Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122939
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.939, "Sindicato Gráfico Platense contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Amparo sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 59/69).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 21 de diciembre de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el Sindicato Gráfico Platense contra la Provincia de Buenos Aires y declaró la inconstitucionalidad del art. 101 de la ley 14.983 mediante el cual se derogaron los incs. "p" del art. 177 y "l" del art. 243 del Código Fiscal (t.o. 2011). Consecuentemente, condenó a la accionada "a dejar sin efecto las intimaciones tributarias correspondientes al año 2018" emitidas por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) sobre ciertos inmuebles que individualizó y que -sostuvo- eran de titularidad de la asociación sindical actora, ordenó además el mantenimiento de la exención del impuesto inmobiliario para el futuro.
Aseveró que la admisión de una eximición impositiva, dado su carácter excepcional, debe resultar de modo inequívoco de la expresión de la voluntad legislativa.
Destacó, asimismo, el rango superior a las leyes que detentan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en especial el 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
Señaló que el art. 39 de la ley 23.551, en tanto establece que los actos y bienes de las asociaciones sindicales con personería gremial destinados al ejercicio específico de las funciones propias previstas en sus arts. 5 y 23 estarán exentos de toda clase de gravamen, contribución o impuesto de manera automática, por la sola obtención de dicha personería gremial, disponiendo que el Poder Ejecutivo Nacional gestionará con los gobiernos provinciales, que recepten en su régimen fiscal dicho principio "...invita pero a la vez ordena..." la referida exención impositiva (v. sent., fs. 64).
Expresó que la normativa mencionada en el párrafo precedente fue objeto de adhesión por la Provincia de Buenos Aires mediante la ley provincial 13.758. También, refirió que a través del decreto 760/01 se facultó al Ministerio de Trabajo para gestionar ante las jurisdicciones provinciales y municipales, la incorporación en sus regímenes fiscales del principio de exención a favor de las asociaciones sindicales por la legislación nacional.
Precisó que las normas legales invocadas resultaron reglamentadas por la resolución conjunta de la Subsecretaría de Relaciones Laborales 103/01 y resolución AFIP 1.027/01, con fundamento en el art. 20 inc. "f" de la ley 20.628 de impuesto a las ganancias y por el art. 7 inc. "h" punto 6 de la ley 24.190 de impuesto al valor agregado, que exime de dicho gravamen a las asociaciones sindicales, siempre y en tanto, se destinen a los fines específicos para los cuales fueron creadas.
Resaltó el a quo que la doctrina y jurisprudencia imperantes sobre el tema, se mantuvieron invariables por más de tres décadas y que el principio de exención tributaria fue refrendado por leyes posteriores, ello, hasta el dictado de la ley 14.983 que modificó la ley impositiva para el ejercicio fiscal 2018. Refirió que la mentada ley derogó "lisa y llanamente y sin fundamento alguno" (v. sent., fs. 65), en sus considerandos el inc. "p" del art. 177 del citado Código (art. 101) y el inc. 1 de su art. 243 (art. 108).
En este contexto, sostuvo que correspondía resolver cual norma debía prevalecer, si la propia del derecho tributario o la referida a los derechos sindicales. Liminarmente, afirmó que ninguna medida impositiva podía lesionar ni afectar los derechos sociales y sindicales, en contraposición con lo dispuesto en los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 39 de la Constitución provincial y 47 de la ley 23.551 (v. sent., fs. 66).
Despejado ello, ya refiriéndose a las leyes provinciales, expresó que la ley de adhesión 13.758 era especial y de carácter permanente, mientras que la ley 14.983 -puntualizó- era general y se refería específicamente al ejercicio fiscal del año 2018. Desde esta óptica, concluyó que una ley especial anterior, no podía ser derogada implícitamente por una ley general posterior (v. sent., fs. 66 y vta.).
Seguidamente, sostuvo que la tutela supralegal y la progresividad previstas en el Convenio 87 de la OIT y el art. 39 de la Constitución provincial obligan a proteger a los trabajadores y auspician con carácter progresivo su organización sindical libre y democrática. Destacó que en cumplimiento de ese mandato, tanto el art. 39 de la ley 23.551 como la ley 13.758 eximieron de impuestos a las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial y que a partir de allí durante décadas estas últimas vieron favorecidas su administración y financiamiento (v. sent., fs. cit.).
Concluyó el a quo que la ley 14.983 retrograda, arbitraria e infundadamente el añoso beneficio, lo que resulta incompatible con el orden supralegal precedentemente citado.
A continuación, reiteró que el texto del art. 39 de la ley 23.551 en su segundo párrafo, va más allá de una mera invitación, erigiéndose en un principio jurídico normativo que compromete a los estados provinciales a corregir sus respectivos códigos fiscales (v. sent., fs. 66 vta.).
Aclarando que en la especie el art. 108 de la ley 14.983 no era aplicable pues no causaba agravio constitucional alguno al accionante en razón de no poseer en la Provincia bien automotor registrable a su nombre, con el basamento descripto en párrafos anteriores -como se anticipó- decretó la inconstitucionalidad del art. 101 de la mentada ley y su inaplicabilidad al caso (v. últ. fs. cit.). Juzgó aquí que esa decisión conducía a mantener incólumes las motivaciones del legislador de aquel momento y las razones que llevaron a determinar la exención impositiva, atendiendo -fundamentalmente- a que el patrimonio social se destine a los fines de su creación y en ningún caso se distribuya, directa o indirectamente, entre sus afiliados; determinó que en el marco de la controversia, la solución se proyectaba sobre los dos inmuebles destinados por la entidad gremial al logro de sus fines específicos de organización, funcionamiento y concreción de su objeto social: sede gremial y camping para recreación y uso de sus afiliados, respectivamente (v. sent., fs. 67 vta.).
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 28, 31, 75 inc. 22 de la Constitución nacional; Convenios 87, 98 y 135 de la OIT; arts. 15 y 39 de la Constitución provincial; 5, 23, 39, 47 de la ley 23.551; 2 del Código Civil y Comercial; ley 13.758; arts. 177 inc. "p" (art. 112 del texto original de la ley 10.397); 243 inc. 1 del Código Fiscal; 101, 108 de la ley 14.983; 19, 26, 29, 32, 39, 44 inc. "d", 47, 63 y concordantes de la ley 11.653; 34 inc. 4, 68, 163 inc. 6, 375 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita.
II.1. Alega que en el caso no se encuentran en pugna normas de distintos ámbitos ni alcance, sino que se trata de disposiciones de naturaleza tributaria e idéntica jerarquía y alcances a las dictadas por la Provincia de Buenos Aires en ejercicio de facultades propias.
Aduce que no se configura conflicto normativo alguno, desde que la adhesión al art. 39 de la ley nacional 23.551 por la ley 13.758 quedó tácitamente derogada por la ley 14.983; ello, a tenor del principio de no contradicción, en virtud del cual las normas especiales -en la especie, la ley 13.758- que resultasen incompatibles quedan derogadas.
Agrega que el análisis efectuado por el tribunal de grado no resulta acertado, desde que la Ley de Asociaciones Sindicales no reviste la naturaleza de ley especial respecto del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
Luego de destacar el carácter "restrictivo y excepcional" de las exenciones impositivas, afirma que el a quo en su intento de justificar la supremacía del derecho sindical sobre el tributario, incurrió en un grave yerro, porque este último viene a sufragar el interés superior del bien común.
II.2 Por otro lado, sostiene que no surge del escrito de demanda que la actora haya peticionado la inconstitucionalidad de los arts. 101 y 108 de la ley 14.983. Denuncia aquí absurdo en la interpretación de dicha pieza, violación del principio de congruencia y, con ello, de los derechos del debido proceso y de defensa.
A su vez, expresa que la declaración de inconstitucionalidad efectuada por el tribunal de la instancia de origen carece de fundamentos. Expone que el sentenciante no cumplió con la carga de demostrar el modo en que la norma cuestionada colisiona o causa un gravamen a un derecho o garantía de orden constitucional.
Finalmente, refuta que la inconstitucionalidad haya sido declarada de oficio, en tanto a su juicio el tribunal se apartó de las directivas que emanan del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido caso "Mill de Pereyra", entre otros.
III. El recurso no prospera.
III.1. El núcleo del pronunciamiento recurrido está representado por la solución a la que arribó el tribunal de trabajo al declarar la inconstitucionalidad del art. 101 de la ley provincial 14.983 en cuanto -en lo relevante- derogó al inc. "p" del art. 177 del Código Fiscal, norma esta última que estableció que se hallaban exentos del impuesto inmobiliario "Los inmuebles ocupados por asociaciones gremiales de trabajadores con personería jurídica y/o gremial, siempre que les pertenezcan en propiedad, usufructo, o les hayan sido cedidos gratuitamente en uso, siempre que el uso y/o la explotación sean realizadas exclusivamente por dichas entidades".
Esa esencial definición no es idóneamente atacada por el impugnante.
III.1.a. En primer lugar, no se evidencia configurado el absurdo en la valoración del escrito de demanda ni la violación al principio de congruencia que el interesado le endilga al sentenciante para luego objetar un supuesto examen constitucional oficioso de parte del tribunal.
Puede advertirse que en el escrito inicial la parte actora cuestionó la constitucionalidad de la mencionada ley 14.983 con el alcance que en la sentencia le otorgó el a quo al abordar el asunto. Basta reparar en lo argumentado por la demandante a fs. 33 y vta. cuando tachó de inconstitucionales las modificaciones introducidas por dicho texto legal al Código Fiscal al considerar que ello afectaba "...gravemente el principio de progresividad, y no regresividad de las conquistas sociales..." así como el postulado "de jerarquía normativa", siendo que los preceptos impugnados -dijo- ignoraron el mandato consagrado en el art. 39 de la Ley de Asociaciones Sindicales a la que la Provincia adhirió mediante la ley 13.758.
III.1.b. Tampoco se verifica que la decisión controvertida carezca de fundamentos, o bien, que no se encuentra motivada.
De la reseña efectuada en el liminar apartado de la presente surge que el tribunal de grado expuso las razones que lo condujeron a tachar de inconstitucional al art. 101 de la ley local 14.983.
III.1.c. Luego, como fuera anunciado, la solución plasmada en el pronunciamiento ha de permanecer incólume. Si bien el recurrente intenta cuestionar el fallo centrándose en la ponderación de la naturaleza de las normas involucradas (concretamente, en lo vinculado con la distinción entre leyes "especiales" y "generales"), deja sin réplica idónea al esencial argumento esgrimido por el tribunal de grado fundado en el principio de progresividad que tutela con jerarquía supralegal a los trabajadores y a las organizaciones sindicales conforme los términos del Convenio 87 de la OIT y del art. 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y con el cual -también se dijo en el fallo- colisionaría la norma legal descalificada en tanto retrograda el "añoso beneficio" concedido a los sindicatos.
Resultan de aplicación aquellas directrices sentadas por esta Suprema Corte que recuerdan que es un requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnar en forma concreta, directa y eficaz todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que se asienta (causas L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014; L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015; L. 120.374, "Brufau", sent. de 29-VIII-2018; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/11/2020 11:07:48 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/11/2020 13:01:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/11/2020 09:47:11 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2020 12:42:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2020 12:53:16 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia