Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121557
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.557, "Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate contra Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Limitada de Zárate. Acción declarativa de certeza", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani.
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana acogió parcialmente la demanda, imponiendo las costas por su orden (v. fs. 379/386 bis).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 391/401 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su pronunciamiento, el tribunal de trabajo interviniente señaló que en autos el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate promovió acción contra la Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Limitada de Zárate pretendiendo que se declare la inconstitucionalidad del art. 31 de la ley 23.551, en la medida que los privilegios que le otorga a las asociaciones con personería gremial exceden el marco jurídico vigente, que el sindicato accionante tiene derecho de representar los intereses colectivos de los trabajadores adheridos sin restricción alguna; asimismo, a conformar la bolsa de trabajo que contempla el art. 3 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75; que la negativa de las autoridades de la empleadora demandada a dar cumplimento con la norma convencional citada resulta arbitraria y contraria a derecho, que la conducta asumida por la demandada implica una práctica desleal conforme al art. 53 y que al soslayar la contratación relativa a la bolsa de trabajo de la asociación simplemente inscripta se está discriminando por omisión violando el art. 53 inc. "j" de la mentada ley.
Tras analizar la prueba producida, el a quo juzgó que la accionante no alegó ni menos aún demostró que una cantidad determinada de postulantes hubieran conformado la "bolsa de trabajo" del sindicato actor; que la demandada le hubiera impedido de modo alguno conformarla; que a consecuencia de acto u omisión cometido por la Cooperativa, algún postulante de su bolsa de trabajo (inexistente) hubiera visto obstaculizado o impedido su ingreso a trabajar para la accionada y que pudiera imputarse a esta última práctica desleal. Descartó así que la demandada hubiera incurrido en violación al art. 3 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75, que su conducta resultara arbitraria y contraria a derecho, y que se hubiera configurado -en la especie- el supuesto de práctica desleal por discriminación en los términos del art. 53 de la ley 23.551.
Seguidamente, analizó lo pretendido "...con referencia a los derechos de representación irrestrictos que le asisten como entidad sindical de 1er. Grado...". Al respecto, con sustento en los lineamientos trazados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "ATE" y "Rossi", y por este Tribunal en la causa L. 99.945, "Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón" (sent. de 4-VI-2012), declaró que la asociación sindical reclamante tiene el derecho constitucional de representar los intereses colectivos de los trabajadores a ella adheridos sin restricciones y goza por lo tanto del derecho de conformar la "Bolsa de Trabajo" que contempla el art. 3 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 (v. fs. 384 vta.).
Finalmente, luego de efectuar ciertas consideraciones referidas al control de constitucionalidad del art. 31 de la ley 23.551, declaró inoficioso el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad formulado (v. fs. 384 vta./385 vta.).
II. La parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de la doctrina legal que cita (v. fs. 391/401 vta.).
II.1. En sustancia, alega que la conclusión de los magistrados de origen en cuanto declaró que el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate goza plenamente de los derechos consagrados en la ley 23.551 refleja una errónea interpretación de la doctrina legal de esta Suprema Corte que emana de la causa L. 79.331, "Ferulano" (sent. de 5-X-2011); entre otras.
En ese sentido, afirma que quedó demostrado en autos que existe otro sindicato de primer grado que ostenta la personería gremial y es quien tiene prioridad en materia de representación en las negociaciones colectivas; consulta por las autoridades; y designación de los delegados ante los organismos internacionales (v. rec., fs. 397 y vta.)
Por ello, sostiene que el a quo se excedió al declarar que un sindicato simplemente inscripto goza plenamente de los derechos consagrados en la ley 23.551, sin reparar en las prerrogativas y prioridades que se reservan para aquellas asociaciones sindicales con personería gremial. Destaca que, para más, siquiera declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Asociaciones Sindicales para arribar a esa definición (v. fs. 397 vta.).
II.2. Por otro lado, se agravia concretamente de que el tribunal de la instancia haya declarado que el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, en su carácter de asociación gremial de primer grado, goza del derecho de conformar la bolsa de trabajo que contempla el art. 3 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75.
Señala el recurrente que "el registro" en cuestión tuvo su origen en el reacomodamiento del personal encuadrado en el citado convenio, como consecuencia del traspaso a la provincia o los municipios del servicio público de distribución de la energía eléctrica, siendo de carácter provisorio, no habiéndose pactado entre las partes signatarias su ampliación ni prolongación temporal (v. rec., fs. 399 vta.).
Alega que no resulta aplicable en la especie el precedente de esta Corte citado en la sentencia de grado (causa L. 99.945, "Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón", sent. de 4-VII-2012), desde que no se verifican en el caso los mismos presupuestos fácticos y jurídicos.
En este orden, aduce que "no existe copia presentada por las partes, ni por el perito ni tampoco por el Ministerio de Trabajo que permita sustentar la redacción del artículo 3 del CCT 37/75 que cita el a quo en su fallo" y que tampoco se demostró en el expediente "la vigencia de cláusula convencional y/o acta acuerdo, que prevea la creación de una 'Bolsa de Trabajo'", ni que el personal contratado por la accionada influyera en la afiliación del sindicato demandante (v. rec., fs. 399 vta. y 400).
II.3. Finalmente, aclara que lo decidido por el tribunal de mérito le genera un inminente perjuicio, por cuanto al reconocer plenamente y sin restricción ni prioridad alguna en favor de la asociación sindical con personería gremial la totalidad de los derechos consagrados en la ley 23.551, en franca violación de la doctrina legal, deja abierta la posibilidad a la entidad reclamante de atomizar la representación de los dependientes de la Cooperativa demandada y, de ese modo, causarle un grave perjuicio (v. fs. 401).
III. El recurso no prospera.
III.1. Luce inatendible el agravio inaugural.
No puede soslayarse que si bien el tribunal de grado declaró que el sindicato accionante "tiene el derecho constitucional de representar los intereses colectivos de los trabajadores adheridos a dicha entidad gremial sin restricción alguna" (fs. 385 vta.), tal definición fue alcanzada en el marco de la concreta pretensión articulada en el caso y la respectiva oposición formulada, como surge de los antecedentes relatados en el propio pronunciamiento (v. fs. 382 y 383 vta.). Con ello, cabe observar que el reclamo impetrado en el escrito de demanda -en lo que interesa- giró en torno al derecho de la asociación sindical demandante a conformar la bolsa de trabajo que contempla el art. 3 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 con la finalidad que los empleadores de sus afilados, en el caso concreto, la Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Limitada de Zárate accionada, requiera a dicha bolsa, la presentación de una nómina de postulantes para cubrir cualquier tarea o cargo previsto en el convenio dentro de las previsiones y con los alcances de la norma referenciada; por su parte, la defensa de la demandada se fundó -entre otros argumentos- en la inexistencia de reglamentación alguna que obligue a las entidades cooperativas a contratar personal a través de una bolsa de trabajo, y de existir sería prioridad utilizar la nómina de personal que constituya la bolsa de trabajo de todo sindicato que ostente la correspondiente personería gremial (v. demanda, fs. 18/40 vta.; contestación, fs. 55/61).
En el preciso contexto antes delineado, el medio de impugnación trae -de un lado- una serie de cuestionamientos que lucen apartados de lo resuelto en el caso y que se conectan con ciertas prerrogativas que rodean a las asociaciones sindicales con personería gremial (v.gr. la representación en las negociaciones colectivas, consulta por las autoridades y designación de delegados ante organismos internacionales) que -evidentemente- no han sido objeto de decisión por el sentenciante.
Reiteradamente ha señalado este Tribunal que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se aparta del razonamiento seguido en el fallo (causas L. 111.151, "Salomón", sent. de 30-X-2013; L. 118.451, "Laffue", sent. de 16-III-2016 y L. 118.454, "E., N. G. S.", sent. de 21-VI-2018).
III.2. Las críticas que con sus distintos diseños se encuentran ahora dirigidas a impugnar lo juzgado por el tribunal de grado en el marco del art. 3 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75, tampoco se exhiben hábiles.
Recordando que cuando es oportuna y debidamente individualizada la norma convencional puede ser aplicada por los jueces sin necesidad de que las partes deban probar su existencia y contenido (conf. art. 8, LCT; causas L. 87.327, "Brelles", sent. de 22-IV-2009 y L. 107.180, "Clavero", sent. de 19-IX-2012), lo cierto es que al debatir sobre el texto del citado art. 3 del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, ignora el recurrente que éste fue transcripto en el escrito de demanda (v. fs. 20 vta./22) y que en dicho aspecto no hubo controversia alguna (v. presentación de la accionada a fs. 55/61 vta.), cuando además, puede constatarse que aquel contenido coincide con el que surge de la información que brinda el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (http://convenios.trabajo.gob.ar/consultaweb/consultabasica.asp). Y en lo fundamental, parece soslayar que el argumento que aquí esgrime endilgándole a la "bolsa de trabajo" un carácter provisional, estuvo -nuevamente- ausente en oportunidad de contestar la demanda, mostrándose así extemporáneo (causas L. 117.665, "Escobedo", sent. de 10-VI-2015 y L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017).
Las restantes objeciones que forman parte de este segundo tramo del medio de impugnación lucen igualmente estériles. Es que el impugnante se esfuerza en demostrar que en el sub examine no se verifican todas las circunstancias que se configuraron en la causa L. 99.945, "Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón" (sent. de 4-VI-2012), sin embargo, no evidencia con su discurso que el empleo efectuado por el a quo de ciertas directrices sentadas en dicho precedente -y que en rigor, no se exhiben extrañas a la materia aquí debatida- implique un yerro que amerite casar el pronunciamiento por conducto de algunas de las causales contempladas en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
En fin, la ausencia de una crítica frontal y eficaz a las motivaciones esenciales del fallo conlleva al rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, desde que éste carece de la necesaria aptitud para obtener la modificación de los fundamentos vertidos por el juzgador de origen, las cuales, al cabo, quedan incólumes (causas L. 104.150, "F., A. G.", sent. de 23-XI-2011 y L. 113.346, "Ochoa", sent. de 4-VI-2014).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/10/2020 08:35:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/10/2020 14:05:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/10/2020 20:24:39 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2020 12:42:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2020 12:49:47 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia