibles de revisión en la instancia extra
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.