Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121033
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.033, "Aguirre, Néstor Gastón contra Construcciones Saddemi S.A. y otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, de Lázzari, Pettigiani, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la acción deducida, imponiendo las costas a la parte actora (v. fs. 335/341 vta.).
Se interpusieron, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 351/366 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 386/387 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Hago mío el voto que dejó elaborado el distinguido colega doctor Héctor Negri, cuyo fallecimiento fuera lamentado en distintos ámbitos y fundamentalmente en este Tribunal, que se plasma a continuación.
I. El órgano de trabajo interviniente -en lo que interesa destacar por ser materia de agravio- rechazó la demanda promovida por el señor Néstor Gastón Aguirre contra Construcciones Saddemi S.A. y Provincia ART S.A., por la que pretendía el cobro de una indemnización por la incapacidad derivada del accidente de trabajo que protagonizó el día 6 de agosto de 2011.
Para así decidir juzgó que el actor, luego de percibir la suma de $99.473,51 de la aseguradora, "...inicia estos actuados buscando una reparación extrasistémica no pudiendo lograr acreditar ninguno de los extremos necesarios para que la misma proceda" (fs. 337). En ese sentido, consideró que "...no fue demostrado en absoluto que el evento dañoso sufrido por el accionante fuera provocado por una cosa viciosa o dañosa de propiedad de la empleadora" (fs. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la violación del art. 168 de la Constitución provincial.
Señala que el tribunal de grado omitió el tratamiento de una cuestión esencial para la resolución de la litis, como lo es el planteo formulado subsidiariamente en el escrito inicial referido a la responsabilidad atribuida a la aseguradora demandada con fundamento en la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 358/359).
Indica que a fs. 20 solicitó que se condenara a ésta "dentro de los límites del seguro" y que, al final de la fs. 25, explicó el incorrecto cálculo de las prestaciones abonadas peticionando una reliquidación conforme la ley citada y la incapacidad que determine el informe pericial médico (v. fs. cit.).
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 386/387 vta.), considero que el recurso extraordinario de nulidad debe ser acogido con el siguiente alcance.
III.1. Cabe recordar que el medio de impugnación deducido sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 108.445, "Servini", sent. de 5-VI-2013; L. 116.854, "Orellano", sent. de 19-II-2014 y L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018; e.o.).
Asimismo, que -en particular- constituyen cuestiones esenciales aquellos planteos que estructuran la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez (causas L. 111.174, "Covelo", sent. de 11-IX-2013; L. 100.310, "García", sent. de 17-XII-2014 y L. 118.949, "Méndez", sent. de 13-IX-2017; e.o.).
III.2. Bajo esas directrices, es dable advertir que la cuestión que se denuncia preterida fue sometida a conocimiento del tribunal interviniente en la etapa pertinente.
Surge del escrito de demanda que la parte actora, respecto a los daños derivados del accidente de trabajo que padeció, reclamó a las demandadas una reparación integral con fundamento en las disposiciones del anterior Código Civil y, subsidiariamente, solicitó se condenara a Provincia ART S.A. en "...el marco del contrato de afiliación o póliza mantenido con el empleador" (fs. 20). En este sentido, al momento de efectuar el cálculo de dicho resarcimiento, señaló que con el cotejo de "...los recibos de sueldo del período laborado [...] y la liquidación de la indemnización de $99.473,51 que se adjunta como prueba documental se evidencia una clara violación a lo estipulado por el decreto 1.694/09, modificatorio del art. 11 de la LRT" (fs. 25). A su vez, advirtió que la aseguradora "...utiliza como base de cálculo de la indemnización del art. 14 inc. 2 el ingreso base del art. 12, cuando debió haber aplicado el módulo salarial del art. 208 de la LCT" (fs. cit.).
También, en relación con la "la prestación dineraria sistémica", planteó la inconstitucionalidad de estos preceptos normativos por considerar que afectaban su derecho de propiedad al no considerar para su determinación todos los rubros que integran el sueldo de bolsillo y, además, limitar el cálculo al ámbito netamente laboral (v. fs. 27/28 vta.).
Por último, en la contestación del segundo traslado (art. 29, ley 11.653), recordó que a la aseguradora de riesgos del trabajo se la trajo a juicio no solamente por su responsabilidad civil sino también por la emergente de la denominada Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 103).
Sin embargo, en su pronunciamiento, el tribunal de grado omitió todo análisis vinculado con la referida pretensión sistémica traída subsidiariamente al pleito con sustento en dicho régimen especial, sin que se verifique motivo alguno que justifique tal proceder.
En tales condiciones, se configura en la especie la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales en los términos del art. 168 de la Constitución nacional toda vez que la materia soslayada integró la estructura de la traba de la litis, conformando el esquema jurídico que el órgano de grado necesariamente debió atender para la correcta solución de la controversia.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad traído y, en consecuencia, disponer la anulación parcial del pronunciamiento únicamente en cuanto en él se omitió abordar el reclamo indemnizatorio fundado en la Ley de Riesgos del Trabajo.
La causa debe ser remitida al tribunal de origen para que, con diferente integración, renueve los actos procesales necesarios y dicte un nuevo fallo con arreglo a lo resuelto en la presente (art. 298, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores de Lázzari , Pettigiani y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo; 45 de la ley 25.345; 1.074 y 1.113 del Código Civil; 1.710, 1.716, 1.744, 1.746, 1.749, 1.757 y 1.758 del Código Civil y Comercial; 163, 362, 375 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y 10, 11, 12 inc. 3, 15 y 31 de la Constitución provincial.
I.1. Se agravia porque el tribunal desestimó la responsabilidad objetiva atribuida a la empleadora, en los términos del art. 1.113 del Código velezano, al juzgar no demostrado que el evento dañoso fuera provocado por una cosa viciosa o dañosa de su propiedad (v. fs. 360).
Señala que el a quo incurrió en absurdo toda vez que le impuso la carga de acreditar dicha circunstancia a pesar de que las demandadas admitieron la existencia del infortunio y la mecánica de su producción (v. fs. 360 vta. y 361).
También alega el mentado vicio porque, en su opinión, las tareas que desempeñaba como operario de la construcción constituían una actividad riesgosa y, en ese orden, con sustento en la doctrina establecida en la causa L. 105.883, "Ale" (sent. de 15-VII-2015), postula su inclusión en las previsiones del precepto legal indicado (v. fs. 361 vta. y 362).
I.2. Aduce que el juzgador omitió analizar el informe pericial médico, en cuanto fijó un porcentaje de incapacidad superior al reconocido por la Comisión (v. fs. 362 vta. y 363). Sobre esa premisa, "...solicita que se condene a Provincia ART S.A. a abonar la indemnización de la Ley de Riesgos del Trabajo por la diferencia..." (fs. 363 vta.).
I.3. Afirma que el juzgador, al desestimar la procedencia de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, efectuó una absurda valoración de la prueba documental porque fundó dicha decisión con base en un certificado que fue desconocido en su autenticidad -formal y material- en la contestación del segundo traslado (v. fs. 364 vta.).
Añade que el mismo error se verifica en la hipótesis de que el sentenciante hubiese querido hacer alusión a la certificación de servicios y remuneraciones (v. fs. 365). Destaca que dicha documentación fue puesta a disposición del trabajador en forma extemporánea y en la ciudad de La Plata, donde no vive ni se ejecutó el contrato de trabajo (v. fs. cit.).
A través de la cita de doctrina sentada en el precedente L. 98.696, "Rolando" (sent. de 4-V-2011), manifiesta que debe revocarse la sentencia en este aspecto pues -interpretando erróneamente el verdadero alcance del texto del citado art. 80, como así también la diversa naturaleza de los deberes que allí se establecen, a los que equiparó indebidamente-, el tribunal determinó que el empleador había satisfecho íntegramente las obligaciones que en él se establecen por conducto de la entrega del certificado de trabajo, soslayando que la patronal incumplió con el deber de otorgar la "constancia documentada" del ingreso de los fondos de la seguridad social y los sindicales a su cargo, que fuera oportunamente reclamada por su parte (v. fs. 365 vta.).
II. El recurso prospera parcialmente.
II.1. Controvierte el accionante el rechazo de su pretensión de obtener una reparación integral por la incapacidad laborativa que padece.
II.1.a. En el escrito inicial denunció que tanto la actividad que realizaba como su ambiente "...encuadraban en el tipo legal del art. 1113 CC, en su concepción amplia" (fs. 13 vta.). En ese sentido, señaló que "...el alto grado de previsibilidad que tenía el empleador de la posible ocurrencia de un daño, considerando la naturaleza de las tareas y el ambiente donde trabajaba el actor [...] tornan aplicable el factor de atribución de responsabilidad objetiva del art. 1113 del CC..." (fs. cit.). También citó, como fundamento de su postulación, la doctrina que esta Corte estableció en la causa L. 80.406, "Ferreyra" (sent. de 29-IX-2004; v. fs. cit.).
Como fuera señalado, el tribunal de grado rechazó la procedencia de la "reparación extrasistémica" reclamada en la demanda al juzgar que "...no fue demostrado en absoluto que el evento dañoso sufrido por el accionante fuera provocado por una cosa viciosa o dañosa de propiedad de la empleadora" (fs. cit.).
II.1.b. El actor ataca esa conclusión alegando -con sustento en la doctrina legal de esta Corte- que no cabe una interpretación estrecha de dicho concepto que excluya la incidencia de la tarea desempeñada en la dolencia padecida (v. fs. 361 vta. y 362).
II.1.c. Considero que la solución dada en este punto debe ser revocada.
De los antecedentes señalados surge corroborado que el accidente denunciado en autos ocurrió mientras el señor Aguirre se encontraba cumpliendo tareas para la demandada. Tanto es así, que la aseguradora de riesgos del trabajo reconoció el siniestro y le otorgó las prestaciones previstas en la ley 24.557.
Ahora bien, de la lectura del escrito inicial se advierte que el accionante identificó como factor de causación del daño, en los términos del art. 1.113 del Código Civil, a la "...la naturaleza de las tareas y el ambiente donde trabajaba" (fs. 13 vta.).
Consecuentemente debió el tribunal -y no lo hizo- determinar si la actividad laboral del actor pudo o no ser enmarcada en el ámbito de la norma legal indicada. Ello así, pues, como lo sostiene el recurrente, en los precedentes L. 80.406 y L. 105.883 (antes citados), como en muchos otros (v.gr. causas L. 72.336, "Iommi", sent. de 14-IV-2004; L. 79.690, "R., L. G.", sent. de 28-VI-2006; L. 88.325, "Cepeda", sent. de 9-V-2007; L. 83.342, "F., D.", sent. de 26-IX-2007 y L. 93.818, "Lezcano", sent. de 25-XI-2009), esta Corte sostuvo que el vocablo "cosa" se extiende para abarcar, en la actualidad, las tareas específicas del trabajador y la actividad laboral toda, razón por la cual, cuando esas tareas pueden generar un resultado dañoso, se impone admitir su inclusión en las previsiones del referido art. 1.113.
II.1.d. Por lo expuesto, corresponde revocar la sentencia de grado en este aspecto, y devolver los autos al tribunal de origen para que -nuevamente integrado, previa renovación de los actos procesales que considere necesarios, y con arreglo a las alegaciones de las partes- determine si se configuró o no la responsabilidad civil del empleador en los términos de dicha norma legal.
II.2. En virtud de lo resuelto en la anterior cuestión planteada, donde propongo la anulación parcial del pronunciamiento -únicamente- en cuanto en él se omitió abordar el reclamo fundado en la Ley de Riesgos del Trabajo, deviene inoficioso el abordaje de los agravios que contiene el recurso bajo examen, vinculados al porcentaje de incapacidad y a las diferencias indemnizatorias reclamadas a Provincia ART S.A. Ello, toda vez que no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 96.268, "Cirigliano", sent. de 4-III-2009; L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011; L. 103.904, "Ibañez", sent. de 10-VIII-2011; L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015).
II.3. Por último, corresponde analizar el agravio concerniente al rechazo de la procedencia de la indemnización prevista por el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.3.a. Para así decidir, el órgano judicial de grado definió en el veredicto que "...se adjuntó a la contestación de la demanda el certificado de servicios que fuera puesto a disposición del dependiente en el telegrama señalado, sin que este último demostrara que hubiera concurrido a retirarlo" (fs. 336).
II.3.b. Sobre el tópico, es menester señalar que, frente a un supuesto de acumulación objetiva de pretensiones, el valor del litigio a los fines recursivos debe ser ponderado en función de la naturaleza jurídica de cada una de ellas -no vinculadas entre sí por relación de continencia, accesoriedad o subsidiariedad- pues han merecido un análisis diferenciado por el sentenciante, conforme los hechos invocados y acreditados durante la sustanciación del proceso (causas L. 116.578, "Olivan", sent. de 13-XI-2013; L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013 y L. 108.167, "Guevara Velázquez", sent. de 12-III-2014; e.o.).
En la especie, el valor de lo cuestionado no alcanza a satisfacer el monto mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en este aspecto sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653. En consecuencia, la función revisora de la Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 96.956, "Berestycki", sent. de 11-VII-2012; L. 107.416, "Pedrozo", sent. de 27-III-2013 y L. 110.768, "Guzmán", sent. de 7-VIII-2013; e.o.).
II.3.b.i. Desde esa perspectiva de análisis, la primera impugnación que ensaya el recurrente es inadmisible porque, orientada a cuestionar -mediante la denuncia de absurdo- la validez y puesta a disposición del certificado acompañado por la demandada, la crítica remite al análisis de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria cuya definición es privativa del a quo y -por ende- está excluida del ámbito de la casación por la vía examinada.
En ese sentido, esta Corte expresamente ha declarado que debe ser rechazado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, en el marco de la excepción prevista por el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, pretende la revisión de cuestiones de hecho y de prueba, como las indicadas (causas L. 118.678, "Vizgarra", resol. de 1-VII-2015; L. 118.662, "Aiello", resol. de 1-VII-2015 y L. 118.735, "Subeldia", resol. de 15-VII-2015; e.o.).
II.3.b.ii. En cambio, acierta el recurrente cuando denuncia la violación de la doctrina legal establecida en el precedente L. 98.696, antes citado.
En el caso, como en dicha causa, el órgano judicial de grado -interpretando erróneamente el verdadero alcance del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo como así también la diversa naturaleza de los deberes que allí se establecen-, estableció que el empleador había satisfecho íntegramente las obligaciones que dimanan del citado precepto legal por conducto de la puesta a disposición del certificado de trabajo (segundo párrafo del dispositivo), soslayando que la patronal incumplió con el deber de otorgar la "constancia documentada" del ingreso de los fondos de la seguridad social y los sindicales a su cargo (primer párrafo del texto legal) que fuera oportunamente reclamada por el trabajador.
En consecuencia, corresponde revocar también este tramo del pronunciamiento relativo a la pretensión indemnizatoria fundada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario traído con el alcance indicado en los apartados II.1.d. y II.3.b.ii. y, en consecuencia, remitir los autos al tribunal de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Liminarmente, habré de expedirme sobre los cuestionamientos que giran en torno a la responsabilidad civil que la parte actora le atribuye al empleador.
I.1.a. Cabe señalar que, teniendo en consideración la fecha en que acaeció el infortunio que motivó el reclamo del actor (6 de agosto de 2011; v. vered., fs. 336 vta.), son aplicables en autos las normas del Código Civil de Vélez Sarsfield y no las del actual Código Civil y Comercial (conf. art. 7 de este último ordenamiento; causa L. 120.435, "Francia", sent. de 13-XI-2019; e.o.).
I.1.b. Luego, y en el concreto marco del art. 1.113 del Código Civil, he de afirmar que la línea argumental que diseña el quejosos partiendo de calificar a "la actividad laboral" como riesgosa en la órbita del mencionado precepto legal, no encuentra favorable recepción en la opinión que he plasmado en reiterados precedentes sobre los supuestos que tornan aplicable la norma en su vinculación con el concepto "cosa riesgosa o viciosa" al que alude (conf. mi voto, causas L. 79.690, "R., L. G.", sent. de 28-VI-2006; L. 83.342, "F. d. S., J." y L. 82.743, "Ventancor", sents. de 26-IX-2007).
I.1.c. Dejando a un lado ello, entiendo -en cambio- que le asiste razón al recurrente cuando objeta la conclu
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