Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121639
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.639, "Ferreyra, Héctor Josue contra Contemaster S.A. y otro. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, de Lázzari, Kogan, Pettigiani, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 606/630).
Se dedujeron, por la aseguradora demandada y la parte actora, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 640/647 vta. y 648/654 vta., respectivamente).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Prevención ART S.A. a fs. 640/647 vta.?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el deducido por el actor a fs. 648/654 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el señor Héctor Josue Ferreyra y condenó a Prevención ART S.A. al pago de la prestación prevista en el art. 11 apartado 4 inc. "b", diferencia indemnizatoria del art. 15 apartado 2 de la ley 24.557 -conforme decreto 472/14 y arts. 8 y 17 de la ley 26.773-. La rechazó, en cambio -por mayoría-, en cuanto pretendía el cobro de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de esta última ley. Desestimó, además, la acción dirigida contra Contemaster S.A. (v. fs. 606/630).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el día 2 de diciembre de 2011 el actor sufrió un accidente de trabajo mientras prestaba tareas como chofer de camiones bajo la dependencia de la empresa demandada que le provocó muerte funcional de todo el miembro superior derecho hábil, desde la articulación escáporo humeral hacia la mano -amputación funcional, motriz, sensitiva y profunda- e incapacidad psicológica que lo incapacitan de forma permanente y definitiva superior al 66%, por lo que corresponde calificarla como total (v. vered. primera y segunda cuestión, fs. 606/608 y 609).
Relató que la Comisión Médica interviniente dictaminó en fecha 3 de abril de 2013, que el trabajador padecía una incapacidad parcial, permanente y provisoria en el orden del 53,5% del índice de la total obrera, por la cual le abonó la suma de $228.849. A su vez, que un segundo dictamen emitido por la misma Comisión (el día 10 de noviembre de 2014), le reconoció una incapacidad parcial, permanente y -ahora-, definitiva del 20,95%, otorgándole la suma de $55.972,86 en concepto de reparación (v. vered. segunda y cuarta cuestión, fs. 607 y vta. y 610).
A su vez, consideró que -en el caso- la determinación de la incapacidad debía ser fijada judicialmente, para lo cual, tuvo en cuenta que, a pesar de que las limitaciones y daños que padecía el trabajador fueron ocasionados por el siniestro ocurrido el día 2 de noviembre de 2011, los mismos evolucionaron y se consolidaron con posterioridad. En consecuencia, juzgó "apropiado, prudente -e incluso- ajustado a los propios actos jurídicos cumplidos por las partes", establecer el día 10 de noviembre de 2014 como la fecha de exigibilidad de las partidas resarcitorias reclamadas en el sub lite (v. vered. tercera cuestión, fs. 609 y vta.).
En la sentencia, el juzgador de grado determinó el importe que le correspondía percibir al trabajador en concepto de compensación adicional de pago único prevista en el art. 11 apartado 4 inc. "b" de la ley 24.557 (conf. art. 1, dec. 1.694/09), fijándolo en $100.000. Luego, declaró la inconstitucionalidad de la modalidad de pago de la prestación contemplada en el citado art. 15 apartado 2 en forma de renta -por considerarla violatoria de los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional- y cuantificó el importe correspondiente a dicha prestación en la suma en $411.359 (53 x $3.462,82 x -65/29-; v. sent., fs. 614 vta./615 vta.).
Sobre esa base, sostuvo -atendiendo a lo solicitado por la parte actora- que si bien la ley 26.773 no se encontraba vigente al momento del accidente de trabajo sufrido por el actor, sí lo estaba a la fecha de la determinación de su incapacidad laboral definitiva y por lo tanto era aplicable al caso de autos. Añadió en ese orden, que la solución adoptada no resultaba contraria a la doctrina legal que esta Suprema Corte sentara en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y la Corte Suprema de Justicia estableciera en los autos "Espósito c/ Provincia ART S.A." (sent. de 7-VI-2016), dado que en la presente las indemnizaciones debidas al actor se hicieron exigibles a partir del día 10 de noviembre de 2014, cuando se declaró el carácter definitivo de la incapacidad y no, con la primera manifestación invalidante; razón por la cual, los presupuestos entre ellas resultaban disímiles. Agregó que la particular situación de autos era propicia y daba lugar a una duda razonable frente a la que correspondía aplicar el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 616/617).
Con apoyo en cita de doctrina de distintos tribunales, declaró la inconstitucionalidad de su art. 17 apartado 5, en cuanto establece que las disposiciones allí contempladas sólo resultan aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjera con posterioridad a su entrada en vigencia; resultando, por ende, un obstáculo normativo, por encontrarse en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional y con los principios de la norma más favorable y de progresividad (art. 75 inc. 23). Agregó, que el cuestionado artículo resultaba discriminatorio, en tanto supeditaba el derecho del trabajador a ser indemnizado a valores actuales, según el momento en que aquella primera manifestación hubiese tenido lugar (v. sent., fs. 617 vta. y 618).
Descartó además que la aplicación al caso de la ley 26.773 lesionara el derecho de defensa en juicio o al debido proceso, en la medida en que la aseguradora demandada había ejercido sin restricciones su derecho de defensa, no quedando obligada más allá de las prestaciones previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., fs. 620).
Por otro lado -con fundamento en el precedente L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017) de esta Suprema Corte y en el art. 17 del decreto 472/14-, desestimó la pretensión del actor de ajustar mediante el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) el resultado de la fórmula de la indemnización del art. 15 apartado 2 de la ley 24.557. Luego, calculó su importe teniendo en mira la fecha del pago parcial y las prescripciones de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15, vigente a ese momento (13 de marzo de 2015) arribando a un total de $713.476. Por último, mensuró la prestación del art. 11 apartado 4 inc. "b" considerando la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16 (art. 1), aplicable al tiempo de dictar sentencia (v. sent., fs. 621).
Luego -por mayoría-, rechazó la pretensión fundada en el art. 3 de la ley 26.773 (v. sent., fs. 621 vta. y 622).
Al momento de determinar los acrecidos tuvo en cuenta que el capital sobre el cual se calcularían ya había sido actualizado mediante los mecanismos de ajuste previstos en la ley 26.773. Por ello, dispuso -por mayoría- que los intereses moratorios se liquidarían desde el día 10 de noviembre de 2014 (fecha en que situó la consolidación del daño) hasta el 27 de marzo de 2017 (fecha en la que se pusieron los autos para sentencia; v. fs. 604), a la tasa de interés puro del 6% anual, sin perjuicio de aquellos que se devengasen hasta la fecha del efectivo pago; obteniendo como resultado la suma de $153.454, de la cual dedujo el pago parcial realizado por la aseguradora en concepto de indemnización por el art. 15 aparatado 2 de la ley 24.557 ($55.972,86), lo que arrojó como resultado un total de $97.481 (v. sent., fs. 623 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de Prevención ART S.A. deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 12 de la ley 24.557; 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773; 188 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "e" de la ley 11.653; leyes 23.928 y 25.561 y la transgresión de la doctrina legal que identifica (v. fs. 640/647 vta.).
II.1. En primer término, objeta la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773, cuya entrada en vigencia es posterior al acaecimiento del infortunio que motiva el reclamo de autos (v. fs. 642).
Manifiesta que el tribunal de grado falló excediendo sus atribuciones, al otorgarle al trabajador un régimen indemnizatorio superador, bajo la ficción de la fecha de consolidación del daño, incurriendo en absurdo (v. fs. 642 vta.).
Denuncia vulnerada la doctrina legal sentada por esta Corte en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, situación que -aduce- incluso es advertida por el propio tribunal, que entiende resulta inaplicable por tratarse de presupuestos causídicos disímiles al caso de autos (v. fs. cit.).
Alega que el sentenciante de grado efectuó una errónea interpretación del art. 17 apartado 6 de la ley 26.733, en tanto dicha norma no consagra una excepción al principio establecido en el apartado 5, que establece la fecha de su entrada en vigencia, sino que refiere al índice que debe utilizarse para ajustar las prestaciones, esto es, establece la forma de cálculo. Sostiene que lo resuelto transgrede el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el art. 3 del Código Civil (ley 340), conculcando su derecho de propiedad (v. fs. 643/644).
II.2. Por otro lado, aduce que el pronunciamiento de grado trasgrede la doctrina emergente del precedente "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A." del Superior Tribunal nacional (v. fs. 644 vta.).
Argumenta, que mal pudo el a quo tener en cuenta para resolver el sub lite las consideraciones efectuadas en la causa "Calderón", en tanto, del juego armónico de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 se desprende que la intención del legislador de actualizar los importes a los que aluden los arts. 1, 3 y 4 del decreto 1.694/09 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante hubiere ocurrido con posterioridad a la fecha de la entrada en vigencia de la mencionada ley, no encontrando justificación su aplicación al caso por razones de justicia y equidad (v. fs. 645/646).
II.3. Por último, se agravia de lo decidido en materia de intereses.
Explica que al haber aplicado al caso las disposiciones previstas en la ley 26.773 y posteriormente ordenado el cálculo de los accesorios como intereses moratorios, se configura una repotenciación del crédito del trabajador que lesiona el derecho de propiedad de la demandada y produce un enriquecimiento sin causa del actor (v. fs. 646).
Sostiene que no sólo no correspondería aplicar la tasa activa sino ninguna otra que excediera la tasa pasiva, pues ello implicaría un modo encubierto de actualización monetaria, lo cual se encuentra vedado por la ley (v. fs. 646 vta.).
Afirma que la tasa propuesta por el juzgador de grado vulnera la doctrina legal de esta Suprema Corte que emana de las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginnosi" (sents. de 21-X-2009).
III. El recurso no prospera.
III.1. Como ilustra el relato de antecedentes, la agraviada impugna la aplicación al caso de la ley 26.773.
Focaliza su crítica en la irretroactividad de sus prescripciones, dada la fecha del infortunio objeto del reclamo y la doctrina elaborada por esta Corte en torno a la vigencia temporal de la norma.
En tales términos, que ha de ceñir la revisión de la decisión de origen, se impone rechazar el cuestionamiento traído.
III.2. En primer lugar, no puede adjudicarse entidad de agravio a la manifestación que formula la recurrente en orden a desplazar el hito considerado por el a quo para definir la consolidación de la incapacidad -y la aplicación de la ley 26.773-, en tanto dicho planteo carece de todo desarrollo o denuncia de las normas que considera erróneamente aplicadas (art. 279, CPCC; causas L. 95.038, "Carnero", sent. de 25-XI-2009 y L. 93.909, "Galusso", sent. de 22-VIII-2012).
III.2.a. Firme el extremo fáctico en que se justificó acudir a la normativa en disputa, carece de andamiaje la denuncia de violación de la doctrina legal que invoca sobre el tópico.
En efecto, a la fecha que se estableció como dirimente a los fines antedichos (es decir, el día 10 de noviembre de 2014), la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012) ya se encontraba vigente.
III.2.b. A esta altura, debo señalar que no se me escapa que -conforme lo reseñado- el tribunal a quo declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 en cuanto al establecimiento de la "primera manifestación invalidante" le impide al actor la actualización de su acreencia según los parámetros de dicha ley. Ahora bien, no obstante ello y sin abrir juicio sobre el razonamiento que lo condujo a dicha conclusión, toda vez que no ha sido idóneamente controvertido por la interesada (art. 279, CPCC), lo cierto es que una detenida lectura del fallo autoriza a concluir que la determinación del régimen legal aplicable fue definido con base en la fecha del dictamen de la Comisión Médica (10 de noviembre de 2014), por lo que aquella conclusión en torno a la constitucionalidad del dispositivo legal, no ha tenido, en la especie, la gravitación que la recurrente le atribuye.
III.3. Finalmente, el agravio relativo al cómputo de intereses y tasa aplicable (v. fs. 646/647 vta.), no puede prosperar.
Extraviado de cuanto dispuso el a quo , la recurrente señala que no correspondería aplicar la tasa activa "ni ningún otro índice que exceda la llamada tasa pasiva para compensar el interés moratorio", toda vez que ello implicaría un modo encubierto de actualización monetaria prohibido por ley, y no advierte que en la sentencia se decidió -precisamente- la aplicación de la tasa que su parte expresamente solicita a fs. 647 vta., esto es la del 6% anual.
En atención a lo señalado, este aspecto debe ser desestimado, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. La crítica que gira en torno a la ley 26.773 es insuficiente (art. 279, CPCC).
I.1.a. En lo cardinal, se afirma en el medio de impugnación que al no considerar la fecha en la que aconteció el hecho dañoso para definir las normas pertinentes a la hora de cuantificar las prestaciones dinerarias, el a quo aplicó erróneamente el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, violó la doctrina legal sentada por este Tribunal en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), y a su vez, desoyó las directrices establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
I.1.b. La línea argumental trazada por la quejosa no constituye un idóneo embate respecto de la motivación esencial sobre la que reside la solución del fallo de grado.
No deja de ser exacto que a tenor de lo regulado -en esencia- en el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, corresponde aplicar el índice RIPTE en aquellos casos en que las prestaciones dinerarias se refieran a contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido a partir de su entrada en vigencia.
Sin embargo, surge del pronunciamiento recurrido que el tribunal de la instancia no empleó erradamente el citado precepto legal, antes bien, juzgó que era inaplicable en autos, y ello, en razón de su declarada inconstitucionalidad. Se avizora el anunciado déficit que porta la impugnación en este basal aspecto.
En efecto, el tribunal de trabajo comenzó destacando que a diferencia de lo acontecido en los citados precedentes "Staroni" y "Espósito", las consecuencias dañosas del infortunio no se habían producido inmediatamente junto con el siniestro sino varios años después, también, que otra distinción radicaba en que en la especie se había controvertido la constitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley ya mencionada. Con ese señalamiento, entre otras afirmaciones, tuvo en especial consideración que a valores nominales (sin aplicar el mecanismo de ajuste) la indemnización adeudada resultaba inadecuada y vulneraba el derecho constitucional a obtener en la especie una reparación razonable y equitativa y que pasados más de seis años de acontecido el siniestro aún permanecía insatisfecho parcialmente ese derecho del trabajador. Fue así, que expresando que "el obstáculo normativo temporal con fundamento en la primera manifestación invalidante" contradecía los fines sociales y protectorios que amparan al trabajador subordinado (entre otras normas, acudió a los arts. 14 bis y 17, Const. nac.), declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y cuantificó las prestaciones conforme los mecanismos allí previstos, tomando como hito temporal para la aplicación de la ley la fecha en que aquellas se hicieron exigibles (v. sent., fs. 616/620).
Estas relevantes consideraciones no han sido atacadas frontalmente por el quejoso.
El recurso, en fin, no satisface la ineludible carga de contar con una adecuada fundamentación, pues carece de una impugnación concreta, directa y eficaz a la motivación esencial que contiene el pronunciamiento objetado (causas L. 110.403, "Burgos", sent. de 5-XII-2012; L. 117.775, "J. Q., F.", sent. de 29-III-2017 y L. 121.073, "Medina", sent. de 2-X-2019).
I.2. En lo tocante a los intereses moratorios, suscribo lo dicho por mi distinguido colega doctor Genoud en el apartado III.3. de su sufragio.
II. En virtud de lo expuesto, comparto la solución que el colega ponente eleva a este acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso no puede prosperar.
I.1. Acompaño la solución propuesta en el voto inaugural respecto a la aplicación de las pautas previstas en la ley 26.773, aunque habré de formular las siguientes consideraciones.
En la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Ese criterio resultó minoritario por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, en distintos precedentes me he plegado al voto de la mayoría.
En el presente caso, desde que los argumentos del tribunal han quedado en pie en cuanto establecen la fecha de la toma de conocimiento, y ubicándose esta indudablemente dentro del marco de vigencia de la ley 26.773, he de adherir a la propuesta que, para este tema, hace el doctor Genoud.
I.2. También en lo concerniente al cálculo de los intereses moratorios, adhiero a lo manifestado por el colega que abre el acuerdo en el punto III.3. de su sufragio.
II. En función de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza do
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